El último informe del Instituto Nacional de Estadística e
Informática (INEI) podría
leerse, a primera vista, como una buena noticia, porque la pobreza monetaria
bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Es decir, 567 mil personas dejaron de
ser pobres en términos monetarios. Pero detenernos solo en esa cifra sería
mirar el país desde una perspectiva peligrosa, pues una de cada cuatro personas
en Perú sigue viviendo en pobreza.
La pregunta, entonces, no es solo si la pobreza bajó. La pregunta es
qué hace el Estado con esa información. Y, sobre todo, qué decisiones toma
cuando los datos le recuerdan que millones de personas siguen viviendo con
ingresos insuficientes, servicios precarios y oportunidades que dependen más
del esfuerzo individual que de una política pública sostenida.
En ese contexto, la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca
Generación del Bicentenario resulta difícil de justificar políticamente. No se
trata únicamente de jóvenes que quieren estudiar fuera del país. Se trata de
una política que brinda una posibilidad concreta para que profesionales
peruanos accedan a una formación de alto nivel y regresen a aportar al país. El
Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC)
ha señalado que no cuenta con presupuesto para abrir una nueva
convocatoria en 2026 y requiere S/ 119 millones para atender la demanda de
becas, incluida una posible convocatoria de Beca Generación del Bicentenario y
nuevos beneficiarios de Beca 18.
Lo indignante no es solo la falta de presupuesto, sino la selectividad
para la ejecución de gastos. Para la educación, se invoca la evaluación y la
espera. No obstante, para otras prioridades, los recursos parecen encontrarse
con mayor rapidez y menor pudor. Mientras se deja en incertidumbre a estudiantes admitidos en
universidades del extranjero, el Congreso avanza en la
implementación de la bicameralidad, integrada por 130 diputados y 60 senadores
desde julio de 2026. No se trata solo de cambiar nombres o funciones, pues se ha ejecutado 85 millones de soles para
adecuar edificios, oficinas, salas y equipamiento del Parlamento. Asimismo, el
Congreso ha iniciado el concurso público para remodelar su complejo deportivo, ubicado en el
Centro de Lima, que cuenta con cancha sintética de fútbol, dos piscinas, juegos
de mesa, cafetería y una pista de baile.
No es que el Estado carezca de recursos suficientes, más bien, los
asigna según determinadas prioridades. Se decide qué puede esperar y qué debe
acelerarse, decide qué vidas se acompañan y cuáles deben seguir resolviéndose
solas. Aunque estas decisiones se presentan como técnicas, son profundamente
políticas.
La pobreza monetaria no se combate únicamente celebrando una reducción
porcentual, sino que debe priorizarse un enfoque multidimensional. Esta se
combate sosteniendo trayectorias educativas, fortaleciendo servicios públicos,
ampliando oportunidades y evitando que la vulnerabilidad sea tratada como una
condición normal de vida. Si el 35,5 % de la población rural sigue en pobreza,
y departamentos como Cajamarca y Loreto superan el 40 %, entonces el país no
necesita solo discursos de eficiencia, requiere una discusión seria sobre justicia
distributiva.
Por eso, el debate sobre las becas y la remodelación del Congreso no es
un tema aislado. Es una fotografía incómoda de nuestras prioridades. Por un
lado, jóvenes ven suspendidos sus proyectos académicos porque el presupuesto
“no alcanza”. Por otro lado, una institucionalidad parlamentaria se amplía, se
acomoda y se remodela, pese a tener una de las legitimidades más deterioradas
ante la ciudadanía.
Tal vez ahí está la verdadera lección del informe de pobreza. El Perú
no solo debe preguntarse cuántas personas salieron de la pobreza, sino cuántas
podrían volver a caer en esta, si el Estado sigue administrando la desigualdad
en vez de enfrentarla. Porque cuando la educación se posterga, la inversión
social se reduce.
desco Opina - Regional / 8 de mayo de
2026
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