viernes

Movimientos regionales y agentes políticos



El escenario político en los últimos años, después de los 90 y principios del 2000, ha venido cambiando sin tener una orientación precisa sobre cómo alcanzar una democracia realmente representativa, de allí que los partidos políticos hayan perdido poco a poco la credibilidad entre los electores,  esto es llamado por algunos autores como la crisis de los partidos políticos. Debido a la falta de una respuesta democrática que los electores no han encontrado en los partidos políticos tradicionales, han volcado su preferencia hacia nuevas propuestas electorales: los movimientos regionales, las alianzas electorales, o algún outsider. Los movimientos regionales se fortalecieron en la debilidad de los partidos, convocaron a los líderes regionales y fueron la cuna de los primeros presidente regionales; pero la convocatoria con el tiempo no fue más allá: no se formaron cuadros políticos regionales, no se motivó la discusión sobre planes de desarrollo entre sus correligionarios y los movimientos fueron optando por invitados con buenas intenciones.
El Jurado Nacional de Elecciones nos ha presentado en Arequipa y Puno un nutrido reporte de nuevos movimiento o alianzas electorales. Para las próximas elecciones del 5 de octubre en Arequipa ya van inscritos siete movimientos regionales y ocho están en proceso de inscripción, al igual que dos alianzas electorales; mientras que en Puno son once los inscritos y sólo uno está en proceso. La debilidad de los partidos, como por ejemplo en Arequipa, se puede graficar con el lanzamiento del ex presidente regional Daniel Vera Ballón, que viene rencauchando la alianza «Vamos Arequipa», con el símbolo del rocoto que por dentro viene relleno de estrellitas apristas. El APRA es consciente de que por sí sola, no llegaría a los cuartos de final de esta contienda.  
Estamos por finalizar junio y lo único que se conoce de estas organizaciones regionales son los candidatos, la ausencia de programas es su común denominador, y es que tienen el mismo símil perverso de sus pares nacionales: sólo se juntan para el proceso electoral. La discusión sobre cómo sacar adelante sus regiones está ausente en su breve vida partidaria.  Según la ley que norma el proceso electoral regional, el plan regional se debe presentar el día de la inscripción de la plancha (presidente, vicepresidente, consejeros), si bien ese plazo vence el 7 de julio, no es excusa para el silencio de estos meses.     
La política regional, tanto en Puno como en Arequipa, también se ha mercantilizado. Hay candidatos que no necesitan comunicar sus planes si llegan al sillón regional, sólo basta conocer sus antecedentes o los grupos de poder a los que están vinculados para ver sus reales aspiraciones. Así, entre los candidatos, podemos encontrar un promotor de invasiones, a mineros informales, y a quienes no tienen miramientos para aliarse con cuestionados personajes en busca de una fórmula popular. 
Los movimientos regionales, en estructura organizativa, son como un partido en chiquito, la única diferencia es que el acceso al poder está restringido. Un movimiento regional, por ejemplo, no puede presentar un candidato a la presidencia nacional; sin embargo la diferencia que sumaba al juego democrático es que los candidatos eran más cercanos a los votantes de una circunscripción política, lo que no significa que el escenario político regional se convierta en un club de amigos, sin formación de liderazgos, como está ocurriendo.
Las próximas elecciones ya están  a la vuelta de la esquina en cada uno de nuestros distritos, provincias y regiones, ahora la pelota está en nuestra cancha, no solo somos agentes sociales, también somos agentes políticos, nuestro poder lo ejercemos con el voto y con la vigilancia ciudadana.
Para evitar posibles problemas, es responsabilidad de los electores, organizaciones locales, juntas vecinales, etc., promover y ser partícipes de debates electorales o espacios de concertación en los que se fije una agenda de compromisos, donde el más importante sea la creación de espacios de participación ciudadana efectivos, para que nuestro hombre/mujer en el poder, no desvíe la ruta.

desco Opina - Regional / 27 de junio de 2014
Programa Regional Sur
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domingo

Paquete complicado en medio de lluvia de goles



Muy al estilo que caracteriza el comportamiento de un gran número de peruanos, solemos dejar las cosas para el final, para cuando están a punto de vencer los plazos. El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República no podrían ser la excepción. Es por eso que al borde del cierre de la actual legislatura aparecen en agenda  temas como el «paquete reactivador»  de medidas económicas propuestas por el Poder Ejecutivo, el debate sobre el proyecto de ley universitaria y por cierto el sonado caso de la megacomisión.
A lo anterior se suma en la agenda política de estos días la definición de las candidaturas municipales a las alcaldías, proceso en el que destaca por su importancia el caso de Lima Metropolitana y sus doce candidatos y candidatas. Todo esto ocurre, por cierto, en medio del campeonato mundial de futbol y los procesos de clasificación para los octavos de final del certamen FIFA que se disputa en Brasil y que se convierte en el gran atractivo y distractor mediático, muy apropiado para que los gobiernos aprovechen la ocasión, aquí en el Perú y también en otros muchos países para intentar sorprender a la ciudadanía para la toma de decisiones sin mayores debates públicos.
En el tema económico parece claro que concluyó el ciclo largo de crecimiento económico, no solo como lo ha venido mostrando la baja de los precios de los minerales, sino también por el agotamiento interno de la economía nacional. El aliento al consumismo para dinamizar el mercado interno no parece más ser el camino cuando mes a mes las estadísticas financieras dan cuenta del incremento de las tasas de morosidad que se contrastan con la caída y ya no solo crecimiento moderado de sectores importantes de la economía que han funcionado como locomotoras: el sector construcción  y el sector minero mostrando una contracción importante en el último mes, que llega a superar en uno de los casos el 8%. Aparece así, en las cifras y no en el discurso, el mayor cuestionamiento real a la aplicación del modelo neoliberal, que finalmente no se consagró.
La respuesta del gobierno a través de su «paquete reactivador» no puede sino ser desalentadora para las grandes mayorías y creemos que para los auténticos intereses nacionales, pese a que es aplaudida por CONFIEP. Lo que se propone es nada menos que bajar los costos laborales y las exigencias ambientales además de algunas medidas tributarias de anulación de deudas.
En el tema ambiental se pretende que sea el Consejo de Ministros y no el MINAM quien decida sobre la creación de áreas reservadas, los límites máximos permisibles (LMP) y los estándares de calidad ambiental (ECA). Nos preguntamos ¿cuál es el sentido de tener un Ministerio del Ambiente entonces? Un diario señala que con estas medidas, sumadas a los recortes en funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), se «prevendría la creación de una nueva área reservada en la franja costera de Piura y Tumbes (que se sobrepone a 11 lotes de hidrocarburos) y la imposición de los nuevos ECA de aire, que las fundiciones de cobre se ven imposibilitadas de cumplir hasta la fecha por la ausencia de tecnología adecuada». La pregunta en este caso sería ¿en qué clase de país estamos que vemos la creación de áreas protegidas como una amenaza?, ¿alguien cree que en el Perú la prepotencia viene de los ambientalistas? Si estos son los términos del debate, y ahora debemos compadecernos porque unas fundiciones no logran operar sin tener aire de calidad para otros seres humanos por «ausencia de tecnología» (nótese el tono lastimero), entonces hemos caído todavía más bajo. Los canales para la ciudadanía se hacen aún más restringidos al centralizar decisiones ambientales en el Consejo de Ministros, por lo demás. Todo en el año que el Perú es anfitrión de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP 20. Estaremos muy atentos al arsenal retórico al que tendrá que recurrir el Ministro del Ambiente en el estrado principal de dicho evento.  
Otro aspecto, que requiere más estudio, es la propuesta de volver a contratos de estabilidad tributaria para las mineras con capacidad de producción inicial de más de 15,000 toneladas métricas por día. Nos parece una admisión tácita de que se han desperdiciado más de 15 años de un entorno muy favorable para el Perú si es que la solución es volver a los CET. ¿Es que hemos desperdiciado dos décadas? Algunas de las propuestas ciertamente parecen insinuarlo sin vergüenza. Paralelamente, el Presidente declara en la Cumbre de la Alianza del Pacífico que el futuro no está garantizado siendo un país primario exportador, arrancando aplausos de la platea por lo que se interpretará, suponemos, como sentido común y hasta valentía. ¿Qué sentido tiene eso ante la propuesta de volver a los CET? 
En medio de esto nos encontramos en una situación en la que no hay claridad entre los analistas respecto al diagnóstico y las medidas a tomar. Desde los sectores conservadores y de derecha el problema se confunde entre las causas externas y las del manejo interno de la economía (la llamada tramitología, las exigencias ambientales y los “sobrecostos laborales”) y en el caso de los economistas y analistas de izquierda o con posiciones progresistas no hay un enfoque claro sobre qué hacer realísticamente en esta situación.
Por un lado está el poco crecimiento de la economía norteamericana, la falta de crecimiento importante de la economía europea y las dificultades de China, pero por otro, está la situación interna de bajos salarios en la que se pretende mostrar una realidad de altos costos laborales comparativos (por beneficios como vacaciones y CTS que debieran ser leídos en el contexto de esos bajos salarios) y lo que se califica como agresión tributaria de SUNAT que se pretende amenguar con la anulación de multas e intereses acumulados. En este caso creemos que es indispensable por un principio de transparencia y manejo justo que los ciudadanos podamos acceder a la lista de los principales beneficiados por estas medidas, que seguramente son unos pocos contribuyentes los que concentran lo principal de la deuda que se busca reducir.
Creemos que este es un buen momento para que el mundo académico, las organizaciones gremiales y las fuerzas progresistas intenten construir alternativas que defiendan el interés mayoritario de la nación, antes de ser sorprendidas por ajustes y beneficios que los grupos de poder intentan imponer en defensa de sus intereses particulares, una vez más.

desco Opina / 21 de junio de 2014
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viernes

Cuando de verdad pase el temblor



El pasado 30 de mayo se llevó a cabo el simulacro nacional de sismo y tsunami. Pese a haberse establecido que la participación fuera de «carácter obligatorio» en las instituciones públicas, el ejercicio no tuvo mayor impacto. Y es que si se considera la poca participación real de personas, en la hora programada, en otros locales de afluencia masiva como son los centros comerciales, mercados, campos feriales, etc. es evidente que no se tomó en serio este ensayo preparatorio.
Resulta interesante hacer notar que solo cuatro días después del simulacro, en la ciudad de Lima se producía un sismo de 5.4 grados en la escala de Richter, que sin haber sido de mayor intensidad, nos mostró muchas falencias y la falta de preparación de los habitantes de Lima para responder ante eventos sísmicos de magnitud. De hecho se reportaron hasta un total de cinco emergencias, producto de crisis nerviosas y golpes, ocurridos durante el proceso de evacuación, en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Surco y Lince.
Una vez más constatamos lo mal preparados que nos encontramos como sociedad para hacer frente a un fenómeno natural que va a ocurrir y que puede afectar significativamente nuestras vidas. Lamentablemente, los esfuerzos de Defensa Civil devienen en nada ante la poca seriedad con la que se asumen los procesos de prevención con miras a evitar una situación de desastre.
Por otro lado, en más de una oportunidad los especialistas han hecho notar que el déficit cualitativo de las edificaciones en el país (léase bien: su mala calidad) es mucho mayor que el cuantitativo. Esto adquiere una dimensión crecientemente preocupante si se tiene en cuenta que en Lima y varias ciudades importantes del país se están produciendo acelerados procesos de aumento de la densidad que traen múltiples consecuencias. La densificación urbana tan importante, en la lógica de plantear las ventajas para una ciudad más compacta, no necesariamente está visibilizando ni planteando soluciones ante el problema de lo ya construido. Menos en lo que significa contar con la compleja preparación que corresponde a las implicancias de dar el paso de trasladarse de la vivienda unifamiliar a la multifamiliar, incluyendo, por cierto, las prevenciones de riesgo a tomar ante eventos sísmicos de magnitud.
En este contexto, resulta alarmante observar la pobre reacción y compromiso que existe por parte de nuestras autoridades, técnicos e inclusive la propia sociedad civil, para dar solución a un problema siempre latente, que se enfrenta con desidia, sin convocatorias importantes a la toma de conciencia y previsión. Sin duda, de seguir igual, terminará por pasarnos una factura difícil de pagar, particularmente en una metrópoli como Lima con más de 9 millones de habitantes y serios puntos de zonas en grave riesgo.
Pensamos que las autoridades de Defensa Civil se encuentran en la necesidad de hacer una profunda autocrítica, evaluar sus magros resultados y emprender campañas con metodologías que resulten siendo de verdad exitosas y calen en la conciencia ciudadana y la organización del tejido social. Eso es responsabilidad de todos y hasta ahora lo estamos haciendo bastante mal, burocráticamente, con procedimientos puramente formales y llenándonos de carteles y señalización de rutas y aforo que en verdad de poco sirven a la hora de las crisis verdaderas.

desco Opina - Regional / 13 de junio de 2014
Programa Urbano
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La descentralización: entre sus límites reales y la cacería de brujas

La pregunta que nos hacemos todos los peruanos y peruanas, es qué está pasando en las regiones. Tras la detención del Presidente de Ancash, acusado de corrupción pero también de participación en distintos asesinatos, siguió la del Presidente de Pasco luego de la difusión de un video en el que aparece recibiendo una hipotética coima; mientras tanto, el Presidente de Tumbes se encuentra prófugo de la justicia que habría descubierto sus faltas y delitos. Con ellos, a juzgar por lo aparecido en los medios de comunicación, se encontrarían en dificultades similares las gestiones regionales de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Piura y siguen firmas….
La descentralización, más precisamente las regiones, parece desmoronarse y evidencia sus límites. La imagen creada es la de autoridades regionales, que aprovechando la abundancia de recursos y los poderes omnímodos que habrían ganado con la reforma, han convertido en botín personal sus territorios, dedicándose mayoritariamente al saqueo de los recursos públicos. El escandaloso caso de Ancash sería entonces la punta de un iceberg que se estaría repitiendo en la mayoría de regiones y territorios del país ad portas del próximo proceso electoral.
De pronto, fiscales, procuradores, jueces y congresistas, alentados todos por el Contralor General de la República y el novísimo Fiscal de la Nación, parecen imbuidos de un celo en el ejercicio de sus funciones de control y una preocupación por el uso de los recursos públicos, que no les conoció nadie en los doce años anteriores de la descentralización. En las últimas semanas, no hay día en el que los ciudadanos de este país dejemos de sorprendernos por la cantidad de autoridades regionales y locales involucradas en escándalos y actos punibles. Cual telenovela plagada de villanos, asistimos a la sucesión de acusaciones y denuncias de alto calibre, que demostrarían que es indispensable actuar y rápido frente a este cáncer que corroe al país y que aparece vinculado a las mafias de construcción civil, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.
Ciertamente hay que hacer, y mucho. Sería ingenuo e irresponsable negar la gravedad de muchos de los escándalos que vienen del interior del país. Pero lo sería igualmente, limitarnos a ver el árbol y no el bosque, como se pretende. En Ancash, el caso más dramático y menos discutible, aparecen involucrados diversos fiscales, distintos jueces, múltiples mandos policiales. ¿Alguno de ellos está encausado? El Congreso de la República que archivó variadas acusaciones contra César Álvarez, incluso estando ya detenido, el Ministerio de Economía y Finanzas que lo reconoció los últimos años como el más eficiente en la ejecución del gasto público y la Contraloría que no relevó nada significativo sobre dicha gestión en sus informes anuales, ¿han hecho acaso una autocrítica por sus claras omisiones y yerros? ¿Los partidos políticos, que ritualmente piden nuestros votos, no tienen también responsabilidad en este drama?
Como es obvio, la descentralización está en crisis. Se ve severamente afectada por sus indefiniciones y por los pecados originales de su diseño. Departamentos convertidos temporalmente en regiones, competencias transferidas sin el necesario desarrollo de capacidades y lo que es peor, sin recursos; sistemas administrativos que no dialogan entre sí, falta de coordinación y articulación intergubernamental tanto horizontal como vertical, además de la maldición de los recursos que se materializa claramente en la figura del canon.
Pero más profundamente, el bloqueo que vive, encuentra explicación en factores más estructurales. Un Estado e instituciones precarias; sistemas de control que se limitan a las formas y los papeles; partidos políticos que son crecientemente franquicias al servicio de intereses privados, que alientan la fragmentación que se evidencia con la multiplicación de movimientos regionales y locales, pero que se inicia en los partidos nacionales, de los que ya tenemos 18; la corrupción, que es un dato endémico del país y que avanza sostenidamente; el peso creciente de la economía informal e ilegal.
Es evidente que tenemos que hacer un alto, que es indispensable reordenar y relanzar la descentralización en un marco más amplio que es el de la reforma del Estado, de un Estado que no nos sirve para aprovechar el crecimiento y hacerlo desarrollo e inclusión. No faltan ni diagnósticos, ni propuestas. Lo que no se observa es voluntad política. El espectáculo siempre es más fácil y acusar al ladrón es una manera de eludir las responsabilidades propias, que frecuentemente son las mayores. El cargamontón puede seguir y permitirá que nos olvidemos por un rato de la corrupción y la inseguridad ciudadana porque creeremos que ahora sí se está haciendo algo. El desfile de acusaciones seguirá mandando a segundo plano la desaceleración de nuestro crecimiento, los problemas de la inversión, la crisis de todas nuestras instituciones, la paralización de salud y hasta las declaraciones de Nadine a Cosas. Pero ello, no desaparecerá los problemas de fondo.

desco Opina / 6 de junio de 2014
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