El último mensaje de Dina

 Entre julio de 2024 y estos días del año 2025, Dina Boluarte ha procurado proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad que resulte consonante con su anterior mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, transcurrido un año más de su nefasto gobierno, más allá del guión triunfalista de quienes le escriben los discursos a la presidenta, el Perú real parece ir en otra dirección cuando nos informamos adecuadamente sobre lo que ocurre.

La actual administración ha logrado mantener en funcionamiento algunas líneas de gestión pública, en medio de manejos no muy transparentes, reactivar a medias obras paralizadas, y adherirse al crecimiento de la minería, el turismo y la agroexportación, sólidos por los precios y las dinámicas internacionales, pero frágiles por su fuerte dependencia extranjera. Ha procurado también reforzar vínculos con actores regionales clave, como son Estados Unidos y Brasil, así como intentar avances en el proceso de adhesión a la OCDE, sin mostrar resultados significativos.

Todos estos logros, de dudoso alcance estructural, quedan largamente ensombrecidos por un proceso paralelo de debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas, la creciente concentración del poder y una deriva autoritaria, acompañada de una frivolidad que no hemos conocido antes, que pone en riesgo la viabilidad misma del pacto republicano fundado hace más de doscientos años. Parece ser el fin de un período y que en medio del desorden se aproximan tiempos nuevos del tipo reforma constituyente, aunque otros denominan de distintas maneras a la necesidad de refundación nacional.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2022, Boluarte, en medio de su precariedad personal, ha buscado consolidarse no como figura de transición, que sin ninguna duda lo es, sino como lideresa de un proyecto sostenido, que ha encontrado sustento en las alianzas frágiles y pragmáticas pactadas con ella. Estas alianzas le han permitido resistir múltiples cuestionamientos por la violación a los derechos humanos a inicios de su gobierno, así como a varias investigaciones fiscales por corrupción. Todo en medio de una persistente e histórica desaprobación y rechazo que roza con el cero por ciento estadístico.

A cambio, el gobierno ha cedido –sin ninguna vergüenza– en aspectos fundamentales del equilibrio democrático. La cooptación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, junto con la aprobación de normas regresivas en materia ambiental, educativa y cultural, reflejan una agenda orientada a desmantelar totalmente los mecanismos de control y de participación ciudadana. La reforma política –necesaria para enfrentar la crisis del sistema de representación– ha sido sistemáticamente postergada o distorsionada.

La narrativa de orden impuesta por el Ejecutivo, sustentada en un discurso de lucha contra la delincuencia y de fortalecimiento de la autoridad, ha servido para medidas de excepción y operativos militares-policiales desproporcionados como los realizados en Pataz o en Sicuani. Ha normalizado el estado de emergencia como herramienta de gestión cotidiana, particularmente en regiones que demandan mayor inversión y presencia del Estado. Continúa descuidando temas de servicios básicos, cuidados de salud, medicamentos y vacunas, educación de calidad, y se limita a la inauguración de nuevas infraestructuras en medio de una represión latente y sostenida.

En el plano internacional, el aislamiento diplomático del gobierno se ha ido revirtiendo en beneficio de una política exterior poco soberana, de alineamiento con los intereses geopolíticos más conservadores y la automarginación descolocada de espacios como la CELAC o la UNASUR. Mientras tanto, la retórica hacia afuera sigue siendo la de una restauración democrática –inexistente y mentirosa–, que contrasta con la política interna de mayor exclusión y criminalización del disenso. El uso recurrente del estado de emergencia en regiones como Puno, Cusco, Piura o La Libertad se ha convertido en práctica administrativa habitual. El país necesita estabilidad, sin duda, pero una que no sea sinónimo de silenciamiento de derechos y escasez de justicia.

Menos aún de retroceso a relaciones que corresponden al pasado. La cooptación de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como la designación discrecional de personajes mediocres en sectores clave como educación, justicia o fiscalización, desnudan una captura progresiva del Estado.

Se necesita una reconstrucción de la confianza en el Estado, particularmente en territorios históricamente marginados, donde la ausencia de derechos no puede seguir siendo compensada por la única presencia de cuarteles.

El mensaje de Dina Boluarte, más que una rendición de cuentas del trabajo del Poder Ejecutivo, será seguramente una afirmación de poder, de un poder prestado, rindiendo cuenta a quienes la mantienen. Pero, más grave aún, ese poder que se ejerce sin consentimiento popular claro ni control institucional efectivo, puede terminar socavando los cimientos de lo que aún nos queda de república. La historia muestra que la estabilidad sin legitimidad es siempre efímera. Lo que se presenta como calma puede ser apenas la antesala de una nueva ruptura, si no se recompone el vínculo entre Estado y sociedad.

Recuperar la democracia implica ir más allá de los equilibrios de poder: requiere reconstruir confianza, abrir canales de participación real y garantizar derechos a todos los peruanos y peruanas en todo su territorio.

 

desco Opina / 25 de julio de 2025 

Erre que erre

Una medición de opinión pública del mes pasado registraba que 67% de encuestados y encuestadas consideraban que, en materia de progreso en el país, estábamos retrocediendo. El porcentaje más alto de desesperanza y malestar desde inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta. Ese mismo mes, las dos principales mediciones políticas nacionales indicaban que la desaprobación del mandatario alcanzaba 70% en un caso y 71% en el otro, mientras la del Congreso de la República llegaba al 75% y al 85% según fuera el caso.

A menos de un año de la instalación de ambos poderes, es evidente que la situación va cuesta abajo en la rodada. Julio, mes de la patria y de los circos, este año parece que será más de los segundos. Tras once meses de constantes enfrentamientos que empezaron con la cantaleta del fraude electoral, que devinieron pronto en los intentos de vacancia presidencial y las voces que amenazaban con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. Tanto, que incluso las denuncias iniciales de la trampa electoral continúan navegando en las investigaciones que lidera un congresista náutico, En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos y están arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción.

Las últimas semanas, el Ejecutivo y el mandatario, asediados desde distintos flancos que alimentaron sistemáticamente desde su instalación en el gobierno, presentaron su polémico proyecto de ley sobre el papel de los fiscales, las investigaciones reservadas y su relación con los medios, que más allá de sus eventuales razones, busca frenar a éstos y a los periodistas en un contexto en el que la multiplicación de denuncias e indagaciones judiciales se acrecienta para beneplácito de quienes buscan liquidar al gobierno y multiplican sus ataques. En ese escenario de asedio, el Primer Ministro, haciendo gala de su tino político, recuerda nuevamente a Hitler; si la primera vez que lo hizo fue con ambigua admiración, ahora lo hace como abierta anatemización, consiguiendo en ambas oportunidades portadas y titulares que no le disgustan.

Buscando responder a un sector de su clientela, el Ejecutivo intervino la Derrama Magisterial, una empresa de derecho privado y controlada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en una decisión cuestionable y con nombre propio, que le abrirá al Ejecutivo y al mandatario en particular, un nuevo escenario de confrontación. Todo ello sin olvidar el cotidiano y lamentable surgimiento de parientes y paisanos aprovechando el vínculo para sus negocios privados y trapacerías, denunciados por personajes similares que buscan reducir el castigo por sus propios delitos.

Durante los mismos días, el Congreso y su Presidenta, ya especialista en agresividad y discriminación a estas alturas del partido, continuó acumulando sus propios méritos. Protegiendo a varios de sus propios clientes, la Mesa Directiva aprobó a fines de junio una bonificación extraordinaria para el personal de confianza y otra para todos los trabajadores del Congreso, que rondaría los 70 millones de soles. Para que no queden dudas de su talante y corazón, no contentos con blindar a Manuel Merino y sus secuaces, el ex presidente de facto fue el personaje central de una ceremonia en su homenaje en el Congreso el 11 de julio pasado. El apuro de esos gestos, ciertamente está acompañado por la prisa en otras decisiones mayores.

Así, la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo y el apuro por sancionar la bicameralidad sin ninguna discusión seria y con el interés único de crear mayores y mejores condiciones para su continuidad, está acompañada por el golpe a la reforma universitaria con la aprobación por insistencia de la ley que incorpora a Sundeu a tres representantes elegidos por las universidades y la extingue como organismo técnico especializado. La alianza de la derecha más pura y más dura, el fujicerronismo y los intereses de varias universidades bambas presentes en la representación nacional, se evidencia una vez más, por si fuera necesario a estas alturas.

De esta forma, erre que erre, Ejecutivo y Legislativo insisten en darle la razón a una opinión pública que crecientemente entiende que la única solución es que se vayan todos. Una opinión pública que tiene cada vez más claro que ni a unos ni a otros les preocupa la situación de la gente y su futuro, su aspiración de progreso y derechos. En ese camino que tiene mucho de salto al vacío, entre las cosas urgentes a aprender y resolver está el desplome de nuestro presidencialismo parlamentarizado en el que basta tener los votos necesarios para tener al mandatario como rehén, como ocurre ahora o en el escenario opuesto, asegurarse la mayoría parlamentaria para decidir sin control, como ocurrió con el fujimorismo. En alguna medida, la continuidad de una manera nefasta de gobernar.

desco Opina / 15 de julio de 2022

Sin consulta previa

 

El 2012 un grupo de comunidades en Puno realizó una gran protesta en contra de la empresa Bear Creek Mining Corporation que iniciaría una exploración en sus tierras para extraer plata. Tras largas semanas de violentas manifestaciones, el gobierno derogó la norma que favorecía la operación de Bear Creek y el proyecto Santa Ana se canceló. La empresa inició en 2014 un arbitraje internacional contra el Estado peruano, que ganó luego de un extenso proceso; sin embargo, en 2018 tuvo que renunciar a la concesión. El principal líder de la protesta, Walter Aduviri, fue condenado a siete años de prisión. Hace poco, una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) nuevamente vulnera el derecho de otras comunidades aymaras que no quieren que el extractivismo sea parte de su desarrollo, ni económico ni cultural.

El Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda de las comunidades campesinas Chila Chambilla y Chila Pucará, ubicadas en la provincia de Chucuito, que exigían la nulidad de concesiones mineras que invaden su territorio comunal, porque se omitió la Consulta Previa. La empresa que pretende operar tal concesión, es una cementera del grupo Gloria. El TC dice en su sentencia que la Consulta Previa no es un derecho fundamental, pues no está reconocido en la Constitución, y recordó que el mecanismo tiene sus límites. En efecto, la norma no considera consultar sobre el otorgamiento de las concesiones, al entenderlo como un mero trámite burocrático. Nadie te avisa si la tierra donde está tu casa, tu chacra, o tu campo de pastoreo, se va a concesionar; un día el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), te despierta con la noticia en el periódico.

La sentencia alarmó a varias organizaciones que velan por los derechos de los pueblos indígenas, pero también de la Defensoría del Pueblo, que ha emitido un pronunciamiento en cautela de los derechos colectivos de las comunidades indígenas y en contra de esta decisión del TC. Sin embargo, más allá de comunicados, esta sentencia hace ver la urgencia de la revisión de la norma de la Consulta Previa, que ya tiene diez años de vigencia, en tanto los conflictos socioambientales se siguen sucediendo.

Otro tema relevante sobre el que se tiene que poner un foco, a propósito de esta sentencia, es el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como instrumento político para tomar decisiones sobre cómo regular el uso de un territorio, un proceso hundido en los sótanos de la agenda nacional por la presión de los mayores beneficiarios del actual modelo económico: los empresarios. La Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), como se recuerda, es una herramienta que impulsó el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) para ordenar la gestión del territorio, que luego el Ministerio del Ambiente puso como requisito obligatorio para el planteamiento de los POT. Hasta el 2017 las ZEE de Arequipa, Apurímac y Moquegua, estaban en una etapa de formulación y ejecución; mientras que Cusco, Puno, Tacna y Madre Dios, ya tenían sus procesos concluidos y aprobados, pero a nivel meso, y debieron emprender los estudios a nivel micro, es decir para cada gobierno local, y otros estudios más para formular su OT. Un largo camino para decidir sobre el territorio, cuando bien estos estudios podrían ser complementarios y no un requisito.

Según el geoservidor del MINAM, Chucuito tiene un potencial minero no metálico, pero ¿es lo que quiere desarrollar la población como potencial económico?, la demanda de amparo presentada por una porción de las comunidades asentadas allí no dice que no. Para ello está el POT como instrumento político, pues no sólo basta con identificar las potencialidades económicas, sino también el tipo de desarrollo que plantea esa comunidad según criterios sociales, culturales, ambientales y otros. Por eso es tan discutible que se quiera seguir haciendo minería en las cabeceras de cuenca, aunque en la mente de muchos empresarios, tecnócratas y periodistas de derecha, estas sean un mito.

Según un reporte de CooperAcción del 2017, en el sur hay provincias que tienen más del 50% de su territorio concesionado como Condesuyos (53.5%) e Islay (54.9%) en Arequipa; Chumbivilcas (58%) en Cusco; Ilo (63%) en Moquegua; Cotabamba (74.8%) en Apurímac, entre otras. Chucuito solo tiene el 6% de su territorio concesionado, y esa cifra podría aumentar. Si bien una concesión no implica que ya esté siendo explotada, hay que ser conscientes de que en algún momento se puede realizar la exploración y explotación de la misma. ¿Acaso Ingemmet tiene idea de cuál es el tipo de desarrollo que quiere determinado distrito? Aparentemente no. Esta desconexión dentro de los organismos del Estado –no sólo a nivel de Lima, sino con los demás sectores subnacionales– provoca que luego, los responsables de un estallido que «espanta» a la inversión privada, sean los pobladores, jamás el Estado, desarticulado hasta ahora, que parece que nunca formula sus decisiones tomando en cuenta los escenarios futuros, menos a la población y su cultura.

 

 desco Opina – Regional / 1º de abril del 2022

descosur

El colapso de la democracia

El Congreso, por enésima vez, vuelve a evidenciar que no tiene mucho sentido para los fines democráticos del país, al aprobar la denominada ley mordaza o ley Mulder. Más allá de no proyectarse resultado alguno con lo previsto en dicha norma, lo realmente asombroso es una exposición de motivos que por mucho esfuerzo que se haga, no se terminó de entender.

En efecto, apeló por alguna extraña razón a la transparencia, como una de las razones de la supuesta pertinencia del proyecto de ley en cuestión, afirmando que “el accionar del Estado supone esencialmente comunicar a los ciudadanos las acciones que toma en su nombre y dar a conocer los detalles del comportamiento y desempeño de los funcionarios públicos”.

A continuación, refuerza esta «idea» con lo establecido en una de las partes centrales de la Ley de transparencia y acceso a la información, que refiere a la obligación de las dependencias públicas de generar y alimentar un portal web, donde debe colocarse toda la información que indica la norma.

Luego, viene el salto mortal y el argumento sale de cualquier alineamiento con marco legal alguno, dando lugar a la simple matonería procesal. Sin inmutarse, obvió cualquier referencia a la Ley 28874, del 2006, decidiendo que por racionalización de los gastos –¿y la transparencia que definía el problema a resolver?– la publicidad de los actos de las dependencias públicas debía limitarse.

Seguramente, los especialistas ponderarán si esta ley afecta el principio de publicidad de los actos del Estado, si restringe la transparencia o, como afirmó el Defensor del Pueblo, acota el acceso a la información por parte de los ciudadanos.

Entonces, si entendemos bien, la ley está obligando a las entidades públicas a publicar su información en una página web, es decir, lo que hace más de quince años establece la ley de transparencia, además de difundir trámites, fomentar valores y promover actos positivos, apelando al hecho de que los medios privados tienen «tarifas comerciales» muchas veces muy costosos para las posibilidades de las arcas públicas todo lo cual, viéndolo desde una óptica positiva, resulta reiterativo e innecesario.

Al parecer, bastaba refinar lo que ya se había establecido en la Ley 28874 –con una evaluación previa de lo actuado en torno a dicha norma– si lo que se deseaba era ordenar el rubro de la publicidad de los actos públicos. Pero, una vez más, cundió el complejo de Adán y, como consecuencia, el Congreso vuelve a morderse la cola.

Ahora bien, afirmar que dicha norma era innecesaria no significa la inexistencia de problemas graves en esa dirección y muchos de ellos, incluso, están relacionados con los intereses de los que ahora se sienten atacados, sugiriendo incluso que empezamos a parecernos a la Venezuela de Maduro, al ponerse en peligro la vigencia de derechos.

La dificultad es que, en efecto, estamos en una situación donde tirios y troyanos se han enfrascado en una tensión teniendo algunos derechos fundamentales –libertad de expresión, información, transparencia– como justificaciones de uno y otro lado. Sin embargo, también hay un amplísimo campo de derechos que debieran discutir los protagonistas de esta situación que, desconcertantemente, callan y conceden mutuamente.

Una primera cuestión que ni los gremios de propietarios de medios de comunicación, ni la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ponen en cuestión es la inmensa concentración de la propiedad de los medios de comunicación existente en el país, uno de los principales obstáculos para una debida libertad de expresión e información. Peor aún, con preocupación vemos que los afectados directamente con esto y que en su momento lideraron la protesta, ahora no manifiestan su voz al respecto.

Una segunda cuestión es la brecha cada vez más grande que existe entre los intereses de las empresas de comunicación y la libertad de expresión e información. En efecto, los medios de comunicación peruanos no son parte del espacio público –lo que los debiera caracterizar por antonomasia– sino ámbitos estrictamente privados que obedecen a los criterios de sus propietarios que les permite, entre otras situaciones, despedir periodistas cuando sus ideas se contraponen a los intereses mercantiles de la empresa empleadora.

Por último, una tercera cuestión, sintomáticamente puesta de lado por la ley Mulder, es la evidente relación entre colocación de publicidad estatal y canje tributario. A estas alturas, para nadie es un secreto que la publicidad estatal es para las empresas de comunicaciones algo parecido a la modalidad de «obras por impuestos» que, en buena forma, fundamenta su rentabilidad.

desco Opina / 22 de junio de 2018