Jugamos todos

Entre el 26 de julio y el 11 de agosto se desarrollarán en la ciudad de Lima los XVIII Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, evento deportivo internacional donde participarán delegaciones de 41 países de América, calculándose que tomarán parte de él un promedio de 10 000 deportistas en las diversas disciplinas, además de público asistente extranjero y prensa internacional que viene a la justa deportiva más importante del continente americano. Se calculó originalmente una inversión de 5000 millones de soles, entre obras en las sedes deportivas, así como en las vías por las que transitarán quienes participarán en los juegos, según detalla el Plan Maestro de los Juegos Panamericanos 2019. Sin embargo, para marzo del 2019, la inversión se recalculó a un monto menor que el proyectado originalmente, generando de esta manera un ahorro de alrededor de 1000 millones de soles.

El Plan Maestro señalaba en sus recomendaciones que se necesitaba planificar la finalización de las sedes con una antelación de seis meses previos al inicio de los juegos, pero la mayoría de ciudadanos que transitamos por la ciudad, vimos que a poco de iniciarse el evento deportivo aún se está trabajando en la mayoría de obras. La Contraloría General de la Republica advirtió en el mes de mayo que de las dieciséis obras viales planteadas para este evento, ocho no se culminarían dentro del plazo establecido, siendo proyectos a cargo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

A pesar de los retrasos y las diversas críticas que podamos hacer frente a un proceso en el cual hay responsabilidades de dos gestiones metropolitanas y dos gobiernos nacionales; podemos referir que la infraestructura desarrollada en el marco de los Panamericanos, será un legado para los actuales y nuevos deportistas, quienes podrán beneficiarse de las instalaciones. En ese contexto se requiere la acción colectiva de la ciudadanía a través de sus organizaciones para cuidar la inversión pública, de manera que no se conviertan en lo que comúnmente se denomina «elefantes blancos». Para ello será necesario pensar en el mantenimiento y articulación urbana de aquellas obras que, de la noche a la mañana, se han construido sin ningún criterio social o cultural del territorio en el cual se ha intervenido.

Pero vayamos más allá de planteamientos de vigilancia ciudadana o de mejora de entornos urbanos y pensemos en como el país (a través de nuestros gobernantes) ganará prestigio internacional y visibilizará a Lima como una ciudad moderna, sostenible y equitativa para sus habitantes. Ojala en el futuro podamos tener importantes inversiones como por ejemplo, para promover el acceso a vivienda adecuada para familias de escasos recursos; en ese sentido con una inversión de 4000 millones de soles, se podría facilitar el acceso a 176 748 familias al Bono Familiar Habitacional que es la modalidad del Programa Techo Propio dirigida a las familias que tienen un terreno propio o aires independizados inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes, para construir su vivienda.

Es decir, se podría cubrir con creces a través de este tipo de programa, la demanda efectiva de vivienda que el Fondo Mi Vivienda ha identificado en 163 000 unidades habitacionales para Lima y el Callao.

Este simple ejercicio nos puede ayudar a ver que, si se trata de prioridades, la inversión pública, se debe de orientar a resolver los graves problemas que afectan a las mayorías empobrecidas de nuestras ciudades. Queda pendiente ver si para el próximo año, podemos cambiar el lema «Jugamos todos» por el de «acceso a vivienda adecuada para todos» o, también, a salud, educación y justicia para todos.

desco Opina - Regional / 26 de julio de 2019

Programa Urbano

Fiestas Patrias: ¿Sin hoja de ruta?

La incertidumbre es la marca distintiva de estos días previos a la fiesta nacional. Mientras el plazo para la reforma política se acaba y la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso de la República se aproxima, la conflictividad social y los malestares de diversos sectores de la población se amplían y parecen radicalizarse. Simultáneamente, las noticias de Lava Jato evidencian la complejidad y la ambigüedad de un proceso en el que la opacidad es un riesgo creciente. En este escenario, el Ejecutivo, tras un año de usar el capital que ganó con el discurso de la reforma y la anticorrupción, aparece cada vez más presionado por el malhumor que crece entre la gente y por el estancamiento de la economía.

La próxima semana, el Parlamento tendrá que mostrar sus resultados en materia de reforma política. Hasta ahora, con tres de las seis propuestas del Ejecutivo relativamente consensuadas, es claro que distintos temas ásperos –la democracia interna en los partidos, la paridad y la alternancia, así como la inmunidad parlamentaria, por citar algunos– difícilmente llegarán a buen puerto y teóricamente pondrán a prueba la disposición del Ejecutivo de volver a tensar el tema de la confianza. En esta pugna, la elección de la nueva conducción del Legislativo, sería una eventual válvula de escape y un canal de negociación. Todo indica que el mejor escenario para el fujimorismo sería el de una directiva presidida por un acólito –empezando con Olaechea, casi un representante, tienen varios aspirantes– que incluya su participación; el peor, aunque difícil de imaginar, sería su exclusión total y la reelección de Salaverry. Al final, lo más probable es que una versión «light» del primer camino, Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde, por ejemplo, calmen las aguas del descontento palaciego por el bloqueo y/o la desnaturalización de algunas de sus propuestas.

En este escenario, los malestares que se evidencian tienen nuevas voces. Los empresarios aparecieron con el pronunciamiento de CONFIEP. Preocupados aún por el control de daños al que los obliga Lava Jato, evaden pronunciarse claramente sobre el enfrentamiento entre ambos bandos, reconocen a regañadientes la necesidad de las reformas (política y judicial) y reivindican simultáneamente la autonomía y la competencia del Congreso. Como siempre pragmáticos, en el río revuelto de los malestares demandan la lealtad con el modelo: mantener sus ventajas tributarias, más flexibilidad laboral y, ahora, la aprobación final de Tía María, mientras sectores de ellos, con Roque Benavides a la cabeza, acarician la posibilidad de saltar a la política el 2021.

Como es obvio, no son los únicos. El conflicto de Tía María se prolonga y el gobierno está lejos de encontrar una fórmula para atender una situación que dejó caminar por su impericia. Atrapado entre grupos significativos de la población que simplemente no quieren presencia minera, por un lado, y de otro, una empresa, los gremios empresariales, así como un número considerable de formadores de opinión pública que presionan por el proyecto; convertido en símbolo del futuro del modelo, pero también del gobierno. Por cierto, no es el único dolor de cabeza en la materia. La paralización y movilización de 54 federaciones indígenas de 12 cuencas amazónicas del circuito petrolero de Loreto, también está lejos de solucionarse.

Como no puede ser de otra manera, Lava Jato sigue en las primeras planas. Las evidencias sobre la corrupción en el gasoducto del sur, reveladas inicialmente por un periodista ecuatoriano, se fueron incrementando con el correr de los días. La defensa de la Fiscalía, mediático allanamiento de la casa de Humala incluido, no alcanzó para encubrir la opacidad de lo actuado por el Ministerio Público y evidenció, por si hiciera falta, la poca credibilidad de Odebrecht, alentando una vez más, las voces que claman contra el acuerdo de colaboración, suscrito por la compañía brasileña. Aunque la captura de Toledo, y seguramente su posterior libertad bajo fianza, calma por un rato a la platea, es claro que no alcanza para tapar las nubes que cubren todo el caso.

Así las cosas, es claro que al Ejecutivo se le acabó el primer tiempo del partido que planteó. Las reformas y la lucha anticorrupción, como fueron propuestas, están ya al borde de su agotamiento. El segundo tiempo está próximo a iniciarse y el 28 de julio, el mandatario en su discurso al país, debiera dar el pitazo inicial, rumbo al 2021, su objetivo más claro desde que empezó su gestión. Reformas y anticorrupción seguramente continuarán. Pero la agenda tendrá que incorporar, sin duda alguna, la economía y los conflictos sociales. El Presidente tendrá que decir algo sobre ambos temas y los empresarios ya hicieron público su pliego de reclamos y propuestas, cierto que sin considerar que ellos son parte de los distintos problemas que diagnostican y de otros, como la corrupción, que no mencionan.

desco Opina / 19 de julio de 2019

Tía María pone en jaque al Gobierno

Durante varios meses el gobierno de Martín Vizcarra le puso paños fríos al desarrollo del proyecto Tía María. En junio del año pasado precisó que esperaría la elección de las nuevas autoridades locales y regionales para analizar la ejecución del proyecto. Pero el tiempo se acabó. Presionado por diversas fuerzas fácticas, el empresariado peruano, y dado que está por vencer la vigencia del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, se ha visto orillado a otorgar la licencia de construcción a la empresa, la misma que daría el pistolazo inicial para el desarrollo del proyecto.

Durante este tiempo quiso «pasar piola» y no atendió el clamor de la población de Cocachacra, que en repetidas ocasiones solicitó su presencia para que los escuche. No vino nadie del Ejecutivo, tampoco se instaló ninguna mesa de diálogo. Tal como ocurrió con el proyecto Las Bambas en Apurímac, el Ejecutivo dejó la responsabilidad de la obtención de licencia social en manos de la empresa operadora del proyecto, Southern Perú Copper Corporation (SPCC), que emprendió una nueva campaña de comunicación para dar a conocer los beneficios del proyecto y otras acciones sociales agrupadas en la campaña Valle Unido, para buscar aliados en la comunidad.

Las campañas de la minera no han sido suficientes. A finales de junio el Gobernador Regional, Elmer Cáceres Llica, sentó su posición frente a los pobladores de Cocachacra: … me reuní con el presidente Martín Vizcarra y le dije 'señor presidente, si no hay licencia social, no hay licencia de construcción”. Recordemos que durante su campaña de elección dejó sentado que Tía María no iba. Por otro lado, el actual alcalde del distrito arequipeño de Cocachacra, Julio Cornejo, ha dejado claro que el proyecto no se hará: “la posición del pueblo es no”, argumentando que no pueden confiar en el gobierno si ven que en los pueblos donde se desarrolla minería (donde se explota el mineral) siguen en la pobreza. Y no sólo son ellos, varias autoridades de la provincia de Islay ya se han pronunciado contra este otorgamiento.

Lo cierto es que al margen de los beneficios que trae una inversión minera, por todos los impuestos que genera, también es importante la reputación de las empresas, algo que SPCC no ha sabido cuidar. No sólo por los pasivos sociales en el valle de Tambo, cuando los inversionistas detrás de la empresa eran norteamericanos, sino por malas prácticas de sus nuevos dueños, como la denunciada contaminación en Ilo por la Fiscalía Ambiental o el poco esclarecimiento de su participación en el famoso caso de «Las lentejas», donde se judicializó al dirigente que pidió la coima, pero no al que la otorgó.

Horas antes, cuando todavía el otorgamiento de la licencia era un rumor, los principales dirigentes del valle convocaron a todos los agricultores para planificar el inicio de una huelga indefinida, la que comenzará el próximo 15 de julio.

Con el otorgamiento de la licencia de construcción, se abriría el tercer capítulo de este conflictivo proceso de aprobación para el Valle de Tambo, que ha cobrado la vida de siete personas y dejado muchos heridos estos últimos cinco años. Ya es una mala señal que sea la empresa –mediante un comunicado institucional– la que haya hecho pública la decisión del gobierno de otorgarles la licencia, y que ello no se haya informado a través de una comunicación oficial del Gobierno. Martín Vizcarra ha perdido una valiosa oportunidad de dar un mensaje de calma a los habitantes del Valle de Tambo y comunicar adecuadamente cómo actuará su gestión los próximos días. Es nefasto que la primera reacción del Estado haya sido la movilización de 400 policías a Cocachacra, así hubieran recibido la orden de retornar horas después.

Luego del anuncio de la huelga indefinida, el gobernador regional Elmer Cáceres Llica, ha emitido un pronunciamiento oficial en el que, entre otras cosas, solicita al presidente Martín Vizacarra viajar al valle, escuchar a los pobladores de Islay y mantener el diálogo para evitar el conflicto social.

Así las cosas, lo único que le queda al Gobierno es escuchar a la población para que no se repitan episodios de violencia que profundicen la confrontación. Las razones de la población también son válidas frente a las razones de los inversionistas.

desco Opina - Regional / 12 de julio de 2019

Programa Regional Sur - descosur