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Beneficios ajenos

 

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió las anheladas regalías mineras para los gobiernos locales y el Gobierno Regional de Arequipa; sin embargo, lejos de ser una buena noticia es una fuente de preocupación ciudadana. Sucede que esta lluvia de millones cayó dispareja en estas tierras, producto de la aplicación de una ley que debió modificarse hace tiempo para mejorar la distribución de aquellas, a lo que se suma el enorme descrédito de parte de las autoridades locales por su indolencia y desidia en la ejecución de los recursos públicos; sin contar los casos de corrupción en los que están comprometidos, como el del gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, detenido por ser presunto integrante de la banda criminal “Los hijos del cóndor”, investigación en la que también están involucrados funcionarios de su entorno y consejeros de su gestión.

El alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia, al ser el vocero durante la negociación con el Ejecutivo para que se haga efectiva esta transferencia –incidental o elegido–, fue blanco de las pullas de la colectividad arequipeña; sin embargo, pese a haber sido el saco del boxeo ciudadano, la fórmula de la distribución de la regalía minera sólo ha permitido que la comuna reciba poco más de seis millones de soles, un monto pequeño en comparación con otras municipalidades, como la de Cerro Colorado donde se transfirieron más de S/ 74 millones en una armada. Ahora que las municipalidades de sus colegas han recibido estas importantes cantidades ¿tendrán la generosidad de efectuar algún convenio con la municipalidad provincial para ejecutar proyectos conjuntos, considerando que dio la cara por ellos?

En las redes sociales del Gobierno Regional de Arequipa, la administración de Cáceres Llica propagandiza la reactivación de 300 obras a nivel departamental. Todo bien hasta allí. Sin embargo, en la víspera de la solicitud de transferencia de las regalías mineras inauguró una inmensa plaza cívica en medio del desértico asentamiento Jardines del Colca y anunció el inicio del expediente técnico para replicar El Huáscar en el Puerto Bravo de Mollendo, una afiebrada promesa de campaña. ¿Irán a parar aquí las regalías transferidas al gobierno regional? A esta institución pública acaban de transferirle más de 126 millones de este recurso, está ad portas de culminar el Hospital de Alto Inclán, también en Mollendo, y no tenemos certeza si tendrá los servicios habilitados y el personal necesario para atender a su población este año, o el próximo.

El otro caso preocupante es el de la Municipalidad de Yarabamba, a la que transfirieron la suma de S/.135 747 313 por ser zona de influencia de la minera Cerro Verde. No sólo ha recibido más que el municipio provincial, encargado de planificar el funcionamiento de toda la ciudad, sino que supera a la transferencia del gobierno regional que tiene que velar por el desarrollo de las ocho provincias de Arequipa. Yarabamba es un municipio rural con una población que apenas supera los 1528 habitantes, con un servicio de agua deficiente, poca conectividad de Internet y un historial de grandes inversiones en infraestructura deportiva, como el estadio municipal de Yarabamba, con capacidad para 2500 espectadores que ha costado al erario público 7 millones y medio de soles, así como el complejo deportivo en el Centro Poblado de El Cerro –perteneciente al mismo distrito– en el que se invirtió más de 13 millones de soles, que fue liquidado en julio del año pasado.

Existen prioridades que deben ser atendidas como la culminación de los hospitales en los distritos de Camaná, Chala y Cotahuasi, ejecutados por la anterior gestión regional y que hoy son responsabilidad de la actual. Hay que considerar, además, que el Hospital Goyeneche viene atendiendo de forma precaria y que falta poner a punto el Hospital General. También se debe poner atención a la infraestructura escolar, considerando las condiciones ideales que deben ofrecerse para salvaguardar la salud del alumnado en el contexto de la pandemia. Si se van a realizar obras viales, es importante incluir las ciclovías en el diseño de los proyectos, pues la forma de movilizarse de las personas ha cambiado con la pandemia. Otra prioridad que debe ser considerada es la reactivación económica, donde los municipios y el gobierno regional tienen potestad.

Un cambio en la redistribución de las regalías mineras y del canon minero tiene un horizonte largo, pues sólo el Ejecutivo o el Legislativo podrían plantearla, aunque es difícil que un congresista agarre esta «papa caliente», pues es una propuesta bastante impopular que causaría resistencias de las autoridades municipales y les restaría popularidad para pretender continuar con su carrera política. ¿Qué hacer entonces con esta inyección de regalías mineras? La población debe exigir transparencia a sus autoridades sobre cómo invertirán estos recursos; a las municipalidades que tienen poca capacidad operativa, pedirles que el gasto se efectúe a partir del próximo año, de modo que haya tiempo para incorporar la planificación de esos recursos en un Presupuesto Participativo y revisar las necesidades existentes, apuntando al cierre de brechas. Malgastar recursos, peor aún en este contexto de pandemia, donde se han develado carencias que ya se creían atendidas, sería muy grave.

Esta jugosa y repentina transferencia, que obedece a los altos y volátiles precios internacionales, nos debe llevar a una discusión pública, que permita establecer criterios de racionalidad y eficiencia en la asignación y uso de los recursos del canon y regalías mineras, enfrentando en paralelo drásticamente a la corrupción. Es momento de creatividad e ingenio. Es momento de responsabilidad política. Mientras sucede esto, a ciudadanas y ciudadanos les queda cautelar el gasto público en sus gobiernos locales. Nadie lo va a hacer por ellos.

 

desco Opina - Regional / 29 de octubre de 2021

descosur

Precariedad de la prensa nacional

 

La fallida presentación, como asesor presidencial, de un antiguo y discutido hombre de la radio y exempresario de medios radiales y televisivos, abrió un racimo de comentarios diversos. Más allá del personaje, lo ocurrido pone una vez más en la agenda nacional real, el papel de los comunicadores, el periodismo de opinión y los medios de prensa.

En nuestro país la crisis del periodismo y los medios de comunicación se remonta a muchos años atrás. En un escenario que no había sufrido grandes cambios, la expropiación de la gran prensa nacional y de los principales canales de televisión durante el gobierno de Velasco, generó un proceso complejo que no ha concluido. La posterior devolución y lo que siguió en el terreno de la libertad de expresión, la libertad de empresa y la responsabilidad social de la prensa se complejizó más con el desarrollo de Internet, las publicaciones virtuales y la gran popularidad alcanzada por las redes sociales.

La crisis actual, manifiesta en el abandono de los medios impresos, indica que su pérdida de valor como prensa escrita de opinión e información, no es solamente económica. Si bien existe un fuerte reto tanto para la sobrevivencia de los medios, construyendo modelos de financiamiento que los hagan sostenibles, también lo es por la hiperconcentración de la propiedad en un solo grupo familiar y las consecuencias que se derivan de esto. Ocurre, además, como es evidente, en la entraña de una larga crisis política nacional –a la sombra de un modelo neoliberal que provocó un significativo crecimiento económico excluyente– comparable con lo sucedido a la caída de otro dictador, Leguía.

Nos encontramos ante la paradoja de constatar una prensa nacional extremadamente politizada, en medio de una realidad política sin partidos y con actores provistos de muy precaria formación política. Enfrentamos en ese campo la poquedad de ideas y la escasez de propuestas de desarrollo, que a su vez se expresan como información pobre e incompleta, si es que no tergiversada. Se extraña pues, la presencia de un periodismo lúcido respaldado en la investigación con responsabilidad social. No contamos con una prensa de calidad como la que puede encontrarse con orientaciones liberales, marxistas, conservadoras y más, en países latinoamericanos como México, Argentina o Chile.

La presencia de economistas, politólogos, constitucionalistas y otros comentaristas «caseritos» en los medios, nos han puesto de cara a la precarización y el empobrecimiento informativo y de las ideas en nuestro país. Escasean los buenos comunicadores y abundan los contratados como empleados y no como periodistas. Aquí, los periodistas de fuste vienen siendo reemplazados por jóvenes con escasa experiencia, sin peso ni postura propia, que terminan siendo marionetas al servicio de consignas bastante básicas que generalmente pretenden distorsionar la realidad. Es tan evidente para todos, incluyendo a los propios actores en sus toscos errores y burda manipulación mediática, que resulta ocioso continuar ampliando el diagnóstico.

Se han entreverado los papeles del agente de prensa con el del agitador político, trayendo como consecuencia un resultado de pérdida para el país en las líneas de formación y responsabilidad política de sus ciudadanos, en sostener niveles alturados y maduros del debate a partir de algún tipo de acuerdo primordial nacional para remar en la misma dirección como nación. No hay una base de mínimos de calidad que los peruanos nos exijamos a nosotros mismos y soportamos con un estoicismo digno de mejores causas, pasar por el tamiz forzado de posiciones extremas, cada vez más fundamentalistas, de los propietarios de lo que en algún momento se llamaron medios sociales de comunicación.

Vemos cada día más, a los actores políticos bailando al ritmo que les colocan los medios. Estos, desde sus redacciones levantan y borran, en un irresponsable manejo de prensa, puntos de la agenda nacional sin diferenciar la postura del medio de la correspondiente a alguna organización política. El caso extremo –por demás exagerado– incumbe al canal de cable del Grupo Wong.

No sorprende entonces que, lejos de avanzar en la búsqueda de consensos, el objetivo de vacar al presidente de la República (y provocar un golpe de estado o ¿sucederle la vicepresidenta Boluarte?) siga siendo el primer punto de la agenda de grupos como el capitaneado por el empresario López Aliaga y el exmarino Montoya.

De otro lado, al interior del país, languidecen la prensa y televisión regionales o aceleran la marcha hacia su pronta desaparición como expresiones de información y pensamiento, deshuesadas por las cadenas privadas nacionales. Cadenas que de muy poco sirven para el intercambio de ideas y menos para acoger debates abiertos de carácter local o regional sobre el quehacer del desarrollo en el que se funda nuestro futuro colectivo.

 

desco Opina / 22 de octubre de 2021

Mujer, pieza clave para el desarrollo rural

 

El departamento de Huancavelica presenta el nivel más alto de desnutrición crónica infantil a escala nacional, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), informó que durante el 2020 el 31.5% de su población menor de cinco años sufrió desnutrición crónica; lamentablemente, una secuela de la pandemia ha sido el incremento de la desnutrición crónica en Huancavelica, que en 2019 se situaba en 30.7%. Los problemas de malnutrición están condicionados por determinantes de la salud, como factores sociales y de desarrollo asociados con la pobreza y la inseguridad alimentaria; así mismo, con prácticas inadecuadas de alimentación, cuidados insuficientes al niño o niña, modalidades incorrectas de crianza, infecciones repetidas y severas, entre otros.

Para la disminución de la desnutrición crónica infantil se debe educar en alimentación saludable y orientar en adecuadas prácticas de crianza. La madre tiene un rol fundamental en la lucha contra la desnutrición infantil, porque es ella –en la mayoría de casos– quien se encarga de alimentar y/o cuidar a su hijo o hija. Adicionalmente, la mujer cumple una función trascendental en la producción agrícola. “Uno de cada tres productores agrarios en nuestro país es una dama, y dentro de todos los hogares agropecuarios las mujeres cumplen un rol central en el trabajo productivo y en la alimentación y sustento de las familias”; aseveró el presidente Pedro Castillo, al anunciar la creación del fondo para la mujer rural.

Más de medio millón de mujeres desempeñan actividades agropecuarias y representan un cuarto de la Población Económicamente Activa (PEA), según los resultados del último censo nacional de población. En tal sentido, es necesaria la participación de la mujer en la segunda Reforma Agraria que busca mejorar los servicios a productoras y productores de la agricultura familiar para elevar su calidad de vida. En el marco de esta reforma, el Estado tiene previsto impulsar un fondo para la mujer rural que permitirá mejorar las capacidades a más de 700 000 productoras agropecuarias en el país.

Otra de las metas del Sector para el año entrante es la creación de un Fondo Nacional de la Mujer Emprendedora Agraria, así como la capacitación de mujeres y líderes agrarias de las comunidades campesinas y nativas en desarrollo agrario, como parte del fortalecimiento de la agricultura familiar.

Seguramente, las mujeres rurales encuentran esperanzadoras las alternativas planteadas en esta reforma para su crecimiento personal y el fortalecimiento de capacidades. Sin embargo, se espera que en el plan de acción se considere las voces de estas mujeres, a fin de que sea participativo y no termine siendo una promesa más sin cumplir. Por eso, esta política de gobierno debe garantizar los mecanismos adecuados para asegurar la representatividad de aquellas. La meta a largo plazo es generar relaciones más equitativas y justas en el campo.

 

desco Opina – Regional / 15 de octubre del 2021

descocentro – UOT Huancavelica