viernes

¿Alcanzará la judicialización de la política?

 

En sentido estricto, la “judicialización de la política” designa al proceso por el cual un sector de la sociedad busca en la vía judicial determinados objetivos que no consiguió en los espacios tradicionales de la política, Ejecutivo o Legislativo, donde por lo general se adoptan decisiones públicas. Por esta vía, en muchos países del mundo se han ampliado los límites de aquella, particularmente en materia de derechos civiles. Como es claro, el espacio de encuentro entre el campo judicial y el mundo de la política es grande. A nivel iberoamericano prevalece la selección política en el nombramiento de los jueces, destacando entre las supuestas excepciones, Colombia, Ecuador y Perú. Decimos supuestas porque como hemos aprendido, el nombramiento de jueces y fiscales tiene grandes repercusiones políticas y el peso del Tribunal Constitucional que es designado por el Congreso, reproduce las preferencias y orientaciones de ese poder del Estado.

En América Latina, desde hace ya buen tiempo, se ha instalado la discusión sobre el tema. El juicio contra Lula en Brasil y la posterior incursión política del juez Moro, pusieron sobre la mesa el concepto del “lawfare” para referirse a la guerra legal, al ataque contra adversarios usando indebidamente los procedimientos legales, para aparentar legalidad. En nuestro país, ese proceso que se ha acelerado en los últimos años, por los «méritos», entre otros, de nuestros sucesivos mandatarios a partir de Alberto Fujimori, ha introducido nuevos actores y actrices en el reparto de la película que estamos viviendo en función continuada. La sucesión y multiplicación de escandalosos casos de corrupción que alcanzan reiteradamente a los niveles más altos y visibles de la política, hace inevitable el proceso porque como es obvio, la justicia tiene que actuar contra quienes delinquen y fiscales y jueces son los indicados para hacerlo.

Las seis carpetas fiscales abiertas contra el Presidente de la República son hoy día parte del espectáculo diario. El mandatario está indagado por múltiples razones que van desde el plagio de su tesis de maestría, hasta su participación en distintas licitaciones fraudulentas que tienen a su esposa y a Yenifer Paredes, hermana menor de ésta, en la mira del Ministerio Público. La compra de biodiésel en Petroperú, los ascensos en las FF.AA. y Policiales, la obra del puente Tarata y la mafia del MTC, así como las circunstancias de la destitución del ex ministro del Interior González, completan el rosario actual de investigaciones que en varios momentos sindican a Castillo Terrones como jefe de una banda criminal.

Más allá de los indicios y los testimonios, muchos significativos y cada vez más próximos al profesor, la campaña abierta desde la Fiscalía, que por instantes parece corresponsalía de los distintos medios de comunicación que en minutos reciben copias completas de las declaraciones, versiones íntegras de los hallazgos y primicias de las intervenciones que se suceden, ha hecho de esta institución y de su actual titular, más protagónicas de lo que fueran los últimos años, que no es poco decir. Protagonismo que no deja de ser sorprendente porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial alcanzaban el 15% de confianza en la medición de marzo de la ENAHO, en su módulo de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones,  entre otras cosas quizá por la cantidad de indagaciones e investigaciones en curso que tienen abiertas hace años con escasos resultados, como es notorio.

Si al mucho ruido y pocas nueces de la acción fiscal y la administración judicial le añadimos que no se trata de instituciones exentas de corrupción, –Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, Luis Arce, César Hinostroza…–, y sumamos además, algunas de las sorprendentes decisiones de la titular del Ministerio Público que involucran un caso en el que su hermana es parte, podemos entender mejor el éxito relativo de la estrategia de la respuesta presidencial a éste, que debiera ser su momento más difícil y no uno en el que a pesar de los apremios, su aprobación se mantiene, si no crece en las encuestas.

Quienes esperan que la justicia haga el trabajo que buena parte de los congresistas pretende, incluso desde antes de su instalación, vale decir la vacancia presidencial, pueden pecar de entusiastas. El mandatario, que ya ha demostrado su capacidad para aprovechar todos y cada uno de los pecados y desaciertos de los parlamentarios, enfrenta ahora la judicialización de sus acciones y comportamientos, convocando limitadamente a sus clientes y victimizándose una vez más frente a un sistema que lo combate desde el sótano de la desaprobación y con argumentos frecuentemente deleznables como la traición a la patria. El quinto de la población, que difícilmente se movilizará, pero que hasta ahora parece el respaldo duro de Pedro Castillo, no cree que el esfuerzo en curso sea estrictamente judicial, como insiste la señora Benavides.

Recordemos, en cualquier caso, que muchos de los que hoy aplauden a la Fiscalía y la desagravian por las altisonantes declaraciones del Presidente y algunos de sus voceros, no hace mucho lamentaban que se acuse a unos pocos poderosos y a los políticos de su gusto, denunciando que se manipulaba la justicia para perseguir al adversario.

 

 

desco Opina / 26 de agosto de 2022

COVID-19: desarmados frente a la cuarta ola

 

Hace unos días el gobierno prorrogó la emergencia sanitaria por el COVID-19 por 180 días a partir del 29 de agosto del 2022 debido a que persiste el riesgo del daño a la salud de las personas durante la cuarta ola de la pandemia en la que nos encontramos y que viene azotando a las diferentes regiones del país. La norma establecida a través del Decreto Supremo Nº 015-2022-SA, publicado en el diario oficial El Peruano, considera importante mantener y reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica, para prevenir y controlar la transmisión del virus dado el alto riesgo de mortalidad que supone para grupos poblacionales como los adultos mayores y las personas con comorbilidades.

Al 16 de agosto del 2022 se habían reportado 3331 casos positivos confirmados; mientras que 27 pacientes fallecieron ese día a causa del virus, según el Ministerio de Salud (Minsa). Ese día en el país había 1192 personas hospitalizadas por la pandemia, 263 de las cuales estaban en la unidad de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica. Se registraron además los resultados de 61 626 personas muestreadas, de las cuales 3331 fueron casos sintomáticos confirmados de ese momento. ESSALUD, por su parte, había reportado más de 70 000 nuevos casos positivos registrados en el país en las últimas semanas del mes de julio, demostrando una tendencia creciente de casos. Con tales números se evidenciaba el crecimiento de la que constituye la cuarta ola del virus.

La situación en Huancavelica es similar. A lo largo del mes de julio se observó que los casos aumentaron significativamente de semana a semana en una tendencia que puede mantenerse en las próximas. A partir de ese mes se reportaron más de 200 casos nuevos semanales, duplicando los números de junio cuando se presentaban 100 casos nuevos por semana. Huancavelica está atravesando también su cuarta ola porque luego de algunos meses en cero casos hospitalizados y un contagio bajo, ahora el virus se viene disparando con más fuerza. Según la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Huancavelica, en julio se incrementaron los casos nuevos en las provincias de Huancavelica, Acobamba, Castrovirreyna y Tayacaja, entre otras cosas como resultado de que la población ya no está cumpliendo de forma estricta las medidas de prevención como es el uso de mascarillas y el lavado de manos.

A pesar de esta situación, Huancavelica se está debilitando para enfrentar esta nueva ola. El Hospital Regional se ha quedado sin Área UCI COVID porque el Minsa desinstaló esta área a pesar de su necesidad por el incremento significativo de casos positivos, poniendo en riesgo a los pacientes con COVID-19 quienes de necesitar cuidados intensivos no recibirían una atención inmediata y tendrían que ser referidos al Hospital de Huancayo. Según el director del Hospital Regional ya tienen tres camas UCI COVID y se viene gestionando la implementación de otras más.

Otro problema que se suma es la probable falta de recursos humanos en los hospitales y establecimientos de salud del departamento. Existen cerca de mil trabajadores con contratos de modalidad CAS-COVID que están en una situación incierta al haber vencido la vigencia de aquellos el 31 de julio, encontrándose a la espera de que amplíen y puedan pasar a la modalidad de CAS-regular. Aunque el Ejecutivo observó la ley que los pasa a dicha modalidad, la norma fue aprobada por insistencia por el Congreso. En este escenario se han producido distintas protestas en la región, donde los trabajadores CAS-COVID que fueron retirados de su trabajo, le exigen al Gobierno Regional su reposición a los puestos que pretenden ser lanzados a concurso contra lo que establece la ley.

Esperemos que el Gobierno Central y Regional tomen medidas inmediatas ante esta problemática y que Huancavelica cuente con las armas mínimas necesarias para continuar la lucha contra la pandemia sin repetir los errores del pasado y lamentar más pérdidas humanas.

 

desco Opina – Regional / 19 de agosto del 2022

descocentro – UOT Huancavelica

Las decepciones del momento

No deberían sorprendernos las formas y contenidos del Mensaje a la Nación del presidente Castillo presentando el balance de su primer año de gestión en el que el Ejecutivo ni siquiera ha podido resolver las urgentes compras de fertilizantes, sin afrontar la creciente acumulación de indicios sobre la corrupción “hormiga” que lo rodea. Menos aún el fraccionamiento mostrado por el Congreso, que cubrió de suspenso hasta el tramo final las elecciones de su nueva mesa directiva y que, interesadamente o no, no ha podido consensuar aún la designación para la Defensoría del Pueblo

A estas alturas es más que evidente que el empate de las fuerzas políticas del país se manifiesta por el peor de los escenarios, que no es el del consuelo de la “polarización” que hemos inventado para evitar quedar desnudos ante nosotros mismos. Es, en su lugar, la incapacidad de construir equilibrios que se compensa con la imposibilidad de todas estas fuerzas para idear y conducir una salida que supere el entrampamiento en el que nos encontramos desde el estado de Derecho. 

La anterior es una de las lecturas posibles del momento político actual. Otra, supondría que el espectáculo escenificado, en realidad esconde la verdadera intención de los actores políticos, es decir, la poca o ninguna vocación que tienen de superar esta normalidad realmente existente, que se ha instalado como la manera en que se expresa nuestra democracia y a la cual se han ido adaptando organizaciones políticas cuya estructura es más bien empresarial, que han devenido en sospechosas de ser organizaciones criminales en realidad.

Cualquiera de estas interpretaciones y las variantes que puedan derivarse de ellas, nos conducen a plantear como premisa que la democracia está afectada en su calidad, esencialmente por factores externos, cuya corrección, también, debe provenir desde fuera del régimen. Un mal gobierno debe ser cancelado sin importar las reglas establecidas, el Congreso deslegitimado debe ser clausurado sin más, los partidos políticos requieren ser judicializados y los representantes y funcionarios serán por definición depositarios de todas las sospechas ciudadanas.

En suma, forzada por la propia dinámica que adquiere la política, la ciudadanía expresa su distanciamiento de ella y de sus protagonistas, elaborando argumentos que justifiquen sus posiciones principistas y moralistas -“que se vayan todos” y “todos son corruptos”-. 

Sin embargo, la democracia formal, por definición, tiene mecanismos auto correctores para evitar su colapso y, sobre todo, para asegurar su objetivo, que es la prevalencia de la norma. Desgraciadamente, no es esto lo que estamos poniendo en debate hoy en el Perú.   

Si lo hiciéramos, una primera cuestión que consideraríamos es aquello sobre lo que se preguntaba Robert Dahl hace 60 años: “En un sistema político donde casi todos los adultos pueden votar, pero donde el conocimiento, la riqueza, la posición social, el acceso a los funcionarios, y otros recursos se distribuyen de manera desigual, ¿quién gobierna realmente?”.

En efecto, las desigualdades cada vez más profundas caracterizan a países como el nuestro, lo que tiene un impacto profundo y directo en la manera en que se configuran los sistemas políticos democráticos. Incluso, el impacto compensatorio de los esfuerzos que pueden darse en la esfera económica parece ser considerablemente más tenue de lo que se cree, a pesar de la cómoda noción entre muchos liberales de que el público se ha movilizado o pronto se movilizará en apoyo de una “legislación igualadora”.

Entre otras razones que se esgrimen, está el que los sectores con menor poder adquisitivo tienen poco acceso a los recursos políticos disponibles, los que además circulan en espacios muy reducidos controlados por los sectores privilegiados mediante los políticos profesionales, los expertos técnicos y los medios de comunicación. Además, como ha venido ocurriendo, la densificación de las redes sociales no identificables y la apropiación de datos personales cada vez mayores, probablemente aumente la direccionalidad de la opinión y de las elecciones. En conclusión, independientemente de quién sea elegido, se ignoran los sueños, demandas y quejas de la mitad inferior o más de la población. 

Así, puede ser que lo actualmente decepcionante de la política peruana no sea el gobierno que se quiere cambiar sino los que buscan que se vaya a cualquier precio, revolviendo lo que hay para quedarnos, posiblemente, en el mismo sitio. No se considera la posibilidad de una presencia de la ciudadanía decisiva, pese a que muchos decían buscar una mayor participación ciudadana, mejores mecanismos de rendición de cuentas, más formas de control ciudadano, que podrían hacernos aspirar a una mejor inserción de los ciudadanos en las esferas políticas. Nada de eso cuenta hoy; lo que interesa es únicamente adelantar las elecciones sin proponernos claramente para qué.


desco Opina / 12 de agosto de 2022


El discurso presidencial, aquí no pasa nada y el sur no existe

En el contexto de la profunda crisis política que atraviesa el país, en la que uno de los puntos nodales es la Presidencia de la República, los días previos al mensaje se especulaban diferentes posibilidades sobre su contenido. Desde una opción conservadora en la que a partir de una autocrítica, el mandatario anunciaba la conformación de un nuevo gabinete concertado con la oposición menos dura, hasta el intento de una fuga hacia adelante, planteando una cuestión de confianza sobre el cambio de Constitución, en un intento por profundizar la polarización recuperando iniciativa política.

En los hechos nada de ello ocurrió pues la oposición conservadora mostró sus fisuras y debilidades con motivo de la elección de la Mesa Directiva del congreso evidenciando que en el corto plazo no representa una amenaza mayor para el Ejecutivo. Por lo demás, la precariedad del propio gobierno acosado por distintas investigaciones y por la reciente entrega a la Fiscalía de la Nación del prófugo Bruno Pacheco, quien fuera el secretario de palacio, tampoco brindaba condiciones para una posición firme frente al Congreso y el país.

El resultado fue un mensaje, con un largo recuento de acciones que forman parte de la actuación del Estado en piloto automático y la inercia de la acción gubernamental, muy alejadas de las transformaciones demandadas por las amplias mayorías y ofrecidas por el mandatario ante el agotamiento del modelo neoliberal y la crisis agravada por la pandemia. 

El malestar de Castillo con la oposición y los medios cuando dice “han ocultado nuestros logros, ... se dedican a difamar y mentir en una perversa inversión de los principios del derecho” resultaba contradictorio con su reiterada negativa a presentarse ante los medios donde justamente habría podido difundir el quehacer del gobierno y enfrentar las campañas difamatorias.

El presidente sostuvo que el desempeño económico del país había superado el desempeño de nuestros vecinos regionales en materia de crecimiento del PBI, mientras el crecimiento del empleo formal registraría un  6.9% de incremento anual  a mayo del presente año. Lo real sin embargo, es que las proyecciones de crecimiento para el 2022 están a la baja, menos del 2.8%, y no exhibimos el mejor desempeño latinoamericano. Según el FMI en materia de crecimiento, este año nos superarán, por lo menos Colombia y Argentina. En materia de empleo, el que se ha recuperado más es el precario, mientras que el trabajo adecuado en Lima está casi 10 puntos por debajo del 2019.

En cuanto a la política agraria, que es un elemento central de su política, el principal anuncio fue la constitución del Padrón de Productores Agrarios como la llave para el desarrollo de los servicios y la atención a las necesidades de los productores, cuando en realidad se requieren recursos de financiamiento y asistencia técnica y mejora de los mercados, con mayor razón en la crisis actual de los fertilizantes. Los recursos establecidos a través del Fondo Agroperú no llegan a los pequeños agricultores que constituyen la absoluta mayoría del campo, pues no se adecuan a las condiciones de la agricultura familiar. Esta situación es la que ha dejado sin contenido a la prometida Segunda Reforma Agraria, a lo cual ciertamente han contribuido los sucesivos cambios en la conducción ministerial.

En el tema ambiental, el gran logro expuesto fue el enjuiciamiento a Repsol por el  derrame de petróleo al mar, cuando el tema que debe ser prioridad del sector es la estrategia de adaptación frente al cambio climático y la lucha contra la deforestación y la contaminación de las cuencas por la minería ilegal y también por la formal. En el sector de los hidrocarburos, ahora que su costo golpea la economía familiar de quienes menos tienen, la promesa de la nacionalización del gas quedó en el absoluto olvido.

En el sector educación, que constituye uno de los temas centrales para el desarrollo del país, ni un comentario  sobre la mejora de la calidad de la educación universitaria y la educación pública, tampoco frente a la contrarreforma universitaria apoyada por la alianza de su partido magisterial, Perú Libre y los promotores de las universidades negocio. Los anuncios se han limitado al incremento de las remuneraciones con la expectativa de una UIT, 4,600 soles mensuales, para el primer nivel de los docentes, sin decir nada sobre la mejora de los modelos pedagógicos y la meritocracia en la formación de los docentes, factores clave en cualquier mejora educativa.

Otro gran vacío en un sector clave ha sido el de la Salud. Apenas una relación de mejoras de infraestructura, muchas de las cuales están paralizadas por la corrupción. Nada del sistema único de salud, la integración de los actuales sistemas para mejorar la cobertura y optimizar los recursos y el tránsito de la salud como negocio hacia un derecho humano.

El discurso mantuvo una gran deuda con la Macroregión Sur, que fue su principal bastión electoral. Ninguna mención a la descentralización que se encuentra estancada, más allá de los efectistas gabinetes descentralizados que solamente han servido para confeccionar una larga lista de demandas que tampoco se atienden por el desgobierno. Ni una palabra sobre el proyecto del Gasoducto Sur Peruano que es vital para el cambio de la matriz energética en todo el sur, y adicionalmente el desarrollo de la petroquímica, que podría brindar entre otros productos, la urea para la agricultura.

El acto mismo de la presentación ante el congreso, hay que decirlo, es una ceremonia que se desprestigia más cada vez. Las actitudes de la oposición como escuchar la exposición dando las espaldas o vociferando imprecaciones,  evidencian la profundidad de la crisis y el deterioro, si no la ausencia de debate político. Por todo lo dicho, parece claro que el Presidente no tiene conciencia de la profundidad de la crisis que atraviesa su gobierno que marcha, todo lo indica así, a un colapso en cualquier momento.


desco Opina – Regional / 5 de agosto del 2022

descosur