La situación generada por la decisión
de no firmar la adenda del proyecto Chinchero, terminó con el gobierno atrapado
en su laberinto. Tras perder la oportunidad de anular el contrato cuando
pudieron hacerlo porque tenían los argumentos legales, optando por continuar
con la APP –fuere por razones “ideológicas” (su fe en las alianzas y la
inversión privada, convertidas en los esperados actores protagónicos de la
futura reconstrucción) o por compromisos adquiridos con la empresa–, se puso la
soga al cuello. El sacrificio de Vizcarra, quien apareció renuente a la firma
del nuevo acuerdo, además de un duro golpe al Ejecutivo, reabre el fantasma de
la vacancia presidencial, porque las responsabilidades administrativas y
penales oportunistamente identificadas por la Contraloría, sumadas a los
recientes rumores de la vinculación de la otrora candidatura de Aráoz con
Odebrecht dibujan un callejón difícil para el gobierno, al que el
fujimorismo parece decidido a empujarlo.
A su proverbial falta de recursos
políticos, el gobierno le añadió debilidad técnica, que no le alcanzó para
esconder los distintos conflictos de interés que tenía en juego. A la visible
participación de la hermana del Primer Ministro desde la empresa involucrada,
ahora se añade la participación de la Viceministra de Economía, quien fungió hasta antes de serlo, como consultora del otro lado de la mesa. De esta manera el gobierno podría haberse entregado en bandeja al
fujimorismo, empeñado en
acabar con la institucionalidad existente y organizar su propia “transición” al
2021, delineando un marco normativo a su medida; es decir, haciendo desde el
Congreso el trabajo sucio que les facilitará su acción cuando sean Ejecutivo,
creando una “institucionalidad” a su imagen y semejanza.
La respuesta al desacierto
gubernamental no se dejó esperar. Las exigencias de renuncia de Vizcarra a la
Vicepresidencia y la multiplicación de amenazas de interpelación cubrieron los
medios y obligaron a una declaración directa del Premier, profundizando la
polarización entre el gobierno y la oposición fujimorista, cada vez más marcada
por el creciente empoderamiento naranja que continúa en el camino de dotarse de una legislación tendiente a recortar libertades, reducir la aparición de otras opciones políticas y cerrar el sistema electoral, debilitando aún más al ppkausismo.
En este contexto, las declaraciones de
Roque Benavides, presidente de CONFIEP, defendiendo la gestión de Vizcarra y su
condición de Vicepresidente, así como la designación de los nuevos ministros,
fuertemente ligados al mismo sector empresarial, parecen indicar que el
mandatario ha decidido echar mano de su principal “sombrilla”, evidenciando muy
temprano el carácter de su gobierno y confiando, quizá, en que ese sector sea
capaz de aquello que él no ha logrado en diez meses de gestión: establecer un
entendimiento mínimo con Fuerza Popular, de manera que el “clima de negocios”
que requiere el modelo no se vea afectado, convenciéndolos de que el riesgo de
una caída acelerada de la aprobación del Ejecutivo podría arrastrarlos a ellos
y al Congreso de la República, generando un escenario impredecible. En otras
palabras, la conveniencia de controlar su malhumor, resolver también sus
problemas internos y esperar el 2021.
Todo indica que la preocupación y el
interés que comparten el Ejecutivo y los empresarios, tiene un mismo norte: la
reconstrucción y la viabilidad de los mecanismos anunciados como privilegiados
para dicho proceso: las alianzas público privadas y la ejecución de obras por
impuestos. En el fondo, el caso Chinchero evidencia los riesgos y límites de un modelo de financiamiento, las APP, además fuertemente afectado
por distintos cambios legislativos que no se quiere discutir y evaluar porque,
todo parece indicarlo, es parte de la gran expectativa empresarial para
“reactivarse” rápidamente y contribuir a la reconstrucción.
Pero también hay que ser claros. La
reciente película de la adenda evidencia el fracaso de un sistema de control,
donde el organismo responsable se pronuncia públicamente tarde y para salvar su
rostro, exhibiendo observaciones que hizo de manera caleta en el pasado para
salvar su responsabilidad ante el escándalo inminente. Particularmente grave,
cuando quien presenta el informe fue el Sub Contralor en todo el período
anterior. No nos engañemos entonces, porque su comportamiento no es garantía de
nada.
De cara a la reconstrucción, estamos
advertidos.