El asesinato de Ezequiel Nolasco puso
todos los reflectores de los medios de comunicación, pero también el interés de
las principales autoridades del país en la región Ancash y en su Presidente,
César Álvarez. Acusado de estar vinculado a los asesinatos de dos consejeros
regionales, del hijastro de uno de éstos, un fiscal provincial, una testigo del
inicial intento de asesinato de Nolasco e incluso de un efectivo policial.
Álvarez también está sindicado de haber organizado una red de espionaje telefónico de sus opositores (La Centralita), así como de
manejar corruptamente la gestión regional (sobrecostos en el hospital La Calera, el estadio
Rosaspampa y distintas carreteras), manejando una gran cantidad de relaciones
que le permitirían influir en la
Fiscalía de la
Nación, el Poder Judicial, la Policía Nacional y por lo menos
dos congresistas.
Ante el escándalo desatado por enésima
vez –recordemos que la situación ha sido reiteradamente denunciada desde el
2010– el Presidente de la
República anunció una comisión de alto nivel y se trasladó
efectistamente a Ancash, el Congreso de la República designó una comisión investigadora y
distintas autoridades nacionales, entre las que se encontraban el Fiscal de la Nación y el Contralor
General, se trasladaron a una audiencia pública para escuchar los testimonios
que incriminan a Álvarez. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte,
intervino las cuentas del gobierno regional y del proyecto Chinecas ante los «indicios»
de corrupción que se habrían encontrado.
En ese contexto, algunas autoridades y
distintos formadores de opinión pública, creen encontrar en la
descentralización y en el supuesto gran poder de los presidentes regionales, la
explicación del grave momento que atraviesa Ancash, que en realidad es uno de
los casos extremos de la creciente situación de violencia y corrupción que se
observa en medio de la debilidad institucional del país. Todos ellos se olvidan
que las denuncias que involucran a Álvarez, alcanzan al ex Fiscal de la Nación, pero, también al recientemente nombrado;
involucran a distintas autoridades policiales y por ende, como responsabilidad
política, al Ministro del Interior; llegan también al Congreso de la República, así como al
propio Poder Judicial, varios de cuyos integrantes habrían participado en
viajes de capacitación al extranjero. ¿Podemos creer que sus autoridades
directas no lo sabían?
Por lo demás, se supone que la Contraloría audita
anualmente a las regiones y a las distintas entidades públicas, más aún cuando
éstas son objeto de múltiples y sucesivas denuncias, como es el caso de Ancash.
De la misma manera, se entiende que el MEF monitorea y controla permanentemente
el uso de los recursos públicos que asigna. En otras palabras, todos y cada uno
de los sistemas y las autoridades nacionales que hoy día adquieren
protagonismo, tienen responsabilidad mayor o menor en el desarrollo de una
situación a todas luces condenable. Como la tienen muchos de los medios de
comunicación que hoy día se escandalizan por la situación, pero que en los
últimos años, en los que se sucedieron asesinatos y denuncias, no tuvieron el
menor empeño en denunciarlos e investigarlos.
Es más; muchos de los que hoy día
anuncian investigar las denuncias, ya lo hicieron antes, archivándolas y varios
medios de comunicación que hoy critican a Álvarez, lo buscaron entusiastas y
amables cuando se trataba de criticar al presidente de Cajamarca o de mostrar
la ineficiencia de otras regiones. Estamos así frente a una triple politización
del caso: (i) la que hacen distintos poderes del Estado que buscan sacudirse de
sus responsabilidades, culpabilizando exclusivamente al mandatario ancashino;
(ii) la que hacen algunos congresistas y distintas figuras políticas en un año
electoral, en el que seguramente tienen intereses en juego en el próximo
proceso electoral; (iii) la que hacen fácilmente los opositores a la
descentralización, y especialmente a los presidentes regionales, que encuentran
una coyuntura propicia para buscar revertir una reforma cada día más bloqueada, y de esa
manera incrementar su poder.
El esclarecimiento del caso y el
castigo drástico a todos quienes resulten responsables de las distintas
denuncias que se prueben, debe ser drástico y ejemplar. Pero Ancash y César
Álvarez no pueden servir para «esconder» la corrupción en distintos sectores
públicos (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio del
Interior), ni para tapar las ineficiencias y debilidades del gobierno nacional.
En esa perspectiva, es indispensable separar las acusaciones, arbitrarias o no,
contra una autoridad regional, de los temas de fondo que el gobierno y la clase
política no quieren debatir.
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