viernes

Una guerra avisada que viene dejando bajas a escala global

 

Según Naciones Unidas este mes se celebran dos fechas que deben llamar a reflexión sobre otra guerra que es a escala global y viene produciendo grandes bajas a nivel mundial. Nos referimos al Día Internacional por la Madre Tierra y el Decenio de la Restauración de los Ecosistemas.

En ese marco, Perú no es ajeno a este conflicto y está siendo afectado por diversos acontecimientos como el registrado a inicios de año, cuando el 15 de enero se produjo el desastre ecológico generado por la empresa Repsol en la Refinería La Pampilla ubicada en el litoral peruano, en la propia capital del país, donde se derramaron más de 11 000 barriles de petróleo al mar, generando una gran afectación en la flora y fauna del litoral costero limeño. El daño causado pretendió minimizarse por altos directivos de la empresa, asegurando que los barriles no superaban los 6000, versión desmentida por las autoridades del Ministerio del Ambiente, a lo que se sumaron los serios cuestionamientos al uso del Plan de Contingencia, mencionado en su página web donde aseguraban contar con tecnología de punta para hacer frente a esta situación, versión que también fue desmentida por el Capitán del barco italiano que transportaba el combustible para su disposición en la refinería.

Como en la mayoría de conflictos, los daños colaterales y los perjudicados terminan por ser desconocidos y se minimiza la magnitud del desastre producido. Repsol no ha sido la excepción, demostrando su pobre interés por el cuidado del ecosistema marino y la protección de la Madre Tierra, aun cuando se ocasionó un daño de manera directa y evidente. Aunque el Poder Judicial emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses para evitar que los altos funcionarios de Repsol salgan de Perú y respondan ante los tribunales, la decisión no asegura el compromiso para restaurar el ecosistema depredado producto del desastre ecológico.

A pesar del despliegue de más de una decena de instituciones encargadas del control en situaciones similares –Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Ingeniería y Minería (Osinergmin) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros–, que unieron fuerzas para ser parte del Plan de Acción y a pesar de que semanalmente se publicó un reporte de los avances de inspección, los resultados al día de hoy siguen siendo limitados.

Esto obliga a cuestionar la eficacia de las acciones para el control de desastres ocasionados cuando se dan lejos de Lima, en la Amazonía, donde se producen derrames de petróleo cada semana y no cuentan con difusión como la tuvo la tragedia en el litoral capitalino. En esos territorios la contaminación de ríos y grandes áreas agrícolas, propiedad de las comunidades es recurrente; al no darse el despliegue de instituciones visto en el caso capitalino, el resultado es que frecuentemente las empresas petroleras asentadas en la Amazonía responsabilizan a los comuneros de provocar los desastres. Gracias a un informe denominado “La sombra del petróleo” se ha demostrado que por lo general esos derrames resultan de la falta de mantenimiento de las tuberías y los limitados planes de contingencia para revertir los daños causados. Esta atención diferenciada donde las instituciones rectoras en materia ambiental no actúan de manera similar, evidencia que la descentralización es una fantasía para los pobladores de las comunidades y pueblos indígenas, quienes acompañados de instituciones defensoras del medio ambiente, se comprometen con el trabajo de mostrar los desastres producidos por las grandes empresas extractivas de petróleo; evidencia que muchas veces no llega a nivel nacional y circula apenas por los denominados «medios alternativos» ante el desinterés de los medios formales.

Si bien el desastre de La Pampilla mostró acciones de respuesta de la gente y de distintos activistas que de alguna u otra manera se sumaron a la limpieza de las zonas afectadas por el petróleo, es apenas un grano de arena considerando todas las playas afectadas por el desastre.

Si Lima alberga a más de la tercera parte de la población nacional, ¿será que la reacción de las instituciones, de los activistas y demás actores responde únicamente a la zona geográfica en la que se produce el desastre y a la capacidad de visibilizar y masificar la información? De ser así, todas aquellas zonas del territorio nacional que son impactadas por algún desastre que afecte a su ambiente inmediato producido por empresas extractivas estarán condenadas a no recibir la atención y acción necesaria, tal como se ha demostrado que se puede hacer en la experiencia del derrame de petróleo en la ciudad de Lima, que revela que hay cosas que se pueden hacer mejor.

 

desco Opina – Regional / 29 de abril del 2022

descoCiudadano

Mis cabellicos maire… uno a uno se los lleva el aire

 

Las recientes encuestas de IPSOS y Datum coinciden en el incremento de la desaprobación de la gestión de Pedro Castillo, 76% en ambos casos, creciendo diez puntos en la primera, de acuerdo a la cual aquella crece en todo el país –entre 88% en Lima y 53% en el sur–, en todos los estratos –entre 92% en el A y 67% en el E–, así como en los distintos grupos de edad. Al Congreso de la República le va ligeramente peor, subiendo su desaprobación al 79%. En este escenario, como no puede ser de otra manera, 63% de los encuestados cree que el mandatario debe renunciar. El porcentaje de quienes piensan que se deben ir todos, que llegaba a 74% en febrero, la última vez que la encuestadora preguntó por el tema, está terminando por hacerse sentido común.

Sentido común que refuerza la convicción creciente de la gente que desde la política y los políticos no hay salida a la crisis del régimen que han producido desde buen tiempo atrás y en la que Ejecutivo y Legislativo parecen compartir el empecinamiento por durar. Como es cada vez más notorio, desde marzo pasado la calle se ha afirmado como el espacio privilegiado por la gente para expresar sus múltiples malestares. Ya ese mes, según la Defensoría, se registraron 363 acciones de protesta colectiva, largamente el número más alto de los últimos años, en un escenario donde los conflictos que fueron 208, hicieron de marzo el más conflictivo del último año.

Así las cosas, y afectados por un escenario en el que el mandatario percibe la profunda erosión de su legitimidad de origen y la pérdida cotidiana de apoyo popular, mientras el Congreso de la República, frenada la vacancia, busca otros caminos para retirarlo, surgió el anuncio de «cambio de rumbo» en el gobierno, donde Pedro Castillo aparecía mostrando su disposición a un nuevo gabinete de ancha base y a un Premier que no dependa de su entorno. El cardenal Barreto y el secretario del Acuerdo Nacional dieron esa versión a los medios tras reunirse con el Presidente, Oscar Maurtua y el congresista Bermejo. Todo indica que una vez más, el gobernante usó a sus interlocutores para generase un espacio, ganar tiempo y distraer a la opinión pública, pero también a los actores políticos.

Como no podía ser de otra manera, desde los extremos, descalificaron particularmente al arzobispo de Huancayo, mientras el primer ministro Torres, que paradójicamente registra menor desaprobación que Castillo (68%, subiendo 14 puntos desde marzo), directamente lo insultó y a imagen y semejanza del Ejecutivo y el Legislativo, insiste en sobrevivir aferrándose a su cargo, persistiendo en mencionar a Hitler y atacar a los medios de comunicación que lo cuestionan mientras fracasa en la atención a los principales conflictos sociales que enfrenta el gobierno, como lo demuestra el paro de Cusco, cuyos organizadores anuncian una paralización indefinida a partir del próximo 25 de no atenderse sus demandas.

Aunque desde el espacio del Acuerdo Nacional, con el apoyo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de distintas organizaciones sociales, se insiste en la dirección de un nuevo gabinete y un conjunto de cambios, las organizaciones políticas que integran ese espacio, mantienen su comportamiento y sus respectivas agendas, ignorando los malestares de la calle y leyéndolos instrumentalmente en función de sus intereses. Desde el Ejecutivo y sectores de la izquierda la calle exige atención a temas estructurales, responsabilidad de anteriores gobiernos, así como la defensa de una agenda de cambio asediada por la clase política; desde sectores crecientes del Parlamento, las movilizaciones responden a la incapacidad de la gestión y exigen la salida de Castillo.

En sentido estricto, ni los unos ni los otros están interesados en los malestares y las agendas de la gente. El Ejecutivo designa como asesor en el Ministerio de Salud al censurado exministro Condori, resulta incapaz de atender los conflictos en Cuajone y Fuerabamba que se prolongan peligrosamente, alienta un inútil proyecto de castración química contra los violadores y encuentra por toda respuesta a los «derrumbes» de Migraciones y las ruinas de Kuelap, la responsabilidad de gestiones anteriores. Por su parte, el Congreso y los partidos que lo integran, insisten en avanzar en la arbitraria e irregular conformación del Tribunal Constitucional a la par que hacen armas arrojadizas de distintas acusaciones constitucionales y consolidan la contrarreforma política para favorecerse en las elecciones regionales y municipales de octubre, en las que 27 exrepresentantes del período 2020-2021 competirán con sus colores en distintas regiones y otros 10 buscarán alcaldías en Lima y Callao.

Definitivamente, con su irresponsabilidad y su mediocridad, están jugando con fuego. A fin de cuentas, como lo evidencia un reciente informe regional, el 2021, Perú era uno de los tres países con menor apoyo a la democracia, apenas 21% se declaraba satisfecho con la que tenemos y ya entonces 57% prefería un gobierno de «expertos» antes que de electos. La tentación autoritaria tiene varios rostros y mientras distintos actores políticos la alientan explícitamente, todos la alimentan con su incapacidad para responder a las múltiples y cotidianas demandas de la gente.

 

 

desco Opina / 22 de abril de 2022

miércoles

Un tablero de ajedrez sin reglas de juego

 

A fines de marzo, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó a la población que las empresas petroleras Petroperú y Repsol alzaron precios de los combustibles hasta en S/ 0.83 por galón, incluidos los impuestos. El conductor de un colectivo que gastaba doscientos soles por semana, ahora gastaría trescientos soles, monto que perjudicaría seriamente sus bolsillos ya que al alza de la gasolina se añadían gastos adicionales que también se incrementaron como el peaje.

En ese escenario diversos gremios de transportistas convocaron al paro indefinido nacional, iniciado el lunes 28 de marzo en la provincia de Huancayo; a la medida se sumaron agricultores, comerciantes, comuneros y miles de ciudadanos de a pie que exigían al presidente del Perú, Pedro Castillo, arribar a dicha ciudad para calmar a la población y disculparse por declaraciones altisonantes en las que indicó que algunos dirigentes que encabezaban estas protestas estarían siendo pagados. La medida se amplió entonces a la población en general, que exigía a las autoridades bajar el precio de los productos de primera necesidad que están perjudicando seriamente al país entero.

Ciertamente, los conflictos más allá del alza en los combustibles sumaban distintos motivos entre los que destacamos diversos conflictos socioambientales, protestas por las condiciones laborales (Ica), el rechazo a las vacunas, el impacto ambiental y sonoro de las operaciones de la petrolera PetroTal en Loreto, por mencionar algunos de ellos, en un contexto donde de acuerdo al Informe de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, desde mayo 2021 asistimos a un incremento de éstos, a lo que se añade en los meses recientes la creciente desaprobación presidencial por el malestar que genera el incumplimiento de sus promesas de campaña.

Al cierre de la semana pasada a los varios muertos a nivel nacional se sumaban 130 heridos, 43 civiles y 87 agentes de la policía. La respuesta del gobierno en la mayoría de casos fue la represión, que se hizo patente con la orden de encierro emitida a media noche evidenciándose su nula capacidad para atender los problemas y demandas de la población.

Al séptimo día de paro, el 3 de abril el Gobierno envió a tres ministros a Huancayo para iniciar la mesa diálogo. Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo Agrario y Cultura, se hicieron presentes ante la mesa de concertación para buscar los acuerdos necesarios para frenar el paro indefinido, mientras cientos de manifestantes mostraban su indignación por la ausencia presidencial. Un sector de la población expresó su descontento con los acuerdos, desconociendo a varios supuestos representantes, mientras algunos gremios de agricultores aseguraron que no se llegó a ningún acuerdo y que el paro continuaría. Sin aprender la lección, el gobierno sigue prometiendo cosas difíciles de cumplir, mientras los principales acuerdos adoptados en Junín eran una reiteración que no alcanzaba para esconder la inaudita apología a Hitler que ensayó el Primer Ministro.

El 7 de abril Pedro Castillo arribó a la ciudad de Huancayo con más de 200 policías de resguardo. Su entrada al coliseo fue accidentada y entre pifias de la gente que compartió su malestar con la gestión del gobierno, forzándolo a pedir disculpas y solidarizarse con los deudos de los muertos en la protesta.

En esa línea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos, así como a los diferentes tipos de diésel. El profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, señaló que, si bien la medida es necesaria, no es la más acertada ni efectiva. Observó que esta última medida no beneficiará, específicamente, a los que más lo necesitan, porque al darse en la primera parte de la cadena y no en los grifos, no se tiene la certeza de que el beneficio se traslade al consumidor final, suponiendo un costo fiscal para el Gobierno que deja de percibir ingresos tributarios.

Hoy, el paro indefinido en la región deja un escenario que parece un tablero de ajedrez con toda las piezas caídas y desordenadas; pocos saben dónde apuntan, muchos están en el tablero, pero no saben dónde ir ni qué hacer, mientras otros ni siquiera están en él. Sin reglas de juego conocidas por las distintas piezas.

 

desco Opina – Regional / 13 de abril del 2022

descocentro – UOT Huancayo