sábado

Aruntani, la mala de la película

 

En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.

Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.

Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.

Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.

Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.

Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.

Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.

Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.

El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.

Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.

 

desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024

descosur

domingo

Nada por casualidad

 

Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.

Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.

Se trata de quienes dirigen la Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones del Estado. El problema de la seguridad ciudadana, casi se sitúa en un segundo plano cuando se olfatea un desorden total por parte de quienes debieran encargarse de resolver los problemas de seguridad pública.

Es innegable, por otro lado, que algunas expresiones de la violencia y la delincuencia han ganado mayor protagonismo en la prensa de Lima y otras ciudades. Se nos informa simultáneamente a diario de la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, de los secuestros de corta duración, la extorsión a cientos de negocios diversos, los asaltos en vías públicas y a los vehículos, así como la proliferación de armas con capacidad de fuego frecuentemente superior a la de los policías. Todo eso puede verse a cualquier hora del día en algún canal de televisión.

Mientras tanto, la política oficial del Estado aparece como absolutamente inmersa en temas de visitas e inauguraciones diversas de la señora presidenta, y sus más altos funcionarios se niegan a declarar sobre temas delincuenciales de cohecho, ocultamiento de sentenciados por la justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, llenando de acusaciones de traición a la patria a quienes osen protestar o plegarse al próximo paro nacional.

Así, no hay respuestas efectivas que orienten al país en una dirección que permita encaminarnos hacia una solución del actual estado de cosas, y no a su empeoramiento. Es importante fomentar la participación activa y real de la comunidad en la prevención del crimen a través de programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana en modalidades democráticas y no autoritarias ni militarizadas, como las que escasamente practica la policía.

Necesitamos que se adopten medidas urgentes para el mejoramiento del entorno barrial, concertadas con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando algunas políticas que podrían incluir inversión en educación, que a la larga proporciona a los y las jóvenes oportunidades para el desarrollo personal y profesional; fomentar el empleo local y crear oportunidades económicas. Asimismo, abordar con inteligencia las causas subyacentes de la delincuencia y no solo sus manifestaciones criminales; identificar los problemas latentes que contribuyen al crimen como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos.

Esas son salidas a la mano que pueden amenguar la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos. Hay aspectos que deberían implementarse como la iluminación pública, incluyendo la de parques y paraderos en todas las áreas de las ciudades, en lugar de infectar las calles con cientos de cámaras que no sirven para nada verdaderamente útil.

Para que las salidas sean efectivas y justas para todos, incluyendo al millón y medio de extranjeros que conviven con los peruanos y peruanas, deberíamos advertir con fuerza que culpar a los extranjeros por los problemas de seguridad, desvía la atención de las verdaderas causas del crimen como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la ineficiencia del sistema de justicia penal. La mayoría de los extranjeros, por otro lado, son personas que buscan mejores oportunidades y una vida digna, y criminalizarlos basándose en su nacionalidad, es falso e injusto.

Muy poco se dice de la precariedad de la Policía Nacional ni de cómo, punto por punto, el Congreso de la República ha dado leyes, consentidas por el Poder Ejecutivo, que impiden que nuestra legislación facilite actuar contra los delincuentes y se aplique con celeridad, atando de manos a las fiscalías y jueces como lo hacen las peores dictaduras en provecho propio.

 

desco Opina / 1 de noviembre de 2024

viernes

Transporte, extorsiones y gobernabilidad

 

La movilidad urbana y el transporte público de pasajeros se encuentran en seria crisis desde hace mucho tiempo en la ciudad de Lima. Las actuales autoridades de la Municipalidad de Lima y los responsables del poder Ejecutivo, han renunciado a que Lima cuente con un sistema de transporte público masivo e interconectado eficiente en el área metropolitana de Lima y el Callao. Ello, pese a ser un asunto significativo, que atañe a la posibilidad de incrementar la calidad de vida de más de diez millones de personas, en lugar de impedirla como ocurre con los taxis colectivos y la fantasmagórica presencia de combis asesinas por las noches.

Este es un asunto indispensable de considerar como prioritario para respaldar el desarrollo económico, crear empleo y conectar a las personas con servicios esenciales, como son la atención de salud y la educación. Y, sin duda, para disminuir la enorme cantidad de horas de trabajo muertas, que se tragan el tiempo del descanso, el estudio y la recreación perdidas por embotellamientos que llevan a superar las dos horas diarias de viajes promedio en los 24 millones de viajes de personas que se movilizan en la metrópoli en condiciones de decreciente calidad.

Según la propia Municipalidad de Lima Metropolitana, al salir de casa para ir trabajar entre las 06.00 a 09.00 horas de lunes a viernes, es el lapso donde se produce la mayor pérdida de tiempo útil, con grave impacto negativo en la economía y la productividad. La congestión y caos vehicular en la ciudad de Lima representan una pérdida cercana a los S/ 2000 millones al año.

A la ineficiencia, caos y tolerancia permisiva, protegidas por leyes de un Congreso protector del transporte ilegal que incrementa la inseguridad ciudadana se suma el sicariato de la extorsión a los transportistas de la ciudad. Los ataques a las empresas formales de transporte de pasajeros han descollado hasta lo insoportable agregándose como riesgos cotidianos a los que ya se someten las vidas de las y los ciudadanos: abusos, atropellos y muertes en calles mal iluminadas y atestadas de una perniciosa contaminación producida por la antigüedad y mal mantenimiento de la flota pública y privada de vehículos.

Según el Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, hasta el mes de setiembre 2024 se registraron 13 372 denuncias por extorsión. Estas cifras evidencian un escalamiento del crimen que comparando cifras entre 2021 y 2023, se constata una multiplicación que quintuplica de 4510 a 22 162 casos la incursión delincuencial.

Sin duda, estamos ante la peor crisis de gobernabilidad nacional de este siglo, producto de la errática conducción de un gobierno absolutamente deslegitimado nacido de una alianza autoritaria y criminal que vela por sus propios intereses y que por ello enfrenta día a día un descontento creciente y la presión social de grupos de ciudadanas y ciudadanos que nunca antes se habían movilizado en defensa de la vida: transportistas, comerciantes de bodegas y mercados y trabajadores de servicios, todos chantajeados y algunos asesinados, en medio de la inacción sorda a las demandas sentidas de la población. El gobierno, con cinismo, al minimizar las protestas parece no entender que las movilizaciones continuarán y que el gobierno que preside Boluarte ha entrado en una acelerada cuenta regresiva que se lee en las calles.

Las protestas recientes y el paro nacional parcial de transportistas urbanos de pasajeros del 23 de octubre, ponen por delante una agenda ciudadana urgente. Han abierto las compuertas del avivamiento de conflictos sociales latentes, que ya se contagian al ámbito regional de nuestro país sobre un sinnúmero de asuntos no atendidos, que sumados desbordan la mediocre respuesta del gobierno nacido de la alianza de Dina Boluarte y las mayorías derechistas en el Congreso.

La ciudadanía demanda soluciones prontas en los temas de seguridad, transporte y la penalización de la corrupción generalizada. También exige la creación de empleo juvenil digno y la mejora de la pésima cobertura de los servicios de salud pública, entre otros. Esta agenda refrescada incluye implícitamente la necesidad de construir prontamente nuevos liderazgos capaces de conducir organizaciones legítimas, democráticas y representativas de los intereses ciudadanos.

Parece estar cerca el momento para reconstruir la política en nuestro país, que dé conducción a los intereses públicos en marcos de diálogo y concertación de nuevas alianzas capaces de concretar una ruta de futuro democrático al servicio de sus ciudadanos.

 

desco Opina - Regional / 25 de octubre de 2024

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