jueves

¿Una crisis sin fin?


Conforme pasan los días, la distancia entre el Presidente Vizcarra y el Congreso de la República se profundiza, todo indica que irremediablemente. El debate ya instalado sobre el adelanto de elecciones demandado por aquél, desde su discurso de Fiestas Patrias, subió significativamente sus decibeles tras la decisión gubernamental de suspender la licencia de construcción de Tía María (Consejo Nacional de Minería). La filtración de las conversaciones del mandatario con distintas autoridades arequipeñas fue el combustible que, desde entonces, cual fantasma, atraviesa muchas de las críticas a la intención del Ejecutivo de acortar el mandato de la representación nacional y el suyo propio.
En este escenario, la élite, también incómoda con la decisión de Vizcarra de impulsar el adelanto de las elecciones optó por romper palitos con un Ejecutivo que no sienten suyo y un discurso que exige orden, volviendo a la manida agresividad contra los movimientos sociales y el ejercicio de sus derechos. No obstante, la altisonante campaña emprendida desde ese momento, inicios de agosto, las encuestas recientes evidencian que su impacto en la temperatura de la opinión pública nacional no es significativo. Aunque la percepción de la situación política general es definitivamente pesimista, la aprobación presidencial, sin ser mayoritaria, subió 7 puntos en un mes, llegando al 47%, en contraste marcado con el Congreso, 8% con 3 puntos menos. 65% se manifiesta a favor del adelanto electoral y 75% apoya algún tipo de salida a la crisis política que supone un cambio tanto en el Congreso como en la Presidencia el 2020.
El sondeo ratifica también la pobre percepción que tiene la opinión pública del Congreso de la República y sus motivaciones para oponerse a la propuesta –90% cree que es por prolongar sus ingresos hasta el 2021 y/o defender privilegios como la inmunidad parlamentaria–, tanto como de la capacidad de gobierno del mandatario: 55% que llega hasta el 70% cree que no tiene claro un plan de desarrollo del país. Tales resultados se entienden mejor, cuando en la misma encuesta encontramos que 63% le da la razón a la población del valle de Tambo, 56% apoya la suspensión de la licencia, 53% se manifiesta de acuerdo con el paro regional de Arequipa y sólo 10% cree que el proyecto debe continuar.
La CONFIEP, distintos sectores empresariales y diversos formadores de opinión pública, cegados por sus intereses más inmediatos, pero también cada vez más temerosos por la marcha de los alcances de las investigaciones sobre la corrupción en el país –Lava Jato y Cuellos Blancos– que escalan un paso más con la decisión de colaborar de los principales ejecutivos de Graña y Montero, denuncian que las debilidades del gobierno y su antifujimorismo, lo llevan a ceder “ingenuamente a las fuerzas desestabilizadoras del sistema democrático y del modelo económico. En su carátula de la semana pasada, Caretas mostró a Vizcarra con un polo, indicando que “cambió de camiseta”, obviando que desde los primeros meses de su gestión, el mandatario se caracterizó por su pragmatismo para supervivir dentro del modelo a los varios grupos de presión.
Así las cosas, el desenlace es incierto. En un escenario de actores definitivamente débiles, el Presidente, en reciente entrevista en Hildebrandt en sus Trece, afirma que mantiene su apuesta, porque no encuentra otro camino, aunque es claro que no dispone de los votos que requiere su propuesta en el Congreso. La mayoría congresal, cada vez más variopinta, tampoco los tiene para vacarlo y recurre al «refuerzo» de distintos juristas, como si la esencia del problema no fuera política. En este contexto, el diálogo presionado por el decimonónico Presidente del Congreso en medio de una graciosa combinación de «buenas formas» y «pechadas faltosas», parece condenado a terminar como empezó, con actores manteniendo su posición irreductible, mientras va pasando inexorablemente el tiempo, lo que supone la derrota del Ejecutivo.
La baraja del Presidente podría mejorar si la movilización de la calle convocada para el 5 de septiembre próximo resulta exitosa. Parece claro que la gente, acicateada por la gran desconfianza de muchos años de pésima política y por las evidencias de la gran corrupción que la alcanzan, apuesta a que se vayan todos. Sin embargo, hasta ahora, si tiene que apoyar a alguien en este escenario, ese es Martín Vizcarra. Máxime cuando el Congreso carece de una agenda que proponga los cambios legales que dice que el país necesita. Siendo incierto el desenlace, como lo hemos dicho, es a plazo fijo y está próximo, pero también puede ser de continuidad por la falta de fuerza y capacidad de los actores. Lo que sería trágico para el país.


desco Opina / 29 de agosto de 2019

lunes

Las revelaciones de Tía María


Las protestas ininterrumpidas en el distrito de Cocachacra contra el proyecto minero Tía María han cumplido ya cinco semanas, y en la ciudad de Arequipa, diferentes gremios vienen protestando hace 15 días. El anuncio del Consejo de Minería de suspender la licencia del proyecto Tía María no convenció a los indignados en la ciudad. Ellos abogan por la cancelación definitiva del proyecto. Este clima beligerante nos ha revelado una serie de situaciones que estaban pasando desapercibidas o, simplemente, no se querían ver.
A nivel nacional, este conflicto ha sido el detonante para que el Ejecutivo proponga revisar la Ley de Minería que tiene 27 años de vigencia. Pero no lo ha hecho per se, sino por un pedido expreso de los siete gobernadores que conforman la Mancomunidad del Sur, cuyos territorios son el foco de la inversión minera. El presidente Martín Vizcarra hizo el anuncio de la reforma en el último mensaje presidencial, para beneplácito de los gobernadores y molestia de la CONFIEP. La reforma solicitada, entre otras cosas, propone la revisión de la tributación minera y el otorgamiento de concesiones.  
Por otro lado, se ha conocido que la autorización a Southern Perú para la etapa de construcción de la concesión del proyecto Tía María, se efectuó pese a que faltaba levantar algunas observaciones y presentar otros tantos requisitos, como el estudio hidrológico de la zona del proyecto que sirvió como base del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María. La celeridad de la aprobación de este permiso y la congelación del mismo hasta que el Consejo de Minería resuelva el recurso de revisión presentado por el Gobierno Regional de Arequipa, motivaron al Congreso a solicitar la presencia de los ministros de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, y de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, para que expliquen cuál es la situación administrativa del proyecto minero.  
A nivel regional, se ha percibido la fragilidad de nuestras autoridades locales. Por un lado, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica ha aprovechado esta situación para levantar su capital político, pues su gestión presenta serias deficiencias: ha cambiado su personal de confianza repetidas veces, no ha podido cumplir con su promesa de culminar la Variante de Uchumayo –una de las obras más emblemáticas de la ciudad–, y ha sido cuestionado por realizar gastos superfluos. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es la dirección de su gestión, pues todos estos meses no ha logrado comunicar qué persigue su gobierno, fuera de su reivindicación como provinciano. Asimismo, ha quedado en evidencia la pésima relación de Cáceres Llica con su vicegobernador, Walter Gutiérrez, quien contradictoriamente lo acusó de aprovecharse de los paros y después fue a negociar personalmente con Martín Vizcarra a la capital.   
A nivel social la protesta contra Tía María ha dejado al descubierto la fractura que hay en la sociedad arequipeña, que va más allá de si hay un bando prominero y otro antiminero, sino que incide en la creencia de que hay ciudadanos que están a favor del desarrollo y otros que están en contra; estos últimos no serían arequipeños de cepa, revelando así un imaginario retrógrado y chauvinista que persiste en un sector de la sociedad, en el que los migrantes altoandinos y su descendencia, son culpables de los problemas de la ciudad.
La protesta también ha servido para conocer de propia boca de los pobladores de la provincia de Islay –donde está ubicado el proyecto–, cuáles consideran que son sus principales problemas. La encuesta realizada a la población por la Universidad Católica Santa María y la Universidad Católica San Pablo, ha identificado cuatro problemas: la mala calidad del agua (para riego y consumo), la escasez de este recurso, la pésima calidad de la salud, y la pobre calidad educativa.
La encuesta también revela que el 70% opositor considera a la minería como una amenaza por la contaminación, problemas con el agua, perjuicio a la agricultura, etc. Un reporte periodístico dio a conocer que la empresa minera y el Gobierno Nacional estaban al tanto de esta situación, pues fue el propio Ministerio de Energía y Minas quien contrató los servicios de ambas universidades. Aun así, otorgaron la licencia de construcción. 
El tema del agua y los efectos ambientales del proyecto son los dos asuntos críticos en este problema, y no han sido atendidos adecuadamente en todos los años que tiene el conflicto. Recientemente, el Estado ha firmado el contrato para la realización de los estudios de la represa de Yanapujio para proveer de agua al valle.
Así, la evaluación de los impactos ambientales sobre la puesta en marcha del proyecto Tía María aún no resulta clara para la mayoría de la población y para opiniones de especialistas. Y como cereza del pastel, la reputación de la empresa que impulsa el proyecto tiene serios cuestionamientos. En estas condiciones, la suspensión de la licencia por 120 días resulta claramente insuficiente.
No hay mal que por bien no venga, reza el dicho. Y en el caso de este conflicto, por lo menos está sirviendo para cuestionar algunas cosas que se creían inamovibles dentro de la estructura económica del país, para sopesar el poder en el sur y reflexionar sobre las taras que aún carga la sociedad arequipeña.  

desco Opina - Regional / 23 de agosto de 2019
Programa Regional Sur - descosur

domingo

Las varias facetas de un Presidente neoliberal


Desde el 2001, Martín Vizcarra es el quinto presidente neoliberal del siglo; su incuestionable defensa del modelo económico (recordar cómo enmendó la plana a su cercano ministro de Justicia sobre la creación de una aerolínea estatal), su apoyo a una política nacional de competitividad, que a pesar de las críticas, difícilmente puede ser calificada como heterodoxa, el piloto automático en el que sigue la economía por falta de rumbo, convicción o concesiones a los poderes fácticos, así lo evidencian.
Pero es también evidente que el presidente Vizcarra es un demócrata, aunque el aprofujimorismo y sus aliados de diversas bancadas y medios masivos digan lo contrario (hasta hoy no ha abandonado las reglas de juego vigentes). Su defensa del enfoque de género y su apoyo a la lucha anticorrupción no hacen más que reafirmar esta percepción.
Sin embargo, ahora soporta un bullying político y mediático a raíz de unos audios (la oposición oculta oportunistamente que han sido ilegalmente grabados) difundidos de una reunión con autoridades arequipeñas. El aprofujimorismo lo acusa de tener doble discurso, de violentar el orden legal y hasta de azuzar la violencia, olvidando que, en el período 2006-2011, cuando constituían mayoría en el Congreso, retrocedieron abiertamente ante la crisis de Bagua, saldada con 36 muertes, derogando el dispositivo legal que motivó las movilizaciones; o que el mismo presidente Alan García, en el 2011, suspendió la continuación del proyecto minero Santa Ana a raíz del “aymarazo”, sin ser por ello acusado de radical, traidor o antiminero.
La Confiep y los poderes fácticos, mostrando una vez más lo poco o nada que han aprendido de las recientes experiencias de conflictividad social en los proyectos extractivos, se quejan de que el Presidente no respetó los procedimientos legales y privilegió soluciones políticas antes que técnicas; algunos hasta hablan de traición. Desde la izquierda, a su vez, se denuncia la falta de transparencia presidencial, sus intentos por eludir responsabilidades ante un conflicto y su error al no anular la licencia a Southern.
Montados en los errores presidenciales, aparecen ahora algunos opositores (el congresista Mulder, por ejemplo) que anuncian incluso mociones de vacancia, que no son otra cosa más que un intento de liquidar la propuesta del Presidente para adelantar las elecciones.
Las marchas y contramarchas del gobierno y su conducta errática son frutos de la impericia y falta de habilidad política del Presidente, como lo es cierta ingenuidad (confiar en autoridades y líderes, algunos tan aventureros, oportunistas e inescrupulosos, como los que abundan en el congreso).
Más allá de errores, candores y oportunismos, la crisis en torno al conflicto de Tía María puede ser leída también como la primera vez que un Presidente defensor del modelo económico, no se somete a las presiones de los poderes fácticos para imponer un proyecto minero con argumentos legalistas y economicistas. Más aún, por primera vez plantea revisar y cambiar la ley de minería, algo que se puede interpretar incluso como una herida al modelo económico vigente, aunque eso de ninguna manera lo pone en cuestión y convierte a Vizcarra en un antiminero o «antisistema»; todo lo contrario, su paso por la presidencia regional de Moquegua incluyó la negociación exitosa con una empresa minera para el desarrollo del proyecto Quellaveco, contribuyendo a legitimar social y políticamente una inversión de esa envergadura y, por tanto, el mismo modelo. Ninguna otra autoridad política regional ha logrado eso en el país. La negativa de Vizcarra a imponer un proyecto a costa de muertos, tampoco es una posición radical y antiminera; es más bien la de un político liberal y demócrata.
El conflicto y sus secuelas inmediatas han evidenciado una vez más las limitaciones políticas y los serios déficits de gestión del presidente Vizcarra y su reducido entorno, pero también la miopía y oportunismo de una clase política que, en su afán de enfrentarlo y derrotarlo, no mira los intereses estratégicos del país. La observación es extensible a la clase empresarial, incapaz también de ver más allá de estrechos intereses corporativos y de comprender que una minería con legitimidad social, que respete los derechos de las poblaciones y no se imponga a sangre y fuego, es la mejor garantía para que puedan seguir disfrutando de sus beneficios. Ello supone, sin duda, reformas políticas, pero también en el modelo de concesiones y desarrollo de la actividad extractiva y en el rol del Estado. No verlo así es parte del drama nacional.


desco Opina / 16 de agosto de 2019