Los pesos del Covid-19 en los noticieros televisivos

El Covid-19 y sus efectos colaterales en la sociedad peruana, han tomado el principal protagonismo en la cobertura de todos los medios de comunicación desde que el gobierno ordenara en el país el Estado de Emergencia y la inmovilización social, el pasado 16 de marzo. Pero, ¿qué es lo que revela el quehacer de estos programas informativos?

En los noticieros televisivos diarios la expresión de las organizaciones sociales no tiene un espacio reconocido, como sí lo han conseguido especialistas, médicos, economistas, infectólogos, funcionarios públicos de alto rango, autoridades y demás personalidades. La presencia de la sociedad civil ha sido escasa o nula, al punto de no parecer importante; cuando su participación es tomada en cuenta, no está dirigida a rescatar propuestas y alternativas sobre las acciones en medio de la emergencia. Por ejemplo, en el noticiero matinal de Latina del 26 de mayo, una reportera visita el asentamiento humano Cruz del Calvario de San Juan de Lurigancho para conocer los esfuerzos que hacía la gente para sobrevivir, en él los vecinos son presentados como un grupo de familias que realizaban una olla común a modo de respuesta ante la falta de alimento.

El entrevistado, presentado como “el señor Franz”, cuenta que estaba conversando con otras instituciones privadas sin fines de lucro para buscar apoyo y, además, propone que las autoridades pueden ver la forma de garantizar un comercio ordenado que permita a las familias más pobres conseguir algún recurso. Entonces, la reportera cambia de tema para hablar de la neblina en la zona, del invierno que está por llegar, las casitas de material noble, y ahondar en el campo emotivo del personaje a tal punto que este se quiebre en un enorme primer plano. Antes de terminar la nota, casi por casualidad, se «descubre» que la secretaria general del conjunto vecinal, María Mayo, estaba allí, pero no fue presentada ni entrevistada hasta que se pidió un número de contacto para que los vecinos reciban donaciones. De pronto, según las imágenes, la dirigenta empieza a recibir llamadas que ofrecen apoyo al asentamiento humano y todo concluye con el agradecimiento al noticiero por la ayuda.

Aquí apreciamos cómo las organizaciones sociales y sus representantes no son consideradas una fuente informativa a consultar, a pesar de que existen y son un soporte de articulación vecinal en las periferias de Lima. Las juntas vecinales, vasos de leche, comedores y quienes los presiden, no tienen oportunidad para manifestar sus propuestas e interpretación de la coyuntura. Más aún, como en el ejemplo anterior, el noticiero se erige como una suerte de héroe que ayuda a la población marginada, cuando en realidad el trabajo de respuesta y articulación social proviene de las mismas vecinas y sus representantes. Así, la capacidad de movilización y cohesión de la ciudadanía a través de las organizaciones sociales es casi invisibilizada y arrebatada por el programa informativo.

No cabe duda de que en este caso se interpone la lógica del sensacionalismo mediático. Es decir, apelar a las emociones de la audiencia, buscar conmoverla y también vender el hecho noticioso. El sensacionalismo, antes que generar una reflexión en el público busca el entretenimiento y la satisfacción de la necesidad de informarse. De esta manera, la condición política y las acciones que están realizando las organizaciones sociales ante la crisis (colectas, ollas comunes, empadronamiento de familias en condición crítica y otras iniciativas) quedan opacadas por el sensacionalismo que prefiere mostrarlos desde una condición de vulnerabilidad.

Por otro lado, los enlaces “en vivo” han sido uno de los métodos informativos a los que más tiempo se ha recurrido. Los operativos policiales y recorridos a populosos mercados fueron el contenido principal de los enlaces entre el estudio televisivo y el corresponsal. Justamente, en uno de ellos de América Noticias del pasado 6 de mayo, el corresponsal reportea en el mercado “La Paradita” de La Victoria e intenta conversar con los vendedores ambulantes. A pesar de que los comerciantes le comentan al reportero que tienen una familia que alimentar y que tampoco han recibido el apoyo del Estado, el comunicador lo único que rescata es que la gente esté vendiendo productos en la pista y que los carros pasen tan cerca que pueda ocurrir un accidente, sin darle importancia al tema de fondo que subyace en esta escena.

Armand Mattelart sostiene que cada vez que en la sociedad aparece un fenómeno que desnuda las contradicciones del sistema en que vivimos, surgen explicaciones que buscan ocultarlos. La propagación del Covid-19 y la consecuente crisis originada en la mal llamada normalidad (normalidad no significa que antes no existían otras crisis) son los hechos que han terminado por evidenciar, aún más, la desigualdad social y económica imperante. Y los medios de comunicación mayormente, cumplen ese rol de ocultar o no abordar las desigualdades históricas.

De esta manera, el discurso de los noticieros difícilmente aborda que más del 70% de la economía es informal, que un amplio sector de la población vive de los ingresos del día a día, que siempre existió un precario servicio de salud, que el transporte urbano masivo nunca brindó condiciones mínimas de salubridad, que los mercados no tienen sistemas adecuados de almacenamiento de alimentos, entre otros. Todos estos factores resultan ser determinantes en la práctica cotidiana y explican también por qué se ve una ola de personas que no pueden quedarse en casa.

Dos artículos, uno publicado en la página web del Colegio de Sociólogos del Perú y otro en PerúNews.com, rescatan la función de las organizaciones sociales en diversas situaciones adversas del escenario peruano (epidemias, terrorismo, falta de alimento) y cómo contribuyen a contener los efectos de estas sobre la población. Este tipo de enfoque otorga el valor que las organizaciones sociales poseen y demanda su presencia en la lucha contra los efectos del Coronavirus. Por tanto, la cobertura mediática debería promover la participación activa, política y protagónica de la sociedad civil, si lo que se busca es que los cerca de 149 000 infectados y casi 4300 fallecidos por Covid-19 no sigan aumentando.

desco Opina - Regional / 29 de mayo de 2020

descoCiudadano

Las agendas en disputa

Próximos ya a los 70 días de la cuarentena, la imagen de la tormenta perfecta que usara Juan de la Puente para caracterizar la situación del país semanas atrás, se evidencia con mucha claridad. Las circunstancias que convergen en el momento actual, resultan innegables: una crisis política no resuelta y acumulada que amenaza con nuevos y patéticos enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, de los que sólo pierde el país; una crisis económica que se configuró en pocas semanas, con una contracción de -16% en marzo que se estima se acercó al -30% en abril; así como una gravísima crisis en la prestación de los servicios sociales, en especial el sistema de salud virtualmente colapsado y la educación al garete. Las mismas, hay que decirlo, desnudan los grandes límites y desigualdades del modelo económico de las últimas décadas, hoy contra la pared en un escenario mundial donde la globalización está interpelada.

Con más de 3000 muertos y por encima de 100 000 casos positivos, 83% de ellos concentrados en cinco regiones –Lima, Callao, Lambayeque, Piura y Loreto–, la estrategia del martillazo llegó a su límite con un éxito bastante menor al esperado, lo que se entiende no tanto por los errores del gobierno, que sin duda son muchos y algunos gruesos, cuanto por las dificultades que representan las estructuras políticas, sociales y económicas en las que tiene que operar. A estas alturas, parece claro que su debilidad mayor se encuentra en el campo económico donde su apoyo débil, focalizado e ineficiente a los pobres, contrasta con su significativo respaldo a la gran empresa.

El Ejecutivo ya perdió la narrativa y la cierta capacidad de comunicación que inicialmente mantuvo con un discurso único, la salud y la gente como prioridad. Con ella, resignó también el control de la agenda que mantuviera en las primeras semanas de la pandemia. La multiplicación de los malestares –la ley de AFP, las demoras y límites de cobertura de Reactiva Perú, la suspensión perfecta, la pobre entrega del bono 380, las canastas municipales, la migración desesperada de los retornantes, el descontrol en los mercados y el abandono de la agricultura familiar, además del desgaste de la propia cuarentena– lo llevó a un manejo defensivo de aquella y a un lenguaje dual que buscaba combinar salud y economía, que con el paso de los días fue cediendo espacio a las presiones del gran poder empresarial, el que ante la prolongación del «encierro», abandonó el discurso de «unidad nacional» que alentaba el Ejecutivo, para proteger sus ganancias y su patrimonio, en nombre de su supuesta capacidad para garantizar empleo y crecimiento.

No obstante sus dificultades, cuando ya es evidente que hacia adelante las agendas estarán cada vez más en disputa, la aprobación del mandatario en la encuesta más reciente se mantiene en 80% (perdió apenas 7 puntos desde marzo), ocurriendo lo propio con su Ejecutivo que registra 65% (cayendo 3 puntos), en un escenario en el que el Ministro de Salud (cae de 71% de aprobación a 54% en un mes), cumple el rol de pararrayos de los diversos errores del gobierno y del malhumor creciente de la población que no ve luz al final del túnel.

Como ocurre en otros países, la opinión pública parece asignarle un rol «protector» al mandatario, pero más allá de ello, sectores de la misma ya tienen claro que la presión de los grandes por activar la economía es distinta a la que es mayoritaria entre la gente. Aquellos buscan su ganancia y beneficio a diferencia de los cientos de miles preocupados por defender su empleo –sólo en Lima se han perdido más de 900 000 empleos adecuados–, conseguir medicinas, defender la educación de sus hijos; en una palabra, sobrevivir y resolver su día a día. Las agendas futuras inevitablemente aparecen cada vez más ligadas a temas estructurales: organización y funciones del Estado, papel de la inversión pública y privada, sentido de las políticas sociales, sistema previsional, sistemas político y de justicia, política tributaria y un largo etcétera.

En otras palabras, la gente parece constatar en la situación actual que las incapacidades y precariedad de un Estado construido para atender intereses particulares del poder antes que los intereses generales de los ciudadanos, los costos de nuestra mal llamada informalidad, donde parte importante de la población es mayoritariamente pobre y vive «al día», así como las distintas desigualdades que forman nuestra estructura económico-social históricamente excluyente y la virtual ausencia de un patrón elemental de cohesión social, no son responsabilidad del actual gobierno así éste comparta el modelo.

Estos y otros temas serán seguramente parte de nuevas formas de conflictividad social en el país los próximos meses y tendrán peso e influencia en la carrera hacia el 2021 que ya se ha iniciado y que tiene en la pandemia y su gestión, en los malestares que genera y en los diversos comportamientos que alienta, un escenario para una carrera que no parece interesada en recuperar la política y la democracia para la gente.

En este escenario, la última decisión gubernamental que prolonga la cuarentena y el estado de emergencia con flexibilidades, busca acelerar la activación de los sectores de la economía priorizados por el Ejecutivo, entre los que se encuentran las peluquerías y el fútbol profesional. El pomposo nombre del decreto de urgencia, Ciudadanía hacia una nueva convivencia social no logra esconder que se continúa optando por cargar parte importante de los costos de la crisis en los sectores más débiles, manteniendo los privilegios de los grupos de poder económico. Creer en una nueva convivencia sin asegurar la subsistencia de la gente y sin resolver la entrega completa de los insuficientes apoyos establecidos, es un sinsentido.

desco Opina / 22 de mayo de 2020

La batalla characata contra el Covid-19

Según las estadísticas oficiales del MINSA, a casi 60 días de iniciada la pandemia, se reportan en Arequipa 20 fallecimientos a causa del Covid-19. Aunque el número de contagios se ha venido incrementando, la tasa de letalidad es una de las más bajas a nivel nacional.

Comparativamente con otras regiones, estos resultados son buenos, ello a pesar de los desaciertos de nuestra principal autoridad regional, cuya falta de profesionalismo puso en peligro a los habitantes de esta región. Esta no es una apreciación solo nuestra, fue la conclusión a la que se arriba en dos Informes de Orientación de Oficio que la Contraloría General  de la República cursa al Gobierno Regional de Arequipa; el primero por no ejecutar en su totalidad los recursos transferidos para afrontar la pandemia (Informe de Orientación de Oficio nº 007-2020-OCI/5334-SOO) y, el segundo, por la ausencia de protocolos específicos para la realización de la cuarentena de las personas que llegaron a la ciudad desde otras localidades (Informe de Orientación de Oficio nº 008-2020-OCI/5334-SOO).

El comando Covid-19 regional reaccionó rápidamente ante la escalada de contagios y los casos positivos que encontraron en sus controles inopinados. Tomaron la dura decisión de suspender por dos semanas el transporte público, y así obligar a las personas a abastecerse dentro de sus distritos, evitando la alta movilidad. La otra medida fue cerrar tres de los principales centros de abasto de la ciudad, al comprobarse que varios comerciantes estaban infectados con el virus y los mercados constituyen potenciales focos de contagio; sin embargo, la medida fue bastante discutible, en especial por la alta tasa de informalidad existente. Una mejor alternativa hubiera sido empadronar a los comerciantes y ordenar la comercialización de productos por día, pero por lo menos; los comerciantes diagnosticados dejaron de ser fuente de contagios.

Por otro lado, se aprecia en Arequipa municipalidades muy activas para enfrentar la pandemia, esforzándose por asegurar el control de medidas sanitarias en los centros de abasto; garantizar que se cumplan los protocolos en las ferias itinerantes de alimentos frescos; realizar controles en las tiendas –muchas de ellas ahora convertidas en minimarkets– donde también se expenden productos frescos; y desinfectar calles. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es la fractura existente entre estas y la sociedad civil; pues no conocemos ninguna experiencia municipal de movilización comunitaria, donde se involucre a las juntas vecinales o a otras organizaciones de la sociedad civil para comprometerlas con las medidas de control.

Los empresarios locales a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, también se han sumado a la causa y han donado una serie de equipos, como los ventiladores no invasivos tipo CPAP, que tienen un gran valor en estos días para preservar la salud de los contagiados.

Si bien estamos en la etapa de contagios comunitarios y vemos todavía algunas aglomeraciones, además de otras condiciones que deben mejorarse, la situación en esta parte del país parece controlada. Las acciones del comando Covid-19 y la paulatina toma de conciencia, vienen surtiendo efectos positivos.

La pandemia desnuda una vez más, serios problemas de fondo a nivel nacional. En los días transcurridos emerge la precariedad del empleo en la región como en muchas otras; ello además, en un contexto previo de frágil capacidad de los gobiernos locales y ante la ausencia de programas efectivos de empleo. Miles de ciudadanos desempleados salen a las calles a vender todo lo que sea posible para lograr algún ingreso de sobrevivencia y, en ese afán, se quebrantan las directivas del distanciamiento social y todas las precauciones que la situación demanda. De aquí la importancia de convocar a la ciudadanía para asegurar los mecanismos de control de la pandemia, al mismo tiempo que el ejercicio de la solidaridad para afrontar las carencias de ingresos y empleo de nuestra precaria economía.

desco Opina - Regional / 15 de mayo de 2020

descosur