viernes

¿Es la pandemia una oportunidad para cambiar el modelo?


La crisis que la pandemia del covid-19 ha desencadenado en el mundo y en nuestro país ha desnudado una serie de deficiencias y fallos del sistema de salud pública, y una debilidad del Estado en general para afrontar este tipo de emergencias.
Desde sectores críticos al modelo imperante en el mundo, radicales y figuras de izquierda internacional y nacional se ha insistido en considerar la pandemia como una falla global del capitalismo que muestra los serios límites del modelo neoliberal.
Frente a ello, no son pocos los opositores a aquél que ven ahora una oportunidad para cambiarlo, o al menos modificarlo seriamente, aunque sus propuestas de cambio varíen según el grupo o la persona que escriba o declare sobre el particular.
La pregunta de fondo es, sin embargo, si existen las condiciones para emprender tales cambios, dado que implicarían un conjunto de reformas estructurales que, por lo menos, refuercen el rol del Estado en la esfera social e incluso económica. El problema central para introducir los cambios que se demandan (parciales o totales) es la ausencia de una fuerza política con el peso adecuado y la legitimidad para hacerse escuchar, movilizar a amplios sectores y lograr que el Gobierno y el Congreso se vean obligados a introducir modificaciones radicales a la ecuación Estado/mercado vigente. La izquierda está hoy relativamente aislada y goza de escasa capacidad para hacerlo.
Es iluso creer que el gobierno del presidente Vizcarra va a emprender un cambio de esas magnitudes, cuando es sabido que ni él ni sus ministros y altos funcionarios cuestionan el modelo y tienen un mandato a plazo fijo, aun cuando haya anunciado disposición a cambiar las normas sobre las AFP (denostadas casi unánimemente), así como a aplicar impuestos de solidaridad a las mayores fortunas para afrontar la emergencia.
Por su parte, las fuerzas mayoritarias con representación en el congreso, fragmentadas y dispersas, no han mostrado tampoco disposición y capacidad para emprender cambios de fondo, más allá de algunas medidas relacionadas con las tan desprestigiadas AFP y algunas otras propuestas como la suspensión del pago de alquileres o de las pensiones escolares, pensadas para el corto plazo y para ganar réditos electorales de cara al próximo año. La iniciativa para crear un bono universal, finalmente adoptada por el gobierno, fue promovida por distintos economistas y recogida por la congresista Rocío Silva Santisteban.
Siendo entonces realistas, y aun cuando el futuro es de gran incertidumbre, las distintas correlaciones de fuerza podrían permitir plantear y luchar con posibilidades de éxito, al menos por ahora, alrededor de dos reformas:
1.    Reforma de la salud pública, reforzando su cobertura y calidad, incrementando el gasto público y el rol del Estado, revirtiendo la tendencia de las últimas décadas. La pandemia muestra la importancia de tener un sector público fuerte y cualquier reforma de “segunda generación”, que implique privatizar los servicios de salud, queda sin piso por un buen tiempo.
2.    Reforma tributaria: lo que implica el establecimiento de impuestos directos y progresivos a la fortuna de las personas más ricas, con la cautela necesaria en una coyuntura como la actual, donde muchas empresas seguramente quedarán afectadas.
Desde luego, pueden surgir otros asuntos importantes que impulsar, pero lo esencial es crear nuevas correlaciones y coaliciones capaces de cuestionar la hegemonía neoliberal, lo que en el momento actual, parece un objetivo aún distante.


desco Opina / 24 de abril de 2020

Las oportunidades que ofrece la economía rural en tiempos del Covid-19


Centenares de personas, adultos, jóvenes y niños e incluso ancianos, se han venido movilizando diariamente desde el inicio de la cuarentena, hacia la sierra y selva central del país. Esto ha quedado en evidencia con la detención de más de 500 personas, el 13 de abril.
En efecto, todas ellas han manifestado no disponer de más recursos para seguir alimentándose, que no cuentan con efectivo para pagar sus alquileres y que su economía se basa en el día a día, evidenciando una vez más la situación que ya era conocida: la falta de empleo formal, la ausencia de viviendas dignas e inexistentes servicios que debieran ser ofrecidos por el Estado. Pero, también la «criollada», que opaca las mejores intenciones políticas porque al no contarse con herramientas eficientes para focalizar las necesidades de los peruanos y peruanas, la falta de principios de algunos ha dificultado aún más el acceso al bono de subsidio otorgado a familias e independientes, dejando a muchas personas fuera de estas compensaciones que, aunque mínimas, son valiosas para los que tienen poco o nada.
No es una historia reciente, aunque la crisis de salubridad la haya evidenciado nítidamente una vez más. A partir de 1950 se inicia el desplazamiento masivo de grupos de migrantes hacia la capital, proceso que se agudiza en el periodo de violencia política y que finalmente pasa a constituir una práctica frecuente de los pobladores, que en la búsqueda de mejores oportunidades sea de empleo, educación, salud u otros, termina dejando su pueblo de origen. A partir de esta movilización de la población, vigente hasta el momento, se originan diferentes escenarios en la sociedad peruana; por un lado, un crecimiento excesivo y desordenado de ciudades como Lima, Arequipa, Huancayo, entre otras y, por otro, un despoblamiento de departamentos con altos niveles de ruralidad, en los que encontramos poblaciones con tasas altas de adultos mayores y niñas, niños y adolescentes, cuya fuerza laboral se ha visto afectada de manera contundente y que hasta el día de hoy, no avizoran un posible cambio.
Así, el espacio rural –asociado fuertemente a la agricultura familiar– no ha sido una alternativa para estos peruanos migrantes, que decidieron apostar por opciones diferentes en los espacios urbanos que, muchas veces, no les otorgó las condiciones mínimas para mejor calidad de vida, pero donde las referencias de negocios pujantes continúan alimentando ese sueño, el mismo que se ha visto opacado por la propagación de la epidemia más importante de los últimos tiempos, el Covid-19. Es a partir de las medidas de aislamiento social adoptadas, que el sentido de estos flujos migratorios ha cambiado radicalmente, principalmente de los migrantes temporales, y así su inminente retorno de las grandes ciudades –principalmente Lima–a sus pueblos de origen, se está dando a paso de carrera.
Ante este retorno masivo, que algunos han denominado el éxodo de los migrantes a sus pueblos, la primera reacción de las autoridades huancavelicanas, por ejemplo, ha sido prohibir el acceso de los mismos con el argumento de evitar un aumento de contagios en sus territorios; dejando de atender a un grupo de personas que probablemente emitieron su voto a favor de ellos, porque muchos cuentan con un DNI que refleja sus lugares de origen.
Sobre ello, no es oponerse obviamente a las restricciones de movilización y del desarrollo de diferentes actividades sociales, económicas e incluso culturales. En su lugar, debe apelarse a salidas prácticas que no se opongan sino faciliten la reinserción de los que regresan a la economía familiar rural, que aun con sus carencias y dificultades la hace una economía de subsistencia, evidentemente asegura que las personas puedan alimentarse mínimamente.
Es oportuno reflexionar sobre esta situación, identificar los riesgos para controlarlos, así como las oportunidades que representan para el campo peruano. En esa línea, preguntamos si no es más sensato cuestionarnos sobre lo que se ha hecho para desarrollar la base productiva de los departamentos con fuerte presencia rural y si acaso no estamos ante una oportunidad para que los gobiernos regionales propongan alternativas de desarrollo que no sean solamente la producción de materia prima, sino ir más allá y proponer valor agregado enlazado con la industrialización e incorporación de tecnología innovadora para alcanzar la competitividad de los sistemas productivos, otorgando nuevas oportunidades.
Debemos asumir que es legítimo que las personas busquen mejoras materiales para ellas, más confort, mejores expectativas. Esto no es el problema sino, por el contrario, lo que debe fomentarse. El reto es cómo formar el contexto adecuado para hacerlo realidad, siendo lo más urgente salir de entornos de subsistencia y asegurar empleo digno que permita los ingresos necesarios para mejorar las condiciones de vida. Si no es así, solo aseguraremos la precariedad y fragilidad que, ciertamente, la pandemia no ha generado, sino ha contribuido a evidenciar con claridad. Por lo pronto, el retorno no se ha detenido.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2020
descocentro

Los meses más difíciles para el país


Próximos ya a los 6000 casos y con más de 140 muertes registradas, la crisis del coronavirus continúa avanzando en el país. Las oportunas y rápidas respuestas iniciales lideradas por el Ejecutivo, todo lo indica así, permitieron ganar tiempo y hacer más lento el avance de la pandemia a fin de evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud. En este escenario, el anuncio presidencial de la prolongación de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, no fue una sorpresa y fue adelantado por otros funcionarios.
Con el transcurso de los días y el incremento de contagiados, hospitalizados y muertos, el riesgo del colapso de nuestro limitado sistema de salud fue también en aumento. Las dificultades del mismo para armar la denominada curva epidemiológica,  –la herramienta fundamental para tomar decisiones y enfrentar la pandemia en base a datos de calidad, entre otras cosas por el escaso número de pruebas de las que disponíamos hasta hace pocos días que llegaron las recientemente adquiridas– se sumaron a la precariedad de nuestro sistema sanitario: límites de camas, infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacidades de médicos y personal especializado, etc. Del optimismo inicial en nuestra lucha contra la epidemia, transitamos a la incertidumbre ligada al crecimiento exponencial de los casos y al insuficiente cumplimiento de las medidas de control.
Como también era previsible, los límites en la capacidad de gestión del Ejecutivo, empezaron a visibilizarse. El gran desafío de un Estado lento e ineficiente resultó imposible de disimular, peor aún para un gobierno que carece de las capacidades y los operadores propios para operar una emergencia del calibre de la que estamos viviendo con los limitadísimos recursos de los que disponemos. Los trámites engorrosos y los infinitos protocolos, combinados con burocracias débiles y muchas veces ineficientes, además de la fragilidad de la articulación entre distintos niveles de gobierno, generan demoras en la adquisición de equipos y pruebas indispensables, más aún en un mercado global saturado de demandantes.
Si los desafíos sanitarios e institucionales son grandes y desbordan al gobierno, los económicos no son menores. Hay que evitar el crecimiento de las muertes, pero también una crisis económica y una recesión prolongada, protegiendo a la gente y sus derechos. El Ejecutivo ha hecho anuncios importantes y significativos en esa dirección, señalando la disposición del 12% del PBI para responder al coronavirus. Se trata de un monto importante y muy significativo, reconocido internacionalmente. Sin embargo, menos del 1% del paquete está orientado a los más pobres y vulnerables; la ayuda para las Pymes –que son las principales generadoras de ingreso en el país– alcanza los 300 millones de soles, mientras las empresas más grandes recibirán a través de los bancos –que decidirán a quiénes, la modalidad y el interés– 30 000 millones de soles. En otras palabras, el mantenimiento de los privilegios que consagra el modelo económico y la exclusión de sectores neurálgicos como la pequeña agricultura que es la que abastece el 70% de la alimentación nacional, sin que se haya contemplado ningún tipo de bono o apoyo para este sector.
Privilegios que fueron exigidos desde el primer día con la exoneración de las medidas para la minería y la gran agricultura y que continúan siendo demandados evidenciando su falta de empatía con los sectores más vulnerables, como lo muestra la reciente comunicación de la Confiep a la Ministra de Trabajo, donde piden la posibilidad de ceses colectivos de manera automática y sin justificación, la reducción unilateral de salarios y jornada laboral o la extensión del plazo de la suspensión perfecta de labores, además de la postergación de impuestos y otros beneficios. Privilegios y comportamientos poco oportunos e insensibles de algunas empresas repartiendo utilidades cuando están en el ojo de la tormenta, en contraste con todas aquellas otras empresas y emprendimientos que buscan colaborar en la crisis y defender a sus trabajadores.
En este escenario difícil y complejo, en el que nos enfrentamos a los límites innegables del modelo, la debilidad estatal, la precariedad de las instituciones, la informalidad y la fragmentación social, el Ejecutivo tiene la posibilidad, la obligación diríamos, de convocar a un diálogo nacional que plantee una serie de reformas urgentes que precisen la reorientación del gasto público y la seguridad y previsión social en base al bien común y no a la tentación del salvataje de unos cuantos grupos económicos. Creemos que si pretendemos mejores opciones para salir de la emergencia y hacer de ésta un campo de aprendizaje, reconocimiento y redefinición de la sociedad y el Estado que queremos, es una condición ineludible y la única manera de empezar a recuperar la política. ¿Queda claro en qué asuntos se van a necesitar cambios en la Constitución de la República?



desco Opina / 9 de abril de 2020