jueves

Batiburrillo político

 

El Gabinete presidido por Guido Bellido, acudió al Congreso para obtener su voto de confianza, como estipula la Constitución vigente. Sin embargo, son pocas las veces en las que este procedimiento se haya llevado a cabo en un ambiente tan tormentoso como el actual.

Sin considerar la posibilidad, cada vez más cierta, de una tercera ola de la pandemia con consecuencias no previstas, la población peruana siente sobremanera el impacto de la inflación de los precios de los combustibles y alimentos, así como la apreciación del dólar respecto a la moneda nacional. Pero, no hay claridad en las causas y, menos aún, cómo enfrentar esta situación.

En todo caso, esto no puede atribuirse solamente a la idea de «desorden político» que busca instalar la derecha, porque a todas luces son resultados que trascienden a lo que pudo hacer o no un gobierno que tiene solamente tres semanas de gestión. Lo que sí puede señalársele al actual gobierno es que, en medio de su confusión, no haya previsto estas situaciones y amenguar sus efectos, lo cual empieza a pasarle una temprana factura.

Así, la encuesta nacional del IEP, realizada entre el 16 y 19 de agosto, tuvo entre sus resultados, además del rapidísimo desgaste del Presidente de la República –cayendo su aprobación del 53% al 38% en dos semanas–, el bajo grado de confianza que inspira (46% de la población), la generalizada opinión sobre la necesidad de realizar cambios en el Gabinete ministerial (79%), y las preocupaciones de la población peruana sobre su futuro económico (el 44% considera que empeorará su economía familiar y el 43% la economía del país).

Esto último, guarda sintonía con lo publicado por Ipsos Apoyo, cuando afirma que el 50% de la población expresa preocupación ante el gobierno del presidente Castillo, a solo dos semanas de haberse instalado.

Como suele ocurrir en estos casos, los voceros gubernamentales salieron a relativizar los resultados, apelando a los posibles errores metodológicos y las motivaciones políticas de las empresas encuestadoras. Sin embargo, deberíamos indicar que estos cuestionamientos desde quienes gobiernan nunca han sido acompañados de evidencia pertinente que contradigan los resultados presentados. Ha sido igual en este caso.

Mientras la opinión ciudadana, al parecer, iniciaba un rápido y profundo declive en su aceptación hacia el gobierno del presidente Castillo, éste pareció empeñarse en propiciar lluvia sobre el terreno mojado. El caso paradigmático de esta figura fue, sin duda y por ahora, la manera como resolvió políticamente la renuncia del canciller Héctor Béjar.

Las formas usadas por la derecha peruana para provocar esta decisión fueron, todas ellas, totalmente ajenas a cualquier criterio democrático. Pero, también, fue una «guerra anunciada» con procedimientos más que conocidos, porque si la derecha peruana encarnada en el fujimorismo no pudo ganar las últimas elecciones, fue precisamente porque no tiene otra manera de entender el régimen democrático que no sea una aplanadora puesta a su servicio, para arrasar así a cualquiera que se oponga a sus intereses.

Eso mismo, en versión corregida y aumentada, es lo que vemos en esa derecha mandona y cuartelaria que expresa Renovación Popular: la democracia como un ejercicio de suma cero, que le sirve de marco para imponer “una lista no negociable” de ministros que deben renunciar, porque ellos –y solo ellos– consideran que así debe ser. Finalmente, el lugar de Béjar ha sido ocupado por un diplomático de carrera y los cuestionamientos cambiaron de sentido. Ahora provienen desde sectores anidados en el partido gobernante, porque estiman que el nuevo Canciller es una concesión intolerable a la derecha.

Así, envalentonada porque considera que ha arrinconado al gobierno, la derecha arreció con sus exigencias de renuncias ministeriales, dizque, para proceder a otorgarle la confianza al Gabinete Bellido lo que, a su vez, fue respondido al inicio con una posibilidad de cambios para luego imponerse los duros de Perú Libre y decidir presentarse con el Gabinete tal cual está en estos momentos.

Este ha sido un escenario preocupante por la falta de iniciativa del espacio gubernamental y así llegó el Ejecutivo al 26 de agosto, día de la presentación del Gabinete, con nerviosas reuniones previas de ministros. En suma, fue muchísimo el ruido para tan pocas nueces porque de lo escuchado al premier Bellido solo podrá deducirse sin temor a equivocaciones que nada de lo que alimentó el griterío de la derecha peruana tuvo justificación alguna, pues ha sido más o menos lo que se presenta como «estrategias» gubernamentales en los últimos años. Salvo que suponga que crear un sistema de cuidados, cambios en el sistema de pensiones o plantear dudosas reformas al servicio militar, lo más «radical» que presentó el premier Bellido, sean las pruebas del «comunismo» gubernamental.

Más aun, Bellido fue tan fiel a lo anterior, que incluso siguió estrictamente sus formas: una enorme lista de lavandería que dice algo sobre lo que desea hacer, pero absolutamente nada sobre los resultados que se esperan obtener, salvo asistir y subsidiar a «la población vulnerable», lo cual es necesario, pero lejanamente suficiente.

En fin, al cierre de esta publicación, queda pendiente el debate congresal, sin que sepamos si se seguirá auspiciando la redacción de una nueva Constitución o, lo que es peor, qué vamos a hacer para que las familias peruanas superen permanentemente, sin asistencialismos ocasionales, su actual depresión económica.

 

desco Opina / 26 de agosto de 2021

viernes

La quimera del desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación

 

En el marco de la lucha que el país sostiene contra el COVID-19, se manifestaron muchas falencias dentro de la gestión del Estado, las que dieron como resultado un sistema de salud ineficiente, condiciones de trabajo precarias, limitado acceso a tecnologías y amplias brechas educativas entre zonas rurales y urbanas. Asimismo, se reveló nuestro serio retraso en ciencia, tecnología e innovación (CTI en adelante), ejemplo de ello fue la imposibilidad de procesar suficientes pruebas moleculares por falta de laboratorios o realizar una vigilancia sostenida (y real) de decesos, contagios y recuperaciones, mucho menos identificar zonas de riesgo de infección en las regiones.

Aunque en el 2021 se registran avances sobre los puntos señalados, la pobre inversión que tiene el Estado en CTI estimada entre 0,15% a 0,2% del PBI cuando países de la OCDE alcanzan el 4,5%, la precaria e insuficiente infraestructura y el retroceso a 7 posiciones del ranking mundial de innovación 2020 (ocupamos el puesto 76 de 131 países); motivaron que cuatro partidos políticos (Frente Amplio, Partido Nacionalista, Juntos por el Perú y Perú Libre) consideraran incorporar la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en su discurso de campaña electoral y plan de gobierno.

Instalado ya el mandato de Pedro Castillo, no extrañó que, en su mensaje a la Nación del 28 de julio, anunciara que promoverá la creación del primer Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en el Perú, el cual sería la institución encargada de generar conocimiento necesario para el desarrollo de la CTI del país y canalizar el retorno de científicos peruanos que migraron al exterior por falta de oportunidades.

Si bien es cierto que todos los partidos políticos, empresas, academias y sociedad civil están de acuerdo con promover el desarrollo en CTI para elevar el nivel de vida de la población, difieren en la manera en que aquella pueda lograr la madurez, o al menos empiece a dar los primeros alcances de su desarrollo en el país. Las opiniones y argumentos son variados, pero pueden agruparse en dos posturas: la primera, a favor de la creación del Ministerio, está asociada a que Concytec no logra aún consolidarse y el resultado es que las instituciones dedicadas a CTI trabajan actualmente de forma aislada o sin la mejor integración, por lo que es vital la creación de una institución que sirva de columna vertebral y canalice todos los esfuerzos asociados a ella para desarrollarla adecuadamente, de modo que se puedan iniciar investigaciones para reducir riesgos por falta de previsión y desligarnos del estigma de ser un país primario-exportador.

La segunda, en contra de la creación del Ministerio, tiene como foco fortalecer la rectoría de Concytec, ya que la creación de aquel aún es prematura puesto que en los países donde se ha instaurado uno similar, la investigación tenía un mayor crecimiento y la inversión de los gobiernos en ciencia ya era sustantiva: escenario contrario al peruano. Asimismo, se argumenta que no es oportuno que la ciencia y tecnología se configure como uno de los sectores del Estado, pues estos tienen intereses –lo que es positivo– que obedecen a un entorno político que, en los últimos meses, es inestable; por ello se estima que no es sostenible crear un nuevo ministerio «que se encargue» de lo que los otros no pueden incorporar de forma transversal y bajo una gestión holística del conocimiento y la práctica de sus acciones. Por último, otra de las preocupaciones es el presupuesto; el Presidente indicó en su mensaje a la Nación que duplicará el presupuesto en educación, lo que restaría asignación para los otros sectores, incluyendo al de CTI.

Al margen de las discrepancias y bajo estos argumentos, se observa que ambas posturas concuerdan que la articulación entre instituciones es clave y que es necesario que la ciencia, tecnología e innovación tenga un enfoque transversal; aunque esto a futuro también nos lleve a preguntarnos si es posible o no hacer que la CTI se desarrolle sin la creación de un Ministerio, o si esta institución solucionará las dificultades planteadas o se convertirá en otro obstáculo que, como consecuencia, limite la creatividad y proactividad de los científicos ante una mayor burocracia, pues para la creación del Ministerio, se debe generar un marco normativo bajo la coordinación conjunta de veinte sectores (ministerios e instituciones adscritas), gobiernos locales, regionales, empresas, academias y sociedad civil.

Efectivamente, existen argumentos tanto para crear el Ministerio como para fortalecer Concytec; pero lo que se requiere con urgencia es que se desarrolle una visión compartida de las fuerzas políticas y actores implicados, la cual debe sustentarse en la idea que los alcances de la CTI deben tener como fin mejorar la calidad de vida de la población, especialmente de aquella que no tiene recursos para disfrutar de los avances de ésta, logrando que todas las personas internalicen a la ciencia, tecnología e innovación en la práctica, y no observarla como un elemento externo y puntual asociado a resolver crisis o exclusivo de algunos grupos privilegiados.

Finalmente, determinar la forma de desarrollar CTI en el país dependerá de voluntades políticas; aunque también de que se elija la opción más eficiente considerando el contexto en el que el país se encuentra. Esto implicará considerar que la ciencia deberá desarrollarse con pragmatismo (priorizar problemas sobre ideologías), sostenibilidad (garantizar que los planes sobrevivan a cambios políticos o fenómenos), visión global (perspectiva internacional) y visión estratégica, lo cual permitirá que tengamos objetivos a largo plazo y fundamentados sobre necesidades actuales y futuras del país.

 

desco Opina - Regional / 20 de agosto de 2021

descoCiudadano

Cuidado con el aislamiento

El Presidente Castillo, ya instalado en el gobierno y con el poder bajo el brazo, no ha dejado de sorprendernos. Su discurso inaugural relativamente exitoso reivindicó a los grupos históricamente discriminados y excluidos de las decisiones de poder –pueblos originarios, ciudadanos afroperuanos y descendientes de migrantes– así como a las minorías desposeídas del campo y la ciudad, afirmando que esa historia, tanto tiempo silenciada, era también la suya. La reivindicación de la diversidad en la identidad nacional estuvo acompañada por varios anuncios económicos que estaban dentro de lo esperable en el marco de las medidas que prometiera en la segunda vuelta y que buscaron ser tranquilizadoras para la inversión privada y la seguridad de la propiedad.


El parteaguas esperado fue la convocatoria a una Asamblea Constituyente que pasaría por los canales constitucionalmente establecidos. Esto quiere decir, que deberá ser aprobada por la mayoría del Congreso (66 votos), en dos legislaturas ordinarias consecutivas y por un referéndum. Dada la composición de aquél, es difícil que la propuesta llegue a buen puerto por esa vía y el mandatario no lo ignora; el discurso, en consecuencia, aunque mantuvo la baza más fuerte de su campaña, no subió las aguas y «disimuló» las dificultades que a esas alturas tenía el Ejecutivo para componer su equipo ministerial y dio la impresión de un mandatario interesado en ampliar su legitimidad.

La designación del Gabinete y del Primer Ministro evidenció, por si hiciera falta, que se trata de un gobierno con un claro carácter plebeyo y una voluntad desordenada de cambio y reforma, con distintas voces a su interior y lejos aún de una visión y una estrategia compartidas claramente. El Gabinete expresa ese carácter plebeyo e inevitablemente tumultuoso –70.6% de sus integrantes nacieron en el interior del país y la mayoría estudió en universidades nacionales– lo que es positivo; lo problemático son las historias y trayectorias personales de varios de ellos y la eventual falta de capacidad y experiencia de otros. Más aún, en un marco donde la improvisación siguió evidenciándose en la designación de distintos funcionarios públicos alejados de los perfiles y capacidades mínimas requeridas, facilitando el trabajo de una oposición encrespada en medio de una polarización que continúa y que sectores del gobierno parecen interesados en mantener, si no ahondar.

En este proceso, el Ejecutivo viene perdiendo parte del capital político que empezaba a construir. Se le alejó el respaldo que sectores del centro político parecían dispuestos a darle en el Congreso; distintos opinólogos y analistas que enfrentaron los intentos por impedir la proclamación de Castillo en nombre de un supuesto fraude y denunciaron la intención golpista de sectores de la derecha más extrema, ahora critican acremente las primeras decisiones del gobierno y algunos especulan ya sobre el camino a la vacancia. Incluso algunas organizaciones sociales –sectores de ronderos y maestros, por ejemplo– expresan su desacuerdo con algunas de las medidas que se van adoptando.

Para hacer las cosas más difíciles, aunque los precios de los minerales han subido, lo que permitiría mayores ingresos fiscales que podrían alcanzar el 2% del PBI, financiando, por ejemplo, el bono ofrecido por el Presidente, también han subido los precios de lo que importamos –maíz, soya, trigo, combustibles y el balón de GLP– además del dólar, que amplifica dichas alzas que afectan severamente la economía de la gente, aumentando sus malestares y la incertidumbre. Esto impone una coordinación estrecha con la política monetaria del BCR y su rol frente a la volatilidad del dólar y las tasas de interés.

En el Congreso de la República, por su parte, Perú Libre sufrió una nueva derrota con la definición del cuadro de comisiones, totalmente dominado por la oposición. Que sectores de ésta –Renovación Popular– estén viviendo ya el clásico transfuguismo parlamentario, no hará que la derecha extrema detenga sus andadas golpistas y sus marchas, en esta ocasión con la vacancia como centro, mientras la mayoría del Congreso se apresta a iniciar un ciclo de interpelaciones ministeriales, facilitadas en más de un caso por los propios involucrados.

En este contexto, se equivocan el mandatario y Perú Libre si no entienden que su triunfo obedece a la esperanza de parte importante de su electorado en tener a un Presidente que sea como ellos y que gobierne en consecuencia. Sin desconocer las cualidades del mandatario e incluso el papel de Perú Libre, las expectativas generadas se explican antes por la identidad que por el liderazgo o la ideología. Se equivocan si no entienden que la gente quiere que el gobierno convierta en políticas los compromisos asumidos por el mandatario antes que se prolonguen las tensiones vividas desde el 6 de junio.

 

 

desco Opina / 13 de agosto de 2021

Los retos para el nuevo gobierno en el sur peruano

 

Los últimos gobiernos en el país han significado una desproporcionada asignación de los recursos de inversión pública en detrimento del sur peruano y el afianzamiento del modelo centralista de desarrollo nacional.

Tal vez el caso que podemos considerar emblemático es el gasoducto del sur, proyecto paralizado desde el año 2017, por efecto de la corrupción descubierta a nivel internacional de la empresa Odebrecht, titular de la concesión del mismo.

El importante recurso del gas natural de Camisea, se destinó en principio a abastecer la demanda de la capital. El gasoducto, construido con el aporte de todo el país, incluyendo a los ciudadanos del sur, hizo factible el uso de este recurso para la generación de energía, el abastecimiento al sector industrial, al transporte y el abastecimiento domiciliario a costos de la energía menores a los que se incurre en el resto del país. Y así, llegamos a la situación paradójica de no poder usufructuar los beneficios de estos recursos, contemplando una vez más, la consolidación del modelo centralista.

En este marco, el gasoducto sur peruano constituía una oportunidad para compensar este injusto tratamiento al sur y una posibilidad para mejorar el soporte del desarrollo con una energía más barata y, a la par, la posibilidad de la diversificación productiva mediante el desarrollo de la petroquímica.

La paralización de este proyecto, a la fecha, viene costando al país cerca de 50 millones de dólares anuales por concepto de vigilancia y conservación de las instalaciones de tubería y equipos ya instalados. Y mientras tanto, el centralismo gubernamental y Proinversión no lo destraban; paralizado bajo exclusiva responsabilidad del concesionario que no pudo cumplir con el financiamiento comprometido como consecuencia de su corrupción.

Otro caso pendiente es la ejecución de la segunda fase del proyecto Majes Siguas, que permitirá la irrigación de 38 500 hectáreas y la construcción de dos centrales hidroeléctricas con la generación de empleo y el fortalecimiento del potencial productivo regional, como lo muestra el impacto de la primera etapa de este proyecto estratégico, que con solo la incorporación de cerca de 15 000 hectáreas ha permitido el desarrollo de un polo productivo de más de 100 000 habitantes en el área de la irrigación. Desempeños erráticos de nuestros últimos tres gobiernos regionales y la aprobación de cuestionables adendas al contrato de concesión han ocasionado su paralización por muchos años, encontrándose a la espera de la opinión de la Contraloría General de la República para la suscripción de la última adenda que incorpora el costo del proyecto en 104 millones de dólares que el exministro de Economía, Waldo Mendoza, aceptó comprometer para destrabarlo.

Junto a estos grandes proyectos estratégicos para la región Arequipa y la Macrorregión Sur, está la necesidad de reactivar la economía que tiene como principal componente al sector servicios que representa el 42% del PBI; sin embargo, tenemos una tercerización altamente informal, pero con alta generación de empleo en muchos casos precario, por esa razón. En este sector prevalece la pequeña y microempresa que, hasta la fecha en las condiciones de la pandemia, ha obtenido un limitado apoyo.

Adicionalmente, está planteada la necesidad de implementar la anunciada nueva minería de la campaña electoral, para dar curso al desarrollo de los proyectos mineros que cuenten con la licencia social, y también resolver los problemas de la minería artesanal del oro que involucra a una población estimada en 60 000 ciudadanos ocupados en esta actividad con experiencias truncas en los intentos de formalizarse en los últimos años. La minería aportaba el 26% del PBI regional, según reporte del BCR al año 2014.

Finalmente, se requerirá una particular voluntad política desde el Ejecutivo para aportar activamente en la superación de las limitaciones de infraestructura y personal en los servicios públicos de salud y educación, que mostraron sus precariedades evidenciadas en la pandemia con todo su dramatismo.

En resumen, esperamos un decidido apoyo para el destrabe de los proyectos estratégicos que proporcionarán impactos en el mediano plazo y, paralelamente, reactivar la pequeña producción agropecuaria y de los servicios en el corto plazo por su alta capacidad de generación de empleo y dinamización de la economía. Al mismo tiempo, el fortalecimiento de los servicios de salud y educación.

 

 

desco Opina - Regional / 6 de agosto de 2021

descosur