viernes

Qali Warma y las cadenas de la informalidad

Uno de los argumentos del MIDIS para la desactivación progresiva del PRONAA y el lanzamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –en su reemplazo–, señalaba que el primero «no funcionó bien y descuidó los criterios nutricionales de la población escolar». Sin embargo, pese a lo acertado de esta apreciación, la nueva propuesta no recogió las lecciones que dejó la experiencia pasada sobre todo en materia nutricional. El equipo de profesionales que lideraba el componente alimentario –el más importante del programa– estaba constituido por ingenieros de industrias alimentarias, cuyo perfil profesional no era el más adecuado para este propósito. Por esta razón, se cometieron errores en la selección de insumos para las dietas, tal como lo señaló en su momento el Colegio de Nutricionistas del Perú. Quedó demostrado que se distribuían productos que contravenían el espíritu de la recientemente promulgada “Ley de la comida chatarra”. La Ministra Trivelli aceptó el error de su portafolio y asumirá las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud; algo que se pudo prever con una adecuada composición y selección del equipo técnico necesario para implementar este tipo de programas.
En la selva central este tipo de programa presenta una seria problemática: la informalidad y precariedad presente en los niveles públicos y privados. Empezando por los proveedores locales que ofrecen poca garantía sobre la calidad de los productos (autenticidad y vigencia), tanto como en las condiciones de almacenamiento y traslado de los mismos y, sumado a ello, la poca capacidad estatal para la fiscalización y monitoreo del servicio y para deshacerse del stock que ha superado su fecha de caducidad. Esta situación es más dramática aún en el interior del país, sobre todo en escenarios rurales, donde el programa ya ha sido denunciado por deficiencias como proporcionar alimentos en mal estado a colegios. Conservas de pescado malogradas, yogurts con gusanos, entre otras perlas, han sacudido los primeros meses de la implementación. La Ministra atribuyó el problema a compras del fenecido PRONAA.
Las escuelas rurales, no ocultan su alegría al saberse seleccionadas para ser beneficiarias del programa, pero es allí cuando las limitaciones de infraestructura local hacen sentir su presencia. Ausencia de energía eléctrica, inexistencia de cadenas de frío, caminos deficientes que deterioran los productos perecibles, falta de espacios adecuados en las escuelas para el almacenamiento y preparación, inseguridad para evitar los robos, carencia de utensilios y mobiliario para el consumo de los alimentos preparados, insuficiencia de cocinas para la cocción; entre otras limitaciones, que ponen en riesgo la calidad e inocuidad de los menús. A todo ello debemos sumar el poco conocimiento de los padres de familia en temas de manipulación de alimentos, así como las limitaciones de recursos humanos y financieros de las dependencias locales del MINSA que no aseguran a los usuarios una supervisión eficiente, lo que nos hace suponer que el riesgo de contaminación, o la aparición de nuevas denuncias por insumos en mal estado estará siempre latente.
En muchas escuelas rurales en la selva central –especialmente las multigrado– son los mismos maestros los que con buena voluntad se dedican a la preparación de alimentos para sus alumnos, en desmedro de las horas que deben dedicar al dictado de clases. Esta es una situación inapropiada pero realista, porque las organizaciones de padres de familia no pueden asumir ese compromiso dada la dispersión de sus viviendas y las distancias en relación a la institución educativa. En el Programa del Vaso de Leche sucede una situación similar, y por ello, las municipalidades locales aceptan que no se efectúe la preparación de alimentos como exigen las normas, sino la distribución del insumo para facilitar que de esa manera llegue a la gran mayoría de beneficiarios.
Recientemente el primer mandatario señaló «…lo que tratamos de hacer con este programa es luchar contra la corrupción que hubo en el PRONAA…»; al parecer no será fácil erradicar la corrupción de los programas sociales; porque de lo contrario no se explica que hubiese sido necesario que el programa acoja las recomendaciones de la Contraloría, en cuyas visitas de monitoreo se hallaron serias irregularidades en 230 colegios de Lima Metropolitana. Vistas así las cosas, la corrupción e improvisación serán las duras cadenas de este tipo de programas sociales; un duro lastre para conseguir y observar resultados en materia nutricional.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2013
Programa Selva Central
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lunes

¿Servir a la Patria?

La semana última una movida de la Defensoría del Pueblo impidió la realización del sorteo del servicio militar obligatorio-SMO, cuya implementación lleva ya un tiempo alimentando un intenso debate que muestra la tensión entre proyectos institucionales distintos y, de fondo, la apuesta por diversos modelos de sociedad.
Para quienes se ubican en el discurso de la seguridad y la defensa nacional y desde él defienden el reclutamiento obligatorio como modalidad válida para reforzar nuestro ejército, la opacidad de la información y los serios problemas de gestión de recursos juegan en contra para ganar legitimidad en la opinión pública. Ello por no profundizar en el debate sobre la validez del modelo de acuartelamiento y el papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y, al menos hasta hace muy poco, de franco crecimiento macro económico.
En una cultura de gestión pública que ha girado al discurso de lo técnico y de la asignación de presupuesto en función de resultados, llama la atención que el sector Defensa aparezca poco permeable a los filtros y la fiscalización, situación que no es cuestionada por ninguna fuerza política en particular, sea de derecha o de izquierda. Los enormes avances de la última década en materia de transparencia de la información pública parecen no haber alcanzado a nuestras Fuerzas Armadas. No se tienen cifras claras respecto a la necesidad de personal, ni controles institucionales fiables sobre el gasto, por no hablar de su efectividad. El que la información del sector Defensa tenga implicancias en la seguridad nacional no quiere decir que ella no deba someterse a control público, sino que requiere otros mecanismos para conocerse y evaluarse.
La opacidad de la información sobre las necesidades logísticas y de personal del Ejército Peruano es uno de los más serios lastres en la gestión de esta institución pública, y, naturalmente, alimenta la desconfianza no sólo de las entidades que velan por los derechos ciudadanos –desde el Estado, la Defensoría del Pueblo y desde la sociedad civil varias organizaciones no gubernamentales– sino de las familias peruanas, especialmente las familias pobres, que no encuentran en la oferta formativa militar ni en el discurso de servicio a la Patria, algo compatible con una opción de vida y laboral satisfactoria para los suyos.
Si bien en el debate sobre el SMO han prevalecido los principios esgrimidos por la Defensoría del Pueblo, en el sentido de garantizar los derechos y libertades de los jóvenes pasibles de llamamiento, aún hay mucha tela que cortar. Como apuntes para avanzar en esta tarea, consideremos tres aspectos. El primero, que cualquier mecanismo de captación de personal para el servicio debe darse en la perspectiva de un nuevo consenso nacional sobre el rol de las Fuerzas Armadas, garantizando la estricta observación de sus limitaciones constitucionales en escenarios de conflictos sociales internos, así como sus recursos frente a los focos armados asociados al narcotráfico, y su nueva situación en el escenario post fallo de La Haya.
El segundo, que deben aplicarse a las instituciones armadas –aunque con mecanismos diferenciados– los mismos principios para asignación presupuestal y control que se exige a todo el aparato público, lo que requiere una voluntad de reforma estatal. El tercer aspecto, quizá el más complejo, plantea romper con el conservadurismo en que empatan amplios sectores de nuestra sociedad con lo más reaccionario de las Fuerzas Armadas, consistente en alimentar el mito de que los militares encarnan los valores asociados al servicio al país y la defensa de lo nacional, o peor aún, que en última instancia, son los garantes del orden social. Socavar ese mito, y proponer uno de carácter ciudadano y popular debe ser tarea de las organizaciones políticas, especialmente de aquellas que afincan su discurso en la defensa de nuestros recursos naturales y en la apuesta por la justicia social.

desco Opina / 24 de junio de 2013
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viernes

Agua, minería y transparencia en Arequipa

Los impuestos generados en el sector minero son los recursos más importantes en los presupuestos de municipios y de gobiernos regionales en casi todo el país. Después de que el Gobierno Nacional aprobara hace unos años la reinversión de utilidades –mecanismo hoy en desuso– a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), abriendo la puerta para reducciones en el Impuesto a la Renta y por tanto del canon minero, la empresa se comprometió a financiar los estudios técnicos y la construcción de la Planta de Agua Potable II de Alto Cayma. Además, sufragaría los estudios para una planta de tratamiento de aguas servidas cuyo costo sería solventado de manera mancomunada por los alcaldes de la provincia de Arequipa.
Desde el 2006 hasta finales de 2010 los alcaldes lograron reunir una bolsa de 19 millones 650 mil soles para la planta, mientras que SEDAPAR, la compañía de agua potable, se encargaba de evaluar el lugar adecuado para la planta y las mejores opciones de operación. Hacia setiembre de 2011, en vista de que aún no se comenzaba con la construcción de la planta de tratamiento y que la empresa necesitaba agua para su proyecto de expansión, ésta firma un Convenio Marco con SEDAPAR para el financiamiento, ejecución y operación del Proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana» (PTAR) condicionado a la aprobación del proyecto de expansión de sus actividades.
El ministerio de Energía y Minas aprobó el año pasado el EIA de la expansión de Cerro Verde, con lo cual la construcción de la PTAR debía comenzar este año, pero un reporte periodístico movió las aguas señalando la existencia de cinco convenios específicos firmados entre la empresa y SEDAPAR, desconocidos por los alcaldes (accionistas de la empresa de agua potable), con los que supuestamente la PTAR sería financiada parcialmente por SEDAPAR y en consecuencia por los usuarios de agua de la ciudad, y no completamente por la empresa. Los medios de comunicación denunciaron el caso y al no haberse difundido transparentemente estos acuerdos, comenzaron también las especulaciones.
Ante el aluvión de cuestionamientos, la empresa minera se vio en la obligación de emitir un comunicado aclarando varios puntos en controversia: el PTAR no sería una obra por impuestos, lo que no afectará el canon (aunque es cierto que Cerro Verde tiene uno de los tan denostados contratos de estabilidad, que vence este año), que se encargarían del mantenimiento de la obra y que SEDAPAR sólo pagaría la cesión en uso de los terrenos por donde pasarían las instalaciones para su funcionamiento. SEDAPAR se vio obligado a colgar en su web todos los convenios firmados, además de realizar conferencias de prensa para explicar qué pasó.
Aún se cuestiona el monto de inversión de la planta, el porcentaje de agua que limpiará del contaminado río Chili y el que utilizará respecto a la carga de aguas servidas que se vierten al caudal, el pago de la empresa por el agua reutilizada, qué otra inversión hará SEDAPAR en la PTAR fuera del pago de tierras en uso, y la absolución de algunas observaciones del EIA de la PTAR, pero en general, las aguas se han calmado.
Nada de esto hubiera pasado si la transparencia fuera una de las políticas de responsabilidad social de la empresa minera, en particular si se trata de obras públicas. Ante el aumento de conflictos por la actividad minera debido a su crecimiento, en especial en toda la Macro Región Sur donde se calcula una inversión del sector en los próximos años de US$ 32,557 millones, es tiempo que los presupuestos de las empresas sean transparentados; además concertados con los planes de desarrollo de las localidades donde realizan sus operaciones. Se tiene que comprender que la inversión social de las empresas mineras no es una dádiva, sino una compensación por la extracción de un recurso no renovable. El tema de la PTAR ha puesto en la agenda, una vez más, cuál es el rol de las empresas mineras frente al desarrollo regional.

desco Opina - Regional / 14 de junio de 2013
Programa Regional Sur
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Con una pequeña ayuda de mis amigos

Los últimos resultados económicos parecen haber preocupado sobremanera al parco presidente Humala quien aprovechó el marco ofrecido por la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico para, so pretexto de luchar contras etéreas «inercias burocráticas», anunciar desde Bogotá un paquete de medidas dirigido a restablecer la confianza del empresariado hacia su gobierno.
Sus elogios no pudieron ser más elocuentes: «la empresa de hoy tiene una nueva cultura, con un sentido de responsabilidad social y de interés por el entorno positivo de la comunidad donde se encuentra su proyecto... Eso nos ayuda mucho a consolidar la paz social que requiere un país que quiere continuar avanzando como el Perú».
La voluntad manifiesta se materializó días después en las ahora conocidas Siete Medidas. Para algunos, como Pablo Secada, había que tomarlas con calma y sin mucho entusiasmo porque no parecían evidenciar gran impacto –«bienvenidos los cambios pero ¿y las reformas, incluso sobre estos temas?», se pregunta– aun cuando el aspecto principal del mensaje –que el empresario peruano vea en su presidente un amigo y no un adversario– quedó prendido.
De esta manera, el 5 de junio, se reunió con los representantes de los gremios empresariales, quienes le sugirieron un segundo paquete de medidas, tal como había planteado previamente Secada. Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, los representantes de los gremios que asistieron a la reunión salieron muy satisfechos y manifestaron su total compromiso y disposición para seguir apostando con sus inversiones en el país.
Mientras esto sucedía, en un espacio paralelo pero surcado profundamente por los intereses de las empresas extractivas, Humala tuvo especial preocupación de que quedara totalmente clara su posición respecto a la Ley de Consulta Previa: «esta norma no debe ser visto [sic.] como un obstáculo a las inversiones por los empresarios del sector».
Pero, este no fue el único campo de concordia que abrió el presidente Humala en estos días. En vísperas de emitirse el fallo del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo que mantenemos con Chile, convocó a los principales líderes políticos del país, para, como suele hacerse en estos casos, tomarse la fotografía del consenso con ellos.
Como decimos, es el procedimiento que el sentido común espera de cualquier mandatario, pero de lo que debemos lamentarnos es de no haberse aprovechado la ocasión para anunciar cuestiones importantes referidas a este momento crucial que tendrá la política exterior peruana.
Por ejemplo, ¿quién conducirá políticamente el proceso pos La Haya? Obvio, que la cabeza será el propio Presidente de la República, pero ¿acompañado del o de la canciller? ¿será la señora Rivas u otro/a la persona que estará en Torre Tagle? Se formulan estas preguntas porque este proceso tuvo un evidente líder en el ahora ex canciller Rafael Roncagliolo, y si bien en la convocatoria política a la que referíamos pudo notarse la presencia del embajador Allan Wagner, miembro del equipo peruano en La Haya, el supuesto es que por el momento no volverá a ocupar la conducción de Relaciones Exteriores.
Por otro lado, además de Relaciones Exteriores, hay otros sectores estatales que a estas alturas debieran anunciar pautas o lineamientos respecto a su estrategia luego de conocerse el fallo. Por ejemplo, llama la atención que no se haya expresado la titular de Producción, sabiéndose lo que se pone en juego en términos pesqueros. En esa misma línea, esperábamos iniciativas desde el Mincetur, Minam, Minem. Tampoco las tuvimos del Ministerio de Cultura.
Más aún, si esa es la situación de la necesaria articulación que debe existir entre los sectores estatales, parece que nada mejor ocurre entre los niveles del mismo. Hasta donde se puede conocer, no existe interés en convocar y formular consensos con los alcaldes y presidentes regionales del sur peruano.
Entonces, si la cuestión radica en hacerse de nuevos amigos para evitar complicaciones en la administración del país, ya que la voluntad de cambio no es más la rectora de la agenda de Palacio de Gobierno, sería bueno para el presidente Humala que profundice su mirada. Es posible que en este escenario pre electoral formado prematuramente, haya muchos aspirantes.

desco Opina / 7 de junio de 2013
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lunes

Lima y sus jueces

Una reciente encuesta muestra que la mayoría limeña respalda el traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita. El amplio apoyo ciudadano a la medida de ordenamiento emprendida por la Municipalidad de Lima, sin embargo, contrasta con las idas y vueltas que el caso toma en el Poder Judicial y con la popularidad bajo presión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el bloqueo de los ingresos a La Parada. En los meses transcurridos desde entonces, hemos sido testigos del uso irregular de medios judiciales para minar la autoridad urbana y entrampar el ordenamiento del sistema de abastecimiento de Lima. No sólo eso: también vemos cómo se retrasa la recuperación de un espacio público vital para la ciudad.
La dilación por la vía judicial deja varios asuntos para la reflexión. Son muchos los problemas de gestión municipal cuyo principal cuello de botella son malos jueces, como Malzon Urbina o jueces formados en un sistema de leguleyadas, antes que en la búsqueda del equilibrio entre la defensa de los derechos de las personas y la salvaguarda del interés público. Este tipo de jueces explica por qué la Municipalidad de Lima no ha logrado imponerse frente a las mafias del abastecimiento ni llegar a acuerdos serios con los comerciantes informales de La Parada.
El escenario para la gestión urbana es complicado cuando se combinan factores como la decaída autoridad municipal –a la que abonó el absurdo intento de revocar a Villarán–, el comportamiento mafioso de los «emprendedores» locales –comerciantes y capitalistas– que imponen su interés privado sobre las necesidades de la ciudad, y la mala actuación del Poder Judicial.
La suma de estos factores explica en buena parte que Lima no haya podido emprender la restructuración de Mesa Redonda y que las pocas medidas que la Alcaldía ha tomado para controlar su expansión hayan quedado apenas como gestos. Nos referimos aquí a los inefectivos cierres preventivos de locales como el Campo Ferial La Cochera, donde en el verano de 2012 se produjo un incendio –felizmente controlado– que reavivó el fantasma de la tragedia de 2001, donde murieron al menos seiscientas personas entre compradores y trabajadores del comercio.
Nos referimos también a la clausura «definitiva» de los locales que funcionan como depósitos en el histórico Barrios Altos, sanciones que no han sido acatadas, pues dichos negocios continúan operando a vista y paciencia de serenos, policías y funcionarios de fiscalización de la comuna limeña. La poca efectividad de estas medidas merma la credibilidad de la Alcaldesa, aumenta el malestar entre los vecinos que apostaron por respaldarla ante la revocatoria y, más importante que todo ello, significa la aceleración del deterioro del patrimonio construido y la calidad de vida en el centro de la ciudad.
Ahora que nos encontramos en un período de tránsito, a puertas de las elecciones complementarias de octubre, esperamos que las fuerzas políticas que buscarán su participación en la gestión edil generen un debate que busque atender a estos aspectos, fundamentales para salvaguardar el principio de convivencia y de ordenamiento del territorio que compartimos.
A los puntos del acuerdo de «ancha base» propuesto por Villarán, entre los que se cuenta la reforma de transporte, el programa municipal Barrio Mío, la modernización del comercio mayorista de alimentos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros; debe sumarse un consenso para buscar la reforma del Código Procesal Penal, de modo que se impida que las medidas cautelares que otorga el Poder Judicial, en lugar de ser garantía de justicia, sean una muralla contra la que chocan todos los intentos de producir una mejor ciudad.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2013
Programa Urbano
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