jueves

Juego de roles



No pasaron ni dos meses de la formación de la Mancomunidad de la Macro Región Sur y ya tuvo su primer traspié, debido a los repentinos cambios de opinión de hasta tres de sus miembros con respecto a la organización del primer debate presidencial descentralizado que tendría como escenario Arequipa.
Omar Jiménez Flores, gobernador regional de Tacna, argumentó su disidencia por una supuesta falta de neutralidad frente al proceso electoral  y porque recibió las llamadas de dos gobernadores (de Cusco y Apurímac) indicando su extrañeza por la organización de este evento sin un consenso de por medio; sin embargo, el debate fue conversado y asentido por todos durante la instalación de la mancomunidad. Otro hecho extraño es que los gobernadores se comunicaran con el gobernador de Tacna y no con Yamila Osorio,  presidenta de la mancomunidad.
¿La polarización de esta etapa electoral también sopló sobre la mancomunidad, o se jugaron otros intereses en esta desavenencia?  Con la negativa de Keiko Fujimori a la invitación del debate en el sur, tomando como aval el comunicado oficial del Gobierno Regional de Tacna, comenzaron las especulaciones sobre un acuerdo bajo la mesa de estos gobernadores con la candidata, que por ese entonces estaba arriba en las encuestas. Ellos lo negaron, pero la sospecha quedó en el aire. Hace pocos días, una pobladora cusqueña interpelaba en la radio y en vivo al gobernador del Cusco, Edwin Licona, por su negativa a apoyar el debate de candidatos en el sur: «ya te conseguiste tu madrina», le espetó.
El debate descentralizado de candidatos se trasladó a Piura. En el sur, en Cusco, se realizó el debate técnico entre las dos fuerzas en disputa, pero no se evidenció que la descentralización fuera un eje de la discusión; tampoco se hizo partícipes a los gobernadores del sur en su diseño.
En aras del empoderamiento de la mancomunidad como un bloque sólido frente al Gobierno Nacional, es necesario terminar con las diferencias mencionadas, pero no cubriendo el hecho con el olvido, sino discutiéndolo en el seno de la mancomunidad. Para la gobernadora, la lección es  poner todos los acuerdos en blanco y negro, en un acta pues  lamentablemente, la palabra en los escenarios políticos está muy devaluada.
No es conveniente mostrar un bloque con fisuras para la negociación, corriendo el peligro que el sur siga siendo ese trozo del Perú arrinconado por la falta de inyección presupuestal, con grandes  brechas de desarrollo entre sus pobladores.  La integración regional no sólo debe verse desde el lado técnico, son muy importantes los gestos políticos, como por ejemplo, ser leales con el liderazgo rotativo de la mancomunidad. El hecho de que Yamila Osorio, la única mujer del grupo de gobernadores varones, sea la primera en ocupar la presidencia de la mancomunidad, deber ser asumido por sus pares de forma más responsable, el cargo no sólo debe ser nominativo. No debemos permitir que la mancomunidad se convierta en un espacio más de frustración frente al poder.
Más aun, los gobernadores de la mancomunidad y todos los políticos del sur deben también expresar su apoyo explícito al estado de derecho y al fortalecimiento de la institucionalidad democrática del país, la vía más adecuada para construir y negociar una auténtica descentralización.

desco Opina - Regional / 27 de mayo de 2016
Programa Regional Sur
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viernes

Lo que se define el 5 de junio



La creencia popular atribuye a San Martín de Porres haber logrado que perro, pericote y gato comieran juntos del mismo plato. Un milagro de tolerancia, concertación de intereses y convivencia pacífica que en nuestro país, a pocos días de definirse la segunda vuelta electoral, resulta difícil imaginar, dados los antecedentes acumulados y las discordias que generan las opciones en carrera.
El llamado voto por el mal menor es en estas circunstancias, sin duda, distinto al de elecciones anteriores en las que las diferencias (entre Toledo y García o Humala y la señora Fujimori) eran nítidas y remarcadas continuamente por los adversarios. Hoy tenemos que «escoger» entre el copamiento del poder del fujimorismo –que no ha dudado en mostrar su respaldo a las economías delictivas y que se encuentra más que salpicado por el narcotráfico– y la profundización del entreguismo a las fuerzas del gran capital transnacional que PPK ha representado a lo largo de su extensa carrera como tecnócrata y político desde los tiempos del primer belaundismo.
El matiz parece estar en las condiciones de desenvolvimiento de la vida en democracia, más que en las propuestas de agenda de gobierno, pues temas como la descentralización y la diversificación productiva prácticamente no aparecen entre las propuestas, quizá porque no existe ninguna intención de revertir la recentralización del Estado que viene ocurriendo desde la administración de García, y continuada apenas con matices por Humala. Quedarán atrás los pocos avances logrados desde los gobiernos regionales y nuevamente postergadas las iniciativas dirigidas a una mejor administración, ocupación y acondicionamiento del territorio en función de intereses nacionales en el ordenamiento territorial.
Ya sin posibilidad de forzar una agenda distinta –papel que le correspondió en primera vuelta a Verónika Mendoza y en menor medida a Alfredo Barnechea– poco será el espacio político más allá del pacto de estabilidad que muy presumiblemente se forje con los resultados del 5 de junio en mano. Dado que para gobernar sin trabas Fuerza Popular no necesita acuerdo alguno con ninguna bancada parlamentaria –ni siquiera la de su actual oponente–, procederán más bien salidas pragmáticas y ocasionales, respaldadas por el consenso sobre el manejo económico; mientras que en caso de vencer Kuczynski, la «concertación» será sin duda con el fujimorismo. Los movimientos de la oposición necesariamente tendrán que proyectarse hasta las elecciones regionales de 2018 y las nacionales de 2021, y en el caso de la izquierda, en consolidar y mantener como activo el 20% logrado en la primera vuelta. Será un largo camino.
En lo inmediato, el voto del 5 de junio definirá qué versión de la derecha gobernará el país, a qué costos y qué condiciones impondrá para la movilización de las fuerzas progresistas que portan el postergado reclamo de cambio (ya traicionado impunemente por Humala). Y visto así, el voto del 5 de junio no es solo el del mal menor: es también una definición de la cancha popular. ¿Cómo nos irá mejor? ¿Enfrentado a la derecha populista, corrupta y fascistoide o a la derecha corporativa transnacional y entreguista?

desco Opina / 20 de mayo de 2016
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El Perú oficial y la Conferencia Hábitat III de Naciones Unidas



En octubre se realizará en Quito - Ecuador, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible – Hábitat III que dará continuidad a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Hábitat I, celebrada en Vancouver, Canadá, en 1976 que concluyó con la creación del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Posteriormente, en junio del 1996, se realizó en Estambul, la segunda Conferencia Hábitat II, también conocida como la Cumbre de las Ciudades.
La primera tarea encomendada luego a los gobiernos –incluido el Perú– para la realización de Hábitat III, fue alentar la conformación de Comités Nacionales de Hábitat para la realización del Informe Nacional, informe de país que debió ser entregado en junio del 2014 al Secretariado del Hábitat III dando cuenta de las medidas y avances alcanzados en el marco de los compromisos y la declaración del Hábitat II.
A la fecha no se conoce oficialmente si tendremos el informe país. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (responsable de ejecutar este compromiso) no ha informado nada y menos convocado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos sobre los temas de hábitat y que participamos desde el Hábitat I y II. Preocupa que el gobierno no  entregue el informe ni convoque a la sociedad civil para acopiar sus apreciaciones y planteamientos, trabajados desde organizaciones e instituciones que desarrollamos propuestas técnicas y prácticas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas y rurales del país.
Es bueno recordar que las dinámicas de urbanización mundial proyectan un crecimiento de la población urbana que para el año 2050 llegará al 65% del total mundial. En el Perú, solo al año 2025 las proyecciones indican que nuestra población urbana llegará al 82.03% del total nacional. Esto en un contexto en el que las ciudades real o potencialmente son los territorios de mayor concentración de la riqueza, en medio de una gran diversidad económica, ambiental, política y cultural. Pero que también corresponden a modelos de desarrollo (implementados en la mayoría de los países) caracterizados por patrones de concentración de la renta que benefician a pocos, provocando que las ciudades de acelerados procesos de urbanización, se caractericen por un crecimiento urbano sin planificación que trae consigo el asentamiento de millones de familias en zonas de alta vulnerabilidad, en medio de una creciente privatización del espacio público, depredación del medio ambiente y del territorio planetario en general.
No podemos olvidar que el gobierno peruano y una delegación importante de la sociedad civil estuvimos presentes en Hábitat II cuando se asumieron compromisos y se suscribió un Plan de Acción Mundial que especifica la necesidad de que los gobiernos implementen programas y políticas orientados a promover el acceso a vivienda adecuada para sus ciudadanos, a desarrollar capacidades para que los asentamientos humanos puedan ser sostenibles, impulsar procesos de habilitación de territorios para ser ocupados con participación ciudadana de sus habitantes e impulsar la igualdad de género en el acceso a la tierra. También a instaurar sistemas de financiamiento para facilitar el acceso y construcción de la vivienda en los sectores populares, con participación de la cooperación internacional para desarrollar proyectos de acceso y construcción de viviendas y la instauración de mecanismos de evaluación de los puntos referidos anteriormente.
Hoy denunciamos una vez más que en el Perú, la mayoría de los compromisos fueron incumplidos por los gobiernos que se han sucedido desde 1996. Será tal vez porque  como lo expresara el expresidente Francisco Belaúnde Terry, el Estado construía viviendas para los sectores medios porque los pobres solucionaban solos sus problemas, expresando así una manera peculiar de entender al Perú y sus necesidades, atendiendo una lógica de implementar políticas públicas que discriminan a las grandes mayorías, que a fin de cuentas son las que producen las ciudades en el Perú. Sería interesante conocer cuántas viviendas se han producido en estos años desde el sector privado de la construcción y cuántas desde el esfuerzo de las poblaciones de sectores populares para evidenciar el aporte real a la económica nacional y cuán necesario es contar con inversión pública para mejorar las viviendas autoproducidas por la gente en las principales ciudades del país y en Lima.
Ha sido en este marco que desco en Alianza con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú y la Coalición Internacional por el Hábitat realizó en octubre del año pasado el Encuentro Internacional de Sociedad Civil y Gobiernos Locales hacia Hábitat III: derecho a la vivienda, barrio y ciudad que concluyó señalando que “ante la configuración de territorios divididos, el ordenamiento territorial debe considerar e implementar regulaciones orientadas a revertir la tendencia histórica del campo hacia la ciudad y la concentración del capital y la financiarización de la economía, evitar la superposición de concesiones extractivas y áreas naturales protegidas, contrarrestar la generación de enclaves, buscando el fortalecimiento y desarrollo de las ciudades intermedias, con una revisión de la institucionalidad para lograr mayor coordinación territorial entre los distintos elementos del Hábitat, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el buen vivir de todas y todos”.
Las tareas urgentes por atender en el territorio nacional son de carácter técnico, político y administrativo. La manera de enfrentar las limitaciones y bondades del proceso de urbanización tienen que ser asumidas desde una lectura territorial que nos permita actuar sobre los vacíos acumulados durante décadas en que la atención a la vivienda de los sectores populares ha sido mínima, mal resuelta mediante el modelo de la  llamada invasión que le ha permitido al Estado desentender la habilitación de terrenos para las nuevas viviendas que han surgido y hacer una buena gestión del suelo. De haber planificado y conducido mínimamente bien el proceso de facilitar el acceso a la vivienda para los pobres, como la entrega de los títulos de propiedad, seguramente los especialistas no hablarían ahora de las posibles 50 000 muertes que puedan ocurrir solo en la ciudad de Lima en caso de producirse un sismo de gran magnitud.
Desde la sociedad civil seguimos trabajando y esperamos que el Estado y los sectores del gobierno nos convoquen a dialogar para avanzar juntos en la solución de estos problemas que nos afectan a todos. Así, por ejemplo, desde inicio del año desco, en alianza con la Fundación Friedrich Ebert, la Coalición Internacional por el Hábitat, WIEGO, la Pastoral Social de la Diócesis de Chosica, Alternativa, la Red Interquorum Arequipa, Cedepaz, Cidap, Cepru y la Universidad Nacional del Callao, venimos impulsando los talleres “Hábitat, ciudad y territorio: sustentabilidad y tareas pendientes en Lima Metropolitana, El Callao y el Perú”.  Estos talleres buscan identificar orientaciones prácticas para mejorar la gestión sustentable del hábitat, las ciudades y el territorio peruano. Las propuestas levantadas serán llevadas a Quito y se presentarán en el Foro Social frente a Hábitat III en vista de que el gobierno peruano ha asumido una postura que limita o ignora la participación efectiva de los ciudadanos peruanos y las organizaciones de la sociedad civil global, como ocurre en otra medida con la convocatoria oficial de la organización de Naciones Unidas.

desco Opina - Regional / 13 de mayo de 2016
Programa Urbano
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jueves

La teoría de la relatividad



Para muchos, cada vez menos, entre Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y Keiko Fujimori (KF) no habría diferencias fundamentales y votar por cualquiera de ellos tendría el mismo efecto. Por otro lado, un creciente contingente que eligió una opción diferente a los competidores de la segunda vuelta, está persuadiéndose que no son idénticos; parecidos, dicen, pero con notables diferencias en aspectos cruciales, todos ellos referidos a conducta democrática y, sobre todo, transparencia.
Fuerza Popular, aseguran estos últimos es, más o menos, el regreso de un pasado ominoso cuyos protagonistas –su padre y el asesor de éste– aún mantienen una influencia sobre sus huestes, que KF se fuerza en negar e incluso contradecir, sin lograr su cometido. Además –paradójicamente– juega en su contra el triunfo abrumador logrado en las elecciones parlamentarias que, para ojos de muchos, en un sistema político tan precario como el nuestro, sería el preámbulo de un nuevo ciclo autoritario si no evitamos que el clan Fujimori tome para sí los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Todo ello es innegable, aunque opta por la versión única y absoluta en el reino del relativismo que es la política. No es cuestión de afirmar que todos los gatos son pardos, pero hasta donde se recuerda, PPK no fue precisamente un opositor a Alberto Fujimori durante los 90 (ni después). Dedicado a la privatizada Edelnor, prefirió no comprometerse con asuntos políticos, dejando que sus ojos se cerraran ante lo que todos los peruanos vimos entonces. Por supuesto, PPK puede argumentar con toda justicia que no era lo mismo meter la mano en el pantano que mirar desde sus difusos bordes, pero no atinó siquiera a una tímida protesta.
También hay una historia alrededor del gas protagonizada por PPK que la izquierda peruana debe tener siempre presente, cuyos momentos iniciales se caracterizaron por la férrea oposición de Daniel Estrada desde el Cusco, a la que se sumó el recordado Javier Diez Canseco, siendo también materia de la acción parlamentaria y distintos libros de Manuel Dammert, respondidos por varios juicios. A ello debemos sumarle su paso por el gobierno de Alejandro Toledo,  cuando la destreza de sus asesores llevó a niveles insuperables la técnica de la «puerta giratoria». En efecto, como muchos recordarán, son los mismos asesores y asesoras que lo rodean hoy, no muy ocultos que digamos.
Y, claro, en derechos humanos las cosas no están tampoco en el sitio debido entre los ppkausas. Guido Lombardi, congresista electo por esa agrupación, presidió la comisión que investigó los sucesos de Bagua, ocurridos en junio del 2009, donde murieron 34 personas, estableciendo responsabilidad política en las exministras del Interior y Comercio Exterior, Mercedes Cabanillas y Mercedes Aráoz, respectivamente, así como en el ex primer ministro Yehude Simon. Como sabemos, Mercedes Aráoz es ahora  candidata a Vicepresidenta y también congresista electa de su partido político. Decía entonces Lombardi, que Aráoz no explicó correctamente al Consejo de Ministros los alcances de los decretos considerados lesivos por las comunidades amazónicas, para no poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos.
Entonces, sin ser precisamente trigo limpio, PPK tal vez no tiene las mismas connotaciones del fujimorismo, pero tampoco es portador de las credenciales necesarias para ser reconocido como una derecha sin tacha. ¿Cómo debería asumir políticamente la izquierda esta circunstancia? En primer lugar, lo fundamental está hecho, y creemos que bien: no direccionar el voto y buscar construir el espacio político imprescindible para maniobrar los próximos cuatro años.
Si PPK gana la segunda vuelta, los grupos económicos y las diferentes variantes de la derecha política presionarán muy fuerte para la afirmación de una superconvivencia PPK-KF, que tendría como objetivo «despejar» la arena política y asegurar el monopolio de las decisiones. Dicho de otra manera: armar una mayoría calificada que ponga de lado a los demás grupos parlamentarios. La condición para que ello suceda es que el fujimorismo soporte la derrota, manejando las tendencias centrípetas que ya muestra su bancada y amenguando en lo posible las furias que caerán sobre las cabezas de los keikistas, de ser derrotados. Adicionalmente, habrá que pagar por ver el comportamiento de la bancada del propio PPK, cuya solidez nadie puede asegurar.
Si es KF la triunfadora, podría suponerse que la derecha buscaría armar el equilibrio, teniendo a la bancada PPK y quienes se sumen como «oposición» a un régimen que será muy cuestionado en términos democráticos y, por lo mismo, tendrían en los pepekausas y demás, la crucial tarea de «garantes», en otras palabras, a los fiscalizadores inocuos que todo régimen con vocación autoritaria necesita. Demás está advertir que seguramente eso significaría el alejamiento de importantes personalidades del grupo parlamentario de PPK, que no estarán dispuestos a cumplir esa misión.
En ambos casos, está relativamente claro cuál es el rol político de la izquierda, además de proponerse como la oposición verdadera y orgánica. Hay necesidad de prepararse no solo para ser propositivos y ser vistos como alternativa. También debe evitar que la derecha consume su objetivo: cerrar completamente el espacio político sin chance a que parte de éste sea cubierto por otras voces.

desco Opina / 5 de mayo de 2016
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