sábado

Peligro inminente sin respuesta en Huancavelica

 

El ordenamiento territorial y la gestión de riesgos se expresan de modo complejo sobre los territorios y debieran ser parte principal de nuestras preocupaciones. De lo contrario la posibilidad de sufrir dolorosos desastres es muy alta. En Huancavelica se vive esta situación con riesgo evidente para la población y sus bienes. Un caso paradigmático es el del sector de Quinta Boliviana en el distrito de Ascensión de la provincia de Huancavelica.

Se trata de un territorio en constante situación de riesgo por la frecuente caída de rocas durante la temporada de lluvias. Más aún, durante los últimos años las lluvias se han intensificado provocando el debilitamiento y la erosión del Cerro Aparinacu. La población en ese territorio se encuentra expuesta a un posible desastre y vive temerosa de ser afectada por el desprendimiento de rocas.

Conocer ese riesgo no es novedad para sus pobladores y las autoridades de la ciudad. Según el Informe Técnico de caídas de roca del Cerro Aparinacu elaborado por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) en el año 2018, el sector de Quinta Boliviana ubicado en el barrio de Ascensión, se encuentra en una situación de alto riesgo por la posible caída de rocas de ese cerro. El informe advierte expresamente que una roca fracturada de unos 30 m de largo por 40 m de altura podría desprenderse y afectar a las viviendas y familias que se encuentran debajo. La inspección geológica da cuenta de agrietamientos en la roca y evidencias de desprendimientos anteriores.

La vulnerabilidad del sector está fuera de dudas. Se incrementa en la temporada de lluvias por la saturación de suelos que favorece la meteorización y desmovilización de los depósitos coluviales de las laderas del cerro. Al riesgo que traen las lluvias se añade la propensión de la ciudad de Huancavelica a soportar sismos de gran intensidad por epicentros subductivos cercanos y fuentes corticales activos sobre zonas pobladas.

Esta situación, es todo un desafío para territorios como este en los que se requiere abordar en profundidad el análisis de los actores comprometidos con la finalidad de construir, urgentemente, alternativas de gestión social del riesgo. Más aún si tal como indica el informe, las laderas del cerro Aparinacu se caracterizan por una susceptibilidad que varía de alta a muy alta ante el peligro por movimientos en masa, tales como deslizamientos, flujos y erosión, frecuentes en la época de lluvias.

En el año 2021 la Municipalidad Distrital de Ascensión elaboró el Informe de Evaluación de riesgo por caída de rocas del sector urbano del cerro Aparinaku, hasta el sector urbano del Cerro Potocchi, el cual  ratifica que el sector de Quinta Boliviana se encuentra dentro de una zona de alta susceptibilidad a la ocurrencia del peligro por caída de rocas a causa de precipitaciones intensas, la topografía accidentada y factores antrópicos como el inapropiado sistema de drenaje pluvial y residual.

La gestión social del riesgo en esta zona debe asumirse desde el sector urbano del cerro Aparinacu hasta el sector urbano del cerro Potocchi. Se requiere tomar en cuenta no solamente que es medio, alto y muy alto, según el análisis de susceptibilidad que se ha hecho. También es indispensable asumir que se está ante un escenario de exclusión que se manifiesta en dos grandes problemas relacionados entre sí: la pobreza de la mayoría de la población en ese territorio y la precaria legitimidad y eficiencia del sistema de gestión pública, de sus autoridades y funcionarios. Son al menos 485 viviendas y 1600 m de pistas y veredas que se encuentran dentro del área de incidencia directa e influencia del fenómeno, que presentan niveles de peligro considerables.

Finalmente, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), en su último reporte de Escenarios de riesgo de lluvias para el periodo enero – marzo 2024, señala que Huancavelica se ubica en un contexto en el que por un lado se pronostica una probabilidad de normal – inferior, pero asimismo, considera la susceptibilidad de movimientos de masa de nivel alto a muy alto, que podrían activar la caída de rocas.

Hasta el momento, como en otros territorios habitados de nuestro país, no se han aplicado las acciones de mitigación requeridas ante un alto nivel de probabilidad de ocurrir en medio del escenario incierto del Fenómeno El Niño, y el peligro que se cierne en este caso, en torno a medio millar de familias, viviendas, infraestructura pública y más. Esta situación propia de muchos territorios del departamento de Huancavelica se repite en otras regiones de Perú, mientras la población convive día a día con peligros inminentes sin respuesta.

Es indispensable generar mayor conciencia ante estos riesgos y afrontarlos de manera adecuada. Para ello se requiere planes desarrollo territorial y de prevención articulados a instrumentos técnico-normativos sobre el uso del suelo que permitan una eficiente gestión del riesgo, la adecuada coordinación entre los diferentes entes del Estado, normas coherentes integradas a la gestión del territorio de tal manera que la información que se dispone respecto al riesgo de las ciudades no quede solo a nivel de diagnóstico. Exigir a los gobiernos regionales y locales asumir su responsabilidad frente a los efectos de los desastres naturales para minimizarlo en el futuro es una tarea urgente.

 

desco Opina – Regional / 22 de diciembre del 2023

descocentro

lunes

El conservadurismo autoritario en su laberinto

 

Los últimos días la política del país ha estado centrada en el Congreso de la República. Caída en desgracia Patricia Benavides, suspendida de su cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el Ministerio Público en recomposición de sus fuerzas, se sintieron pasos en la avenida Abancay. A fin de cuentas, muchos de sus integrantes, dada la cantidad de carpetas fiscales que existen sobre sus miembros, se sintieron en capilla. De allí que decidieran aceleradamente, violando todas las formas, pero también el más elemental sentido común, aprobar la moción que impulsó la bancada de Renovación Popular para remover “de manera inmediata” a los siete integrantes de la JNJ por una “flagrante comisión de actos contrarios a la ley”, llevando a la Junta de Portavoces a citarlos para el 15 de diciembre, con el fin evidente de ajusticiarlos y volver las cosas al orden, que estaban seguros, era imbatible.

La coalición autoritaria, que se sentía confiada en sus cuatro patas –Congreso de la República, Ejecutivo, Ministerio Público y Tribunal Constitucional– ignoraba tranquila a la opinión pública, convencida que las protestas acalladas, muertos y heridos mediante, no volverían con la ampliación de su judicialización y el imperio de su arbitrariedad. No les preocupaba el 7.5% de aprobación que registraba Boluarte en noviembre, menos aún el 6% en el que está instalado el Congreso; como es obvio, tampoco les interesó que apenas un 11% crea que la mandataria defiende la autonomía de su gobierno y no es la socia menor, silenciosa y viajera del parlamentarismo autoritario, como ocurre realmente.

El congreso, su mayoritaria ala autoritaria que combina intereses mafiosos, la búsqueda de impunidad y la pretensión de prolongar el modelo y los beneficios y granjerías que le permite, decidió acelerar su marcha y avanzar en un conjunto de decisiones, que además de la liquidación de la democracia y de nuestra seriedad como país, les aseguran sus beneficios personales y los de sus clientelas. El patrimonialismo y la prepotencia más ramplona que caracteriza este poder en los últimos tiempos, en su máxima expresión. Así, entre incrédulos e indignados, asistimos a distintas muestras de podredumbre. Con 69 votos de Fuerza Popular, APP, Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular y sus aliados, el Pleno aprobó una ley para crear una Comisión de Alto Nivel que plantee "reformas" y, en caso no sean aplicadas, la Convención Interamericana de DD.HH. sea denunciada. Con 74 votos a favor, el Pleno aprobó la contrarreforma que suspende la obligatoriedad de las elecciones primarias en los comicios del 2026. Más temprano eligieron como nuevo integrante del Tribunal Constitucional a un funcionario de esa institución, vinculado con Gutiérrez Ticse, quien avaló el indulto a Fujimori.

La lista es interminable. El Congreso recortó los procesos de colaboración eficaz, la principal herramienta de la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales dedicadas a delitos que van desde la corrupción hasta la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico. Sin ningún rubor, eliminaron las elecciones primarias, abiertas y simultáneas (PASO), asegurando que los partidos elijan a sus candidatos sin participación ciudadana, además de subir la valla para nuevos partidos y movimientos regionales, protegiendo de esta manera sus respectivas combis.

Por si no bastara, recientemente la Mesa Directiva que preside Alejandro Soto aprobó la entrega de un aguinaldo de S/ 1700 a los trabajadores parlamentarios, incluyendo a los legisladores, los mismos que el mes pasado se otorgaron un bono extraordinario por cerca de S/ 10 000, sumando así, en plena recesión, un ingreso de más de 43 000 soles en diciembre. No debe sorprendernos, porque recientemente, evidenciando que entienden el poder como su chacra, once destacados congresistas, de esos que brillan con luz propia como el propio presidente del Congreso, Rosselli Amuruz, José Luis Elías, José Luna, María Cordero, Magaly Ruiz y Jaime Quito, entre otros, presionaban a la Policía para la designación de sus escoltas.

En este escenario, el Pleno protagonizó el 15 de diciembre un espectáculo que evidencia su desconcierto. Ante un oficio de la JNJ, cuestionando el proceso y pidiendo reprogramación, el presidente del Congreso anunció que la sesión se reprogramará y se convocará a la JNJ en nueva fecha no establecida. Sorprendidos los sectores más duros y autoritarios –Montoya anunció rápido que pediría la censura de Soto por postergar el debate–, se recompusieron y aprobaron otra moción que permitirá que la Comisión de Justicia los investigue sumariamente por falta grave, es decir el mismo argumento que se empleara para aprobar la remoción inmediata. La desazón del sector más duro, incluido el fujimorismo, no satisfecho con la inaudita decisión del Tribunal Constitucional que liberó a Fujimori, la expresó el preclaro Rospigliosi en un tweet en el que se quejaba “la moción sobre la JNJ se votó, se aprobó y quedó en nada hasta marzo”, para acto seguido responsabilizar, no faltaba más, a los caviares.

¿Les faltaban los votos requeridos? Es probable. Como también lo es el temor a la investigación de la fiscal Barreto, que amenaza, sin duda, con distintos remezones en un Congreso, en el que varios buscarán salvarse ante la amenaza de hundimiento. Como se ha sostenido recientemente, convocando a elecciones, si las cosas ajustan, algunos sectores de la derecha podrían aceptar la salida de un grupo mafioso que ha desnudado el tinglado del que también formaban parte, en un momento en el que simultáneamente el juicio oral a Keiko Fujimori, importante y silenciosa protagonista central de esta película, está próximo a iniciarse. Desde la sociedad, asegurar que la calle sea un espacio de presión contra el autoritarismo y avanzar en la formación de una coalición democrática, es un imperativo. El desconcierto que se ha producido da algo de tiempo.

 

desco Opina / 16 de diciembre del 2023

 


jueves

Maniatados y sin justicia

 

El 7 de diciembre se cumplió un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que lo llevó a la cárcel. La torpeza de su sucesora, Dina Boluarte, de juramentar hasta el 2026 cuando se requería un adelanto de elecciones, así como su evidente acuerdo con los sectores más duros del Congreso que le suspendieron una investigación en curso, levantó a la población en distintos lugares del país durante las sucesivas semanas, con un balance doloroso de muertos y heridos en Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, que aún no encuentran justicia.

A sabiendas de la cercanía de este triste aniversario, donde se quebró el orden institucional, el Ejecutivo publicó un decreto legislativo para cambiar el Código Penal, buscando profundizar y ampliar la criminalización de la protesta. De ahora en adelante, un yape para colaborar con el almuerzo de protestantes (o agentes de delito, si la fiscalía lo determina así), o cualquier donación, te puede llevar cinco años a la cárcel. Si protestas en la carretera, harto de las mecidas de una mesa de diálogo, porque una agroexportadora va contra tus derechos laborales, o porque una empresa de dudosa reputación inicia un proyecto minero en tu localidad, o porque no encuentras justicia cuando apagaron la vida de un familiar, puedes irte quince años a la cárcel. El primer ministro Alberto Otárola y Dina Boluarte le han echado candado a la protesta, o más bien sal al fuego, según como se vea.

Más doloroso ha sido aún, el manejo político de las masacres de Estado. Después de meses de protesta de familiares de los caídos pidiendo justicia, con informes internacionales y nacionales denunciando al gobierno por las masacres durante las mismas, además de expedientes fiscales amontonándose en la capital por decisión de Patricia Benavides, en un afán deliberado para no resolver los casos en los lugares donde ocurrieron los hechos, la vilipendiada Fiscal de la Nación, denunció cínicamente a Boluarte y Otárola por homicidio calificado por seis de los cuarenta y nueve casos de muertes causadas por abuso militar y policial durante las protestas. Ni siquiera hizo la denuncia por una voluntad tardía de hacer justicia, sino como una carta para salvarse de la destitución ante el papel deleznable que ha tenido en ese puesto de poder, desde el que buscó proteger a su hermana, eliminar a Zoraida Ávalos, intervenir en la elección de Josué Gutiérrez, el Defensor del Pueblo, pretendiendo lograr la captura de la Junta Nacional de Justicia.

En este escenario, también estarían desapareciendo pruebas de la ya precaria investigación fiscal sobre las muertes en las protestas, a juzgar por el testimonio del fiscal José Domingo Pérez a una televisora limeña, denunciado la destrucción y extracción de documentos de la Fiscalía de Derechos Humanos.

La liberación de Alberto Fujimori, condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad, es la cereza del pastel que seguramente seguirá alimentando la indignación acumulada de la ciudadanía, porque su excarcelación representa la impunidad en nuestro país y la transgresión a las normas.

Siguen ajustando, entonces, la soga contra nuestros cuellos, aletargándonos, pero enfureciéndonos cada vez más. Pese a las normas represivas se han programado tres días de marcha en veintiséis regiones del país contra el régimen de Dina Boluarte, que fueron anunciadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL). Mientras tanto, cientos de personas autoconvocadas, que participaron en las protestas posteriores al 7 de diciembre de 2022, continúan siendo procesadas, por un sistema infectado también por esta democracia que ya no es democracia.

Diciembre se dibuja así, otra vez, como el mes más largo y temible del año, por una serie de acontecimientos que llegan en tropel y nos dejan un mal sabor de boca, que ninguna chocolatada podrá resolver. No hay argumento que resista la tragedia de nuestro país.

 

 

desco Opina – Regional / 7 de diciembre del 2023

descosur