Las dos caras de la indignación en el Sur

 

El 15 de febrero, diez provincias del sur entraron en una cuarentena estricta, y con ella continuaron las protestas, que se iniciaron una semana antes en Puno al ser considerada por el Ejecutivo en nivel de riesgo extremo.

Tanto en Puno como en Arequipa, las protestas fueron encabezadas por comerciantes de pequeños centros comerciales, pues el cierre de sus establecimientos supondría la última estocada a sus negocios, sobre todo porque los malls no han sido medidos con la misma vara, pues allí se ha ordenado reducir el aforo, pero no el cierre como a ellos. En las provincias como Caylloma, los más afectados con la medida son los emprendedores, pues en sectores como el turismo comunitario no lograron reactivarse durante la pequeña ventana que se abrió entre la primera y segunda ola.

Lo cierto es que, el gobierno se ha visto precisado a tomar esta dura decisión ante el incremento de contagios y muertes que se registran en esta parte del país, pero, sobre todo, para que no vuelvan a colapsar los sistemas de salud, teniendo en cuenta que los hospitales no llegaron a ponerse a punto y el oxígeno también se ha convertido en un bien escaso por estos lares.

La nefasta gestión de Elmer Cáceres Llica no cumplió con el plazo –que culminaba en diciembre– para mejorar e implementar diversos ambientes del principal hospital covid de Arequipa, el Honorio Delgado. Cabe precisar que durante el 2020 Arequipa recibió el presupuesto más elevado –a excepción de Lima– para luchar contra el Coronavirus, la suma de S/ 9 360 826. Por otro lado, Cáceres continúa con la cantaleta para que le permitan adquirir la vacuna rusa para los arequipeños, sin importar que hace poco se descubriese un intento de estafa, en el que una clínica y una empresa están comprometidos, y pese a su comprobada incapacidad ejecutiva. La cereza del pastel fue convocar a la población para la inauguración de una obra pública el fin de semana previo a la cuarentena rígida, hecho que provocó aglomeraciones.

En Puno, podrá haber protesta; pero sabemos de buenas fuentes que la población no ha estado actuando precisamente con cautela frente al Covid. Si bien la fiesta de La Candelaria no estuvo en las calles, se ha festejado en barrios y casas. De igual forma, en los pueblos no han cesado los festejos por los carnavales. Esta situación probablemente desencadene que, a finales de mes, Puno iguale su pico de muertos por día de la primera ola. Los médicos de la región también están preocupados, pues la situación ya se les está escapando de las manos.

Los indignados, empresarios y médicos, están enfrentados en esta segunda ola. Ya a finales de enero, los médicos en Arequipa estuvieron pidiendo cuarentena estricta los fines de semana por miedo a contagiarse y que el sistema colapse, y las cifras de estas últimas semanas le han dado contenido a su pedido. Los empresarios de Arequipa, por otro lado, han pedido sólo bajar los aforos para no perjudicar al sector; pero también están presionando para que se les autorice a conseguir vacunas para ofrecerlas al mejor postor, solicitud que a la vista de los últimos acontecimientos, puede conseguir adeptos, quitándole más piso al Estado.

Nuevamente estamos con pronóstico reservado. Veamos cómo nos recibirá marzo, y cuál indignación pesará más a la hora de tomar decisiones.

 

 

desco Opina - Regional / 19 de febrero de 2021

descosur

La batalla characata contra el Covid-19

Según las estadísticas oficiales del MINSA, a casi 60 días de iniciada la pandemia, se reportan en Arequipa 20 fallecimientos a causa del Covid-19. Aunque el número de contagios se ha venido incrementando, la tasa de letalidad es una de las más bajas a nivel nacional.

Comparativamente con otras regiones, estos resultados son buenos, ello a pesar de los desaciertos de nuestra principal autoridad regional, cuya falta de profesionalismo puso en peligro a los habitantes de esta región. Esta no es una apreciación solo nuestra, fue la conclusión a la que se arriba en dos Informes de Orientación de Oficio que la Contraloría General  de la República cursa al Gobierno Regional de Arequipa; el primero por no ejecutar en su totalidad los recursos transferidos para afrontar la pandemia (Informe de Orientación de Oficio nº 007-2020-OCI/5334-SOO) y, el segundo, por la ausencia de protocolos específicos para la realización de la cuarentena de las personas que llegaron a la ciudad desde otras localidades (Informe de Orientación de Oficio nº 008-2020-OCI/5334-SOO).

El comando Covid-19 regional reaccionó rápidamente ante la escalada de contagios y los casos positivos que encontraron en sus controles inopinados. Tomaron la dura decisión de suspender por dos semanas el transporte público, y así obligar a las personas a abastecerse dentro de sus distritos, evitando la alta movilidad. La otra medida fue cerrar tres de los principales centros de abasto de la ciudad, al comprobarse que varios comerciantes estaban infectados con el virus y los mercados constituyen potenciales focos de contagio; sin embargo, la medida fue bastante discutible, en especial por la alta tasa de informalidad existente. Una mejor alternativa hubiera sido empadronar a los comerciantes y ordenar la comercialización de productos por día, pero por lo menos; los comerciantes diagnosticados dejaron de ser fuente de contagios.

Por otro lado, se aprecia en Arequipa municipalidades muy activas para enfrentar la pandemia, esforzándose por asegurar el control de medidas sanitarias en los centros de abasto; garantizar que se cumplan los protocolos en las ferias itinerantes de alimentos frescos; realizar controles en las tiendas –muchas de ellas ahora convertidas en minimarkets– donde también se expenden productos frescos; y desinfectar calles. Sin embargo, lo que ha quedado en evidencia es la fractura existente entre estas y la sociedad civil; pues no conocemos ninguna experiencia municipal de movilización comunitaria, donde se involucre a las juntas vecinales o a otras organizaciones de la sociedad civil para comprometerlas con las medidas de control.

Los empresarios locales a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa, también se han sumado a la causa y han donado una serie de equipos, como los ventiladores no invasivos tipo CPAP, que tienen un gran valor en estos días para preservar la salud de los contagiados.

Si bien estamos en la etapa de contagios comunitarios y vemos todavía algunas aglomeraciones, además de otras condiciones que deben mejorarse, la situación en esta parte del país parece controlada. Las acciones del comando Covid-19 y la paulatina toma de conciencia, vienen surtiendo efectos positivos.

La pandemia desnuda una vez más, serios problemas de fondo a nivel nacional. En los días transcurridos emerge la precariedad del empleo en la región como en muchas otras; ello además, en un contexto previo de frágil capacidad de los gobiernos locales y ante la ausencia de programas efectivos de empleo. Miles de ciudadanos desempleados salen a las calles a vender todo lo que sea posible para lograr algún ingreso de sobrevivencia y, en ese afán, se quebrantan las directivas del distanciamiento social y todas las precauciones que la situación demanda. De aquí la importancia de convocar a la ciudadanía para asegurar los mecanismos de control de la pandemia, al mismo tiempo que el ejercicio de la solidaridad para afrontar las carencias de ingresos y empleo de nuestra precaria economía.

desco Opina - Regional / 15 de mayo de 2020

descosur

El páramo sin llamas

El tres de octubre juramentó el nuevo Gabinete ministerial, luego de que el presidente Vizcarra decidiera disolver el Congreso. Dos meses después, en medio de una constante picada hacia abajo en su popularidad –algo que, a estas alturas, el Presidente seguramente ya comprendió que no es un dato sustancial para darse estabilidad– muestra un Premier anodino y tres renuncias a carteras tan importantes como Salud, MIDIS y Cultura.

En otras palabras, sin fuerzas contrarias activadas, el gobierno muestra sus debilidades porque no tiene base en que asentarse o porque es en extremo endeble, ya que las causas por las que debió poner de lado a los ahora exministros Meléndez, Tomás y Petrozzi, nos retrotrae a los momentos estelares de administraciones como la del hoy reo Alejandro Toledo, signado entonces por las tropelías de poca monta que protagonizaban sus parientes y amigos.

Otra dimensión que muestra la levedad de la política peruana son los comicios parlamentarios programados para enero del 2020, es decir, dentro de mes y medio. Al respecto, si bien durante diciembre no es posible poner en acción una campaña electoral y, por lo mismo, los candidatos tendrán solo tres semanas para llevarla a cabo, se esperaba un poco más de entusiasmo que el consignado por las encuestas.

A noviembre, según IPSOS-Apoyo, casi el 40% de los encuestados no tienen preferencia por ningún partido ni candidato. Por otro lado, entre las preferencias mostradas no vamos a encontrar indicio alguno de aquella renovación imaginada cuando el Ejecutivo decidió el cierre del Congreso. En efecto, las organizaciones políticas que encabezan las encuestas, entre las que se encuentra la fujimorista Fuerza Popular, connotan todas ellas, continuidades de lo que se quiso poner de lado.

El mismo desinterés, al parecer, se extiende hacia las acciones judiciales contra la corrupción. Que haya salido un grupo de empresarios a declarar públicamente que contribuyeron con las campañas políticas de Keiko Fujimori, desató más encontronazos clasistas revestidos de moralina que evaluaciones sobre los supuestos logros de una supuesta estrategia que supuestamente estaría dándose alrededor de los casos de corrupción. En esa línea, las intervenciones del fiscal Pérez a las instalaciones de CONFIEP para buscar pruebas de hechos que acontecieron hace ocho años, no han dejado de ser observables.

Pero, ¿están realmente preocupados los empresarios peruanos por el grado de corrupción en los ámbitos donde hacen negocios? Según la presidenta de CONFIEP, María Isabel León, nunca más debe haber corrupción: “Apoyamos el trabajo de la Fiscalía, del Poder Judicial, pero llamamos la atención, justicia para todos por igual. Y sabiendo el riesgo que me corro repito, estoy para trabajar juntos con todos los empresarios, somos más de 3 millones en todo el país, hay buenos, malos, de todo color. Estamos aquí para trabajar por los buenos empresarios”.

Sin embargo, la encuesta aplicada por IPSOS entre los asistentes a CADE 2019 pregunta sobre los riesgos que preocupan a las empresas y la respuesta mayoritaria, con el 45%, es el deterioro del ambiente de negocios en el país. El incremento de la corrupción se ubica en el cuarto lugar.

Igualmente, la excarcelación de Keiko Fujimori debió haber situado las preocupaciones en las implicancias que tiene privar de la libertad a una persona a la que aún no se le ha formulado una acusación para procesarla. Más allá de las consideraciones de los integrantes del Tribunal Constitucional y de aquellos que se oponen a su decisión, lo cierto es que no hemos tenido una evaluación política de este hecho y todo se ha reducido a buscar fórmulas que hagan aparecer como politizado un fallo judicial.

Mientras tanto, el peruano está preocupado por los elevados índices de inseguridad existentes en las ciudades. También, a los sectores medios urbanos –a quienes empieza a impactar con fuerza la desaceleración económica– les inquietan cuestiones como su creciente nivel de sobre endeudamiento bancario, al compás de la disminución relativa de sus ingresos. A los jóvenes, el desempleo y la precarización de la oferta laboral.

Agreguemos a todo lo anterior nuestro consuelo de haber subido dos peldaños en las pruebas PISA y completamos, mal que bien, el cuadro en el que nos retratamos: distanciados cada vez más de un sistema político que no tiene incidencia alguna en nuestra cotidianeidad y buscando cómo resolver solos nuestros problemas con recursos apremiantemente escasos y precarios.

 

desco Opina / 6 de diciembre de 2019