jueves

El Programa Metropolitano de vivienda popular

En diciembre del año pasado, en pleno fragor del proceso de revocatoria de la alcaldesa de Lima, el concejo municipal metropolitano aprobó la ordenanza que creaba el Programa Metropolitano de Vivienda Popular. Este programa, instituido para enfrentar por vez primera la creciente problemática del acceso de vivienda para sectores populares (que son la mayoría de la población urbana), parece sin embargo haberse congelado en el tiempo ya que pese a los meses transcurridos no se dispone de información sobre su avance.
Esta iniciativa impulsada entonces por la regidora Marisa Glave, (presidenta de la comisión de desarrollo urbano de la municipalidad metropolitana hasta su revocatoria) contó con el respaldo casi unánime del Concejo y parecía abrir un nuevo espacio de trabajo y compromiso con un serio problema nunca antes atendido por el municipio: la vivienda popular.
Superado el proceso de revocatoria y en el marco explícito de la convocatoria formulada a otros partidos políticos por la alcaldesa metropolitana para realizar un trabajo conjunto, rubricado con la firma del Acuerdo por Lima, parecía posible dar prioridad no solo a la reforma del transporte sino también a programas como Barrio Mío y Vivienda Popular. Sin embargo, las expectativas de que por fin, el gobierno Metropolitano, asuma la problemática de la vivienda popular en la ciudad de Lima, parecen haberse diluido en un espejismo que se desdibuja por falta de voluntad política municipal.
A más de ocho meses de aprobada la ordenanza 1643 que crea el Programa Metropolitano de Vivienda Popular, la municipalidad metropolitana no ha dispuesto una asignación presupuestal destinada al mismo, lo que hace temer que finalmente no se cumpla con este importante compromiso de atención a la precaria situación de la vivienda de cientos de miles de familias de la metrópoli.
Como sabemos bien, para las familias de escasos recursos, las mayorías pobres de Lima, el acceso a una vivienda adecuada es una tarea titánica que requiere del apalancamiento, apoyo y asesoría del Estado, en este caso, del gobierno municipal. Resulta bastante preocupante que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con un discurso y un compromiso explícito de apoyo al mejoramiento de la vivienda que parecía resuelta en este campo no esté avanzando al ritmo esperado y que la atención a los problemas de la vivienda se mantenga fuera de sus prioridades. Mientras tanto la atención a la vivienda se mantiene limitada a servir solo a los sectores medios mediante las políticas del Ministerio de Vivienda, situado de espaldas a los pobres de las ciudades y el campo.


desco Opina - Regional / 25 de julio de 2013
Programa Urbano
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viernes

Vientos de fronda

La elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, los miembros pendientes del directorio del Banco Central de Reserva y la Defensoría del Pueblo, como no podía ser de otra manera, ha terminado en un escándalo de consecuencias impredecibles. La obcecación de la mayoría de integrantes del Congreso de la República los llevó a votar en conjunto las polémicas propuestas que habían negociado previamente, guiados por el más mezquino de los criterios de cuoteo partidario. Que la mayoría de propuestos no cumpliera con las condiciones mínimas para la responsabilidad a la que aspiraban y que varios de ellos tuvieran una trayectoria personal fuertemente cuestionable, importó poco. Que distintas voces desde la sociedad civil expresaran su condena e indignación por el proceder del Congreso, importó menos aún.
El Presidente de la República y los principales líderes políticos, que sin duda alguna, estuvieron entre los promotores del arreglo finalmente consagrado por los parlamentarios, terminaron buscando desmarcarse de una elección que despertó protestas ciudadanas crecientes, aún antes de consumarse. El primero, diferenciándose de dos de las propuestas, las que despertaron críticas mayores. Los demás, concluida la escandalosa elección, tratando inútilmente de responsabilizar únicamente al mandatario y al partido de gobierno, de un juego perverso del que todos fueron partícipes de una u otra manera, como es el caso del APRA que en esta ocasión no fue parte de la repartija institucional porque no tiene los votos suficientes para participar en la versión peruana del juego de las sillas.
El daño a instituciones centrales de nuestra precaria democracia, algunas de ellas como el Tribunal Constitucional, ya heridas de antemano, es innegable. La credibilidad del Congreso de la República, una de las instituciones con menor índice de aprobación en todas las encuestas, minada definitivamente. Los principales liderazgos político partidarios, de alguna manera hay que denominarlos, reducidos a su condición más elemental de negociantes de intereses particulares. El propio Presidente Humala situado en el corazón de una crisis que contribuyó a crear y que finalmente desencadenó, desautorizando a todos y cada uno de sus operadores políticos, revelando una creciente y peligrosa orfandad. Nuestro débil sistema político golpeado, una vez más.
En este escenario, el malestar ciudadano empieza a tomar la calle lentamente. Las voces de protesta legítima provienen desde las redes sociales, desde los y las jóvenes que descubren que es poco lo que se puede esperar de una clase política encallecida y envejecida moral y éticamente, que es la peor manera de envejecer. Más allá de la coyuntura inmediata, se van percatando que sin su acción y su participación, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, cada vez corre más peligro.
Hoy día, tenemos un Congreso totalmente deslegitimado y un Ejecutivo atrapado en su juego corto y, de pronto, en su tentación autoritaria, mientras una oposición que no es tal, balbucea en su defensa que el consenso, al que se prestaron y por el cual votaron mayoritariamente, es resultado de la imposición gubernamental. Todo ello en medio del silencio interesado de aquellos que se desgarran las vestiduras cuando se mueve un ápice algún elemento del orden establecido, en nombre de no hacer olas para no afectar las inversiones.
En otras palabras, una situación extremadamente difícil que es resultado de la instalación y del vigor de la antipolítica que se afirmó en el país en las últimas dos décadas. Situación que se prolongará los próximos días sin duda alguna, porque el malestar ciudadano seguirá creciendo e independientemente de la salida institucional que se encuentre para corregir esta desfachatez, las consecuencias las seguiremos pagando. En el corto plazo, la elección del nuevo Presidente del Congreso, seguramente será un nuevo capítulo del juego de las sillas y probablemente otro espectáculo patético, más aún cuando el candidato gubernamental a la reelección, es uno de los artífices de lo que estamos viviendo.
En el mediano plazo, porque es evidente que sin una reforma profunda de nuestro sistema político, sin una transformación real de los partidos que tenemos y su comportamiento, el malestar se convertirá en indignación. El desafío de la ciudadanía, hoy día sin representación ni organización, es enorme, porque de lo que se trata es de crear las condiciones para el proceso de los cambios que se requieren, con esta clase política que es parte central del problema.

desco Opina / 19 de julio de 2013
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miércoles

Deficiencias en la cobertura del seguro agrario en Huancavelica

Desde hace algunos años el Ministerio de Agricultura - MINAG viene destinando partida presupuestaria para pagar la prima del llamado Seguro Agrícola Catastrófico (AgroProtege) en las regiones de sierra del país (Huancavelica, Apurímac, Cusco, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Pasco y Puno). La finalidad del seguro es atender a pequeños agricultores que se encuentran en situación de daños o pérdida del cultivo por factores climatológicos como la helada, granizada, presencia de plagas u otros.
En el caso de la sierra central, la región de Huancavelica cuenta con el Seguro con una prima S/. 6 millones 250 mil. La prima será ejecutada a través de la aseguradora MAPFRE y tiene como fin cubrir la campaña agrícola agosto 2012 – julio 2013. Según la Dirección Regional de Agricultura Huancavelica (DRAH), durante dicha campaña, 9,570 agricultores (1,872 productores en Churcampa, 5,095 en Huancavelica, 987 en Acobamba, 914 en Tayacaja, 565 en Angaraes, 137 en Castrovirreyna y 2 en Huaytará) perdieron grandes áreas agrícolas por los fenómenos climatológicos de la región; por lo que recibirán una indemnización del seguro agrario. (DRA Huancavelica - Oficina de Información Agraria).
La evidencia empírica no augura un buen futuro para estos agricultores. Según el MINAG, las comunidades de Callanmarca, Chaupiorcco, Huanaspampa, Chilhuapampa, Salcahuasi, Manyaclla, Mayunmarca, entre otras, perdieron cultivos de maíz amiláceo, papa, cebada grano seco, arveja, haba grano seco y frijol en su totalidad; por lo que está establecido, la aseguradora indemnizará con 550 nuevos soles por hectárea de cultivo dañado. Sin embargo, algunos agricultores reciben sumas que van desde 80 hasta 150 nuevos soles por las extensiones de sus parcelas que tienen en promedio una yugada (0.25 Has). Además del bajo monto, se suma a ello, que los pagos por indemnizaciones tienen que ser cobrados en provincias, obligando a los agricultores a realizar viajes largos y gastar en pasajes y viáticos. Finalmente, el dinero de la indemnización se ve utilizado en gastos como los mencionados y no en reparar las pérdidas de sus tierras. Cabe resaltar que los agricultores invierten como montos mínimos desde 2000 nuevos soles en cereales y 6000 nuevos soles en tubérculos por hectárea. En consecuencia, la suma de cobertura de las aseguradoras no solo genera una percepción negativa y pesimista en el agricultor, sino que, además, impediría su capitalización.
Tenemos tres razones (producto del trabajo de campo) para pensar que el seguro agrario catastrófico (SAC) no es percibido como favorable por los agricultores huancavelicanos:
a) En el 2009, en una entrevista radial, la hoy ministra de Desarrollo e Inclusión Social, dijo que el seguro era uno más de “un montón de experiencias piloto” en el sector y que los agricultores no conocían bien de qué se trataba. Actualmente, se sigue careciendo de información precisa del proceso de peritaje para la indemnización, manteniendo así la situación de desconocimiento de los agricultores.
b) Uno de los aspectos que no se visibiliza es la negociación entre el Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (FOGASA) y la empresa aseguradora, dado que no se considera la información pertinente de los rendimientos promedios de los cultivos asegurados de primera fuente; porque según los criterios técnicos manejados en el campo, solo es indemnizable cuando el cultivo tiene una pérdida promedio mayor al 60% del promedio de rendimiento. Así mismo, la Dirección Regional Agraria de Huancavelica presenta una débil capacidad de gestión, debido a que no tiene un equipo técnico especializado en SAC y existen escasas capacidades en los agentes agrarios y pequeños productores para entender un proceso de peritaje técnico de acuerdo al lineamiento de política entre la aseguradora y el gobierno nacional. Estos procesos de peritaje realizados por la empresa encargada de hacer evaluaciones de campo (McLarens Toplis) tienen metodologías y técnicas validadas para regiones con superficie de llanura, donde la agricultura se desarrolla de manera intensiva, a diferencia de Huancavelica, donde la topografía es bastante más accidentada, lo que genera mayores costos de producción y mayores riesgos climáticos.
c) Seguro agrario con decisores privados para la campaña agrícola en mención (agosto 2012 – julio 2013); en el caso huancavelicano se designó a la empresa aseguradora MAPFRE para la cobertura, la que a través de su operadores locales ofrece servicio basados en criterios técnicos (lo cual es bueno), pero el no tener en cuenta los aspectos cualitativos de la producción agrícola, hace que este proceso no redunde en beneficio de los agricultores afectados, en la medida que la cobertura del seguro no cubre la magnitud de sus pérdidas. Estos problemas son producto de los precios regulados y estandarizados que se derivan del oligopolio entre las empresas aseguradoras.
Creemos que el seguro es de importancia, sin embargo, el deficiente conocimiento sobre el territorio agrícola y las necesidades reales de los afectados genera que los beneficiados sean un grupo menor de productores, por la tanto, a la actualidad no se han cubierto las expectativas de la mayoría de los agricultores quienes se sienten desconfiados y desconcertados por el mecanismo de evaluación que viene utilizando la aseguradora para el pago.

desco Opina - Regional / 16 de julio de 2013
Programa Sierra Centro
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viernes

La izquierda, nuevamente

Una vez más, convergen esfuerzos para crear y, en la medida de lo posible, consolidar un espacio de izquierda en la política peruana. La voluntad no está en cuestión sino cuál es finalmente el objetivo. Para algunos, que tiempo atrás no dudaban en señalar que la tarea era acumular fuerzas, ahora consideran que el motivo inmediato es el electoral, en tanto son poseedores de la llave legal. Para otros, la «necesidad táctica del momento» se reduce a no dejarse envolver por la ventaja del primero, para lo que será bueno apostar por «los procesos de largo plazo».
No sólo la parte formal guarda semejanza con los reiterados intentos de reagrupamiento del pasado reciente. La compulsión a la repetición también parece manifestarse en los contenidos. Como señala más de uno, la izquierda no ha podido tomar posición en ninguno de los temas debatidos en los últimos años, desde el servicio militar hasta la descentralización, pasando por los derechos de género. Incluso, las deficiencias mostradas respecto a cómo organizarse y comunicar parecen ser las mismas de siempre.
Sin embargo, al lado de las continuidades, hay elementos que permiten vislumbrar cambios con cierto optimismo. Tras los mismos rostros y prácticas es inocultable la instalación de un evidente hartazgo ante la inoperancia y ausencia de resultados que ha seguido a la izquierda peruana durante los últimos treinta años. Es decir, percibir que se está actuando al límite y que ya no hay oportunidades no deja de ser una ventaja en un espacio que se ha caracterizado por su conservadurismo y rigidez ante el cambio.
Por otro lado, el temor de la derecha peruana ante este nuevo intento, disfrazado de desdén y soberbia, también debe tomarse como un dato positivo. Como suele hacer, busca desde ya descalificar los intentos bajo un sino fatalista, del tipo «el programa de la izquierda siempre tendrá malos resultados» agregando a renglón seguido que «a estas alturas resulta particularmente difícil ser una persona históricamente informada y al mismo tiempo, defender fórmulas como las aludidas sin caer en necedad».
La contradicción es obvia: advertencia ante la posibilidad de caer en la necedad. Por eso, sólo a una derecha como la peruana sirve el argumento de una izquierda que no aprende las lecciones y aparece como un ser prehistórico en el siglo XXI. Es la manera como han evitado que se discutan los límites evidentes que manifiesta el modelo que auspicia y, de paso, no permitir que exista una agenda política diferente a la suya.
Es el chantaje que la izquierda peruana está obligada a superar, marcando su propia cancha y proponiendo sus ejes para el debate. Así, señalar derroteros en la política exterior apostando por la integración regional y dejar de lado la prioridad comercial, abrir el debate para un cambio en la matriz productiva, profundizar el sentido democrático y el fortalecimiento institucional buscando ir más allá del concepto liberal de los derechos, así como definir los nuevos sujetos de la acción política, son sólo algunos de los aspectos en los que debe presentar debate.


desco Opina / 5 de julio de 2013
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