Nada nuevo bajo el sol

 

Evidenciando el desinterés que comparten por la opinión pública, más profundamente aún, por la gente y sus necesidades, por el país y la profundidad de la crisis que estamos viviendo, el Ejecutivo y el Congreso de la República continúan en el ruidoso enfrentamiento que mantienen desde el día uno de su instalación, si no antes, desde el momento mismo de los resultados de la segunda vuelta, donde unos se refugiaron en la denuncia de un supuesto fraude y los otros iniciaban sus primeros cuoteos e inauguraban la casa de Sarratea.

Aparentemente satisfechos ambos con sus respectivas perfomances de las últimas semanas, el gobierno y su oposición más dura y achorada, afilan cuchillos esperando la inminente visita de la delegación de la OEA. La encuesta nacional urbano-rural de IPSOS, difundida días atrás, muestra que la aprobación de los principales actores de nuestra difícil situación se mantiene básicamente estancada; el mandatario sube un punto a 27%, mientras el Congreso lo hace 2, a 18%. La desaprobación del primero se mantiene en 66% en tanto que el Parlamento desciende un punto a 73%. La visita de la OEA, dicho sea de paso, no despierta mucha pasión entre la gente: 39% de los encuestados, 44% en el interior del país, no están enterados de la misma.

Desde el Congreso de la República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un esperpéntico informe que acusa al mandatario de haber violado distintos artículos de la Constitución, desconociendo lo que aquellos establecen sobre la soberanía nacional, los tratados internacionales y el referéndum, recomendando acusarlo como presunto autor del delito de traición a la patria en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado. Como sabemos bien, se trata de una historia vieja que se inició con la denuncia formulada y presentada en febrero de este año por varios rancios y desgastados políticos, entre los que destacaban Fernán Altuve, Ángel Delgado, Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, acompañados por periodistas igual de gastados como Hugo Guerra. La denuncia, adoptada por los legisladores Yarrow (Avanza País) y Cueto (Renovación Popular). El documento se basa en una entrevista que brindó el presidente Castillo a la cadena CNN, los días 24 y 25 de enero de este año. En esta se le recordó unas declaraciones que dio (Castillo) en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú y en las cuales comenta la posibilidad de otorgarle una salida al mar a Bolivia.

Aunque el Tribunal Constitucional aún no ha fallado en respuesta a la acción del abogado presidencial contra la Subcomisión, en la sesión de información del recurso planteado, el Procurador que representó al Congreso hizo un triste papel, minimizando la decisión de la Subcomisión, indicando que no se había tomado “una decisión de fondo”, apareciendo como incapaz de precisar cuál era el acto de traición a la patria. Aunque la acusación es evidentemente forzada y no puede sostenerse, habiendo sido criticada incluso por quienes defienden sin ambages el camino de la vacancia y perciben que con esta vía se fortalece al Presidente, sus promotores parecen decididos a seguir adelante y creen contar con los votos necesarios para su aprobación en la Comisión Permanente, lo que dicho sea de paso, no les asegura el resultado en el Pleno y terminar siendo un nuevo fuego artificial similar a los dos intentos anteriores de vacancia.

Desde el Ejecutivo, por su lado, el Premier, desde hace varios días insiste en obtener un voto de confianza pidiendo inicialmente la derogatoria de la Ley 31355 que establece que la cuestión de confianza sólo puede ser planteada respecto a la política general del gobierno, demanda que fue archivada por la Comisión de Constitución amparándose en que el Tribunal Constitucional ya había confirmado la validez de la norma. Tras ese rechazo, Aníbal Torres insistió, habiéndose presentado al Pleno con un proyecto, orientado, según dijo, a fortalecer la participación política del pueblo, que busca derogar la Ley 31399 que fortalece la aprobación de normas de reforma constitucional. Más allá de la finta de la “bala de plata” orientada a amedrentar a sectores del Legislativo con su eventual cierre, parece claro que se trata también de un artificio para evidenciar ante la misión de la OEA, la tesitura de sectores de la oposición congresal que organizan su acción a partir de un vulgar cálculo del alcance de votos disponibles.

En esencia, nada nuevo bajo el sol en este enfrentamiento y en el malestar de la gente. En este escenario, más de 220 asociaciones civiles que proponen que se acorte excepcionalmente el mandato presidencial y congresal por la corrupción y el desgobierno imperantes, presentaron siete propuestas de reforma política. Aunque indudablemente valiosas, las mismas parecen reducir la crisis sistémica que vivimos, a su dimensión política y transmiten en su composición una imagen que todavía es demasiado limeña y limitadamente vinculada con distintos actores, movimientos y activismos sociales que tienen sus propias miradas del momento.

La calle, finalmente, como lo evidenciaron las movilizaciones de los unos y los otros, sigue fría. Malhumorada y preocupada pero definitivamente incrédula y desconfiada. Aunque se mueve lentamente, la vida sigue igual por el momento. La OEA, creemos, no encontrará nada particularmente nuevo y más allá de ella, esa calma chicha seguramente no será indefinida.

 

 

desco Opina / 18 de noviembre de 2022

Ensayo general

Finalizó uno de los procesos electorales más desconcertantes que podamos recordar. También pudimos decir que fue decepcionante, pero creemos que una parte considerable de los peruanos no dudaba de un desenlace como el que mostró la contienda. En suma, no podía decepcionar lo que ya se presentaba devaluado ante nuestros ojos.

Como afirmaba Murphy en su famosísima ley, si algo puede salir mal, saldrá mal. En materia política, las cosas en el Perú pueden salir mal desde hace décadas y, de hecho, han estado saliendo mal. Luego de la disolución constitucional del Congreso en setiembre del año anterior, debíamos elegir nuevos integrantes del Parlamento, esperanzados en obtener algo cualitativamente mejor que el Congreso dominado por una mayoría fujimorista que interpretó la política como el arte de hacerlo todo imposible mediante el uso de artimañas, imposiciones y colusiones con colegas indefectiblemente delincuentes.

Suponer la política –como fue el caso del fujimorismo y otros grupos parlamentarios– como un negocio, hacer de la representación política un asunto proclive a transarse en el mercado, concebir el financiamiento de las campañas como una actividad empresarial, mostrar un ejercicio torpe de la representación y la práctica ausencia de habilidad política, terminaron por hundir un poder del Estado que, dicho sea de paso, nunca tuvo un nivel aceptable de aprobación.

Por ello, no tenía que llamar a sorpresa la alta indecisión previa. El descrédito del Congreso tiene una larga data entre nosotros y no se debe exclusivamente a la actuación fujimorista-aprista de los últimos años. Aunque en primera instancia pudo ser sorprendente que ninguna agrupación política lograra una clara mayoría, visto ahora no pareciera ser tal, y esto las obliga a poner de manifiesto capacidades políticas para la negociación que no muestran hasta el momento.

Sumado a ello, queda un amplio margen de duda sobre la representatividad de los elegidos y, lo que es más, se ha concedido representación congresal a opciones confesionales, xenófobas, machistas, represoras y demás, dejando constancia que la acción política del ciudadano peruano difiere radicalmente del «deber ser» imaginado por el liberalismo.

El resultado obtenido, entonces, pareciera un capítulo más de un «control ciudadano» que tomó forma tiempo atrás con la sentencia “que se vayan todos” que, si bien ha limitado a la fuerza la discrecionalidad de las autoridades y funcionarios del Estado peruano, ha devenido en una fórmula informal de accountability vertical ante la defección de los canales institucionales y, por lo mismo, un mecanismo sumamente precario que no propende al fortalecimiento democrático.

Asimismo, la democracia peruana se caracteriza por funcionar con remedos de partidos políticos y casi nos hemos acostumbrado a aceptar que ese es el quid del problema, sin reparar en mayor medida que el Estado peruano funciona con instancias oficiales cuyas competencias son difusas, graves desarticulaciones verticales con los niveles subnacionales de gobierno y ámbitos sin funciones definidas que, finalmente, hace de los pesos y contrapesos entre poderes una cuestión que es cotidianamente superada. El resultado de esta situación ha sido el profundo distanciamiento ciudadano de las instituciones.

Es cierto que hubo voluntad para corregir en algo esta situación, cuando el presidente Vizcarra buscó implementar una reforma del sistema judicial y, luego, una reforma política cuya legitimidad la sancionó mediante referéndum. Sin embargo, hasta el momento no vislumbramos cambios y a juzgar por las preocupaciones manifiestas por los probables congresistas electos, vamos a tener que esperar mejores tiempos.

Entonces, lo que tenemos es el reacomodo de un sistema político que presenta síntomas de no dar para más, pero que tampoco tiene actores y líderes que podrían conducir su reforma y consolidación. En esa línea, si algo positivo podemos extraer de esta experiencia, es que se ha propuesto como un piloto para las elecciones «de verdad»: las del próximo año. Algo debe hacerse –y pronto– para subsanar siquiera en parte la enorme carencia de organicidad de los partidos y competencia de los candidatos.

desco Opina / 31 de enero de 2020

El Presidente que no quiso gobernar

Sin haber sido estrictamente elegido, sin tener una organización política y, sobre todo, sin haber supuesto que algún día tendría que conducir al país sin el fantasioso «piloto automático» que nos hizo creer ese 1% que se benefició a manos llenas con el mayor y más intenso ciclo de crecimiento económico que jamás tuvimos, pudo haber formado, sin duda, un clima que tendiera a una mayor democratización.

Para ello, necesitaba un equipo mínimo que, en su momento, pudo tenerlo. Además, debía tener algunas ideas claras y un objetivo, solo uno, que no sea «sobrevivir hasta el 2021». No los tuvo.

Este conjunto de deficiencias se agravaría con la clamorosa ausencia de perspectiva que prima cuando se analiza el gobierno del presidente Vizcarra: se le considera una administración gubernamental en sí misma cuando, en realidad, es parte del gobierno que se constituyó en el 2016, teniendo a Pedro Pablo Kuczynski como cabeza y, lo que es más, encuadrado en un sistema democrático falaz, que intentó organizarse sin cuestionar en lo mínimo el rampante neoliberalismo de la Constitución de 1993.

Por otro lado, está el Congreso. Es cierto que son los fujimoristas y apristas los que buscan colocar la idea de la incapacidad de Vizcarra para gobernar, para que no vean la suya. Felizmente, están totalmente desprestigiados y sus juegos políticos no prenden más allá de las paredes del Congreso donde aún son fichas cruciales para cualquier decisión porque, para mal, la formalidad constitucional les otorga un protagonismo que hace muchísimo tiempo se lo niega la ciudadanía.

Otra arena es el propio Ejecutivo en donde tenemos al ministro Vicente Zeballos, ofreciendo una especie de interpretación auténtica del anuncio presidencial para adelantar las elecciones al 2020, incluido un cronograma que asume un hipotético comportamiento del Congreso que, en el cálculo del Ministro, debería aprobar la propuesta presidencial entre agosto y setiembre, ser sometida a referéndum en la última semana de noviembre y convocar a elecciones en la primera semana de diciembre.

Zeballos está tan seguro de sí mismo que no descarta la posibilidad de que el Ejecutivo plantee, dado el caso, una nueva cuestión de confianza y, además, adelantarnos que en las elecciones propuestas solo se aplicaría la paridad y alternancia dado que las otras reformas, como el fortalecimiento democrático de los partidos, no podrán emplearse.

Sin embargo, las cosas no parecen tan llanas como en la mente del Ministro de Justicia. Luego de presentarse el proyecto de Ley al Congreso, Fernando Tuesta considera que si bien es posible llegar a un cambio de mando en julio del 2020, el Ejecutivo debe facilitar el trabajo de los organismos electorales con medidas que les permitan contratar y comprar bienes y servicios, en plazos cortos.

Por otro lado, de las cuatro leyes de reforma política que el presidente debe promulgar –inscripción y cancelación de partidos políticos, financiamientos, paridad y alternancia y democracia interna– solo la última no podría aplicarse pues el calendario electoral es muy apretado, a diferencia de lo manifestado por Zeballos. Pero, advierte, todo lo anterior solo será posible, si el Congreso aprueba el proyecto de ley en un plazo corto que no debiera ser más allá de agosto.

Pero desde el mismo Ejecutivo se propone otra fórmula. La vicepresidenta, Mercedes Aráoz, cree que se puede llegar al 2021 buscando un consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo mediante el diálogo. En suma, considera que debe construirse un nuevo escenario en el que se pueda superar la crisis: “no es un tema solamente del Congreso como tampoco es solo del Ejecutivo, como algunos lo están diciendo. El último año ha sido tenso y difícil y ni el Ejecutivo ni el Legislativo han estado a la altura para encontrar un espacio de diálogo. […] Hemos utilizado de manera frívola dos instrumentos constitucionales: uno que es la vacancia presidencial y el otro que es la cuestión de confianza”.

Finalmente, la Confiep, a través de su Presidenta, ha sido enfática en señalar que el adelanto de elecciones buscaría dar curso a un impase político sin solución, aunque su preocupación real es que podría retraer aún más el crecimiento económico. Lo mismo será afirmado por el Presidente de la SNMPE y, más directo, por el aún informal precandidato Roque Benavides, para quien lo lógico hubiera sido que el Presidente renunciara y convocara a elecciones inmediatamente. No está demás decir que, la única preocupación nacional de los empresarios peruanos es, como siempre, lograr mejores condiciones para sus bolsillos. Su empatía no da para más.

En otras palabras, pareciera que nadie sabe bien a qué apuntan estos cambios al cronograma electoral. Al enrarecido escenario nacional el presidente Vizcarra decidió sumarle más ingredientes, sin saberse bien cuál es finalmente el objetivo político que persigue. Por otro lado, los actores de primera línea que debieran haber opinado, los partidos políticos, todavía callan porque no existen o porque su voz está por demás debilitada. No hablemos mejor de las organizaciones sociales y si van a activar sus cansinas convocatorias a marchas a favor o en contra.

desco Opina / 2 de agosto de 2019