¿Qué está detrás?

 

El martes primero de diciembre, a propósito de las protestas y bloqueos de carreteras que llevan a cabo los trabajadores agrícolas de la región Ica, un diario de circulación nacional preguntaba en su portada ¿Quién está detrás? Viniendo de quien viene, la pregunta no buscaba una respuesta, sino que los lectores aceptemos una imposición: la directora Valenzuela quería que respondamos «los terrucos».

Así razonan parte del país, ella y sus derechistas lectores. Simples, lineales, superficiales e incapaces siquiera de formular una explicación mínimamente razonable de las dificultades que aparecen en esa prosperidad falaz basada en la extracción, que todavía no dudan en celebrar.

Veamos. No necesitamos ser comunistas para afirmar, por ejemplo, que una primera cuestión a considerar es que el territorio en cuestión ha sido materia de una intensa transformación durante las últimas décadas, debido al nuevo patrón productivo que se impuso en los valles de la parte baja de la cuenca. Para el caso, debieran preguntarles a personas como el ex gobernador regional Fernando Cillóniz, cómo fue el paso del algodón al espárrago como producto dominante, y lo que implicó en las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de los valles iqueños.

A estas cuestiones coyunturales se suma un factor estructural, el cambio climático, que disminuye considerablemente la oferta de agua, en una situación de demanda creciente del recurso. Es cierto que es un fenómeno global, pero exige soluciones locales, porque la manera como se manifiesta en una cuenca o en un determinado territorio tiene características diferentes a las que se manifiestan en otro, incluso, en aquél próximo y contiguo.

De esta manera, el espárrago, el principal cultivo de la región, origina una fuerte demanda de mano de obra, generalmente estacional e informal. Sin embargo, debemos apuntar que dicho cultivo está atravesando por un mal momento. Muchas empresas, por diferentes motivos, han dejado de exportarlo, no tienen regularidad o simplemente mueren en el intento de crecer con este cultivo.

En el 2017, 29 empresas –de las 90 que exportaban hasta entonces– dejaron de hacerlo. En el 2018, otras 23 salieron del negocio. Finalmente, en el 2019 dejaron de exportar 30 firmas de un total de 88. Así, el porcentaje de empresas que salió del mercado en los últimos tres años fue de 32, 25 y 34%, lo que abona a favor de la idea de una alta informalidad empresarial, además de la laboral, imperante en el negocio.

Frente a la caída del espárrago, que conlleva una disminución importante en la demanda y las tarifas de trabajo agrícola, está la alternativa de la uva. La emergencia sanitaria produjo cambios sustanciales en el ciclo de este cultivo. Las exportaciones normalmente se realizaban entre agosto y marzo, con picos entre noviembre y febrero. Sin embargo, este año se observó un adelanto en la campaña, iniciándose en junio, alterando la dinámica habitual del trabajo estacional de la región. En todo caso, las cifras positivas del cultivo dependerán del nivel de demanda en un escenario donde una amenaza en ciernes es la sobreoferta mundial.

Así, un sector que normalmente tiene altas tasas de trabajo informal, que puede bordear el 90%, tiende a bajar su nivel de reclutamiento o a disminuir los jornales por debajo de los mínimos legales cuando enfrenta situaciones circunstanciales que golpean la rentabilidad empresarial, como las actuales.

 A ello, hay que sumarle la escasa o nula capacidad del Estado para intervenir en esta situación. No es falta de información, porque lo que acontece es conocido detalladamente por las autoridades, desde años atrás. Es, en suma, la completa incapacidad para aplicar las normas. Además de la inoperancia de la Autoridad Nacional del Agua ANA, que ve ante sus ojos la multiplicación de pozos subterráneos que acrecientan de manera geométrica la desertificación del valle sin poder intervenir, tenemos ahora a SUNAFIL como un ingrediente patético más en esta indignante situación: basta ver la relación existente entre denuncias e intervenciones llevadas a cabo por esta instancia para evidenciar de manera clara, sencilla y contundente la consabida falta de institucionalidad del Estado peruano.

Estamos advertidos: no es la rentabilidad fácil de empresas truchas cuyo funcionamiento y reconversiones ilegales permite el Estado; tampoco la absoluta incapacidad de hacer cumplir sus normas laborales, ni permitir el uso extremo hasta el agotamiento de un bien común como el agua, para el enriquecimiento privado; menos aún la formulación de una mínima estrategia que busque una mayor eficiencia económica de la agroexportación y una mejor distribución de sus beneficios. Son, lo sabemos, los terroristas.

 

 

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2020

Cultivando conflictos agrarios en la selva central

Hace pocos días, la titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, anunció la reestructuración total de su sector con la finalidad de mejorar la provisión de servicios a los pequeños agricultores. Previamente, ella se había reunido con representantes de algunos gremios agrarios para analizar diversos temas: problemática del café, financiamiento al agro, modificación a la ley de organizaciones de usuarios, gestión participativa, impulso a la agricultura orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad del Minagri, el seguro agrario, acceso a crédito agrario, entre otros. Ello, sin embargo, no logró detener el paro de agricultores, y al igual que en movilizaciones anteriores, sus interlocutores no fueron los organizadores de la medida de fuerza, lo que mostraría problemas de representatividad, tanto como la pretensión del Ejecutivo por prevenir incendios, pero ignorando a los pirómanos.

Por otro lado, no es la primera vez que durante este gobierno se plantea la reestructuración del Minagri; sin embargo, nunca ha quedado claro el modelo alternativo a implementarse, que priorice la problemática de la agricultura familiar y campesina. No es lo mismo la pequeña actividad agropecuaria de la costa que la de sierra o selva, pues aunque comparten elementos comunes, afrontan también problemas específicos (cultivos estacionales y permanentes, ganadería diversa, precios de mercados locales e internacionales como el café, el cacao o la fibra de alpaca, entre otros).

En la actividad agraria de la selva, las insatisfacciones tienen que ver con productos emblemáticos como el café, que aún no recupera totalmente su productividad luego de la plaga de roya amarilla y experimenta una baja cotización internacional, lo que no permite generar rentabilidad, dificultando incluso cubrir costos de producción y pagar deudas a Agrobanco. Esto sin duda cierra posibilidades de acceder a créditos, así como satisfacer las necesidades económicas familiares.

En este escenario no es extraño que, tal cual ha alertado la Junta Nacional del Café (JNC), muchos cafetaleros están abandonando el cultivo e incursionando en la producción de coca, poniendo sus tierras y su mano de obra al servicio de cultivos ilícitos. Mientras no se manejen alternativas válidas en los valles amazónicos, el Estado tendrá que emprender campañas de erradicación, generando tensiones y enfrentamientos.

Otro aspecto a considerar es que en los distritos más aislados se está deforestando el bosque para nuevos cultivos como el kion y la piña, que si bien permiten que los agricultores se capitalicen rápidamente en tiempos de crisis, dadas las características de su manejo degradan los suelos, lo que va en sentido contrario a los esfuerzos del Estado en la conservación de los servicios ecosistémicos de nuestra riqueza forestal.

Las movilizaciones de los campesinos han sido pacíficas y con poca cobertura de los medios capitalinos, que se han limitado a visitar los mercados de abastos y decir que no habrá problemas de abastecimiento ni justificaciones para la especulación de precios, lo que no permite conocer la magnitud de los reclamos y menos, un entendimiento de la problemática por parte del ciudadano común.

En conclusión, el problema de fondo es la ausencia de políticas explícitas para el fomento de la agricultura familiar en los diversos ámbitos del Perú. La reestructuración del Minagri es ciertamente válida, pero a condición de tener clara la política agraria para el país, que reconociendo la diversidad existente, formule estrategias diferenciadas y entienda el sector agrario peruano como algo mucho más complejo y de mayor amplitud que la agroexportación. No olvidemos que, después de todo, la agricultura familiar y campesina juega un importante rol en el abastecimiento del mercado nacional de productos alimenticios. Reestructurar el MINAGRI no puede entenderse solo como un cambio de organigrama y el reordenamiento institucional –lo que ciertamente es necesario– sino, sobre todo, políticas diferenciadas y asignación de recursos adecuados para los grupos más desfavorecidos del campo. El Estado debe saber interpretar las necesidades del agro, capitalizar sus saberes, proveerlos de recursos de inversión con enfoque empresarial, fortalecer sus organizaciones y modernizar la actividad agrícola.

desco Opina - Regional / 17 de mayo de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

No solo las papas queman

Los últimos acontecimientos en el interior del país a raíz del paro agrario impulsado por los productores de papa, han evidenciado la falta de interacción entre el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y las direcciones regionales agrarias para proporcionar la información y orientación oportunas a los agricultores a fin de que tomen decisiones económicas adecuadas sobre qué cultivar. Las consecuencias de ello, una sobreproducción de papa y sinsabores en las economías campesinas, ya que su compra en chacra ni siquiera alcanza el 50% de los costos de producción.

La huelga y los bloqueos de carreteras en siete regiones productoras de papa del país –Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco, Arequipa, Cusco y posteriormente se sumó a la protesta la norteña región de La Libertad–, son consecuencia de una flagrante ausencia estatal en la promoción agraria. Los acuerdos para el levantamiento de las acciones de protesta alcanzados el 10 de enero pasado, no fueron bien recibidos ni aceptados en simultáneo por todas las regiones porque consideraban que la propuesta de compra de los excedentes era insuficiente para cubrir a todos los agricultores afectados. Aparentemente, bastó para que temporalmente se aplacaran desencantos y paulatinamente los gobiernos regionales fueron adquiriendo algunos lotes del tubérculo a mejores precios que los ofrecidos por los acopiadores.

Desde el inicio quedó claro que la asignación de un millón y medio de soles para cada gobierno regional sería insuficiente para mantener satisfechos a todos los agricultores, pese a que el entonces flamante ministro de Agricultura dijera a los medios que las tensiones habían sido resueltas. Como era de esperarse, los descontentos volvieron a desbordarse a raíz de las inconsistencias de las propuestas en la mesa de negociación y la desconfianza con el gobierno, lo que derivó en un resurgimiento del paro de productores.

De la lista inicial de exigencias que contenía diez puntos, lo que más resaltó fue la solicitud de impedir la importación de papas procesadas procedentes de Holanda y Bélgica, en el entendido que esto afectaba al agro nacional. Los argumentos de defender la producción nacional y aumentar las barreras a la importación de papa prefrita y precocida y la revisión de los TLC firmados por la importación indiscriminada de papa, quedan desvirtuados; ya que esto según cifras oficiales, representa menos del 1% del consumo nacional, por lo que su prohibición no resolvería la crisis ocasionada por la excesiva producción que rebasa las necesidades del mercado nacional. Las nuevas demandas resaltan varios temas, entre ellos destacan la solicitud de declarar el agro en emergencia, la asignación de recursos para solucionar la problemática actual, reducir los intereses de Agrobanco y los requerimientos de asistencia técnica.  

El reclamo puede ser justo, lo que no es justo es que se afecte el derecho de otros, los manifestantes presionaban a los comerciantes por el cierre de sus puestos de ventas, y en algunas ciudades del interior, grupos de vándalos generaron saqueos y estropicios en la propiedad pública y privada.

Desde el inicio del gobierno de PPK, se decía que en su entorno había muchos técnicos y pocos políticos, dieciocho meses después, está demostrado que ni lo uno ni lo otro; porque para el caso del agro, los técnicos deberían ya alertar que hay otros productos que están al borde de la crisis, el limón y la zanahoria son ejemplos muy claros: al igual que con la papa, los agricultores no alcanzan a cubrir sus costos de producción.

Esta huelga agraria demuestra, además de la poca capacidad técnica del gobierno en la materia, su escasa o nula habilidad de negociación, la falta de previsión y una limitada voluntad de escucha y atención a las demandas de los campesinos. Al igual que en la huelga de los maestros, el Estado tampoco fue capaz de identificar a los verdaderos interlocutores de los manifestantes, ni de entender la dimensión social y económica del problema. Es justificable una declaratoria de emergencia agraria a pesar de los costos que acarreará al erario nacional; porque además, es evidente la falta de planificación y articulación entre los involucrados, y cuando «las papas queman» no se tiene una respuesta directa, sino evasivas disquisiciones que buscan a culpables de la situación en agitadores oportunistas sin mirar su propia realidad interna, que carece de compromiso, creatividad e iniciativa, condiciones mínimas que aseguren el respeto y credibilidad ante los campesinos.

desco Opina - Regional / 9 de febrero de  2018

Programa Regional Centro - descocentro