viernes

Sobre la incertidumbre y los malos humores

 

El gobierno de Francisco Sagasti cumplió su primer mes de gestión en un escenario más difícil del que inicialmente previeron. Todo indica que todavía lejos de la inmunidad de rebaño, que aparece como sorprendente y perversa expectativa de muchos para lidiar con la pandemia, sin acceso a la vacuna contra el Covid-19 en el corto plazo –no obstante las promesas de la ministra de Salud de la gestión Vizcarra que era exageradamente optimista, desmentida por ella misma en su renovado rol de cabeza del sector en la gestión actual–, y con los hospitales llenándose de enfermos en varias regiones, el país enfrenta una crisis económica de magnitud y la inestabilidad política y social ha devenido ya en su forma de ser.

Con 25% de la PEA en el desempleo y con una caída de la masa salarial de más de 33% en Lima, entre octubre 2019 y el mismo mes de este año, el BCR estima en su último Reporte de Inflación que el PBI se contraerá hasta fin de año en -12.7%, proyectando un déficit fiscal de 9.2% por el mayor gasto no financiero y los menores ingresos. En otras palabras, una recesión que es sólo comparable con la que ocurrió durante la inflación a fines de los años 80 del siglo pasado. No debe sorprendernos, entonces, que los cálculos más conservadores estimen que la pobreza alcanzaría ya al 30% de la población.

En este contexto difícil, apenas en sus primeros treinta días de gestión, el gobierno ha perdido un ministro del Interior, derrotado por sus propios errores, pero especialmente por las resistencias de la corporación policial que exhibió su oposición a cualquier cambio que afecte su normalidad, acompañada por la beligerancia de la derecha más pura del país que evidenció que conserva toda su fuerza. Simultáneamente, empieza a descubrir que más allá del voto de confianza que le concedió el Congreso, un sector significativo de este poder está dispuesto a continuar en el juego de la vacancia perenne y no se conmueve por las buenas maneras y la disposición al diálogo del Presidente y su gabinete. Por si fuera poco, ha constatado que no goza tampoco de una gran confianza de la calle, como se observó en el conflicto con los agroexportadores.

Como es obvio, nadie espera que el cambio de gobernante resuelva el desplome de nuestro sistema político que en cuatro años ha asistido a la vacancia de dos mandatarios, el suicidio de un tercero, el cierre del Congreso y la instalación de uno nuevo con las mismas viejas mañas, la santificación de colaboradores en la judicialización de la política y las diarias luchas por el protagonismo mediático de fiscales interesados en segundos de pantalla antes que en acusaciones fundadas ante el Poder Judicial. Nadie esperaba tampoco mejoras significativas en la gestión de la pandemia con un aparato de salud que es el mismo con idénticas precariedades y carencias. Menos aún en el manejo de la economía, donde los grupos de poder imponen su «normalidad», no obstante el temor que les generan el Congreso, las elecciones y la reciente amenaza de una nueva Constitución.

Mientras tanto, el escenario de las elecciones 2021 empieza a «calentar» motores, con la mayoría de aspirantes desvinculados de la realidad antes descrita. La largada para esta competencia luce más poblada que nunca antes en nuestra historia; 23 candidatos parecen ser parte de una fiebre por la postulación, donde buena parte de ellos esconde apenas su interés por el poder en sí mismo, tras discursos vacíos dedicados al bien común y su voluntad de servirlo.

Las encuestas recientes de IPSOS y el IEP, aunque con matices, muestran una foto inicial similar. George Forsyth sigue apareciendo como cómodo puntero, distanciado de un pelotón inmediato de perseguidores y perseguidoras –Guzmán, Mendoza, Fujimori y Urresti–, aunque descendiendo mes a mes en el último trimestre, en la medida en que tiene que posicionarse y pronunciarse sobre el día a día del país, es decir hacer política. En un segundo grupo se ubican Lescano, De Soto, Humala, Acuña y Salaverry, impulsado por la candidatura congresal de Vizcarra, mientras el resto de aspirantes parecen desde ya condenados al fracaso. Es significativo que, a menos de 120 días de las elecciones, un tercio de los encuestados no sabe por quién votar o ya decidió no hacerlo por nadie (blanco o viciado).

Si es probable que del primer grupo salgan los contendores de la segunda vuelta, es seguro que el próximo Congreso será tanto o más fragmentado que éste; en la intención de voto congresal, la variable se encuentra en la valoración y recordación de las marcas, donde el Partido Morado (12%) es seguido por Somos Perú, Acción Popular, Fuerza Popular y FREPAP. En otras palabras, Forsyth y Mendoza tendrán que trabajar muy duro si quieren contar con parlamentarios.

Con un panorama de esta naturaleza y desnudados muchos de los límites del modelo económico, con una población que según IPSOS identificaba ya en octubre (22%) que el principal problema del país era el desempleo y la crisis económica, no debe llamar la atención que en la encuesta de noviembre, un 85% se pronunciara por cambiar la Constitución –60% mediante Asamblea Constituyente y 25% a través del Congreso–; identificando entre los cambios más significativos que demandan mejoras en educación y salud, combate de la delincuencia, lucha contra la corrupción, leyes favorables a los trabajadores, violencia contra la mujer y control de los precios básicos. Simultáneamente, la encuesta mostraba que 51% espera que el nuevo gobierno haga cambios moderados al modelo económico y 35%, cambios radicales.

Como es obvio, y más allá de la viabilidad y el sentido de la propuesta, que ameritan una discusión seria, los temores de diversos sectores que descalifican su sola posibilidad, se han disparado. Muchos de ellos, son los mismos que «terruquearon» las movilizaciones contra Merino o las acciones de los trabajadores de la agroexportación, sin tratar de entender el hartazgo de la gente con el actual orden de las cosas.

 

 

desco Opina / 18 de diciembre de 2020

Educación rural bajo la lupa

 

Culmina el primer año escolar en estado de emergencia. En él se han hecho más evidentes las brechas existentes entre la zona urbana y la rural. El reparto de tablets para enfrentar otro medio año de educación virtual, no solucionará estas diferencias. Los cambios que se requieren son más profundos.

Este año, un gran número de estudiantes abandonaron la educación básica o quizá la educación básica fue quien los abandonó. Según las cifras de la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, el 4% de los estudiantes matriculados no recibieron el servicio educativo, este porcentaje representa a 14 484 estudiantes. En Puno la cifra oficial de estudiantes no contactados fue de 8000 alumnos, aunque un dirigente del SUTEP de la ciudad altiplánica rebatió esta cifra, estimando que en realidad es mucho mayor, alrededor del 30%. La prevalencia de la deserción escolar, según lo manifestado por el Ministro de Educación (MINEDU), se ha producido en las zonas rurales y en las familias en condiciones de pobreza.

Sólo basta conocer un poquito del Perú para saber cómo la falta de conectividad, tanto virtual (internet) como física (carreteras), aún siguen siendo un obstáculo para el desarrollo de las localidades, donde en muchos casos tampoco hay energía eléctrica. Así, la estrategia nacional Aprendo en Casa fue un sistema bien intencionado para resolver la cobertura educativa en medio de las restricciones por la pandemia, pero resultó selectivo en el acceso.

Además de las limitaciones de cobertura de servicios básicos por parte del Estado y de acceso a equipos tecnológicos (televisores, computadoras, tablets, celulares), existen problemas de fondo que impiden ofrecer un adecuado servicio educativo en las zonas rurales. Es decir, los maestros y estudiantes han enfrentado este año escolar un diseño curricular que viene arrastrando una inadecuada lectura del contexto, que no permite una enseñanza más significativa y que, además, no reconoce apropiadamente capacidades y habilidades de niños y niñas de zonas rurales, como la autonomía y la creatividad.

En las capacitaciones virtuales destinadas a docentes que hizo MINEDU para el uso de herramientas de enseñanza remota a través de su plataforma Perú Educa, notamos todavía la miopía de la estandarización, sin que se haga un esfuerzo por aterrizar estas capacitaciones al contexto rural, con todas las limitaciones ya descritas.

Creemos que la educación rural debe promover la creatividad de los docentes para el desarrollo de aprendizajes, y los contenidos deben ser adecuados al contexto, identificando las potencialidades de cada localidad.

En esa línea, descosur desarrolló un programa de capacitación para un grupo de docentes de zonas rurales de la zona alta de Arequipa en la elaboración de Proyectos de Aprendizaje y, después, los acompañó en su implementación. Mediante un convenio con la UGEL Caylloma y la UGEL Arequipa Sur, los docentes pudieron desarrollar los Proyectos de Aprendizaje dentro de su propuesta pedagógica y como parte de la estrategia Aprendo en Casa. La voluntad que mostraron las autoridades locales de educación ha sido beneficiosa tanto para los docentes como para los alumnos. Tres de estos proyectos fueron seleccionados como proyectos innovadores de educación para ser expuestos en el Seminario Internacional Steam + H Arequipa 2020.

La propuesta Proyectos de Aprendizaje tiene las ventajas de integrar cursos, promover la participación de la familia, retar a los estudiantes en sus formas de aprender, fomentar la creatividad, la integración con su comunidad y generar aprendizajes más significativos y duraderos; sin embargo, a pesar de que el MINEDU la ha reconocido oficialmente como una propuesta educativa en el currículo nacional de educación básica, no capacitó a los docentes en su totalidad para que puedan plantear los proyectos y desarrollarlos con una adecuada orientación y seguimiento. El ministerio debe promover la elaboración de proyectos interdisciplinarios en las instituciones educativas atendiendo las necesidades y demandas del contexto de las y los estudiantes.

Escuchando una entrevista efectuada al nuevo ministro de Educación, Ricardo Cuenca, percibimos que por lo menos desde el Ejecutivo hay una decisión política de diseñar un programa escolar para el 2021 que enfrente las particularidades de este año excepcional, con contenidos más flexibles y territorializados. Sólo el próximo año será posible comprobar si la burocracia del MINEDU actuará con el mismo entusiasmo que manifiesta la cabeza de esta cartera ministerial. Son urgentes los cambios pensando en los contextos rurales y sus singularidades.

 

desco Opina - Regional / 11 de diciembre de 2020

descosur

miércoles

¿Qué está detrás?

 

El martes primero de diciembre, a propósito de las protestas y bloqueos de carreteras que llevan a cabo los trabajadores agrícolas de la región Ica, un diario de circulación nacional preguntaba en su portada ¿Quién está detrás? Viniendo de quien viene, la pregunta no buscaba una respuesta, sino que los lectores aceptemos una imposición: la directora Valenzuela quería que respondamos «los terrucos».

Así razonan parte del país, ella y sus derechistas lectores. Simples, lineales, superficiales e incapaces siquiera de formular una explicación mínimamente razonable de las dificultades que aparecen en esa prosperidad falaz basada en la extracción, que todavía no dudan en celebrar.

Veamos. No necesitamos ser comunistas para afirmar, por ejemplo, que una primera cuestión a considerar es que el territorio en cuestión ha sido materia de una intensa transformación durante las últimas décadas, debido al nuevo patrón productivo que se impuso en los valles de la parte baja de la cuenca. Para el caso, debieran preguntarles a personas como el ex gobernador regional Fernando Cillóniz, cómo fue el paso del algodón al espárrago como producto dominante, y lo que implicó en las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de los valles iqueños.

A estas cuestiones coyunturales se suma un factor estructural, el cambio climático, que disminuye considerablemente la oferta de agua, en una situación de demanda creciente del recurso. Es cierto que es un fenómeno global, pero exige soluciones locales, porque la manera como se manifiesta en una cuenca o en un determinado territorio tiene características diferentes a las que se manifiestan en otro, incluso, en aquél próximo y contiguo.

De esta manera, el espárrago, el principal cultivo de la región, origina una fuerte demanda de mano de obra, generalmente estacional e informal. Sin embargo, debemos apuntar que dicho cultivo está atravesando por un mal momento. Muchas empresas, por diferentes motivos, han dejado de exportarlo, no tienen regularidad o simplemente mueren en el intento de crecer con este cultivo.

En el 2017, 29 empresas –de las 90 que exportaban hasta entonces– dejaron de hacerlo. En el 2018, otras 23 salieron del negocio. Finalmente, en el 2019 dejaron de exportar 30 firmas de un total de 88. Así, el porcentaje de empresas que salió del mercado en los últimos tres años fue de 32, 25 y 34%, lo que abona a favor de la idea de una alta informalidad empresarial, además de la laboral, imperante en el negocio.

Frente a la caída del espárrago, que conlleva una disminución importante en la demanda y las tarifas de trabajo agrícola, está la alternativa de la uva. La emergencia sanitaria produjo cambios sustanciales en el ciclo de este cultivo. Las exportaciones normalmente se realizaban entre agosto y marzo, con picos entre noviembre y febrero. Sin embargo, este año se observó un adelanto en la campaña, iniciándose en junio, alterando la dinámica habitual del trabajo estacional de la región. En todo caso, las cifras positivas del cultivo dependerán del nivel de demanda en un escenario donde una amenaza en ciernes es la sobreoferta mundial.

Así, un sector que normalmente tiene altas tasas de trabajo informal, que puede bordear el 90%, tiende a bajar su nivel de reclutamiento o a disminuir los jornales por debajo de los mínimos legales cuando enfrenta situaciones circunstanciales que golpean la rentabilidad empresarial, como las actuales.

 A ello, hay que sumarle la escasa o nula capacidad del Estado para intervenir en esta situación. No es falta de información, porque lo que acontece es conocido detalladamente por las autoridades, desde años atrás. Es, en suma, la completa incapacidad para aplicar las normas. Además de la inoperancia de la Autoridad Nacional del Agua ANA, que ve ante sus ojos la multiplicación de pozos subterráneos que acrecientan de manera geométrica la desertificación del valle sin poder intervenir, tenemos ahora a SUNAFIL como un ingrediente patético más en esta indignante situación: basta ver la relación existente entre denuncias e intervenciones llevadas a cabo por esta instancia para evidenciar de manera clara, sencilla y contundente la consabida falta de institucionalidad del Estado peruano.

Estamos advertidos: no es la rentabilidad fácil de empresas truchas cuyo funcionamiento y reconversiones ilegales permite el Estado; tampoco la absoluta incapacidad de hacer cumplir sus normas laborales, ni permitir el uso extremo hasta el agotamiento de un bien común como el agua, para el enriquecimiento privado; menos aún la formulación de una mínima estrategia que busque una mayor eficiencia económica de la agroexportación y una mejor distribución de sus beneficios. Son, lo sabemos, los terroristas.

 

 

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2020