desco Opina - Regional / 25 de setiembre de 2009
Las provincias huancavelicanas de Castrovirreyna y Huaytará cuentan actualmente con un extraordinario instrumento de trabajo para el planeamiento de su desarrollo. En efecto, en el marco de las intervenciones realizadas con recursos del Fondo Italo Peruano (FIP) se han elaborado los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de las capitales de esas jurisdicciones. Además, cabe mencionar que los mencionados proyectos fueron ejecutados con apoyo de las facultades de Arquitectura de las universidades Roma Tre, Italia y Católica de Lima, Perú. Sin embargo, también debe señalarse que hay acciones pendientes que deben realizarse, como por ejemplo, la capacitación a la población para que haga un uso adecuado de dichos planes.
Así, aun cuando es urgente la necesidad de contar con otros instrumentos de gestión territorial y de percibirse todavía algunos vacíos de información que, en nuestro concepto, deben incorporar estos proyectos –por ejemplo, la naturaleza de vivienda productiva de los hogares y la vocación principalmente pecuaria de los habitantes de la zona, así como la dotación de recursos paisajísticos y arquitectónicos existentes en ambas provincias–, debemos saludar estas acciones.
El caso expuesto, además, sirve para reflexionar sobre la situación de los instrumentos de gestión territorial en el país. En efecto, la legislación actual obliga a los gobiernos locales y regionales a estructurar sus respectivos planes estratégicos y sus presupuestos participativos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, sólo se cumple formalmente lo establecido en las normas, pero no se transita hacia la conversión de estos documentos en verdaderos instrumentos de gestión.
Adicionalmente, esto trae a colación uno de los efectos más negativos que provoca la ausencia de una debida articulación de los planes de desarrollo. Como las intervenciones no tienen claridad respecto a los resultados que deben obtenerse, por no existir en el país un planeamiento estratégico, hay una lamentable superposición de éstas, muchas de las cuales no están enlazadas a los planes regionales o provinciales que debieran darles el marco y, lo que es más grave, se han gastado ingentes recursos del Estado y de la cooperación para el desarrollo en estudios y proyectos cuyos resultados no se pueden ubicar en ningún archivo, por decir lo menos.
Por ejemplo, recordemos que el Proyecto de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica AGORAH, tenía como unas de sus finalidades elaborar un plan de ordenamiento territorial y urbanístico para ambas regiones, es decir, se suponía que éste incluía a Huaytará y Castrovirreyna. Sorpresivamente, puede constatarse que el informe «final» del mencionado proyecto da cuenta de la ejecución del referido proyecto, en la que habría participado la Universidad San Martín de Porras. Entonces, la pregunta que debemos hacernos cae por su propio peso: ¿ambos proyectos –el del FIP y el de AGORAH– han hecho un trabajo similar?, ¿el segundo recoge información del primero? Más aun, ¿ambos están enlazados a los planes de desarrollo regional?
La eficacia en el uso de los recursos de la cooperación internacional es un tema que ha sido puesto en cuestión durante los últimos años y, por lo mismo, muchos esfuerzos se vienen haciendo para tratar de darle un uso óptimo a estos recursos. Sin embargo, nada de esto obtendrá resultados positivos si el Estado no articula en debida forma los planes de desarrollo y los planes sectoriales. Asimismo, poco o nada se logrará si las agencias de cooperación no buscan alinear sus intervenciones con las necesidades de desarrollo del país.