domingo

De basura y desgobierno



Esta es una sucia historia de dos vacancias y mucha basura en tan solo un año, que nos amenaza en el cercano horizonte. Es el caso del desgobierno y la grave corrupción –que parece no interesar a muchos– que se produce en el nivel más cercano de encuentro entre la ciudadanía y el Estado, como son nuestros casi 1900 municipios en el país.
El 25 de enero del presente año, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) suspendió a Ángel Chilingano como alcalde del distrito de Villa María del Triunfo, debido a los supuestos vínculos con una red de extorsión y cobro de cupos, por la que purga prisión preventiva por 18 meses. Anteriormente, en febrero del año pasado fue vacado por el mismo JNE, Carlos Palomino Arias, alcalde electo en una lista de la agrupación Solidaridad Nacional, que lidera el alcalde metropolitano Castañeda Lossio. Acusado de nepotismo por haber contratado como funcionaria a su cuñada, Palomino afrontaba tres pedidos de vacancia: porque el procurador municipal lo defendió en un juicio privado, porque llevaba la contabilidad de cuatro empresas que han contratado con la municipalidad, y un tercer pedido por nepotismo. Este último fue el motivo de su retiro.
En el momento de la primera vacancia, también se hizo público un video en el que un supuesto empresario ofrecía desembolsar US$ 150 000 para apoyar la vacancia de Palomino. El trato lo hace con un grupo de personas interesadas en que esto ocurra, entre ellas los hermanos Ensel y Ángel Chilingano Villanueva. Este último el teniente alcalde del distrito, ahora suspendido por el JNE del sillón municipal.
Esta semana, en un nuevo capítulo de esta tragedia urbana municipal, el JNE llamó al regidor César Infanzón Quispe para que asuma temporalmente como burgomaestre, en tanto se resuelva definitivamente la situación de Chilingano, y dispuso que se le entreguen las credenciales que lo acreditan como alcalde de Villa María del Triunfo, pese a que sus colegas regidores se han negado a proponerlo como el reemplazante de Chilingano. Esta decisión del JNE permitirá que alguien asuma el papel de burgomaestre y encuentre la manera de resolver el grave problema generado por la falta de recojo de la basura desde el mes de diciembre del año pasado, que no solo ha cambiado el paisaje urbano del distrito con los cerros de desperdicios generados, sino que ha llevado a declarar al distrito en una alerta ambiental que se viene tratando de solucionar de alguna manera y que ya afecta con contaminación a distritos vecinos como Surco y La Molina.
Se estima que más de cuatro mil toneladas de basura se acumularon en 79 puntos críticos del distrito desde que el alcalde fuera arrestado. Se trata de un distrito de más de 400 000 habitantes, una población mayor que en ciudades como Piura o Cusco y que si bien desde el 17 de enero se encuentra en alerta sanitaria decretada por el Ministerio de Salud, hasta la fecha no ha servido para que las autoridades del mismo, ni las de la Municipalidad Metropolitana de Lima enfrenten seriamente el escandaloso caso y contribuyan a resolver este grave problema.
El caso de Villa María del Triunfo, en un año electoral municipal, debería servir de alarma para que como sociedad hagamos una seria reflexión sobre cómo y a quiénes estamos proponiendo y eligiendo como autoridades municipales en un país corroído por la corrupción, sin instituciones ni partidos políticos con un mínimo de credibilidad o confianza y una sociedad civil desorganizada y sin mecanismos efectivos de vigilancia y control ciudadano. Esto en medio de la poca capacidad que se tiene en los diversos niveles del Estado para dar solución a los problemas básicos de gobierno que les corresponde. Más aun, visibiliza la fragilidad que existe en las estructuras de funcionamiento orgánico dentro de los municipios, los cuales no funcionan de manera clara y trasparente en el manejo de sus cuentas para un servicio tan básico como el recojo de basura.
Creemos que se hace indispensable garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos que ofrecen los municipios y que esto trascienda a las gestiones de turno, ya que la negociación que se suele hacer cada vez que ingresa un nuevo gobierno municipal, sienta las bases para la proliferación de redes delincuenciales que están a la expectativa de dónde podrán dar su próximo golpe.
Es hora de reaccionar como sociedad y plantearnos seriamente el riesgo que corremos ante la proliferación de candidaturas municipales de toda laya que empiezan a poner en riesgo nuestra continuidad como sociedad organizada en torno a estructuras democráticas del Estado.

desco Opina - Regional / 26 de enero de 2018
Programa Urbano

viernes

Gobernar sin Presidente



Las fuerzas políticas –tanto las representadas en el Congreso Nacional como las que no– plantean en estos días, de diferente manera, la salida del Presidente Pedro Pablo Kuczynski. La crisis de legitimidad del jefe del Poder Ejecutivo no puede ser más evidente. Simultáneamente, en indignadas manifestaciones en las principales ciudades del país, las calles han expresado lo mismo.
Nuestro régimen democrático peruano –intermitente, débilmente representativo, presidencialista– ha entrado una vez más en crisis, comprometiendo la gobernabilidad ya socavada por la privatización hipercorrupta de la gestión estatal. Son las dos dimensiones principales de la gobernabilidad las que están en cuestión: la legitimidad y la eficacia. El Estado como institución se muestra además de corrupto, incompetente frente a sus metas mínimas, sin capacidad de ejercer control, justicia o planificación, reducido a esa condición por las erráticas políticas de reforma neoliberal.
En este escenario vemos como el Poder Ejecutivo ha solicitado infructuosamente al Congreso nuevas facultades extraordinarias para legislar. A la tremenda desconfianza en el Presidente y su Consejo de Ministros, se suman los conflictos internos partidarios que impiden acuerdos y dificultan legislar con responsabilidad y competencia. En estas circunstancias, no hay el impulso suficiente para que el presidente sea vacado, renuncie ni se convoque a elecciones generales adelantadas. La coyuntura parece congelada y la visita del Papa Francisco es útil para disfrazar esta tregua no buscada.
La fragmentación de la sociedad civil y la fragilidad de los partidos políticos son una parte de la explicación; la otra es nuestro perfil social promedio: despolitizados, defraudados y no organizados. El surgimiento de cientos de movimientos políticos locales y regionales aspirantes a hacerse de municipios y gobiernos regionales sin ofertas electorales sustentables, es otro síntoma de que no hay una fuerza capaz de agregar y organizar los diversos intereses existentes. Las organizaciones civiles y las del trabajo gremial, sindical y empresarial lucen derrotadas por el ánimo individualista dominante.
Nuestra sociedad civil es muy activa, pero muy poco organizada. La economía aparentemente moderna y competitiva del país, es en realidad solo extractivista y altamente corrupta, navegando en medio de los vaivenes del mercado internacional y a la que cuesta mucho elevar la productividad. Se requiere sin duda un cambio de rumbo. Organizar respuestas políticas inclusivas, fundadas y propositivas es el principal reto.
Para ello, requerimos la legitimación de las instituciones estatales, mediante una reforma integral del Estado que pueda hacerlo más representativo y eficiente y que facilite la inclusión social, la concertación de intereses y la tolerancia. Juegan en contra los poderes fácticos, que no apuestan por el Perú y que están tratando de administrar la debacle tras haber participado rutinariamente de la megacorrupción. Y juegan en pared con operadores políticos de toda laya protegiendo sus mezquinos y corruptos intereses. El pronóstico del paciente, a puertas de su bicentenario como República, no es nada bueno.

desco Opina / 19 de enero de 2018

Creación del INCAS, una alerta al sector alpaquero



Tanto los camélidos sudamericanos como los pobladores dedicados a su crianza, han permanecido largamente relegados en cuanto a beneficios de políticas públicas y servicios de atención del Estado. Esta situación se agravó con la desaparición del Consejo Nacional de los Camélidos Sudamericanos en 2007, luego de una efímera existencia de quince años. Así, problemas recurrentes como la disminución de la calidad de la fibra y la pérdida de competitividad en el mercado internacional, las serias dificultades en la comercialización de la fibra en el mercado interno por la inestabilidad de los precios y la falta de financiamiento, y el injustificable desaprovechamiento del potencial nutritivo y saludable de la carne de los camélidos; perviven en el tiempo reafirmando nuestro desencuentro histórico con el mundo andino.
El 20 de octubre del 2017 el Congreso promulgó la Ley No. 30674, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos (INCAS) como “organismo descentralizado autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada que incremente la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector, para innovar y mejorar su productividad y competitividad”.
 Se encargó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. Se estableció un plazo de treinta días hábiles para la constitución de una comisión de cinco personas “con la finalidad de conformar la asociación público-privada orientada a crear el Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos en un plazo de ciento veinte días hábiles”, plazo que vencería el 29 de mayo de 2018. Sin embargo, lo que creíamos podría ser una gran oportunidad para que el Estado peruano recupere y asuma su responsabilidad en el desarrollo y conservación de estas especies, y su compromiso con las cien mil familias de criadores a nivel nacional, caería en saco roto al establecer como camino para la materialización del instituto, una asociación público-privada. Con ello, lo que se está haciendo es promover la inviabilidad de su propósito.
En estos más de 180 años que tiene la exportación de la fibra de alpaca, basta con preguntarse: ¿cuál es el monto destinado por la empresa privada para investigación en camélidos?, ¿cuánto ha invertido el sector privado en mejoramiento genético de alpacas?, ¿podrán los criadores alpaqueros –que en su mayoría están al borde de la línea de pobreza– aportar los recursos para la investigación y promoción del sector? Lamentablemente, el sector industrial textil que aprovecha la fibra de alpaca, ha mostrado históricamente una trayectoria estrictamente extractivista al no invertir en la base productiva que le proporciona la materia prima. A diferencia de lo que ocurrió en la industria láctea, por ejemplo.
La ley de creación del INCAS, en su artículo 3, invoca a la Ley 29987 que busca promover la ciencia, la innovación y la tecnología a través de asociaciones público-privadas, definidas como “modalidades de participación de la inversión privada para incorporar experiencia, conocimientos, tecnología preferentemente privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o servicios públicos”. Esta orientación implica la existencia de condiciones de rentabilidad para la motivación del sector privado: ¿podemos asegurar que la realidad del sector de los camélidos brinda estas condiciones en la actualidad? Definitivamente, no. Por esta razón, la Ley del INCAS –dada la modalidad para su implementación­– se presenta como el mayor riesgo para su fracaso.
Así las cosas, proponemos: la creación del INCAS como organismo público descentralizado y con autonomía; la reasignación de recursos humanos, materiales y documentales que actualmente se encuentran en la dirección de ganadería del MINAG y en SERFOR del Ministerio del Ambiente, para la implementación del Instituto; la asignación de recursos económicos estableciendo un gravamen a las exportaciones de fibra de alpaca, y una proporción del canon minero de las empresas que realizan sus actividades extractivas en las praderas altoandinas. Adicionalmente, la formulación de un plan de desarrollo a largo plazo que incorpore el mejoramiento genético de la alpaca orientado a la producción de fibra, y de la llama, a la producción de carne (en base a la concertación de los centros de investigación universitarios del país y el exterior, los especialistas del sector público de nivel nacional y regional, especialistas de la industria, y las organizaciones no gubernamentales). Finalmente, la reactivación y unificación de las organizaciones de criadores para fortalecer su capacidad de interlocución con el Estado con miras a una implementación favorable del INCAS.
Por otro lado, hay tres temas urgentes de resolver y que requieren de la formulación de un plan de acción inmediato: (i) la comercialización de la fibra no cuenta con un soporte financiero por las deudas de las organizaciones de productores ante Agrobanco, como consecuencia de la inestabilidad de los precios y, en otros casos, por desorganización y corrupción; (ii) los comités de conservación de la vicuña tienen fibra en sus almacenes debido a la drástica caída del precio y la falta de apoyo para realizar licitaciones transparentes y con buena convocatoria de los demandantes internacionales; y (iii) la comercialización de la carne (16 000 toneladas son comercializadas y consumidas anualmente en el país) se realiza de manera informal y sin ninguna responsabilidad del Estado y su ente especializado (SENASA) para inspeccionar y certificar la sanidad.
Esta pequeña agenda abonaría a favor de la economía de los productores alpaqueros, mientras nuestros congresistas o el mismo MINAGRI ven la forma de resolver los cuestionamientos que hacemos a la norma, que es vital para el sector, pero no tal como está planteada.

desco Opina - Regional / 12 de enero de  2018
Programa Regional Sur - descosur