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viernes

Más espacios públicos para Lima

 

La llegada de la temporada de verano trae consigo cambios importantes en la vida urbana para todas y todos. Es un momento en el que el uso intensivo de los espacios públicos en Lima, hace evidente las carencias temporales y la falta de atención a demandas básicas para mínimos aceptables de calidad de vida urbana.

Entre las carencias destacadas en la ciudad de Lima, está la falta de áreas verdes de recreación, parques y plazas públicas con buen mantenimiento para el uso de las y los ciudadanos. Principalmente en los barrios. Ante ello, es urgente invertir en el mejoramiento de dichos espacios públicos, que en esta temporada, son constantemente visitados por familias de Lima y otras regiones; así como garantizar el funcionamiento del transporte público masivo que adolece en medio del agotador y sofocante tráfico de la ciudad.

La inseguridad ciudadana, instalada como preocupación central de los vecindarios, y los latrocinios en las obras municipales y del gobierno central, las demandas por más y mejores áreas verdes vecinales; aparecen para algunos como asuntos exquisitos y de menor prioridad, frente a problemáticas como la ausencia de redes de agua potable y para consumo en las ciudades de la costa, la sierra y la Amazonía.

Sin embargo, las estadísticas sobre Lima son aplastantes al revisar la calidad de vida de sus habitantes respecto al tránsito, la diversa contaminación ambiental y la mala distribución de las áreas públicas existentes. Lima es una metrópoli que está muy por atrás en las encuestas que miden la oferta urbana (pública y privada) de servicios vecinales urbanos –propios de grandes ciudades o metrópolis– como son el transporte público masivo no contaminante y de calidad, acceso masivo a Internet con wifi abierto en espacios públicos, baños públicos gratuitos con políticas de género, parvularios y servicios para ciudadanas y vecinos ancianos, una adecuada iluminación nocturna y paraderos acogedores para pasajeros escolares, mujeres y cualquier ciudadano.

Diariamente, el Estado se pone de espaldas a la población limeña y sus urgentes necesidades. El alcalde metropolitano, Rafael López Aliaga, aspirante a presidente de la República 2026, ha priorizado acciones ridículas que ponen a la población en un estado de abandono, como su apuesta terca por seguir construyendo playas artificiales en parques zonales y la donación sospechosa de locomotoras de casi 40 años de antigüedad. No cabe duda que su incompetencia pervierte el sentido de urgencia de una ciudad que hace buen tiempo ha sido sobrepasada por la delincuencia.

Recordemos que el verano aparece como una buena ocasión para promover la apertura de espacios públicos para la comunidad, sobre todo de aquella que, debido a sus condiciones económicas y sociales, no pueden acceder a áreas recreativas o de descanso, como parques, lozas deportivas, etc., y por el aumento de la precariedad que cada día explota más el tiempo libre de las familias. Para lograrlo es indispensable superar las estrategias individualistas que priorizan el mercado y su funcionalidad, para dar paso a una gobernanza colectiva, que apueste por la recuperación de espacios tomados por la delincuencia y la mala gestión de las autoridades.

La dotación de áreas verdes, en cada barrio y distrito, es un indicador público del grado de desarrollo que hemos alcanzado en una perspectiva de democratización de la ciudad. Está más allá de las luchas contra la privatización de los espacios colectivos, públicos, de la urbe ya existentes en todos y cada uno de sus distritos. Es una demanda por mayores derechos que permitan disminuir las grandes diferencias sociales que nos caracterizan y recibir, del Estado y del municipio, ofertas atractivas de recreación y entretenimiento cultural, como cabinas de Internet, bibliotecas, espacios para la práctica del baile, para exposiciones fotográficas, de pintura y actividades teatrales. Estas pueden resultar de formas de organización democrática como lo son las juntas de vecinos de edificios, condominios, grupos residenciales y otros, aplicables al mejoramiento de las ciudades, los barrios y las propias viviendas.

Salta a la vista la necesidad de un plan verdaderamente concertado con todos los que vivimos en los distritos y el conjunto de la metrópoli. Un Plan que no existe, planes que nadie conoce o planes que sirven solamente para mostrarlos como un elemento decorativo de cumplimiento de la norma. La exigencia es que sean planes construidos de una manera verdaderamente participativa en una ciudad caótica que requiere un orden que tiene que venir de la autoridad, pero en el cual tiene que participar el ciudadano y comprometerse también a hacerlo realidad.

La construcción fallida de un puente peatonal innecesario e inconsulto, iniciado por un par de alcaldes distritales, es un mal ejemplo de cómo, por falta de canales institucionales de participación y diálogo, millones de personas que van a la playa en Lima verán afectada su calidad de vida los próximos meses, al impedir un buen uso de los reducidos espacios públicos con los que contamos.

 

desco Opina - Regional / 20 de diciembre

descoCiudadano

sábado

Aruntani, la mala de la película

 

En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.

Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.

Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.

Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.

Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.

Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.

Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.

Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.

El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.

Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.

 

desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024

descosur

viernes

Una guerra avisada que viene dejando bajas a escala global

 

Según Naciones Unidas este mes se celebran dos fechas que deben llamar a reflexión sobre otra guerra que es a escala global y viene produciendo grandes bajas a nivel mundial. Nos referimos al Día Internacional por la Madre Tierra y el Decenio de la Restauración de los Ecosistemas.

En ese marco, Perú no es ajeno a este conflicto y está siendo afectado por diversos acontecimientos como el registrado a inicios de año, cuando el 15 de enero se produjo el desastre ecológico generado por la empresa Repsol en la Refinería La Pampilla ubicada en el litoral peruano, en la propia capital del país, donde se derramaron más de 11 000 barriles de petróleo al mar, generando una gran afectación en la flora y fauna del litoral costero limeño. El daño causado pretendió minimizarse por altos directivos de la empresa, asegurando que los barriles no superaban los 6000, versión desmentida por las autoridades del Ministerio del Ambiente, a lo que se sumaron los serios cuestionamientos al uso del Plan de Contingencia, mencionado en su página web donde aseguraban contar con tecnología de punta para hacer frente a esta situación, versión que también fue desmentida por el Capitán del barco italiano que transportaba el combustible para su disposición en la refinería.

Como en la mayoría de conflictos, los daños colaterales y los perjudicados terminan por ser desconocidos y se minimiza la magnitud del desastre producido. Repsol no ha sido la excepción, demostrando su pobre interés por el cuidado del ecosistema marino y la protección de la Madre Tierra, aun cuando se ocasionó un daño de manera directa y evidente. Aunque el Poder Judicial emitió una orden de impedimento de salida del país por 18 meses para evitar que los altos funcionarios de Repsol salgan de Perú y respondan ante los tribunales, la decisión no asegura el compromiso para restaurar el ecosistema depredado producto del desastre ecológico.

A pesar del despliegue de más de una decena de instituciones encargadas del control en situaciones similares –Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Ingeniería y Minería (Osinergmin) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros–, que unieron fuerzas para ser parte del Plan de Acción y a pesar de que semanalmente se publicó un reporte de los avances de inspección, los resultados al día de hoy siguen siendo limitados.

Esto obliga a cuestionar la eficacia de las acciones para el control de desastres ocasionados cuando se dan lejos de Lima, en la Amazonía, donde se producen derrames de petróleo cada semana y no cuentan con difusión como la tuvo la tragedia en el litoral capitalino. En esos territorios la contaminación de ríos y grandes áreas agrícolas, propiedad de las comunidades es recurrente; al no darse el despliegue de instituciones visto en el caso capitalino, el resultado es que frecuentemente las empresas petroleras asentadas en la Amazonía responsabilizan a los comuneros de provocar los desastres. Gracias a un informe denominado “La sombra del petróleo” se ha demostrado que por lo general esos derrames resultan de la falta de mantenimiento de las tuberías y los limitados planes de contingencia para revertir los daños causados. Esta atención diferenciada donde las instituciones rectoras en materia ambiental no actúan de manera similar, evidencia que la descentralización es una fantasía para los pobladores de las comunidades y pueblos indígenas, quienes acompañados de instituciones defensoras del medio ambiente, se comprometen con el trabajo de mostrar los desastres producidos por las grandes empresas extractivas de petróleo; evidencia que muchas veces no llega a nivel nacional y circula apenas por los denominados «medios alternativos» ante el desinterés de los medios formales.

Si bien el desastre de La Pampilla mostró acciones de respuesta de la gente y de distintos activistas que de alguna u otra manera se sumaron a la limpieza de las zonas afectadas por el petróleo, es apenas un grano de arena considerando todas las playas afectadas por el desastre.

Si Lima alberga a más de la tercera parte de la población nacional, ¿será que la reacción de las instituciones, de los activistas y demás actores responde únicamente a la zona geográfica en la que se produce el desastre y a la capacidad de visibilizar y masificar la información? De ser así, todas aquellas zonas del territorio nacional que son impactadas por algún desastre que afecte a su ambiente inmediato producido por empresas extractivas estarán condenadas a no recibir la atención y acción necesaria, tal como se ha demostrado que se puede hacer en la experiencia del derrame de petróleo en la ciudad de Lima, que revela que hay cosas que se pueden hacer mejor.

 

desco Opina – Regional / 29 de abril del 2022

descoCiudadano