Humala: Tiempo de decisiones

Una encuesta reciente de Ipsos Apoyo muestra los buenos resultados de popularidad del presidente Humala, lo que podría leerse como un acierto en la orientación de su gobierno. Aun cuando la opinión recabada haya sido fundamentalmente urbana y existan dudas sobre el momento de su realización, la encuesta muestra que el Presidente mantiene cotas altas en todos los sectores sociales, amén de un crecimiento notorio en el sector A. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras.

La citada encuesta evidencia que un tercio de peruanos no está conforme con el desempeño del gobierno. Las razones se ubican en tres rubros bien definidos: existencia de corrupción, inseguridad ciudadana y el hecho de estar frente a un gobierno «mentiroso». Lo mejor que ha podido ocurrirle al Presidente es que la prensa haya estado «capturada» por “Artemio” en una pauta que no dejó espacio para preguntar por su inmutabilidad frente a los graves desastres generados por las lluvias en diversas regiones del país. Tampoco hay mucho interés de los medios por indagar con el Ministro de Economía cuáles son los escenarios previstos ante los probables impactos de la crisis económica mundial.

Si bien el gobierno ha querido colocar la captura de Artemio como un logro en su oferta de orden y seguridad, su desempeño frente a los conflictos sociales muestra los límites de esa oferta en un país que económicamente ha crecido, pero socialmente permanece acechado por la injusticia redistributiva y la presión extractiva sobre el agua y la tierra. Al respecto, se avecina no sólo capítulo definitivo del drama Conga –proyecto minero de Yanacocha en Cajamarca– sino también el choque por la renta cuprífera entre las regiones Tacna y Moquegua (Southern), la volátil situación en Espinar (Xstrata) y Chumbivilcas (Anabi y Ares) y el desenlace de la tensión que en Arequipa genera el uso de las aguas del Río Chili en la ampliación de las operaciones de Cerro Verde.

Queda claro que el centro del debate está en el campo de las inversiones extractivas. Aunque «los hechos hablen», lo cierto es que el Presidente Humala no ha hecho explícito el contenido de su política «Conga Va». Al contrario de lo que puede pensarse, esto genera desconfianza no sólo entre los «descontentos» con el gobierno: la preocupación se extiende entre los propios inversionistas, que con ese margen de incertidumbre deberán enfrentar en el terreno la exigencia de procesos de consulta previa una vez que se implemente el respectivo reglamento de la Ley 29785.

Desde el difuso conglomerado de liderazgos sociales y políticos que se resisten al «Conga Va» tampoco se han abordado las claves de este crucial enfrentamiento. Decididos a jugarse en el esquema de la agitación y la movilización –que rindió sus mejores frutos con la “Marcha por el Agua”– el presidente regional de Cajamarca y el recientemente reconocido partido político «Tierra y Libertad» parecieron minimizar su atención sobre los términos del peritaje al proyecto minero. Tratando de retomar el paso, anuncian ahora la existencia de un segundo peritaje, auspiciado por el Gobierno Regional de Cajamarca, lo que sin duda, abre un nuevo momento en el prolongado conflicto.

En el desenvolvimiento de Conga –con operaciones anunciadas para fines de marzo– se define no sólo la relación expectante entre Humala y el empresariado minero –fundamento fiscal de sus políticas sociales– sino también el futuro de importantes herramientas como la consulta previa y los procesos regionales de ordenamiento territorial, que a nuestro juicio deben ser los primeros puntos de agenda de quienes aspiran la representación del descontento. La advertencia de que las iniciativas derivadas de decretos de urgencia estarían excluidas de consulta previa genera preocupación, más aún si recordamos que los «decretos de urgencia» fueron la vía predilecta que el gobierno de García empleó para abrir el paso a la inversión en territorios comunales y amazónicos. Aunque la acusación de continuar el programa contra el «perro del hortelano» no parece afectar al entorno presidencial, no cabe duda de que lo conveniente para el país es alejarse del estilo García, que en última instancia es el que empujó al trágico desenlace de Bagua.


desco Opina / 2 de marzo de 2012

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La Teatralización de la Gran Transformación

Teniendo en cuenta los actuales niveles de aprobación de los que goza el gobierno, se puede afirmar que la crisis del gabinete Lerner fue superada sin mayores costos políticos. Sin embargo, la opción del presidente -y su nuevo premier- por profundizar los gestos de distanciamiento respecto al programa de la Gran Transformación podría estar cultivando futuras tempestades.

Denominar “teatralización” a los testimonios de la violencia expuestos por la Comisión de la Verdad no es sólo una afirmación grotesca del premier Valdés: muestra la persistencia en el poder del corporativismo de las fuerzas armadas, alejándose de las promesas de cambio respecto a la agenda de justicia y reparación y mostrando un temperamento más bien cercano a personajes como Giampietri y otros militares que, antes, desde altas esferas del Estado han intentado desmerecer el Informe de la CVR y las recomendaciones que ésta hiciera al país.

Por la misma ruta de las calificaciones destempladas le siguió el presidente Humala, que comparó al presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, con el dictador camboyano Pol Pot. El infeliz símil propuesto por el Presidente es parte de un discurso con que el que busca formarse una imagen garantista para la inversión, dirigido a los empresarios con los que conversó en España y Suiza, antes que al consumo interno, harto acostumbrado a los deslices tropicales de los gobernantes.

El gobierno parece decidido a no transcender el simple expediente de administrar el crecimiento económico, aunque para esto se sienta obligado a guardar en el clóset los argumentos de cambio esgrimidos durante la campaña electoral. Siguiendo al premier Valdés, la gran transformación “no va”, porque se contrapone a un Estado eficiente, ágil y pragmático. La agenda propia queda para mejores días mientras vemos cómo Humala y sus colaboradores actuales asume paulatina -¿momentáneamente?- la que sostienen quienes realmente detentan el poder en el país y que fueron derrotados en los comicios de junio.

Si algo positivo ha tenido para la izquierda la crisis política que se resolvió con su apartamiento del gobierno, es que la ha vuelto a poner en el centro del debate. De alguna manera, la preocupación generalizada es lo oneroso que resulta para la vida política del país tener prácticamente vacío el espacio que debe ocupar. Al respecto, en los próximos meses son muchos los espacios que se proyectan decisivos para que una acción política de izquierda tome forma más allá de los cálculos de entrada y salida de los círculos próximos a Humala. En principio, la oportunidad para que el debate sobre el modelo extractivista y su relación con el desarrollo pueda procesarse a escala nacional la está dando la pugna por Conga.

El anuncio del Ministro de Economía de que el peritaje al controvertido proyecto minero no incluye al Estudio de Impacto Ambiental pone un poco más de combustible al mechero de la “Marcha por el Agua”, la que, según indica la prensa, traerá a más de mil comuneros cajamarquinos hasta la capital. Si tomamos en cuenta que también está pendiente de definición el contenido del Reglamento de la Consulta Previa, vemos que las pulsiones que animaban al electorado de “la Gran Transformación” siguen vigentes, aún a despecho de la orientación actual de Humala. En este campo, la izquierda peruana tiene aún una oportunidad para ponerse al día, sin ceder a la presión de convertirse al credo del mercado. La pregunta es si diezmada y dispersa como se encuentra ahora, marchará o no al encuentro de esa oportunidad.

desco Opina / 03 de febrero de 2012

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La selva y el efecto mariposa

En estos cuatro primeros meses de gobierno acaecieron una serie de conflictos en diversas regiones del país. Si bien es cierto muchos de ellos tienen sus orígenes en gobiernos anteriores, el manejo del actual Ejecutivo ha merecido duras críticas por sus avances y retrocesos; así como por las manifiestas contradicciones entre sus miembros, lo que ha demostrado la falta de estrategias para abordarlos.

La selva central no ha sido ajena a esta tendencia conflictiva aunque no haya merecido la atención del Ejecutivo, lo que en el largo plazo puede generar problemas, pues transmite una sensación de desinterés. En primer lugar, recordemos que unas desatinadas gestiones y declaraciones del Congresista Federico Pariona, en relación a la sede de la recientemente creada Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, motivaron la paralización por 24 horas de la provincia de Chanchamayo. Aunque los medios periodísticos digan lo contrario, el paro preventivo fue bien manejado por sus convocantes y nunca buscó enfrentar a dos pueblos hermanos como Pichanaqui y Chanchamayo, pero sí alteró los ánimos de líderes representativos de ambos distritos y generó algunas pérdidas al turismo y comercio local. El manejo del conflicto aparentemente no concitó el interés del Gobierno Central, pero sí el de aquellos que se sienten afectados con las noticias, quienes actualmente se vienen movilizando por canales legales y pacíficos para la solución de sus inquietudes. La solución definitiva no depende de ellos, por lo que aún no puede decirse que alrededor de este tema la calma esté asegurada, y el riesgo de enfrentamientos reales y bloqueos de carreteras está todavía presente.

Por otro lado, en la selva central quedan temas ambientales pendientes, que en muchas reuniones locales salen a la luz amenazando con transformarse en conflictos. Estos deben de ser atendidos antes de que lleguen a su fase de crisis. En primer lugar, podemos señalar la futura explotación de hidrocarburos en los lotes 107 y 108. Las actividades preliminares que se vienen realizando cuentan con una aparente aprobación social de los líderes de las comunidades nativas pero con muy poco arraigo en sus bases, lo que nos dice que estas empresas extractivas no pueden sentirse satisfechas con estos apoyos. Por otro lado, si consideramos que parte de estas explotaciones están dentro del ámbito de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha, es de suponer que se escucharán otras voces disconformes que no necesariamente serán de las etnias originarias.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, otro tema pendiente de atención es el contrato de construcción de la central de Paquitzapango en el río Ene (Satipo), parte del acuerdo energético entre Perú y Brasil. Esta obra requerirá la construcción de una represa que derivará en una gigantesca laguna artificial y afectará a unos 12 mil habitantes entre nativos y colonos, quienes tendrían que abandonar sus tierras productivas. Las comunidades nativas a través de sus centrales han señalado lo inconsulto de este contrato de acuerdo energético, y en más de una ocasión en la selva central se han señalado intenciones de movilizaciones, bloqueos de carreteras y paralizaciones subregionales promovidas desde las bases de las comunidades nativas que están en contra de esta obra.

El llamado «efecto mariposa» se sustenta en una teoría que propone que los pronósticos meteorológicos pueden tener un margen de error no identificado, cuyas causas se producen en distancias lejanas, por una causa aparentemente tan simple como el aleteo de una mariposa. En el clima social peruano, la analogía cobra vigencia y un lejano aleteo de mariposa tal vez pueda ser la paralización de Andahuaylas o el caso de minas Conga, cuyo errado manejo ya ha trascendido nuestras fronteras.

Las paralizaciones que hasta ahora se le han presentado a Ollanta Humala no ofrecen visos suficientes que demuestren haber sido políticamente concertadas para ponerle trabas al actual gobierno. Todo indica que se están asomando las promesas de campaña electoral difíciles de cumplir, ya que no existe ningún grupo político que tenga la capacidad de convocatoria para jaquear al Ejecutivo –sobre todo en las provincias donde Gana Perú obtuvo su más alta votación–, pero sí existen señales de ausencia de orientaciones claras sobre el tema, donde la presión de las masas, por ejemplo, logró arrancar la promesa de declarar Andahuaylas libre de minería; lo que puede terminar siendo el lejano «aleteo de mariposa» que necesitan los líderes de la selva central para poner en el tapete los conflictos latentes. La Ley de Consulta Previa tal vez tenga la oportunidad de ser puesta a prueba, pero mientras no se tenga totalmente claro cuál es la capacidad y la voluntad de aplicarla, esta norma podría ser insuficiente.

desco Opina / 16 de diciembre de 2011
Programa Selva Central
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El Estado de emergencia en Cajamarca y primeras notas sobre el Gabinete Valdés

El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.

El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.

No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.

El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.

No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.

desco Opina / 12 de diciembre de 2011

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Con guitarra y con cajón, pero sin agua

Al momento de publicar estas líneas ya ha comenzado el paro indefinido contra las actividades del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, vieja conocida de Cajamarca. El discurso del presidente Ollanta Humala donde señala que el gobierno quiere «el agua y el oro», no hizo sino exacerbar el ánimo de quienes creen que no se puede tener ambas cosas a la vez y que lo más probable es que la herencia de Conga, tiempo después de agotado el recurso, no sea más que una gran bolsa de dinero y un serio problema de agua en la región.

En efecto, múltiples experiencias en diversas zonas del país con minería en las cabeceras de las cuencas de ríos han resultado en la contaminación de las fuentes del agua que discurre por las quebradas hasta los pueblos, ciudades o extensiones agrícolas asentados en los valles. Que quienes consuman el agua en las partes medias y bajas de las cuencas tanto como quienes forman opinión desde el manejo de los medios de comunicación y la política, no tengan aún plena conciencia de dónde se origina el recurso es parte sustantiva del problema. Ambas ignorancias avalan la irresponsabilidad de ciertas empresas e invisibilizan el rol de los compatriotas de las alturas en la producción de agua y la conservación de los ecosistemas que hacen que esta producción sea posible.

desco viene promoviendo, desde la década de los noventa, la cosecha del agua en las cuencas altas de los ríos como propuesta técnicamente viable y de adopción relativamente sencilla por las comunidades para hacer frente a problemas de escasez durante las épocas de sequía. Esta es una alternativa que debería ser incorporada en cualquier propuesta de manejo de los recursos hídricos en las zonas altas, y que debería ser parte integral de las estrategias de gestión territorial en las regiones que comparten el espacio andino. Lamentablemente, estos esfuerzos significan poco en un contexto en el que no hay una política pública articulada para la gestión del territorio ni para el uso racional y responsable del recurso hídrico.

Esto es un tema que va más allá de las sutilezas técnicas de quienes están a favor o en contra del proyecto de creación de reservorios que propone el proyecto Conga en su controvertido estudio de impacto ambiental. Las razones técnicas de uno y otro lado deben ser esclarecidas por expertos, pero ante todo, deberían estar supeditadas al interés social, lo que implica que para abordar el tema del agua en serio, hay que adoptar primero una mirada política y definir prioridades.

A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala, les cayeron muy mal las declaraciones sobre Conga. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar mediante sus «canales regulares» durante todo este periodo. Pero la respuesta presidencial a los dilemas de Conga revela una problemática mayor: la falta de políticas claras respecto de la gestión medioambiental, en especial del agua, y de las responsabilidades de la empresa privada respecto de éstas.

En este momento, pareciera que el gobierno está de acuerdo con los inversionistas mineros en que la única «gallina de los huevos de oro» es la inversión minera. ¿Es así para los habitantes rurales que son tomados en cuenta como mano de obra de los proyectos extractivos solo en las fases de construcción más no en la de operación por estar sub-calificados?, ¿es culpa suya estar sub-calificados para operar maquinaria?, ¿es culpa de los gobiernos regionales que reciben –mediante el canon minero– directamente una fracción de la renta generada por las empresas y a los que a menudo se les acusa de gastar muy poco sobre el monto total del mismo?, ¿deben estar felices los trabajadores agropecuarios que ganan lo mismo (o menos) pero que ven el costo de los servicios de la ciudad incrementarse exponencialmente por la influencia de la operación minera? A una clase dirigente responsable debería inquietarle que los campesinos estén genuinamente preocupados por el agua. Debería decirles algo sobre las reales condiciones de vida de estas personas, más allá de pretender, con gran arrogancia, que no saben lo que quieren o que son completamente manipulables. Algo hay de esta arrogancia en el tecnologismo fáustico que cambia lagunas formadas durante millones de años por obras de ingeniería, como si fueran lo mismo.

La movilización en Cajamarca, y antes en Andahuaylas, dice muchas cosas sobre el cambio en la correlación de fuerzas que se espera de este gobierno, todavía demasiado poroso para los poderes tradicionales pero muy volátil para los sectores progresistas. Al parecer, poner a figuras clave en ciertos ministerios no ha bastado para ordenar el panorama. Se requieren orientaciones centrales como las que ha planteado el secretario técnico del Acuerdo Nacional sobre poner el agua como punto de agenda para un nuevo consenso nacional sobre este recurso estratégico. No obstante, los anuncios sobre transferir la Autoridad Nacional del Agua (junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y los Estudios de Impacto Ambiental-EIA) a la PCM, van exactamente en la dirección contraria, quitándole poder a las instancias que deberían tener una opinión independiente en un tema tan delicado como éste. Abordar el tema del agua en serio es mucho más que revisar un EIA, requiere sincerar la cancha de las negociaciones y nuevos compromisos desde arriba, incluyendo decidir dónde puede haber minería y dónde no, y eso es gobernar, en serio.

desco Opina / 25 de noviembre de 2011
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