viernes

El embrollo nacional en curso

 

Se percibe un consenso creciente respecto a que la presidenta Boluarte no reina ni gobierna. No habla ni interviene ni en su propia interna, a juzgar por lo que registran las actas de las sesiones del Consejo de Ministros a las que asiste. Y está claro que el Congreso no moverá ninguna ficha que lleve a la salida de Boluarte, pues ello equivaldría a la muerte de Sansón y los filisteos al derribar las columnas del templo que los cobija. Esto, porque constitucionalmente no es posible vacar a la presidenta, sin producir simultáneamente el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.

A la par, todas las encuestas de opinión muestran, de manera persistente y categórica, el rechazo ciudadano a quienes nos gobiernan. Del lado del Congreso, la inconstitucionalidad de muchas decisiones convertidas en leyes, la abierta alianza con sectores ilegales, corruptos y dañinosminería ilegal, taxis colectivos y microbuses piratas, deforestación amazónica, los negociados en educación–, así como el control perverso de los órganos de fiscalización y de las normas electorales, bastan para entender la negativa opinión mayoritaria que reciben, un rechazo que bordea el 90% al evaluar el desempeño del poder Ejecutivo y del Legislativo. Del lado del Ejecutivo, pesan la impunidad, el desborde generalizado de la delincuencia, la mayor pobreza y la corrupción abierta y altanera y la frivolidad sin límites, como vimos en el caso de los Rolex o encontramos en las declaraciones de los ministros voceros de la mandataria.

Se están afectando a diario los derechos de distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero al parecer eso no basta para movilizar el rechazo y malestar generalizado, pues la mayoría de peruanos y peruanas no dan aún señales fuertes que lo indiquen.

El repudio, es claro, no produce por sí mismo un hecho político de contestación a quienes se han aliado para mantener esta situación. ¿Por qué lo toleramos?, ¿por qué nos sentimos impotentes y paralizados? ¿Por qué aguantamos resignados unos, otros desmoralizados, y atemorizados otros tantos?

Sin duda, la represión fatal de las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023 cortó el curso del movimiento democrático, es decir, cumplió el rol de aquietar, asustar, debilitar y de esa manera, permitir que se asienten en el poder los actuales gobernantes.

En esta situación anómala, debe considerarse el papel relativamente discreto –no por ello de poco poder– que desempeñan las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. En la actualidad, avalan a Boluarte, con quien comparten varias responsabilidades penales por las muertes ocurridas al inicio de su gobierno en el sometimiento de las protestas. Altos oficiales de su institución parecen seriamente comprometidos en los sucesos de Ayacucho. En medio de este hipotético pacto del que no se habla, obtienen un trato preferencial del Congreso, del que no solo reciben mayores recursos económicos, sino que también amnistías que permiten la prescripción de delitos de lesa humanidad a criminales, algunos de ellos oficiales de las FF.AA.

Desde sus cuarteles avalan o no las decisiones de los políticos, sin inmiscuirse en los detalles. Así permitieron sucesivamente el cierre del Congreso del presidente Martín Vizcarra, luego su vacancia, y no avalaron al efímero presidente Merino, ni al fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo.

En medio de este escenario, plagado de estropicios y quiebres de la institucionalidad democrática, sobreviven variados sectores de la sociedad civil con iniciativas que apuntan a constituir una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la recuperación de la democracia; son aún muy débiles y se encuentran en un lento proceso de construcción de organización social y acuerdos mínimos. Al contrario, muchos políticos antes que pensar en el enfrentamiento al régimen, aparecen exageradamente concentrados en las elecciones 2026, como si éstas fueran de por sí el bálsamo reconstituyente que terminará con los males nacionales.

Las iniciativas que surgen en estos tiempos, siendo varias de ellas indudablemente valiosas, se ven limitadas por la desconfianza mutua y las distancias que existen entre ellas mismas, trabando la posibilidad de dialogar porque, por ahora, no coinciden necesariamente en las soluciones y en propuestas mínimas para superar este oscuro momento de nuestra historia nacional.

 

desco Opina / 14 de junio de 2024

jueves

Las ONG en la mira de la coalición autoritaria

 

Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación. En la práctica, los parlamentarios estarían violando la libertad de asociación de las ONG, prohibiéndoles, además, la contratación con el Estado, recortándoles espacios de acción y otros derechos, aun cuando muchas de las propuestas planteadas por estas instituciones se hayan convertido en políticas públicas. Todo ello, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector del sector y que, dicho sea de paso, no esconde su entusiasmo por las propuestas.

Estamos siendo testigos de un paso más en la llamada “guerra cultural” que las derechas extremas vienen agitando desde distintos frentes como el Parlamento y los medios de comunicación. Esta vez, el objetivo es claro, limitar el avance que las ONG han promovido en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos, derechos dirigidos a las grandes mayorías, esas mayorías que pretenden invisibilizar desde el poder, acortando las pocas posibilidades que tienen para acceder a una vida digna.

Es en ese escenario, en donde el arduo trabajo de las ONG por la lucha contra la corrupción, la construcción de ciudadanía, el impulso de derechos y de la organización, el fortalecimiento de capacidades de la sociedad para el ejercicio de sus derechos políticos, así como la amplia generación de experiencias y propuestas de políticas públicas, resulta incómodo y peligroso para los intereses de los grupos de poder representados en el Congreso y el Ejecutivo. Hay que ser claras y claros, más allá de las ONG, se está afectando los derechos de distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, que trabajan de la mano con estas organizaciones sin fines de lucro y han construido una red importante mediante la cual se impulsan iniciativas que respaldan sus demandas y necesidades ante la debilidad, la indiferencia y la ausencia del Estado para hacerlo.

Las Organizaciones No Gubernamentales nunca nos hemos opuesto a la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas son parte de nuestro quehacer cotidiano y muchas de las instituciones estamos adscritas a compromisos internacionales y promovemos estas políticas ante la misma población con la que trabajamos, los donantes de los distintos proyectos, la cooperación internacional, la opinión pública, la APCI y las instituciones públicas cuando es requerido. Es falso que pretendamos ocultar nuestra información y los movimientos económicos que realizamos para sustentar nuestras acciones, acciones que año a año cumplimos sin perder el aliento, gracias a un trabajo minucioso que busca también la transparencia dentro de nuestras propias organizaciones.

Sí, estamos a favor de toda iniciativa que busque fortalecer los mecanismos de transparencia, que incluya el fortalecimiento de la propia APCI, a fin de asegurar su rol articulador en el sistema de cooperación internacional y de acuerdo a las necesidades de la agenda nacional. No, no vamos a permitir que el revanchismo político de los sectores antiderechos y conservadores del país, se superponga a los intereses comunes que movilizan a diario, y a lo largo de nuestra historia, a diversos actores, comunidades y población organizada, en pro de sus derechos y que reclaman por un sistema político legítimamente representativo y que sea capaz de asegurar una vida digna para todas y todos.

 

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2024

viernes

La coalición autoritaria en su laberinto

 

La reciente medición de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reitera la gravedad de la situación actual. La encuesta muestra que la aprobación de la señora Boluarte llega apenas al 5%, la más baja desde su llegada a la Plaza de Armas, mientras la desaprobación del Congreso de la República se mantiene en 6%, llegando a un ridículo 3% en el centro y el sur. Buscando factores que expliquen la caída de la mandataria, el IEP subraya la percepción que existe sobre la corrupción en el gobierno 92% cree que es más o igual de corrupto que los gobiernos anteriores, así como aquella otra sobre la situación económica, dado que 72% dice que el total del ingreso del hogar les alcanza con dificultades o con grandes dificultades. Por lo demás, siete de cada diez personas encuestadas considera que la crisis política sin fin que vivimos, afecta su situación económica. No debe sorprender, entonces, que 77% se muestre a favor del adelanto de elecciones, ni que ese porcentaje sea más alto fuera de Lima y en los niveles socioeconómicos más bajos, aunque preguntados por eventuales candidatos, los tres primeros sumados Keiko Fujimori, Antauro Humala y Pedro Castillo, no llegan al 7%.

En este escenario la destitución, aparentemente definitiva, de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decretada por unanimidad por una Junta Nacional de Justicia cada vez más impredecible, mostró rápido sus distintas e importantes consecuencias, evidenciando que ella era pieza estratégica de la coalición autoritaria en el gobierno, entre otras cosas para concluir los pendientes en el proceso de captura de las principales instituciones del Estado en el que está embarcado el Congreso de la República. Su caída fue un disparo bajo la línea de flotación, como lo ha sido también la denuncia constitucional del Fiscal Villena contra Dina Boluarte, a quien acusa de cohecho pasivo impropio, soborno en el idioma de la gente, por recibir, a préstamo de su “waiky”, diría ella, tres relojes finos, un par de aretes de oro y una pulsera de oro y diamantes, todo a cambio de un presupuesto para Ayacucho de más de 190 millones de soles.

Como mordidos por una víbora, desde el Ejecutivo los ministros devinieron en aplicados guardaespaldas de la Presidenta, mientras sus socios mayores, la blindaban en el Congreso y aceleraban el paso en sus distintas tropelías. Los primeros, cuya inutilidad en la gestión es manifiesta, se hicieron provocadores y locuaces. Mientras el ministro de Energía y Minas anunciaba a los cuatro vientos la pronta ejecución de Tía María y Conga, el premier Adrianzén, en sorda competencia con el llamado vocero presidencial, acudía a Puno a intentar atemorizar a sus pobladores y se paseaba por los medios atacando al Ministerio Público y mostrando su admiración por Cantinflas al sostener que la Fiscalía no puede investigar a Boluarte, tras haber afirmado meses atrás, con idéntica pasión, que sí podía investigar a Pedro Castillo, compitiendo, por cierto, con varios otros abogados y ministros que adaptan sus interpretaciones de acuerdo a sus clientes e intereses. Como telón de fondo, Dina en distintas apariciones públicas, victimizándose.

Los segundos, es decir los congresistas, aceleraron la marcha y continuaron con sus trapacerías. Asistimos a la más reciente de ellas cuando la avezada fujimorista Moyano incorporó una enmienda que, en la práctica, suprime las agrupaciones políticas surgidas en regiones, con el argumento de fortalecer a los partidos nacionales, cuando es claro que de lo que se trata es de acabar con su competencia. En las elecciones regionales y municipales últimas, los partidos nacionales ganaron 9 regiones de 25, 74 provincias de 196 y 700 de 1694 distritos; el fujicerronismo que el 2022 sumó 61 bancas 37 Perú Libre y 24 Fuerza Popular, en los comicios regionales y municipales conquistaron tres alcaldías distritales, los fujimoristas, y 3 provinciales y 74 distritales los seguidores de Cerrón. En otras palabras, una modificación más de las 26 hechas por ellos, para ellos mismos, para tener ventaja sobre los demás y, creen, que para garantizar su reelección.

El impacto de las disputas abiertas es innegable, acelera el tiempo político y desnuda las distintas ambiciones de las derechas. El alcalde de Lima, que sorprende esta semana porque se anuncia que gastará trece millones de soles en carruajes a caballo para el centro histórico de Lima, participó del lanzamiento de su candidatura presidencial desde Loreto y aceptó su disposición a “sacrificarse” si no aparece otro líder de su calibre. Los almirantes Cueto y Montoya se fueron de Renovación Popular, quizá porque le creyeron al alcalde cuando anunció su decisión de permanecer en ella hasta el último día de su mandato. Fernando Cillóniz, tras pasearse por varios medios poniendo su candidatura a disposición, finalmente se inscribió en el PPC para tener una plataforma desde la que plantea una coalición, asegurando que es “materia dispuesta”. Hasta la propia Benavides parece soñar con la posibilidad de candidatear tras el insólito homenaje que le rindieron los apristas. Así las cosas, Keiko Fujimori que se sentía segura y natural candidata de las derechas autoritarias, a la competencia que supone su padre circulando, si no para ser candidato, sí para imponer congresistas, descubre que enfrenta aguas movidas, incluso en su propio partido.

La medición de opinión con la que empezamos, evidencia la esperanza de los encuestados sobre el surgimiento de alguna persona o movimiento que lidere un cambio positivo para el país. La esperanza no es en los partidos políticos realmente existentes y a la luz de lo que vemos, es pálida. Desde distintos sectores de la denominada sociedad civil hay variadas iniciativas que tratan de caminar a una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la democracia, pero aún son muy débiles. El proceso de construcción de organización social que viene dándose es lento; sigue marcado por la desconfianza y las distancias que existen. Buena parte del problema es que estas iniciativas no dialogan entre sí y no coinciden necesariamente en las soluciones y propuestas. Un primer paso, creemos que exige que se reconozcan. Caso contrario seguiremos con más de lo mismo, es decir peor.

 

desco Opina / 31 de mayo de 2024