viernes

Caso Mayorga: de la anécdota a las políticas de Estado



Ciertamente el tema de las políticas petroleras de un país, visto en detalle, es un asunto especializado y para entendidos, que no son muchos. No lo es tanto, cuando lo que se trata de conocer son los procedimientos legales y administrativos que deben cumplirse por parte de los funcionarios públicos en el desempeño de su gestión.

Es por eso que en el caso de la liquidación del contrato a la empresa Interoil, los arbitrajes ganados por el Estado luego que ésta apelara y la resultante prórroga rubricada por el ministro Eleodoro Mayorga ha producido a todas luces un lamentable cortocircuito político legal que nos muestra el mal desempeño del gobierno. Asimismo, ha puesto sobre el tapete un tema peliagudo que el gran público desconocía.

Resumiendo, el expediente de Interoil muestra el caso de una empresa que solicita una prórroga para seguir explotando petroleo cuando su concesión ha vencido, aludiendo razones de fuerza mayor (el fenómeno del Niño) que le impidieron operar regularmente durante 1998 y 2002. ¿La razón para conceder la prórroga? La supuesta incapacidad de Petroperú para asumir las operaciones con Interoil fuera del panorama. Más allá del débil argumento de la petrolera, se sabe que  la política de Petroperú se orienta a ingresar a trabajar los lotes petroleros de las concesiones que vencen, para así ejercer su función de empresa estatal activa en el negocio petrolero.

Se sabe también, que existen otras empresas cuyos contratos vencen pronto como los de las petroleras Vera Gutierrez y Olympic, por ejemplo, en los que corresponde pasen tambien –vía Peru Petro– a la administración estatal.  El tema de fondo entonces, más allá del error cometido por el ministro Mayorga, es conocer cuál es el papel de Peru Petro y Petroperú en la gestión de nuestros hidrocarburos del país y si el ministro Castilla, miembro del directorio de Petroperú, tiene algo que decir sobre estos casos o si más bien se busca condenar a la empresa estatal a una especie de incapacidad calculada, con la finalidad de que vaya «muriendo lentamente».

En cierta medida, entonces, el destino del ministro Mayorga resulta siendo casi anecdótico, pues a todas luces cometió una infracción al firmar la prórroga en favor de la empresa a en la cual había prestado servicios de asesoría como consultor privado cuando ésta ya mantenía un litigio con el Estado peruano. Debió excusarse, sin duda, y no solo el Congreso de la República podría censurarlo, sino que también este proceder puede convertirse en un caso penal. Lo que no es anecdótico es que el Estado peruano haya ganado en dos instancias un proceso de arbitraje con Interoil para la devolución de un lote petrolero y luego se decida concederle una ampliación a la empresa perdedora en ese arbitraje, dejando además de cobrar el petroleo extraído desde la fecha del vencimiento del contrato de concesión, propiedad de todos los peruanos y no de la empresa que asesoraba Mayorga.

El tema seguirá en debate y sin duda la agenda política de la próxima semana nos podrá colocar ante la primera censura de un ministro de Estado en casi una década, si es que el titular de Energía y Minas no renuncia antes.

Una vez más queremos llamar la atención sobre la conducción política del Estado a la que nos ha trasladado este régimen. Para algunos analistas está fuera de discusión la falta de manejo de la cosa pública por parte del gobierno del presidente Humala, que repetidamente evidencia una crisis de autoridad, incumplimiento y falta de respeto a las normas establecidas, alimentando el socavamiento de la legitimidad que se requiere para conducir la nación. Por ello, es importante demandar, desde las distintas instancias de la sociedad: ciudadanía, sociedad civil, gremios y colegios profesionales, universidades y otras instituciones, la urgencia de apuntalar la institucionalidad que se requiere para avanzar como nación. Este esfuerzo pasa por resolver ya la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, el nombramiento del Defensor del Pueblo y gobernar con pleno respeto al estado de derecho. De lo contrario la vorágine de los días nos puede trasladar a otros escenarios en los que triunfen mal la informalidad, el narcotráfico, el autoritarismo y la violencia criminal.

desco Opina / 25 de abril de 2014
Descargar aquí

miércoles

El Foro Urbano Mundial sin Lima ni su alcaldesa



Del 5 al 11 de abril se llevó a cabo el séptimo Foro Urbano Mundial, en la ciudad de Medellín Colombia, evento organizado por Naciones Unidas para el Hábitat y que se convoca cada dos años, como la principal conferencia mundial sobre las ciudades. Se trata de un Foro técnico no-legislativo que convoca el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Hábitat) para examinar los retos que enfrenta el mundo en relación a los asentamientos humanos, como la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, comunidades, economías, cambio climático y políticas.

El Foro (WUF por sus siglas en inglés de World Urban Forum) es la principal conferencia mundial en ciudades, que recibió esta vez la visita de 22 mil personas con la participación de representantes de 142 países, aunque como sabemos, la ciudad de Lima estuvo ausente y no contó con representación, ya que los regidores de la oposición en el concejo negaron insólitamente el permiso de viaje a la Alcaldesa Susana Villarán a esta cita mundial, a pesar de que esto no generaba gastos a la comuna Limeña. 

La cuestionable decisión tomada por el concejo municipal limeño impidió que haya una representación oficial de la ciudad de Lima, que no es poca cosa en el mundo, no solo por su ubicación estratégica en América del Sur, sino también por estar situada en el puesto 11 en el ranking mundial de ciudades más densamente pobladas.  La ausencia de una delegación oficial impidió mostrar sus retos y desafíos y como es que éstos se enfrentan, en un contexto en el que se hicieron visibles los problemas de las mega ciudades y se confrontaron estrategias y alternativas para combatir la desigualdad urbana. 

Como lo mencionara Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Hábitat y ex alcalde de Barcelona (España), la demanda por combatir la desigualdad urbana ante el modelo predominante actual de un urbanismo, que nosotros identificamos como propio del ordenamiento económico neoliberal, que «no es suficientemente sostenible, desde el punto de vista ambiental ni social», debido a que solo alienta las desigualdades sociales; fue un tema central del evento.

La participación de la ciudad de Lima en este Foro Mundial de los socios de la Agenda Hábitat en la que estuvieron funcionarios y expertos de programas internacionales relevantes, entidades financieras y agencias de cooperación internacional, hubiera sido un espacio ideal para sacar provecho para nuestra ciudad capital. Sin duda, el Foro ha servido para identificar nuevos temas, y las ciudades participantes han podido nutrirse del intercambio de experiencias de los procesos de crecimiento y desarrollo de las ciudades. Las lecciones aprendidas en otros contextos urbanos y las buenas prácticas y políticas implementadas a nivel mundial encuentran en estos eventos la posibilidad de ser socializadas y compartidas. Son muchas las preguntas que se intentan responder y centenas las experiencias exitosas de las que se puede aprender, de esfuerzos que se están haciendo en el mundo, enfrentado a un futuro definitivamente urbano en el que cada año se incrementa significativamente la población viviendo en ciudades que demanda y exige servicios básicos, seguridad, empleo, etc. 

Habría que preguntarse si no se ha desperdiciado, por mezquindad y escasa visión, una buena oportunidad para intercambiar ideas y enriquecerse con experiencias y buenas prácticas. Justamente cuando, por ejemplo, se está trabajando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) que aspira a ofrecer una propuesta de urbanización sostenible y a alcanzar una mayor equidad en el desarrollo urbano con la participación activa de los actores presentes en las ciudades: pobladores, empresarios, instituciones públicas y privadas, universidades, jóvenes y mujeres, entre otros, para identificar perspectivas de trabajo conjunto que mejoren la calidad de vida de todos.

desco Opina - Regional / 16 de abril de 2014
Programa Urbano
Descargar aquí

martes

Luz roja: más allá de César Álvarez



El asesinato de Ezequiel Nolasco puso todos los reflectores de los medios de comunicación, pero también el interés de las principales autoridades del país en la región Ancash y en su Presidente, César Álvarez. Acusado de estar vinculado a los asesinatos de dos consejeros regionales, del hijastro de uno de éstos, un fiscal provincial, una testigo del inicial intento de asesinato de Nolasco e incluso de un efectivo policial. Álvarez también está sindicado de haber organizado una red de espionaje telefónico de sus opositores (La Centralita), así como de manejar corruptamente la gestión regional (sobrecostos en el hospital La Calera, el estadio Rosaspampa y distintas carreteras), manejando una gran cantidad de relaciones que le permitirían influir en la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Policía Nacional y por lo menos dos congresistas.
Ante el escándalo desatado por enésima vez –recordemos que la situación ha sido reiteradamente denunciada desde el 2010– el Presidente de la República anunció una comisión de alto nivel y se trasladó efectistamente a Ancash, el Congreso de la República designó una comisión investigadora y distintas autoridades nacionales, entre las que se encontraban el Fiscal de la Nación y el Contralor General, se trasladaron a una audiencia pública para escuchar los testimonios que incriminan a Álvarez. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, intervino las cuentas del gobierno regional y del proyecto Chinecas ante los «indicios» de corrupción que se habrían encontrado.
En ese contexto, algunas autoridades y distintos formadores de opinión pública, creen encontrar en la descentralización y en el supuesto gran poder de los presidentes regionales, la explicación del grave momento que atraviesa Ancash, que en realidad es uno de los casos extremos de la creciente situación de violencia y corrupción que se observa en medio de la debilidad institucional del país. Todos ellos se olvidan que las denuncias que involucran a Álvarez, alcanzan al ex Fiscal de la Nación, pero, también al recientemente nombrado; involucran a distintas autoridades policiales y por ende, como responsabilidad política, al Ministro del Interior; llegan también al Congreso de la República, así como al propio Poder Judicial, varios de cuyos integrantes habrían participado en viajes de capacitación al extranjero. ¿Podemos creer que sus autoridades directas no lo sabían?
Por lo demás, se supone que la Contraloría audita anualmente a las regiones y a las distintas entidades públicas, más aún cuando éstas son objeto de múltiples y sucesivas denuncias, como es el caso de Ancash. De la misma manera, se entiende que el MEF monitorea y controla permanentemente el uso de los recursos públicos que asigna. En otras palabras, todos y cada uno de los sistemas y las autoridades nacionales que hoy día adquieren protagonismo, tienen responsabilidad mayor o menor en el desarrollo de una situación a todas luces condenable. Como la tienen muchos de los medios de comunicación que hoy día se escandalizan por la situación, pero que en los últimos años, en los que se sucedieron asesinatos y denuncias, no tuvieron el menor empeño en denunciarlos e investigarlos.
Es más; muchos de los que hoy día anuncian investigar las denuncias, ya lo hicieron antes, archivándolas y varios medios de comunicación que hoy critican a Álvarez, lo buscaron entusiastas y amables cuando se trataba de criticar al presidente de Cajamarca o de mostrar la ineficiencia de otras regiones. Estamos así frente a una triple politización del caso: (i) la que hacen distintos poderes del Estado que buscan sacudirse de sus responsabilidades, culpabilizando exclusivamente al mandatario ancashino; (ii) la que hacen algunos congresistas y distintas figuras políticas en un año electoral, en el que seguramente tienen intereses en juego en el próximo proceso electoral; (iii) la que hacen fácilmente los opositores a la descentralización, y especialmente a los presidentes regionales, que encuentran una coyuntura propicia para buscar revertir una reforma cada día más bloqueada, y de esa manera incrementar su poder.
El esclarecimiento del caso y el castigo drástico a todos quienes resulten responsables de las distintas denuncias que se prueben, debe ser drástico y ejemplar. Pero Ancash y César Álvarez no pueden servir para «esconder» la corrupción en distintos sectores públicos (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio del Interior), ni para tapar las ineficiencias y debilidades del gobierno nacional. En esa perspectiva, es indispensable separar las acusaciones, arbitrarias o no, contra una autoridad regional, de los temas de fondo que el gobierno y la clase política no quieren debatir.


desco Opina / 11 de abril de 2014
Descargar aquí

lunes

PROCOMPITE: una oportunidad en la región Huancavelica



PROCOMPITE promueve el apoyo a la competitividad productiva de las organizaciones económicas regionales y locales, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica, en los lugares donde la inversión privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenido de las cadenas productivas. En ese sentido, habilita a los gobiernos subnacionales a convertirse en verdaderos promotores de la inversión productiva al darles oportunidad de participar en la dinamización de las economías locales. La región Huancavelica implementa este fondo concursable desde el año 2011.
En este contexto, en el año 2013 el Gobierno Regional de Huancavelica destinó un presupuesto de 19 millones de nuevos soles para la implementación del fondo PROCOMPITE. Esto generó gran expectativa en los productores de la región, quienes, bajo diferentes formas organizativas, presentaron sus iniciativas para tentar el financiamiento de sus proyectos. La convocatoria se hizo a través de medios de comunicación regional y local donde se indicaron las fechas clave, el monto de presupuesto asignado, así como los plazos y requisitos necesarios por parte de los agentes económicos de la región. Cuando culminó el plazo, se habían registrado 711 organizaciones de productores, de las cuales 196 lograron la aprobación de sus proyectos. Cabe resaltar que todo el proceso se dio en el marco de la normatividad que rige este tipo de concurso.
El proceso de implementación del PROCOMPITE permite reflexionar sobre la dirección de la inversión económica de pequeña escala en Huancavelica y el impacto que este tipo de iniciativas puede tener a largo plazo. Es cierto que la iniciativa recién está en proceso de implementación en la región, pero queremos analizar específicamente en tres puntos la viabilidad y legitimidad del PROCOMPITE:
(i) El Gobierno Regional de Huancavelica no cuenta con lineamientos generales para orientar la promoción del desarrollo económico. Si bien se tiene un Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) en proceso de actualización, este no responde necesariamente a una «hoja de ruta» que guíe el proceso y que garantice experiencias exitosas de inversión pública en iniciativas privadas. El PROCOMPITE no articula los tres niveles de gobierno para evitar, por ejemplo, la duplicidad de iniciativas económicas; el Gobierno Regional por ahora, tampoco ha ordenado el panorama de las inversiones para que esto sea posible sin generar problemas de duplicidad. (ii) Es necesario precisar la rectoría del Gobierno Regional de Huancavelica a través de la Gerencia de Desarrollo Económico para la implementación de PROCOMPITE. Consideramos que este asunto debe ser dirigido por la sub gerencia de promoción de inversiones, competitividad e innovación, con el objetivo de establecer criterios técnicos que eviten suspicacias de los postores y que el proceso de nombramiento de ganadores se enmarque dentro de una atmósfera de legitimidad. En esa lógica proponemos la utilización de los criterios de selección en función al «Plan de Competitividad Regional de Huancavelica 2007 – 2017» el cual prioriza los sectores de agricultura, ganadería, industria, piscicultura, artesanía, turismo, y dentro de ellos las cadenas productivas de papa, cebada, arveja, haba, frijol, maíz, quinua, avena, trigo, vacunos, cuyes, alpacas, ovinos, truchas. (iii) Es importante que el gobierno regional considere priorizar la elaboración de una estrategia de desarrollo económico productivo con un sistema de monitoreo y seguimiento a las propuestas como marco de referencia para el PROCOMPITE, en concertación y  concordancia con las políticas e iniciativas de las provincias y los distritos.
Se busca evitar situaciones como las suscitadas en el concurso del año pasado, pues debido a la forma en que se llevó a cabo el proceso se empezó a sospechar, en base a rumores, que el concurso era objeto de un manejo direccionado políticamente y que a consecuencia de ello se favoreció a ciertos grupos allegados al movimiento regional de la actual administración; los rumores cobran más fuerza por tratarse de un proceso que se implementó en un año preelectoral, y crecen debido a que la entrega de los bienes a los ganadores se haría entre agosto y setiembre, justo antes del 5 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales. Los suspicaces lo interpretan como una «jugada» con mucho de cálculo político.  
Resaltamos la voluntad política del Gobierno Regional de Huancavelica por implementar este fondo concursable y consideramos de vital importancia el seguimiento y vigilancia ciudadana a la hora que el gobierno regional adquiera los equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratar los servicios –de ser el caso– descritos en las iniciativas ganadoras. Como último paso, el proceso de vigilancia que proponemos para la región debe prestar atención a que los bienes y los servicios figuren en el plan anual de contrataciones, de manera que se dé inicio al proceso de selección conforme a la ley de contrataciones del estado y su reglamento. Solo así se podrá contrarrestar la imagen de poca transparencia de las autoridades encargadas de este proceso.

desco Opina - Regional / 7 de abril de 2014
Programa Sierra Centro
Descargar aquí