viernes

Ubícate, gobernador

Tras la entrevista que el Presidente de la República concedió a un medio nacional hace una semana, queda clara la imagen de un gobernante pragmático. En el caso del Lote 88, declaró que él no presenta el ‘cómo’ sino el resultado final. Este sentido militante de la eficiencia es tal vez lo que lo lleva a decir, a propósito de Conga, que el agua está «contaminada por ideologías», y por política local y que hay que «descontaminarla», como si de ‘blanquear’ la realidad social se tratara. Como no queremos arriesgarnos a que, en 2016, se nos muestre el resultado de esta campaña de limpieza, preferimos explicaciones sobre lo que esto significa para los gobiernos regionales y locales.

Esto se suma a los recientes dislates parlamentarios a favor de disminuir el status de sus autoridades cambiándoles de nombre. Llama la atención que, habiendo en agenda temas tan importantes para la marcha de la descentralización en el país como la descentralización fiscal, los padres y madres de la patria se dediquen a decidir si ‘gobernador’ es mejor que ‘presidente’ para expresar un ‘estate quieto’ a las autoridades regionales, demostrando un ánimo centralista teñido además de un tonito estamental.

Otra señal preocupante de intolerancia se dio con el Proyecto de Ley 943 para incluir causales de vacancia en la Ley de Gobiernos Regionales. El proyecto propone revocar a los presidentes regionales que emitan normas que el Tribunal Constitucional considere un «exceso» en sus atribuciones o que contravengan sentencias del TC «en materia de competencias de organismos públicos». El asunto es que no son solo los gobiernos regionales los que exceden sus atribuciones, sino que el mismo Ejecutivo lo ha hecho y probablemente lo seguirá haciendo. Más que el principio abstracto de las competencias separadas dentro de un Estado unitario, este tipo de ley podría tener efectos directos y muy concretos en la gran inversión minera y en las concesiones en áreas protegidas, temas que están por fuera de las competencias de los gobiernos regionales, lo cual precisamente es parte del problema.

Como parte de la corriente contra la autonomía regional, desde hace varios años, los medios informan a medias sobre el gasto de los presupuestos por canon y regalías, por ejemplo. En gobiernos como el de Arequipa, las transferencias por canon minero fueron de 677 millones en 2011. Lo que de eso recibió directamente el gobierno regional es muchísimo menor, apenas 169 millones. Los titulares sobre la eficiencia son hechos a menudo en base a las primeras cifras. Por un lado, se socava la eficiencia de los GR, por otro, la conducción del proceso se ralentiza luego de la salida de Manuel Dammert de la Secretaría de Descentralización. Un analista se preguntaba si estos indicios apuntan a una nueva ofensiva contra los gobiernos regionales.

Si bien la «solución» para Cajamarca no expresa aún una nueva relación con la minería en los territorios bajo jurisdicción de autoridades electas por voto popular, sí nos habla de una cierta autonomía del presidente para encontrar una vía alternativa a la que deben sugerirle los susurros de cierto sector por imponer «mano dura» en Conga. No obstante, esto no significa que el impacto que podría tener la inversión centralizada dirigida a las provincias y distritos termine aislando políticamente a las autoridades regionales. Se pretende así jugar con objetivos de mediano plazo por encima de las «turbias aguas» de la política local, es decir, en las turbias aguas de la política nacional.

desco Opina / 30 de marzo de 2012
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El dengue, la muerte que llega entre dos luces

La selva central se siente conmovida por el fallecimiento de una joven de 18 años víctima del temible dengue hemorrágico, ocurrido en Chanchamayo. Como es de suponer, las autoridades reaccionaron tarde, cuando era inevitable que el avance del mal llegara a niveles alarmantes. Este tipo de enfermedad es endémica, es decir, siempre estará presente en la selva central. Al no existir vacunas posibles, desde las dependencias del MINSA se debió coordinar con la Municipalidad provincial, con la UGEL y con las organizaciones de base antes del brote epidémico, para aplicar las medidas de prevención necesarias.

La ciudad de La Merced y los centros urbanos más importantes de la provincia están siendo fumigados, en coordinación entre la Municipalidad Provincial y el sector Salud. Sin embargo, por la frecuencia e intensidad de las lluvias, es limitado el retroceso del zancudo vector, que halla en los recipientes dejados a la intemperie, las condiciones adecuadas para su reproducción. En primer lugar, debemos señalar que el zancudo transmisor de esta enfermedad, a diferencia de otros vectores de su tipo, sólo se reproduce en aguas estancadas pero limpias, es por ello que en las ciudades estos insectos encuentran el hábitat que facilita su reproducción. Esto, sumado a sus hábitos de aparecer entre dos luces (hacia el amanecer o atardecer), garantiza su alimentación picando a los madrugadores o a quienes salen a las calles a la puesta del sol.

Esta epidemia ha puesto en evidencia lo poco preparadas que están las dependencias locales del Ministerio de Salud. Si en las postas y puestos de salud se contara con profesionales médicos en lugar de técnicos, los primeros indicios de la epidemia hubiesen tenido mejor tratamiento. Desde la DIRESA de Junín se están preocupando ahora para dotar de los medicamentos necesarios a los puestos de salud; pero si esta enfermedad, al igual que la malaria, es endémica en la selva central, cabe preguntarse por qué no se hace un trabajo de educación permanente a la población. Con una campaña constante se puede incorporar en los hábitos de la población las prácticas preventivas adecuadas, para desechar los objetos inservibles capaces de acumular agua de lluvia (llantas viejas, latas, botellas, juguetes y frascos), mantener libres de obstáculos las cunetas para que circulen las aguas de lluvia, cubrir los recipientes y tanques de agua de las viviendas, y drenar las piletas públicas por lo menos hasta que la natural proliferación de zancudos, que en tiempo de lluvias se incrementan, reduzcan su presencia hasta niveles controlables. Incluso, la cálida temperatura de la selva hace que las familias busquen ventilación con puertas o ventanas abiertas, sin ningún tipo de malla que limite el ingreso de los insectos, con lo cual se da ventajas a los vectores del contagio.

La emergencia sanitaria ha provocado que la Municipalidad Provincial implemente campañas de erradicación de inservibles, que bien pudo hacerse antes del inicio de la temporada lluviosa, con lo cual se hubiesen reducido los altos costos de tratamiento de los actuales enfermos.

Otro aspecto que ha permitido la proliferación de casos de dengue, es el desconocimiento que tiene la población sobre los síntomas, muchos de los cuales se confunden con los del resfriado común. Por condición económica o por ignorancia, existe la costumbre generalizada de la automedicación, y sólo se acude a los puestos de salud cuando la situación para el afectado es bastante crítica.

En definitiva, esta muerte tal vez pudo ser evitada, porque el Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres del año 2007, así como los diagnósticos del sector Salud de Junín, señalan al dengue como un riesgo permanente para los habitantes de la provincia. Si las instancias competentes son conscientes de la vulnerabilidad de la población ante esta enfermedad endémica, entonces por qué en este país se hace habitual que en materia de salud sólo se actúe cuando las lágrimas de alguna familia tengan que dar cortejo a un difunto, por qué no se invierte en sensibilización al respecto, con lo cual se optimizan los resultados y se reducen las víctimas.
desco Opina - Regional / 23 de marzo de 2012
Programa Selva Central

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lunes

La cárcel dorada de Ollanta Humala

Las últimas semanas la atención de los medios estuvo capturada por los indebidos privilegios de los que gozaba Antauro Humala en la cárcel. Administrando su asombro, ciertos medios de comunicación se escandalizan de que pueda haber celdas así, cuando es sabido que nuestras cárceles están llenas de «presos VIP», desde empresarios en desgracia hasta jefes de bandas delincuenciales. Aunque una lectura simplista quiere ver en Antauro a un delincuente más, parece que goza de mayor poder que un ‘Marca’ cualquiera. Tal vez una lectura más realista, al margen de los delirios de grandeza de Antauro, sea que, a falta de un partido y de cuadros para ocupar puestos en el Estado, se perciben flancos débiles a explotar estratégicamente.

Tal es el caso del capitán de fragata en retiro Hans Essenwanger, que se habría comunicado con Antauro para plantearle la necesidad de recuperar el dominio de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) o para solicitar que esta deje de estar bajo el control de la PCM, y de nuestro castrense Primer Ministro. Queda por averiguar qué significan estas movidas en un esquema en donde las labores de inteligencia aún son asumidas como una función militar, contradiciendo a los objetivos de un Estado que intenta organizarse bajo premisas democráticas. Otra revelación es que empresarios mineros se habrían reunido con Antauro con el fin de buscar su intermediación para alcanzar la licencia social en una futura zona de explotación en Cajamarca.

Volviendo al tema de la capacidad política, las señales desde el gobierno siguen siendo poco satisfactorias, empezando por la explicación del Presidente a la embarazosa situación del menor de los Humala –Alexis– cuando aún no se había iniciado su gobierno. La solicitud de los empresarios, que parecen interpretar su propia versión de lo que significa ‘pragmatismo’ (una de las palabras preferidas del Premier) refleja el hecho de que no existan operadores políticos en el gobierno, y que la relación más cercana que los empresarios perciben con las, para ellos, insondables rondas campesinas o movimientos de protesta, sean los etnocaceristas liderados por Antauro. Otras señales de debilidad parecen ser la facilidad con la que se desarmó el programa de ‘Gestores para el desarrollo’ y el hecho de que sectores del fujimorismo demanden la cabeza de la ministra Salas, una de las pocas que es percibida como cercana al sector progresista del gobierno.

La supuesta prueba de fuego para el gobierno que representa Conga, viene siendo aplazada con peritajes de uno y otro lado. Mientras tanto, se presentan cifras sobre la popularidad del Presidente que han llegado a un pico de 59% y que hoy bajan a 53%. La explicación de los medios para la baja es, cómo no, el tema de Antauro. Hace unos meses, reflexionábamos sobre el «nuevo cerco» a Ollanta Humala desde sectores del aprismo y el fujimorismo y la prensa conservadora. Esperábamos entonces, cuando todavía existía el gabinete Lerner, que esta presión encuentre un tope.

Hoy, pareciera que la estrategia del palo y la zanahoria se viene imponiendo, vía las encuestas que parecen manejar el humor de la pareja presidencial. Por otro lado, el acercamiento a Antauro de ciertos personajes en busca de influencias indica que hay varias formas de «resolver» los problemas al margen del Presidente, es decir, que éste todavía es una figura relativamente impredecible, aun cuando sea porque se percibe que casi todo su poder real ha sido cooptado. Tampoco parece haber forma de recuperar, desde la izquierda, el espacio perdido en el gobierno. Lo que queda sigue siendo una serie de negociaciones que dejen al Mandatario en ese tibio lugar entre el 55 y el 60% de popularidad.
desco Opina / 19 de marzo de 2012
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viernes

Arequipa al desnudo

Las lluvias, que cayeron con fuerza estos dos meses y aún no menguan, han develado la falta de planificación en toda nuestra región. En la ciudad se ejecutan obras viales sin considerar drenajes pluviales, y en las carreteras no se hacen mejoras definitivas sabiendo que en época de lluvia siempre hay desbordes, como en el caso de Pescadores en Ocoña (Camaná). La infraestructura agraria sigue siendo precaria, y no se percibe una política agraria nacional que también atienda a la pequeña agricultura con eficiencia. Y sobre las represas, los ciudadanos estuvieron en zozobra porque la represa de El Frayle, con un severo proceso de colmatación, continúa funcionando sin ser reparada o suplantada. Pareciera que en las decisiones de ejecución presupuestaria en infraestructura no se toma en cuenta una variable tan importante como el clima.

En esta temporada de lluvias, y también nevadas, la peor parte la llevaron los distritos rurales, los más vulnerables a la desidia de las autoridades. Mientras que Arequipa urbana el 60% de pistas se dañaron, los desagües colapsaron y las casas se inundaron, en la Arequipa rural pueblos enteros quedaron incomunicados por derrumbes y erosión en las carreteras internas, desabastecidos de agua potable y alimentos, y se perdieron cientos de hectáreas agrícolas e infraestructura de riego por la crecida de los ríos. Además decenas de pobladores vieron desaparecer sus precarias viviendas.

Las últimas semanas se ha cuantificando el daño ocasionado por las lluvias. Alfredo Zegarra, alcalde provincial de Arequipa, calculó 50 millones en pérdidas en el sector rural y 26 millones en el sector urbano en la provincia de Arequipa. Elmer Cáceres Llica y los alcaldes distritales de la provincia de Caylloma reportaron, en un comunicado público, la pérdida de 8 mil hectáreas de terrenos de cultivo y cosechas, que sumados a los daños de vivienda, infraestructura vial, educativa y salud, se han valorizado en S/.100 millones de soles. Las estimaciones sobre los daños en otras provincias fueron más conservadoras; sin embargo, hay perjuicios que van más allá de la fotografía del día, es decir ¿qué pasará con las personas que perdieron sus casas?, ¿qué pasará con los agricultores que con préstamos sacaron adelante sus cosechas ahora perdidas? ¿Cómo solucionarán sus problemas económicos las personas que perdieron su sustento de vida (como en Sibayo por ejemplo)?

El Gobierno Regional de Arequipa transfirió a varias municipalidades 3 millones 125 mil soles para atender emergencias en sus localidades, y a la fecha se ha gastado 7 millones en estos menesteres; pero no ha sido suficiente. El presidente regional, Juan Manuel Guillén ha estimado que se necesitarán por lo menos S/. 250 millones de soles para la reconstrucción, aunque remarcó que es necesaria una reunión con los alcaldes de todas las provincias para sustentar técnicamente esta petición ante el Ejecutivo.

Se hace necesario un serio levantamiento de información en cada localidad, pues hay variaciones sustanciales, por ejemplo, entre las hectáreas agrícolas perdidas reportadas en la prensa por las Juntas de Usuarios y las reportadas por Defensa Civil.

Juan Manuel Guillén ha enfatizado que no se hará rehabilitaciones (parches) sino que se reconstruirá. ¿Qué se reconstruirá? ¿Cómo se ejecutará este presupuesto? Es una tarea que hay que seguir de cerca. Resulta una tarea urgente la incorporación de la gestión de los riesgos, climáticos en particular, en la gestión pública y en instancias de concertación público-privada para enfrentar las vulnerabilidades en los ámbitos rural y urbano.


Ver reporte de daños en anexo adjunto.
desco Opina - Regional / 9 de marzo de 2012
Programa Regional Sur

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Humala: Tiempo de decisiones

Una encuesta reciente de Ipsos Apoyo muestra los buenos resultados de popularidad del presidente Humala, lo que podría leerse como un acierto en la orientación de su gobierno. Aun cuando la opinión recabada haya sido fundamentalmente urbana y existan dudas sobre el momento de su realización, la encuesta muestra que el Presidente mantiene cotas altas en todos los sectores sociales, amén de un crecimiento notorio en el sector A. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras.

La citada encuesta evidencia que un tercio de peruanos no está conforme con el desempeño del gobierno. Las razones se ubican en tres rubros bien definidos: existencia de corrupción, inseguridad ciudadana y el hecho de estar frente a un gobierno «mentiroso». Lo mejor que ha podido ocurrirle al Presidente es que la prensa haya estado «capturada» por “Artemio” en una pauta que no dejó espacio para preguntar por su inmutabilidad frente a los graves desastres generados por las lluvias en diversas regiones del país. Tampoco hay mucho interés de los medios por indagar con el Ministro de Economía cuáles son los escenarios previstos ante los probables impactos de la crisis económica mundial.

Si bien el gobierno ha querido colocar la captura de Artemio como un logro en su oferta de orden y seguridad, su desempeño frente a los conflictos sociales muestra los límites de esa oferta en un país que económicamente ha crecido, pero socialmente permanece acechado por la injusticia redistributiva y la presión extractiva sobre el agua y la tierra. Al respecto, se avecina no sólo capítulo definitivo del drama Conga –proyecto minero de Yanacocha en Cajamarca– sino también el choque por la renta cuprífera entre las regiones Tacna y Moquegua (Southern), la volátil situación en Espinar (Xstrata) y Chumbivilcas (Anabi y Ares) y el desenlace de la tensión que en Arequipa genera el uso de las aguas del Río Chili en la ampliación de las operaciones de Cerro Verde.

Queda claro que el centro del debate está en el campo de las inversiones extractivas. Aunque «los hechos hablen», lo cierto es que el Presidente Humala no ha hecho explícito el contenido de su política «Conga Va». Al contrario de lo que puede pensarse, esto genera desconfianza no sólo entre los «descontentos» con el gobierno: la preocupación se extiende entre los propios inversionistas, que con ese margen de incertidumbre deberán enfrentar en el terreno la exigencia de procesos de consulta previa una vez que se implemente el respectivo reglamento de la Ley 29785.

Desde el difuso conglomerado de liderazgos sociales y políticos que se resisten al «Conga Va» tampoco se han abordado las claves de este crucial enfrentamiento. Decididos a jugarse en el esquema de la agitación y la movilización –que rindió sus mejores frutos con la “Marcha por el Agua”– el presidente regional de Cajamarca y el recientemente reconocido partido político «Tierra y Libertad» parecieron minimizar su atención sobre los términos del peritaje al proyecto minero. Tratando de retomar el paso, anuncian ahora la existencia de un segundo peritaje, auspiciado por el Gobierno Regional de Cajamarca, lo que sin duda, abre un nuevo momento en el prolongado conflicto.

En el desenvolvimiento de Conga –con operaciones anunciadas para fines de marzo– se define no sólo la relación expectante entre Humala y el empresariado minero –fundamento fiscal de sus políticas sociales– sino también el futuro de importantes herramientas como la consulta previa y los procesos regionales de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio deben ser los primeros puntos de agenda de quienes aspiran la representación del descontento. La advertencia de que las iniciativas derivadas de decretos de urgencia estarían excluidas de consulta previa genera preocupación, más aún si recordamos que los «decretos de urgencia» fueron la vía predilecta que el gobierno de García empleó para abrir el paso a la inversión en territorios comunales y amazónicos. Aunque la acusación de continuar el programa contra el «perro del hortelano» no parece afectar al entorno presidencial, no cabe duda de que lo conveniente para el país es alejarse del estilo García, que en última instancia es el que empujó al trágico desenlace de Bagua.


desco Opina / 2 de marzo de 2012
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