Más allá del desastre ecológico de La Pampilla

 

El sábado 15 en la noche se produjo lo que parece ser uno de los mayores derrames de petróleo en nuestra historia. La versión inicial de Repsol, la empresa involucrada, hablaba de un lamentable accidente en el que se habría producido un derrame de 0.16 barriles de crudo en el proceso de descarga en la Refinería La Pampilla como consecuencia de oleajes anómalos, resultado de la erupción de un volcán submarino en Tonga. Con el paso de las horas y los días se evidenció que se trataba de una catástrofe ambiental causada por la negligencia y la incompetencia de la empresa española. Más de 6000 barriles del hidrocarburo destruyendo la vida en el océano, un impacto directo de larga duración en más de 180 hectáreas de suelo en nuestro litoral y más de 713 hectáreas en el mar y la vida diaria de miles de personas que viven de los recursos afectados, son apenas algunos de los datos del daño causado.

El impacto de la noticia ante la opinión pública y la indignación generada por aquella han sido crecientes. La inaceptable y mentirosa versión de la empresa que se demoró cuatro días en reconocer que eran 6000 los barriles vertidos, así como su incapacidad para responder de inmediato al derrame causado, obligaron a muchos de los medios que inicialmente no la mencionaban, a poner los reflectores sobre ella. La ubicación del desastre en la costa limeña, además de su magnitud y dimensión, con el mar cubierto por manchas de petróleo que avanzan desde Ventanilla hacia el norte, habiendo superado ya Chancay, explican también la resonancia de una tragedia que se repite con más frecuencia de la que se cree. Como se ha recordado recientemente, entre el 2000 y 2019 se han producido 474 derrames de petróleo, los más de ellos en la Amazonía, mientras desde el inicio de la pandemia se han sucedido 14, antes de éste.

Con el paso de los días, los especialistas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) fueron desarmando las versiones iniciales: el derrame de petróleo se habría ocasionado por la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el terminal multiboyas N° 2. Los testimonios de distintos deportistas náuticos que estuvieron en la zona al momento del derrame, así como del propio capitán del barco tanquero, demuestran la inexistencia de oleaje irregular.

Todo indica que la empresa buscó eludir su responsabilidad desde el primer momento; no tuvieron los sistemas de control funcionando, porque éstos tienen unas válvulas que miden las presiones en la hidrostática y así habrían detectado la fuga; no pudieron precisar cuánto petróleo salió porque su sistema de control de flujo no habría funcionado, ni lo habrían hecho tampoco los sistemas de resguardo que eventualmente se cierran de forma automática. A ello se suma que su personal no estaba entrenado y no supo responder. Repsol, de acuerdo a la revisión hecha por un portal informativo, registra en los últimos diez años 50 resoluciones de sanción por incumplir las normas de protección al medioambiente impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a las empresas de ese conglomerado. Sin embargo, sólo en tres de los procesos sancionadores se emitieron multas firmes, mientras en el resto no hubo castigo económico.

Por su parte, la respuesta del Estado se demoró, fue bastante desordenada y sin canales de coordinación entre las distintas entidades que intervinieron y las diversas voces que se pronunciaron. Las imágenes y muchos testimonios indican que sencillamente, no se hizo nada efectivo en las primeras setenta y dos horas, mientras en la orilla del mar se intentaban respuestas con lo que se tenía a la mano y sin ningún recurso tecnológico; el sistema de “skimmers”, por ejemplo, especie de aspiradoras que retienen los residuos de crudo flotante, aparecieron limitadamente después de varios días.

En este escenario, donde es claro que distintas actividades extractivas, hidrocarburos y minería entre ellas, son de alto riesgo y deben ser reguladas y fiscalizadas de manera eficaz por el Estado, recordemos que desde buen tiempo atrás diferentes sectores interesados presionan constantemente por debilitar nuestra limitada institucionalidad ambiental. La Ley 30230 del 2014 fue un ejemplo claro de esa voluntad por mantener sin sanción prácticas depredatorias capitalistas. No olvidemos que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que ha tenido que lamentar el comportamiento de Repsol e iniciarle un proceso interno, buscó acabar con el aporte por regulación que deben pagar las empresas para que organismos como OEFA se puedan sostener. Recordemos que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), que le pide acelerar los procesos de remediación, promovió con otros gremios empresariales el rechazo a la ratificación del Acuerdo de Escazú, argumentando falazmente que el mismo afecta a las inversiones y a la soberanía nacional.

Más allá del desastre ecológico inmediato, desde la sociedad debemos exigir respuestas y cambios drásticos, rechazando el silencio de la representación nacional, normalmente locuaz y altisonante, arrastrando los pies en esta situación. Es urgente que las autoridades evalúen y determinen si es conveniente y seguro continuar permitiendo la descarga de petróleo en una zona sensible como un ecosistema marino o en otras áreas frágiles como la Amazonía. En el marco del cambio climático es indispensable que este gobierno que se dice de izquierda, defina un planeamiento territorial largamente postergado y establezca áreas donde no se pueden realizar estas actividades.

 

desco Opina / 28 de enero de 2022

El páramo sin llamas

El tres de octubre juramentó el nuevo Gabinete ministerial, luego de que el presidente Vizcarra decidiera disolver el Congreso. Dos meses después, en medio de una constante picada hacia abajo en su popularidad –algo que, a estas alturas, el Presidente seguramente ya comprendió que no es un dato sustancial para darse estabilidad– muestra un Premier anodino y tres renuncias a carteras tan importantes como Salud, MIDIS y Cultura.

En otras palabras, sin fuerzas contrarias activadas, el gobierno muestra sus debilidades porque no tiene base en que asentarse o porque es en extremo endeble, ya que las causas por las que debió poner de lado a los ahora exministros Meléndez, Tomás y Petrozzi, nos retrotrae a los momentos estelares de administraciones como la del hoy reo Alejandro Toledo, signado entonces por las tropelías de poca monta que protagonizaban sus parientes y amigos.

Otra dimensión que muestra la levedad de la política peruana son los comicios parlamentarios programados para enero del 2020, es decir, dentro de mes y medio. Al respecto, si bien durante diciembre no es posible poner en acción una campaña electoral y, por lo mismo, los candidatos tendrán solo tres semanas para llevarla a cabo, se esperaba un poco más de entusiasmo que el consignado por las encuestas.

A noviembre, según IPSOS-Apoyo, casi el 40% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido ni candidato. Por otro lado, entre las preferencias mostradas no vamos a encontrar indicio alguno de aquella renovación imaginada cuando el Ejecutivo decidió el cierre del Congreso. En efecto, las organizaciones políticas que encabezan las encuestas, entre las que se encuentra la fujimorista Fuerza Popular, connotan todas ellas, continuidades de lo que se quiso poner de lado.

El mismo desinterés, al parecer, se extiende hacia las acciones judiciales contra la corrupción. Que haya salido un grupo de empresarios a declarar públicamente que contribuyeron con las campañas políticas de Keiko Fujimori, desató más encontronazos clasistas revestidos de moralina que evaluaciones sobre los supuestos logros de una supuesta estrategia que supuestamente estaría dándose alrededor de los casos de corrupción. En esa línea, las intervenciones del fiscal Pérez a las instalaciones de CONFIEP para buscar pruebas de hechos que acontecieron hace ocho años, no han dejado de ser observables.

Pero, ¿están realmente preocupados los empresarios peruanos por el grado de corrupción en los ámbitos donde hacen negocios? Según la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, nunca más debe haber corrupción: “Apoyamos el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero llamamos la atención, justicia para todos por igual. Y sabiendo el riesgo que me corro repito, estoy para trabajar juntos con todos los empresarios, somos más de 3 millones en todo el país, hay buenos, malos, de todo color. Estamos aquí para trabajar por los buenos empresarios”.

Sin embargo, la encuesta aplicada por IPSOS entre los asistentes a CADE 2019 pregunta sobre los riesgos que preocupan a las empresas y la respuesta mayoritaria, con el 45%, es el deterioro del ambiente de negocios en el país. El incremento de la corrupción se ubica en el cuarto lugar.

Igualmente, la excarcelación de Keiko Fujimori debió haber situado las preocupaciones en las implicancias que tiene privar de la libertad a una persona a la que aún no se le ha formulado una acusación para procesarla. Más allá de las consideraciones de los integrantes del Tribunal Constitucional y de aquellos que se oponen a su decisión, lo cierto es que no hemos tenido una evaluación política de este hecho y todo se ha reducido a buscar fórmulas que hagan aparecer como politizado un fallo judicial.

Mientras tanto, el peruano está preocupado por los elevados índices de inseguridad existentes en las ciudades. También, a los sectores medios urbanos –a quienes empieza a impactar con fuerza la desaceleración económica– les inquietan cuestiones como su creciente nivel de sobre endeudamiento bancario, al compás de la disminución relativa de sus ingresos. A los jóvenes, el desempleo y la precarización de la oferta laboral.

Agreguemos a todo lo anterior nuestro consuelo de haber subido dos peldaños en las pruebas PISA y completamos, mal que bien, el cuadro en el que nos retratamos: distanciados cada vez más de un sistema político que no tiene incidencia alguna en nuestra cotidianeidad y buscando cómo resolver solos nuestros problemas con recursos apremiantemente escasos y precarios.

 

desco Opina / 6 de diciembre de 2019

¿Una crisis sin fin?

Conforme pasan los días, la distancia entre el Presidente Vizcarra y el Congreso de la República se profundiza, todo indica que irremediablemente. El debate ya instalado sobre el adelanto de elecciones demandado por aquél, desde su discurso de Fiestas Patrias, subió significativamente sus decibeles tras la decisión gubernamental de suspender la licencia de construcción de Tía María (Consejo Nacional de Minería). La filtración de las conversaciones del mandatario con distintas autoridades arequipeñas fue el combustible que, desde entonces, cual fantasma, atraviesa muchas de las críticas a la intención del Ejecutivo de acortar el mandato de la representación nacional y el suyo propio.

En este escenario, la élite, también incómoda con la decisión de Vizcarra de impulsar el adelanto de las elecciones optó por romper palitos con un Ejecutivo que no sienten suyo y un discurso que exige orden, volviendo a la manida agresividad contra los movimientos sociales y el ejercicio de sus derechos. No obstante, la altisonante campaña emprendida desde ese momento, inicios de agosto, las encuestas recientes evidencian que su impacto en la temperatura de la opinión pública nacional no es significativo. Aunque la percepción de la situación política general es definitivamente pesimista, la aprobación presidencial, sin ser mayoritaria, subió 7 puntos en un mes, llegando al 47%, en contraste marcado con el Congreso, 8% con 3 puntos menos. 65% se manifiesta a favor del adelanto electoral y 75% apoya algún tipo de salida a la crisis política que supone un cambio tanto en el Congreso como en la Presidencia el 2020.

El sondeo ratifica también la pobre percepción que tiene la opinión pública del Congreso de la República y sus motivaciones para oponerse a la propuesta –90% cree que es por prolongar sus ingresos hasta el 2021 y/o defender privilegios como la inmunidad parlamentaria–, tanto como de la capacidad de gobierno del mandatario: 55% que llega hasta el 70% cree que no tiene claro un plan de desarrollo del país. Tales resultados se entienden mejor, cuando en la misma encuesta encontramos que 63% le da la razón a la población del valle de Tambo, 56% apoya la suspensión de la licencia, 53% se manifiesta de acuerdo con el paro regional de Arequipa y sólo 10% cree que el proyecto debe continuar.

La CONFIEP, distintos sectores empresariales y diversos formadores de opinión pública, cegados por sus intereses más inmediatos, pero también cada vez más temerosos por la marcha de los alcances de las investigaciones sobre la corrupción en el país –Lava Jato y Cuellos Blancos– que escalan un paso más con la decisión de colaborar de los principales ejecutivos de Graña y Montero, denuncian que las debilidades del gobierno y su antifujimorismo, lo llevan a ceder “ingenuamente a las fuerzas desestabilizadoras del sistema democrático y del modelo económico”. En su carátula de la semana pasada, Caretas mostró a Vizcarra con un polo, indicando que “cambió de camiseta”, obviando que desde los primeros meses de su gestión, el mandatario se caracterizó por su pragmatismo para supervivir dentro del modelo a los varios grupos de presión.

Así las cosas, el desenlace es incierto. En un escenario de actores definitivamente débiles, el Presidente, en reciente entrevista en Hildebrandt en sus Trece, afirma que mantiene su apuesta, porque no encuentra otro camino, aunque es claro que no dispone de los votos que requiere su propuesta en el Congreso. La mayoría congresal, cada vez más variopinta, tampoco los tiene para vacarlo y recurre al «refuerzo» de distintos juristas, como si la esencia del problema no fuera política. En este contexto, el diálogo presionado por el decimonónico Presidente del Congreso en medio de una graciosa combinación de «buenas formas» y «pechadas faltosas», parece condenado a terminar como empezó, con actores manteniendo su posición irreductible, mientras va pasando inexorablemente el tiempo, lo que supone la derrota del Ejecutivo.

La baraja del Presidente podría mejorar si la movilización de la calle convocada para el 5 de septiembre próximo resulta exitosa. Parece claro que la gente, acicateada por la gran desconfianza de muchos años de pésima política y por las evidencias de la gran corrupción que la alcanzan, apuesta a que se vayan todos. Sin embargo, hasta ahora, si tiene que apoyar a alguien en este escenario, ese es Martín Vizcarra. Máxime cuando el Congreso carece de una agenda que proponga los cambios legales que dice que el país necesita. Siendo incierto el desenlace, como lo hemos dicho, es a plazo fijo y está próximo, pero también puede ser de continuidad por la falta de fuerza y capacidad de los actores. Lo que sería trágico para el país.

desco Opina / 29 de agosto de 2019