martes

Las tribulaciones del Presidente

desco Opina / 30 de junio de 2009

El Premier Yehude Simon tuvo un éxito relativo en la negociación de los conflictos con los pueblos indígenas amazónicos y con la población de Andahuaylas. En el primer caso, transcurrieron más de 50 días de protesta y movilización y se produjeron 34 lamentables y condenables muertes; en el segundo, pasaron más de 10 días. Aunque en Sicuani no logró un resultado similar, los magros réditos de las jornadas anteriores le permitieron contar con una defensa tibia del APRA y de algunos parlamentarios de distintas tiendas en la interpelación parlamentaria.

La censura anunciada por diversas agrupaciones opositoras, incluyendo al fujimorismo y a Unidad Nacional, que son parte de la alianza gobernante, parece improbable. En el corto plazo, el gobierno lo necesita más que antes, habida cuenta que ha sido su cara negociadora, habiéndolo comprometido en el futuro inmediato a un conjunto de medidas que suponen una derrota política y un retroceso en su discurso fundamentalista del perro del hortelano.

Su rol de bombero, aquél que rechazó desde el primer momento para diferenciarse de su antecesor, le prolongará la permanencia en el Premierato por un tiempo más –el que el Presidente García disponga– a pesar de la indiscutible responsabilidad política que le corresponde por los luctuosos sucesos de Bagua y que se resistió a aceptar en el Congreso de la República. Su gestión terminará con más pena que gloria cuando el mandatario resuelva cómo salir del entrampamiento al que lo condujo su apuesta ciega y dogmática por un modelo basado en la puesta en valor de los recursos económicos del país para su explotación por las grandes inversiones, descalificando a los opositores a ese proceso y reduciendo el rol estatal a la promoción de dicho modelo.

La resolución del Presidente no será fácil. Aguijoneado por algunos de sus socios para endurecer el manejo del país en nombre de la recuperación del orden y la autoridad perdida, alentado por algunos de sus partidarios a descubrir y denunciar una conspiración internacional y antiperuana, García debe constatar también que hay un creciente sentido común, que alcanza incluso a muchos de los que se han beneficiado de su gestión, que encuentra en la incapacidad estatal para atender las demandas de vastos sectores de la población, así como en su carencia de toda voluntad para el diálogo, factores que permiten entender lo que está ocurriendo.

Si las cosas no son más difíciles para él, es porque la radicalidad social, las protestas y el descontento, carecen de representación política y de formas efectivas de mediación en su relación con el Estado. Mientras ello no se resuelva, sus límites seguirán siendo estrechos, aun cuando no disminuirán en su intensidad.

La gobernabilidad del país, en consecuencia, ingresará a un difícil período de prueba. La desaprobación creciente del modelo económico, revelada por encuestas recientes, así como el apoyo a la legitimidad de la protesta de los pueblos amazónicos y la exigencia de diálogo en el caso de Andahuaylas, muestran sensible y paulatino cambio de sensibilidad de la opinión pública, que no se resuelve acusando de «antisistema» a los opositores. El silencio del Presidente los últimos días, en contraste con su habitual y proverbial locuacidad, indica que está preocupado, seguramente por el malestar que existe en el país, pero también por el que empiezan a mostrar algunos de sus socios.

desco Opina / 30 de junio 2009
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lunes

Protesta en Lima y los espacios públicos privados

desco Opina - Regional / 19 de junio de 2009

El conflicto amazónico ha conmocionado al país. La respuesta de la ciudadanía al gobierno fue contundente: aunque no se tiene una cifra oficial sobre cuántas personas se dieron cita en el centro de Lima el jueves 11, hay testimonios que señalan un poco más de doce mil personas entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios y estudiantes universitarios, que participaron en la marcha de rechazo a los hechos violentos de Bagua.

Pero es necesario delinear algunos efectos y contradicciones que se han evidenciado en la ciudad a partir de este contexto. En ese sentido, queremos llamar la atención sobre cómo el uso y acceso a determinados espacios de carácter público de nuestra ciudad está limitado y tiende a gestionarse como propiedad privada del Gobierno Metropolitano de Lima, en la que nuevamente no se les permitió a sus organizadores dirigirse a la Plaza de Armas, ni tampoco frente al Congreso de la República.

La Municipalidad de Lima, amparada en el Decreto de Alcaldía Nº 60, emitido durante la primera gestión del Alcalde Castañeda Lossio, en el que «Declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay (…)», ejerció la represión antes inclusive de efectuarse la marcha como fue su inicial propósito, a esta zona rígida y la haya reorientado hacia la avenida Abancay, rumbo al Congreso de la República.

Esta disposición, que deviene en hechos recurrentes por cierto, nos indica la aplicación discrecional de la citada norma. Lo que no se menciona es que el uso y el acceso a esta zona están restringidos cuando se trata de manifestaciones políticas que ponen de manifiesto críticas dirigidas al gobierno, pero no lo están cuando se trata de celebrar actos tales como los aniversarios de Lima y la boda de Juan Diego Flórez, que llevan un aroma de propaganda impregnado en las noticias, o la marcha de enero de 2007 en torno a la pena de muerte, cuando la movilización a favor del proyecto del gobierno llegó sin problemas hasta Palacio de gobierno; en contraste con la dura represión que sufrió algunos días después una concentración pacífica y de menor tamaño, pero contraria al proyecto de gobierno, por citar sólo algunos casos, en los que se hace evidente, que la Plaza de Armas no es de uso público, en tanto existe una administración que amparada en un Decreto de Alcaldía, decide a quiénes les concede el permiso de uso y a quiénes no.

Otro aspecto que se desprende del conflicto y que ha tenido un efecto particular en Lima, está relacionado con el papel que jugaron los medios de comunicación de alcance nacional en este conflicto. La movilización ciudadana en Lima fue anunciada como «disturbios» y reducida a desorden y caos vehicular, soslayando descaradamente la expresión de indignación de miles de peruanos y peruanas frente a los trágicos sucesos de Bagua, por responsabilidad del gobierno. La mayor cantidad de información disponible el día del enfrentamiento entre nativos y policías, provenía de medios de comunicación ubicados en la zona del conflicto y de prensa independiente instalada en Internet.

Durante los primeros días posteriores a los hechos del 5 de junio, era evidente la existencia de una amplia brecha entre la información publicada por un amplio sector de la prensa tradicional limeña y la del resto del país. La información que señalaba el número de caídos por parte de cada frente, es un ejemplo claro de ello. La prensa limeña insistía en que el número de nativos caídos y desaparecidos era menor al que anunciaban otros medios de comunicación, regionales o locales –fuera de la capital–, tanto oficiales como independientes. Inclusive hoy, no se cuenta con información oficial del número de nativos que resultaron muertos producto de los hechos de violencia en Bagua, lo cual indica el bajo nivel de integración que existe en nuestro país.

Todo ello nos lleva a cuestionar la orientación de un amplio sector de medios de prensa en Lima que, alineados a la posición del gobierno, no han hecho otra cosa que recrear un escenario alejado de la realidad que se vive por fuera de las fronteras capitalinas en torno a la crisis de Bagua y que pasó a primeras planas ante la evidencia de la crisis desatada en diversas zonas del país donde la indignación aún es una libertad ciudadana que se expresa.

El conflicto en la Amazonía ha sido de tal gravedad, ha generado tantas críticas a los Decretos Legislativos 1090 y 1069 a nivel nacional e internacional, ha propiciado tantos efectos contrarios a los que promovía este sector de la prensa en la capital, que no fue suficiente para el gobierno tener de su lado a los más poderosos medios de comunicación del país, para contrarrestar la indignación nacional –incluida Lima–, frente a los hechos ocurridos.

En las noticias difundidas al respecto, resulta preocupante que los contenidos guarden detrás de sí elementos racistas, al calificar a los nativos de «salvajes», «manipulados» o «ignorantes» que, lejos de contribuir a la resolución del conflicto, por el contrario, ha acentuado más el rechazo de muchos sectores de la opinión pública contra los políticos y la prensa, los cuales tenían el mismo discurso, incluso al asignarle un valor especial a los policías caídos, invisibilizando (por lo tanto, excluyendo) a los nativos que corrieron la misma suerte.

Nuestro país tiene registrados, según el reporte de mayo de la Defensoría del Pueblo, 212 conflictos activos. Señalar que todos ellos son responsabilidad del Gobierno Central o que atienden a reivindicaciones legítimas sería irresponsable. Sin embargo, esta cifra nos indica la situación de convulsión que se vive actualmente y que es responsabilidad del Estado resolver.

Un asunto que parece no tomar en cuenta el Presidente García es que los factores que determinaron su elección, en alguna medida están relacionados con las características actuales de nuestro país; un espacio urbano como Lima, que votó por la continuidad del modelo y el resto de regiones que claman que sus demandas sean escuchadas, expresan también, la amplia desigualdad y centralismo que persiste en nuestro país y que es un tema pendiente de resolver por este gobierno. Frente a ello, un Estado permeable a los diferentes patrones culturales de los pueblos originarios enfrentaría menos conflictos de este tipo y en el mejor de los casos, los anticiparía y buscaría formas de evitar que éstos ocurran. Una política intercultural y un modelo de desarrollo planteado desde la real inclusión de la diversidad de actores en juego, cuando se trata de asuntos territoriales, es una lección aprendida de esta crisis política que afecta a la totalidad de peruanos y peruanas y, en especial a las familias y comunidades de los ciudadanos peruanos que perdieron la vida o fueron heridos.

desco Opina - Regional / 19 de junio 2009
Programa Urbano
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viernes

El día siguiente

desco Opina / 12 de junio de 2009

La situación está lejos de calmarse en la región amazónica. Más aun, tiene un largo antecedente y, seguramente, tendrá una amplísima proyección hacia adelante. No esperemos soluciones inmediatas a problemas que se han ido formando a través de siglos. Sin embargo, tampoco se puede ser condescendiente con un gobierno que actúa con criterios pasadistas y notablemente excluyentes.

No nos equivoquemos. El rostro gubernamental presentado en los –hasta ahora– momentos más álgidos de la crisis desatada en la Amazonía, quiso aparentar fiereza, ese «orden» que tanto reclaman los entusiastas de la «mano dura» para otros, pero sólo dio el penoso espectáculo de alguien que simplemente está lejos de sintonizar con las señales más elementales del mundo moderno.

Llamar «salvajes» e incapaces de «poder leer los decretos legislativos que rechazaban» a quienes reclamaban la vigencia de un elemental Estado de Derecho, es una muestra de incapacidad de comunicarse e intolerancia, haciendo que la diferencia derive en exclusiones. Así, se podrá adjetivar de diversas maneras a los acontecimientos y sus actores, para tratar de encontrar alguna justificación a sus procedimientos. Pero, lo que no podrá explicar el gobierno es cómo pudo conducir las cosas hacia una masacre mutua entre ciudadanos y fuerzas del orden: entonces, ¿dónde podríamos colocar la regresión salvaje en este caso?

Así, hay unanimidad para señalar que las tareas urgentes están por el lado de restablecer un mínimo de necesaria confianza, para formar un ámbito de diálogo y negociaciones que aseguren el compromiso de las partes. Al respecto, es indudable que la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo serían las entidades llamadas para actuar en esta situación. De otro lado, el momento exige a las organizaciones de los pueblos amazónicos un relevo de sus interlocutores, algo que tampoco parece difícil de llevarse a cabo. Pero, también demanda gestos políticos muy claros por parte del tragicómico Congreso de la República y, sobre todo, del Ejecutivo.

Sobre este último, se esperaban actitudes que enaltecieran a los integrantes del Gabinete Ministerial. Sin embargo, salvo la renuncia de la Ministra de la Mujer, lo sucedido no parece conmover en mayor medida a los demás ministros. ¿Suponen acaso que aún poseen el crédito político suficiente, para proponerse como interlocutores válidos en estas circunstancias?

Entonces, salvo mejor parecer, el terreno parece ya marcado desde el lado oficial y, en ese sentido, tendremos que asumir que la gobernabilidad a «lo aprista» hacia adelante ha empezado a verse con total nitidez. El criterio será asegurar los beneficios para la inversión privada a como dé lugar y limitar manu militari cualquier demanda social.

¿Habría otra salida? Desde la lógica gubernamental, muy difícil. La interpelación amazónica ha evidenciado los límites y las fisuras del actual modelo económico y lo inoperante del sistema político. El cuestionamiento a la constitucionalidad de algunas normas, ha sido suficiente para mostrar que el concepto de desarrollo inmerso en el actual patrón de acumulación sólo alcanza para algunos peruanos y algunos territorios del país. En otras palabras, la equidad, la justicia social, el desarrollo humano, son expectativas a las que pueden aspirar solamente una parte de la sociedad peruana, mientras que la otra deberá contentarse con el asistencialismo y la filantropía, si buenamente alcanzan.

Asimismo, la desafección al sistema democrático realmente existente que expresamos los peruanos en cada encuesta, demuestra una vez más su pertinencia con la torpeza y el nulo interés para consolidar instituciones que han revelado los gobernantes, en todos los niveles del Estado, en lo que va de la actual crisis. Más aun, ha quedado la profunda sospecha que la falta de voluntad para resolver de manera franca y abierta el conflicto amazónico, en realidad esconde de mala manera los esfuerzos que han hecho para evitar que un debate público sobre las concesiones a las empresas extractivas sea transparente y con ello traslucir el insondable foso de corrupción sobre el cual vienen actuando. Así, la vida de policías y pobladores nativos significan absolutamente nada para los grandes y turbios negocios.

Entonces, se ha inaugurado un nuevo momento político. El mensaje vendido por el neoliberalismo criollo –salvo el crecimiento, todo es ilusión– ha caído en coma profundo, anunciando la hora de nuevas concepciones y nuevos criterios de desarrollo, que busque mayores equilibrios entre inversión, crecimiento, sostenibilidad ambiental, institucionalidad y equidad.

desco Opina / 12 de junio 2009
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lunes

El país de las maravillosas estadísticas

desco Opina - Regional / 5 de junio de 2009

La gripe llegó a Chepén, ya llegó;
está matando mucha gente
y cómo muere tanto pobre
y no muere la decente, ¿por qué será?...

Recientemente, el gobierno peruano ha presentado las nuevas estadísticas sobre la pobreza en el país. Según ellas pareciera que el Perú es poco menos que el país de las maravillas pues el crecimiento económico habría logrado mejorar sustantivamente los niveles de vida de la población. No obstante, hay cuatro inportantes cuestiones que queremos poner en discusión en función a un marco de actuación más adecuado para combatir la pobreza.

En primer lugar, la metodología de medición de la pobreza empleada por el INEI es bastante cuestionable. Por ejemplo, los resultados que se obtienen en salud y educación se contradicen con la pretendida aseveración de que hay menos pobreza porque se tienen más recursos temporales. Así, deberíamos preguntarnos, entonces, cómo es posible el incremento de las Enfermedades Diarréicas Agudas–EDA y las Infecciones Respiratorias Agudas–IRA, en un país que ha tenido un crecimiento de casi el 10% en los últimos años. Como se sabe, Huancavelica tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del país, alrededor de 110 por cada 1000 nacidos o, en otras palabras, once de cada cien niños se mueren antes del primer año de nacidos. El promedio nacional está en la mitad. Si las estadísticas no son reales, será imposible elaborar entre todos los actores una estrategia coherente de lucha contra la pobreza.

En segundo lugar, Huancavelica sigue siendo el departamento más pobre del país, con tasas de pobreza y pobreza extrema que no se han movido a pesar del boom económico. Más aun, las proyecciones realizadas indican que estas cifras empeorarán. Ello se debe a que los productos que dinamizan la economía de la región, como son los minerales y los camélidos sudamericanos, han disminuido significativamente sus precios; en el caso de la fibra de alpaca, a los niveles históricos más bajos.

En tercer lugar, la misma situación se reproduce en el cinturón de la pobreza extrema del país, cuando a Huancavelica se agregan las regiones Ayacucho y Apurímac. Así que no estamos hablando de una sola región abandonada, sino de todo un espacio cultural y geoeconómico, justamente el que fuera el más castigado por la violencia política.

En cuarto lugar, como en el caso huancavelicano, debe desarrollarse un programa integral de alivio a la pobreza, (aunque aún está a la espera de los recursos provenientes del gobierno central para su puesta en marcha) a partir de la experiencia acumulada por las entidades públicas y privadas que han venido operando en esas zonas. No vaya a ser que frente a esta situación, se diseñen programas o proyectos cuyos recursos se «inviertan» en su mayor parte en estudios, investigaciones, consultorías y burocracia; es decir, en gastos que no tienen impacto real en la calidad de vida de la población. O lo que es peor, reviertan a empresas «especializadas» que tienen los contactos en Bruselas o en el MEF.

desco Opina - Regional / 5 de junio 2009
Programa Sierra Centro
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