Derechos, concesiones y protestas

 

La minería informal en Perú no es un fenómeno reciente, pero su visibilidad y expansión han alcanzado un punto crítico los últimos años, no solo por los enfrentamientos violentos entre sus pares, sino también por los crímenes sangrientos perpetrados por la delincuencia en las mismas zonas de explotación, además de las frecuentes protestas.

Desde finales de junio, los mineros informales han organizado bloqueos y paros en corredores estratégicos en el norte y el sur del país, exigiendo por cuarta vez la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y cambios en el régimen de formalización. Con esta medida presionaron al Congreso para que se apruebe la ley que regula el régimen especial para la pequeña minería, minería artesanal y minería tradicional (Ley MAPE). La dilación del paro obligó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a revisarla al término de la primera semana de julio. Sin embargo, el predictamen no alcanzó los votos necesarios para su aprobación y el proyecto quedó reprogramado para su discusión en una próxima legislatura.

Durante la tercera semana de protesta, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) hizo una tregua para facilitar el diálogo con la Presidencia del Consejo de Ministros. Confemin exige la devolución de los Reinfo a 50 000 mineros, que en la víspera fueron excluidos del proceso. En este punto hay que precisar que el proceso de formalización de este sector inició en el 2012 y que, desde entonces, no ha logrado los objetivos esperados, permitiendo que muchos mineros ilegales se capitalicen sin que sean sancionados debido a que su proceso de formalización estaba en curso.

Hay que recalcar que en este conflicto convergen intereses legítimos de supervivencia económica y derechos territoriales de varios grupos poblacionales que han sido largamente olvidados por el Estado, y que han visto en la pequeña minería (formal, informal, comunal, pero también en la ilegal) una puerta para salir de la pobreza, sin prever los altos costos que esta actividad y las condiciones en las que se realiza, genera para su salud y la vida misma. Esta realidad no niega el impacto que esta actividad tiene sobre los derechos de otras poblaciones también olvidadas y que requieren de una respuesta expeditiva del Estado, a fin de contrarrestar los graves daños ambientales provocados por los relaves, el uso de dragas, quimbaletes y químicos que contaminan sus tierras y el agua que usan para sus actividades productivas. Ejemplo de ello son La Rinconada en Puno y diferentes lugares de Madre de Dios, una de las regiones más afectadas por esta actividad ilegal.

Si bien este gobierno no tiene ni la capacidad ni las ganas de solucionar este problema desde la raíz, es decir resolviendo problemas estructurales, sí podría comenzar por revisar el marco legal de las concesiones mineras, que es una de las demandas de la Confemin y uno de los escollos para la efectividad del proceso de formalización.

Según datos de CooperAcción, el 15,5 % del territorio nacional –cerca de 20 millones de hectáreas– está concesionada a titulares formales (generalmente a la mediana y gran empresa) que, por un pago de derecho de vigencia que varía entre los US$ 0.5 y US$ 3 mensuales por hectárea, pueden mantener esa titularidad por un tiempo indeterminado. Esto ha permitido que por muchos años estos “propietarios” realicen convenios con mineros informales para que exploten sus concesiones a cambio de una cantidad de dinero o un porcentaje de lo que extraigan. Con el inicio de la formalización, el gobierno solicitó como requisito a los informales, la oficialización de esos convenios en contratos que en muchos casos no se lograron concretar. Sin tierra no hay actividad que formalizar. De allí que, de los 84 000 mineros inscritos en el Reinfo, solo el 2.4% haya logrado formalizarse.

Así las cosas, las protestas recientes no son solo expresiones desesperadas; revelan la crisis profunda de un modelo extractivo que excluye y genera inequidad territorial. Mientras miles de hectáreas están ya aseguradas por empresas formales, un sector amplio de mineros artesanales sigue excluido del sistema, expuestos a la vulnerabilidad legal y la coerción de actores criminales.

El Estado extiende concesiones, pero carece de mecanismos eficaces para garantizar la conexión entre concesiones grandes y la minería artesanal, informal o comunal. Además, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) ha demostrado que ha sido poco cuidadoso al aprobar concesiones, superponiéndolas a otros derechos territoriales, como los comunales o zonas de amortiguamiento de reservas naturales. Apurímac es un ejemplo de ello, una de las regiones con más territorio concesionado (56%) y en donde los conflictos no cesan entre las comunidades y las grandes empresas.

Nuestro país necesita transitar hacia un modelo más inclusivo, ordenado y equitativo. Aunque suene bastante discutible, es necesario una reforma del Reinfo, pero con un saneamiento territorial serio que permita identificar las concesiones ociosas y a los titulares que han abusado de los “convenios” de la mano con los informales, recibiendo cómodamente pingües ganancias, pero invirtiendo solo en los derechos de vigencia, sin que les importe si se explota gente, si se contamina o si se fomenta en zonas aledañas la trata de personas. Se necesita simplificar los procesos de formalización para la minería informal, pero sin precarizar los controles ambientales ni dejar expuestas zonas con ecosistemas frágiles como en la selva. Hacer minería en los ríos de nuestra Amazonía no es un asunto negociable, en especial por la poca capacidad que ha demostrado el Ejecutivo para el control de la actividad en territorios intangibles.   

El Estado enfrenta un dilema: mantener la inviolabilidad de las concesiones –en la que creemos ha perdido capacidad– o reconfigurar el marco concesional para incluir a la pequeña minería como aliada estratégica. La respuesta se cae de madura, solo hace falta decisión política. Quedan cinco meses y medio para cerrar el proceso de formalización y que los informales pasen a engrosar la fila de los ilegales.

 

 

desco Opina – Regional / 18 de julio del 2025

descosur

Aruntani, la mala de la película

 

En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.

Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.

Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.

Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.

Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.

Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.

Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.

Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.

El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.

Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.

 

desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024

descosur

Tropezar de nuevo y con la misma piedra

Mientras el país estaba posesionado por los resultados futbolísticos y los inquietantes destapes del caso Odebrecht, nuevamente el Ejecutivo puso en debate un proyecto de Ley que afecta la sensibilidad de los derechos territoriales indígenas.

El Proyecto de Ley 1718 hereda la denominación «Ley del despojo» que le dejara el DL 1333, desestimado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República en mayo del presente año, y cuya derogatoria fue observada por el Ejecutivo. Aunque el nuevo proyecto excluye de manera expresa a los bienes inmuebles (léase terrenos) que “se encuentren en tierras y territorios de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas u originarios; áreas de reserva natural territorial o reserva indígena”, las organizaciones indígenas ya han empezado a movilizarse para impedir su promulgación. Y es de entenderse, porque en nuestro país aún existen muchas reclamaciones territoriales indígenas que no han encontrado solución final; de modo que tal exclusión no significa que no se vulnerarán los derechos de los pueblos originarios. El proyecto de ley cuenta con dictámenes favorables de la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización, se encuentra próximo a debatirse en la agenda del Pleno del Congreso y, al parecer, su aprobación sería inminente.

El sustento del llamado Pacto de Unidad, colectivo conformado por las organizaciones indígenas es bastante claro al respecto “…actualmente existen más de 10 000 comunidades campesinas, nativas y ribereñas que presentan problemas relacionados a la seguridad jurídica de sus territorios. Además, son más de 3000 comunidades de costa, sierra y selva a las que el Estado continúa negando su condición de pueblos indígenas y originarios al no incluirlas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura”. No existe data oficial de la extensión del territorio indígena que falta titular, ni del número de comunidades existentes que se hallan en esa situación, por lo que consideramos que la cifra vertida en su pronunciamiento no es muy confiable. Lo cierto es que hay estudios que señalan que del total de comunidades campesinas tituladas, el 61.5% no estaría georreferenciado y lo mismo sucedería con el 93.3 % de las nativas; así que el temor tiene plena justificación. Además, la nueva propuesta mantiene al denominado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) y en su redacción busca evadir el reconocimiento de derechos como el de Consulta Previa, situación que ha sido advertida por los líderes nativos.

La Confederación Nacional Agraria también ha advertido el riesgo que se cierne sobre los pequeños agricultores cuyos predios no están claramente georreferenciados y, en muchos casos, existen superposiciones con concesiones de explotación minera o de hidrocarburos que han culminado en serios conflictos con amenazas contra su integridad, inclusive.

La inversión en infraestructura indudablemente es muy necesaria para el desarrollo del país; sin embargo, esta no puede –ni debe– realizarse atropellando derechos. En el caso de las inversiones en infraestructura con fondos del sector privado, estas derivan en concesiones que generan grandes negocios, y los supuestos «justiprecios» que se otorgan a los campesinos resultan irrisorios en comparación con los beneficios económicos inmediatos y futuros que obtienen los operadores. Es decir, mientras el pobre agrava su situación, los poderes económicos llenan sus arcas con la anuencia del Estado peruano.

Un caso similar ocurre con el Proyecto de Ley 1123/2016-CR, aprobado este 7 de diciembre en el Congreso de la República tras su segunda votación. La norma promueve la construcción de carreteras y trochas carrozables en la región Ucayali y es impulsada por el congresista fujimorista Glider Ushñahua; sin embargo, es evidente que su puesta en vigencia afectará principalmente a las áreas boscosas que serán víctimas de procesos de deforestación agresivos, cuyos otros efectos colaterales no han sido evaluados, pero ya vienen siendo advertidos por los pobladores indígenas.

Como vemos, mientras el país sigue atribulado por la sanción FIFA a Paolo Guerrero “el depredador”, el Estado «distraídamente» tropieza dos veces con la misma piedra para dejar las puertas abiertas a otros depredadores, que son también sigilosos, pero mucho más contundentes.

desco Opina - Regional / 15 de diciembre de 2017

Programa Regional Centro

Los indígenas, las regiones y el territorio

Las elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto, algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.

Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599 comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada y en descanso.

Por otro lado, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el 10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso al crédito no llegan ni al 1%.

Asimismo, el 1.39% del territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades campesinas tienen superpuestas concesiones mineras. Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el Estado?

Estos datos generales son suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.

Más aun, esta es una realidad que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común (IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.

Entonces, si lo que se busca es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de estas posiciones.

De esta forma, desde las regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.

desco Opina / 26 de setiembre de 2014 

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La selva y el efecto mariposa

En estos cuatro primeros meses de gobierno acaecieron una serie de conflictos en diversas regiones del país. Si bien es cierto muchos de ellos tienen sus orígenes en gobiernos anteriores, el manejo del actual Ejecutivo ha merecido duras críticas por sus avances y retrocesos; así como por las manifiestas contradicciones entre sus miembros, lo que ha demostrado la falta de estrategias para abordarlos.

La selva central no ha sido ajena a esta tendencia conflictiva aunque no haya merecido la atención del Ejecutivo, lo que en el largo plazo puede generar problemas, pues transmite una sensación de desinterés. En primer lugar, recordemos que unas desatinadas gestiones y declaraciones del Congresista Federico Pariona, en relación a la sede de la recientemente creada Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, motivaron la paralización por 24 horas de la provincia de Chanchamayo. Aunque los medios periodísticos digan lo contrario, el paro preventivo fue bien manejado por sus convocantes y nunca buscó enfrentar a dos pueblos hermanos como Pichanaqui y Chanchamayo, pero sí alteró los ánimos de líderes representativos de ambos distritos y generó algunas pérdidas al turismo y comercio local. El manejo del conflicto aparentemente no concitó el interés del Gobierno Central, pero sí el de aquellos que se sienten afectados con las noticias, quienes actualmente se vienen movilizando por canales legales y pacíficos para la solución de sus inquietudes. La solución definitiva no depende de ellos, por lo que aún no puede decirse que alrededor de este tema la calma esté asegurada, y el riesgo de enfrentamientos reales y bloqueos de carreteras está todavía presente.

Por otro lado, en la selva central quedan temas ambientales pendientes, que en muchas reuniones locales salen a la luz amenazando con transformarse en conflictos. Estos deben de ser atendidos antes de que lleguen a su fase de crisis. En primer lugar, podemos señalar la futura explotación de hidrocarburos en los lotes 107 y 108. Las actividades preliminares que se vienen realizando cuentan con una aparente aprobación social de los líderes de las comunidades nativas pero con muy poco arraigo en sus bases, lo que nos dice que estas empresas extractivas no pueden sentirse satisfechas con estos apoyos. Por otro lado, si consideramos que parte de estas explotaciones están dentro del ámbito de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha, es de suponer que se escucharán otras voces disconformes que no necesariamente serán de las etnias originarias.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, otro tema pendiente de atención es el contrato de construcción de la central de Paquitzapango en el río Ene (Satipo), parte del acuerdo energético entre Perú y Brasil. Esta obra requerirá la construcción de una represa que derivará en una gigantesca laguna artificial y afectará a unos 12 mil habitantes entre nativos y colonos, quienes tendrían que abandonar sus tierras productivas. Las comunidades nativas a través de sus centrales han señalado lo inconsulto de este contrato de acuerdo energético, y en más de una ocasión en la selva central se han señalado intenciones de movilizaciones, bloqueos de carreteras y paralizaciones subregionales promovidas desde las bases de las comunidades nativas que están en contra de esta obra.

El llamado «efecto mariposa» se sustenta en una teoría que propone que los pronósticos meteorológicos pueden tener un margen de error no identificado, cuyas causas se producen en distancias lejanas, por una causa aparentemente tan simple como el aleteo de una mariposa. En el clima social peruano, la analogía cobra vigencia y un lejano aleteo de mariposa tal vez pueda ser la paralización de Andahuaylas o el caso de minas Conga, cuyo errado manejo ya ha trascendido nuestras fronteras.

Las paralizaciones que hasta ahora se le han presentado a Ollanta Humala no ofrecen visos suficientes que demuestren haber sido políticamente concertadas para ponerle trabas al actual gobierno. Todo indica que se están asomando las promesas de campaña electoral difíciles de cumplir, ya que no existe ningún grupo político que tenga la capacidad de convocatoria para jaquear al Ejecutivo –sobre todo en las provincias donde Gana Perú obtuvo su más alta votación–, pero sí existen señales de ausencia de orientaciones claras sobre el tema, donde la presión de las masas, por ejemplo, logró arrancar la promesa de declarar Andahuaylas libre de minería; lo que puede terminar siendo el lejano «aleteo de mariposa» que necesitan los líderes de la selva central para poner en el tapete los conflictos latentes. La Ley de Consulta Previa tal vez tenga la oportunidad de ser puesta a prueba, pero mientras no se tenga totalmente claro cuál es la capacidad y la voluntad de aplicarla, esta norma podría ser insuficiente.

desco Opina / 16 de diciembre de 2011
Programa Selva Central
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