La ley antiforestal y los retos del mercado europeo

 

En el 2023, el Parlamento europeo aprobó el reglamento sobre la deforestación, estableciendo normas referentes a la comercialización en su mercado, así como a la exportación de cacao y café, entre otros productos, con el objetivo de reducir al mínimo posible su contribución a la deforestación y degradación forestal en el mundo.

Esta nueva normativa incluye lineamientos que pueden afectar significativamente el volumen de las agroexportaciones peruanas con destino a Europa y a la que los productores tendrán que adecuarse con urgencia porque deben comprometerse a reducir al mínimo la deforestación y la degradación forestal en el mundo. Según los datos del Parlamento europeo, la Unión Europea (UE) ha sido la causante del 10% de la deforestación a nivel mundial, tanto de forma directa como indirecta, de los últimos 30 años, siendo silenciosos cómplices de la destrucción de bosques de un espacio mayor que el que ocupa la Unión Europea. Con esta medida pretenden resarcir los daños permitidos.

El artículo 38 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del Perú, Ley 29763, otorga la posibilidad de cortar bosque de forma “legal”, simplemente probando que el suelo donde se piensa realizar la deforestación es de uso agrícola; con este criterio que no requiere de un sustento técnico, el mercado europeo se cerrará para todos nuestros productos, pues será difícil demostrar que lo que les vendemos no tiene ningún vínculo con una deforestación descontrolada. 

La lista de productos de la UE incluye al café y al cacao que son los productos bandera de nuestra selva central (Europa nos compra el 40% de nuestro cacao y el 55% de nuestro café). Los países miembros de la UE consideran que esta exigencia es un gran paso en la lucha contra el cambio climático y la pérdida global de biodiversidad, pero también hay quienes argumentan que estas nuevas medidas del mercado europeo, encarecerán el costo de los productos, porque serán pocos los productores agrarios que cumplirán con esos parámetros.

La llamada “Ley antiforestal” modifica el procedimiento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM), esto permitiría legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario, con lo cual nos alejamos de los considerandos del mercado de la UE. A pesar de que esta norma es señalada como inconstitucional porque viola los artículos 67, 68 y 69 de nuestra Constitución, aparentemente solo podría ser detenida por la movilización ciudadana; lamentablemente, esta movilización social alcanza únicamente a los entendidos en la materia y no al público en general, que por desconocimiento del tema se mantiene al margen de esta problemática.

El valor de las exportaciones peruanas de café y cacao a la Unión Europea suma más de US$ 800 millones anuales, panorama que puede continuar creciendo y prosperando si el Perú puede adaptarse al nuevo reglamento europeo que entrará en vigor después de diciembre de 2024.

En el Perú se requiere conciliar el crecimiento económico, el progreso social y responder organizadamente a los grandes desafíos ambientales que nos permitan preservar nuestra megadiversidad y recursos hidrobiológicos; por ello, hay quienes vienen promoviendo y adoptando el paradigma de una economía verde e inclusiva como una marcha hacia el desarrollo sostenible, a fin de generar prosperidad para todas las personas en armonía con el medioambiente.

A propósito, es momento de identificar las barreras que impiden un desarrollo acelerado que armonicen adecuadamente la producción de café y cacao con el sector forestal. Esto requiere soluciones integrales que involucran a muchos actores e instituciones y una gestión integrada de cuencas hidrográficas para aprovechar debidamente las oportunidades que generan la demanda externa e interna.

 

 

desco Opina – Regional / 26 de abril del 2024

descocentro

Un debate a la peruana: los retiros de fondos de las AFP

 

El jueves 11 de abril, el pleno del Congreso decidió aprobar un nuevo retiro de fondos de las AFP, con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones. Debido a esto, los peruanos afiliados –y que cuenten con fondos– podrán retirar hasta 4 UIT (US$ 5.500).

Tras la votación, algunos de los congresistas se manifestaron en sus redes sociales para celebrar los resultados. Por ejemplo, JoséLuna Gálvez, de Podemos Perú, señaló que se impuso la voz del pueblo: “El Pleno del Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que permite el retiro de hasta 4 UIT de las AFP. Tras tres contundentes marchas que Podemos Perú lideró. ¡Lo logramos!”

De acuerdo con estimaciones previas, la medida significa la salida de más de US$ 9 mil millones del sistema privado de pensiones y que 7 millones de peruanos se queden sin ahorros para la jubilación. Seguramente, esto último es lo que tuvieron en consideración los integrantes de la bancada de Fuerza Popular para, luego de dar sus votos para aprobar la ley, publicaran un comunicado señalando que su objetivo era impulsar una reforma del sistema de pensiones y no solo el retiro parcial de los fondos, para “asegurar una vejez digna para todos los peruanos con el sistema de pensión por consumo”.

En otras palabras, nos ejemplifican como la política es también un medio para quedar bien con Dios y con el diablo, hasta donde se pueda, claro está. Por eso, la congresista Sigrid Bazán señaló que “la hipocresía fujimorista siempre queda retratada. Durante el debate se negaron al retiro de las 4 UIT de las AFP, pero al final votan en verde para la foto”.

Obviamente, las AFP pusieron el grito en el cielo, nuevamente. Criticaron que los fondos que administran se hayan convertido en una continua fuente de liquidez para los afiliados, trastocando su objetivo, es decir, asegurar una renta jubilatoria.  Al cierre del 2023, estos fondos representaban el 13% del Producto Bruto Interno (PBI), proporción muy inferior a la que implicaban, cuatro años atrás (23%). Esta situación, según Elmer Cuba, de Macroconsult, está conduciendo al desmontaje del sistema privado de pensiones y, como consecuencia, si vamos por este rumbo, “solo uno de cada 10 peruanos va a tener pensión en la vejez”.

Como suele suceder entre nosotros, cada vez con mayor frecuencia, parece que uno y otro lado apoyan sus posiciones en supuestos imaginados. Veamos.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en Perú está conformada por alrededor de 18 millones de personas. De este total, el empleo formal abarca a 4 millones de personas, mientras que el trabajo informal llegó a una cifra récord de 9.7 millones de personas en zonas urbanas durante el año móvil julio 2021-junio 2022; a esta cifra debe agregarse la que arroja la informalidad laboral rural. Esto significa, como sabemos, que más del 70% de los peruanos trabajan en la informalidad y la precariedad. Dicho de otra manera, tres de cada cuatro trabajadores de la población ocupada tienen empleo informal.

En cuanto a la distribución por género, el 44.7% de la población ocupada en Perú son mujeres, mientras que el 55.3% son hombres. Además, hay un dato por demás significativo que atañe al motivo de este artículo: se observa un aumento en la población ocupada de 45 años o más, mientras que el grupo de 14 a 24 años ha disminuido.

Recordemos, para contextualizar adecuadamente, que los trabajadores informales son aquellas personas que tienen una ocupación, pero no cuentan con beneficios sociales o cuyos trabajos no están registrados. Por otro lado, los trabajadores formales cuentan con vínculos laborales sujetos a la legislación laboral, fiscal y de la seguridad social.

Pero, debemos prestar cuidado al hecho de que el empleo informal no está concentrado exclusivamente en el sector informal. En efecto, como señalael INEI, el empleo informal se descompone en empleo informal dentro del sector informal y fuera de él.

Es decir, también pueden existir empleos informales en sectores institucionales que por definición son “formales”: sociedades financieras y no financieras, instituciones sin fines de lucro, gobierno, etc. Significativamente, el desagregado territorial de estas variables, dan como resultado que el lugar donde existe mayor informalidad laboral en el sector formal es la provincia de Lima, con el 22%. 

De otro lado, luego del quinto retiro de fondos de las AFP, se constató que el 70% de los afiliados activos habían retirado (total o parcialmente) sus fondos de pensiones. En este punto, el mayor porcentaje de afiliados con retiros fue el rango de 31 a 40 años (80% de este grupo retiró); es decir, se trata de una población joven que, al retirar o agotar su fondo, acorta el ciclo laboral de ahorro jubilatorio. En promedio, en esa ocasión, los afiliados retiraron en promedio el 82.1% del ahorro jubilatorio.

Sin embargo, para modular el impacto general de esas cifras, debe decirse que al 2023, los afiliados al sistema privado de pensiones eran 9 millones 220 mil 198 personas, mientras que los afiliados al sistema nacional totalizaban 4 millones 624 mil 201. De ellos, cotizantes activos solo fueron 3 millones 839 mil 547 en el caso del sistema privado y 1 millón 433 mil 679 en el del sistema nacional.

Asimismo, actualmente el total de pensionistas que cubren las AFP es de 203,443, el sistema nacional otorga cobertura a 738, 358 y en Pensión 65 tenemos a 627,924; totalizando 1 millón 569 mil 725 pensionistas. Pero, en el Perú existen 4 millones 140 mil adultos mayores, lo que significa que el 62% de esta población no tendría ninguna cobertura jubilatoria.

Ahora bien, al remitirnos a las estadísticas del INEI, constataremos que más allá de las preocupaciones sobre la pérdida de su rentabilidad que presentan las AFP o la extravagante apelación “al pueblo” que hace el congresista Luna, se yergue un drama nacional invisible y de connotaciones graves.

Cuando discutimos sobre las pensiones nadie refiere a los actores centrales en este asunto. Resulta que el 38,9% de los hogares del país tiene entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años y que, del total de hogares del país, el 25,2% tiene como jefa o jefe de hogar a una persona adulta mayor. Además, la población adulta mayor con algún problema de salud crónico es del 78,6% y que el 42.7% de las personas con discapacidad son adultos mayores.

En realidad, lo que han venido planteando los funcionarios de las AFP y los congresistas es como desligar la producción de los sistemas de cuidados. En sus cabezas, esto último forma parte de lo que llaman “sobrecostos”. Es decir, creen que en la consabida centralidad que le otorgan al PBI no cabe interés alguno en cómo van a sostenerse los adultos mayores y las familias que dependen de ellos o, en su defecto, de las cuales dependen.

Aunque les suene extraño y paradójico, el cuidado es una parte central de la vida socioeconómica y esto no es tomado en cuenta cuando se licúan los ahorros hoy sacrificando el futuro, desplazando los costos a la sociedad y sin ofrecer alternativa alguna al vaciamiento de los fondos previsionales; o cuando los pensionistas son considerados simplemente como instrumentos de rentabilidad y miden su existencia desde la cantidad de soles que pueden ahorrar y no deberían gastar, aun cuando las urgencias del presente apremien.

Debe darse una solución para todos los trabajadores, mediante propuestas consistentes desde el Legislativo sobre un fondo pensionario que aspire a su universalización.

 

 

desco Opina / 19 de abril de 2024

Autenticidad certificada

 

El pez por la boca muere y la presidenta Boluarte se ha metido en un laberinto del que difícilmente podrá salir tras admitir, públicamente ante la prensa nacional, que fue Wilfredo Oscorima, su wayki, quien le puso un Rolex en la muñeca. Su problema se agrava tras la presentación en Fiscalía de Humberto Abanto, abogado del gobernador Oscorima, que aclaró este miércoles que no se trató de uno, sino de tres relojes y que, además, la mandataria recibió –según el cuento, también como préstamo– una pulsera de oro con 94 diamantes, bastante más costosa que la pulserita de bisutería final que lució en la mencionada conferencia. La situación de ambos se complica, pues podría corroborarse la presunción de delitos como enriquecimiento ilícito y corrupción.

La prensa ha podido constatar –por filtraciones ya habituales en Fiscalía– que en el allanamiento hecho a la vivienda de la presidenta se hallaron certificados de autenticidad, tanto de uno de los Rolex como de la pulsera Bangle, ambas joyas valorizadas en 18 000 y 13 000 dólares respectivamente. Nos preguntamos entonces, ¿por qué si eran un préstamo, Boluarte tenía los certificados? ¿No debieran, por el contrario, estar en posesión del dueño si es que realmente quería recuperar los bienes? ¿Qué es lo que realmente necesitaban certificar?

La cadena de coincidencias entre las aprobaciones de ampliaciones presupuestales y los supuestos préstamos de joyas complican a los protagonistas de esta novela. Por ahora son dos decretos los que benefician directamente al Gobierno Regional de Ayacucho, y que por las fechas de su emisión podrían estar vinculados a las joyas. Coincidiendo con el destape del llamado Rolexgate, el gobierno aprobó una semana después del escándalo, en marzo de este año, el DU 006-2024, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público, pero que incluye un artículo que no guarda relación con el objetivo de la norma y que transfiere 100 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho para el mejoramiento del estadio Cuna de La Libertad Americana en la ciudad de Huamanga.

Pero ayer saltó a la luz un nuevo decreto, este podría estar estrechamente vinculado con la ya famosa pulsera Bangle. El portal La Encerrona muestra la coincidencia entre el día en que Oscorima compra la pulsera con diamantes, visita palacio de gobierno y se publica el DU 029-2023. Todo ocurre el 25 de julio del año pasado.

El decreto, que en teoría establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para impulsar la reactivación de la economía familiar y la reactivación del sector turismo, incluye una disposición final que, como en el caso anterior, tampoco guarda relación con el objeto de la norma. Esta disposición autoriza a los Gobiernos Regionales para ejecutar inversiones correspondientes a los servicios de Educación Superior Universitaria en universidades públicas, en convenio con las autoridades universitarias.

Nuevamente, el pez por la boca muere. Al día siguiente, el gobernador de Ayacucho, como lo muestra el portal La Encerrona, se adjudica, en sus redes sociales, la gestión realizada para esta autorización. Textualmente dice: “Gracias a las insistentes gestiones realizadas por el gobernador regional de Ayacucho, el Poder Ejecutivo aprobó ayer el Decreto de Urgencia Nº 029 2023 que de manera excepcional autoriza al Gobierno Regional como unidad ejecutora para iniciar la construcción de las seis escuelas profesionales de la Universidad San Cristóbal de Huamanga”.

¿La insistente gestión incluía la pulsera de oro con diamantes? No lo podemos afirmar, pero la coincidencia no deja lugar a dudas.

La entrega de certificados de este tipo de bienes es un elemento que da cuenta de una voluntad diferente a la del préstamo de una joya que se usa en una ocasión. La coincidencia de las fechas con la entrega de las mismas o su descubrimiento por parte de la prensa, sugiere en realidad una transacción. Transacción que por cotidiana en la política peruana no es menos dañina a la ética pública y al quehacer gubernamental.

En tiempos como este, en que la justicia se politiza y la política se judicializa, el futuro de la señora Boluarte y su socio parecen estar mucho más ligados al desenlace de las tensiones internas del Ministerio Público y el Poder Judicial, que a la acción política de un Congreso deslegitimado y desvergonzado o de una sociedad cada vez con mayor desafección frente a la política. 

Ojalá el futuro de un gobierno en el Perú vuelva a estar en las manos de “demos”, es decir, las ciudadanas y ciudadanos de la democracia, por el momento, esperemos que la justicia cumpla con su papel.

 

 

desco Opina – Regional / 12 de abril del 2024