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viernes

Qali Warma y las cadenas de la informalidad

Uno de los argumentos del MIDIS para la desactivación progresiva del PRONAA y el lanzamiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma –en su reemplazo–, señalaba que el primero «no funcionó bien y descuidó los criterios nutricionales de la población escolar». Sin embargo, pese a lo acertado de esta apreciación, la nueva propuesta no recogió las lecciones que dejó la experiencia pasada sobre todo en materia nutricional. El equipo de profesionales que lideraba el componente alimentario –el más importante del programa– estaba constituido por ingenieros de industrias alimentarias, cuyo perfil profesional no era el más adecuado para este propósito. Por esta razón, se cometieron errores en la selección de insumos para las dietas, tal como lo señaló en su momento el Colegio de Nutricionistas del Perú. Quedó demostrado que se distribuían productos que contravenían el espíritu de la recientemente promulgada “Ley de la comida chatarra”. La Ministra Trivelli aceptó el error de su portafolio y asumirá las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud; algo que se pudo prever con una adecuada composición y selección del equipo técnico necesario para implementar este tipo de programas.
En la selva central este tipo de programa presenta una seria problemática: la informalidad y precariedad presente en los niveles públicos y privados. Empezando por los proveedores locales que ofrecen poca garantía sobre la calidad de los productos (autenticidad y vigencia), tanto como en las condiciones de almacenamiento y traslado de los mismos y, sumado a ello, la poca capacidad estatal para la fiscalización y monitoreo del servicio y para deshacerse del stock que ha superado su fecha de caducidad. Esta situación es más dramática aún en el interior del país, sobre todo en escenarios rurales, donde el programa ya ha sido denunciado por deficiencias como proporcionar alimentos en mal estado a colegios. Conservas de pescado malogradas, yogurts con gusanos, entre otras perlas, han sacudido los primeros meses de la implementación. La Ministra atribuyó el problema a compras del fenecido PRONAA.
Las escuelas rurales, no ocultan su alegría al saberse seleccionadas para ser beneficiarias del programa, pero es allí cuando las limitaciones de infraestructura local hacen sentir su presencia. Ausencia de energía eléctrica, inexistencia de cadenas de frío, caminos deficientes que deterioran los productos perecibles, falta de espacios adecuados en las escuelas para el almacenamiento y preparación, inseguridad para evitar los robos, carencia de utensilios y mobiliario para el consumo de los alimentos preparados, insuficiencia de cocinas para la cocción; entre otras limitaciones, que ponen en riesgo la calidad e inocuidad de los menús. A todo ello debemos sumar el poco conocimiento de los padres de familia en temas de manipulación de alimentos, así como las limitaciones de recursos humanos y financieros de las dependencias locales del MINSA que no aseguran a los usuarios una supervisión eficiente, lo que nos hace suponer que el riesgo de contaminación, o la aparición de nuevas denuncias por insumos en mal estado estará siempre latente.
En muchas escuelas rurales en la selva central –especialmente las multigrado– son los mismos maestros los que con buena voluntad se dedican a la preparación de alimentos para sus alumnos, en desmedro de las horas que deben dedicar al dictado de clases. Esta es una situación inapropiada pero realista, porque las organizaciones de padres de familia no pueden asumir ese compromiso dada la dispersión de sus viviendas y las distancias en relación a la institución educativa. En el Programa del Vaso de Leche sucede una situación similar, y por ello, las municipalidades locales aceptan que no se efectúe la preparación de alimentos como exigen las normas, sino la distribución del insumo para facilitar que de esa manera llegue a la gran mayoría de beneficiarios.
Recientemente el primer mandatario señaló «…lo que tratamos de hacer con este programa es luchar contra la corrupción que hubo en el PRONAA…»; al parecer no será fácil erradicar la corrupción de los programas sociales; porque de lo contrario no se explica que hubiese sido necesario que el programa acoja las recomendaciones de la Contraloría, en cuyas visitas de monitoreo se hallaron serias irregularidades en 230 colegios de Lima Metropolitana. Vistas así las cosas, la corrupción e improvisación serán las duras cadenas de este tipo de programas sociales; un duro lastre para conseguir y observar resultados en materia nutricional.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2013
Programa Selva Central
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Políticas inclusivas para la nueva ruralidad altoandina

Asistimos a un escenario muy esperado por las sociedades altoandinas: la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Carolina Trivelli, implicaría una serie de políticas concertadas y operaciones dirigidas a enfrentar la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y los activos, así como a la superación de las privaciones sociales y la falta de voz y poder de los grupos excluidos.

En regiones como Huancavelica, donde la población es mayoritariamente rural, las demandas manifiestas de alpaqueros, pequeños agricultores y artesanos, no corresponden ya sólo a los clásicos programas sociales (Juntos, Foncodes, Vaso de leche, entre otros) sino a sus alternativas de desarrollo. La acción del Estado en este proceso ha sido difusa y desarticulada en el pasado; hoy, se requieren mejores iniciativas de inclusión social y productiva de estas sociedades. Reflexionando sobre las experiencias previas señalamos las siguientes:

i) Visibilidad como sociedades, la información oficial disponible para el área rural está desactualizada –el último censo agropecuario data de 1994– y no distingue la variedad de actores –alpaqueros, agricultores, artesanos, entre otros– ni caracteriza los circuitos económicos que desata la producción agraria, lo que imposibilita la identificación de alternativas de desarrollo específicas, e intensifica la desarticulación entre los actores del desarrollo. Los elementos de la nueva ruralidad altoandina, considerando que la gravitancia de la actividad minera, por ejemplo, indica que el reconocimiento del derecho consuetudinario y la jurisdicción de estas sociedades no es sólo un tema de consulta, sino también de una participación efectiva y, para ello, la educación bilingüe y multicultural constituye una política crucial.

ii) Reversión de la pobreza estructural y la desventaja, el acceso con calidad a la educación y la salud es la clave para la reproducción del capital social generacional. Así mismo, es necesario promover el desarrollo productivo regional con énfasis en las personas y sus organizaciones –más que sólo en los medios de producción– para generar sólidos tejidos sociales como soporte de cadenas productivas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y el poder . El acceso a los activos productivos y financieros es otro aspecto que ayuda a la reducción de la pobreza estructural. El suministro de reformas legales acordes a la propiedad de la tierra que se adapten al contexto globalizado actual constituye una necesidad apremiante.

iii) Eliminación progresiva del estigma social para evitar la discriminación, mediante acciones de tolerancia, solidaridad y empoderamiento promovidas por campañas de comunicación y educación para modificar los estereotipos y fortalecer la institucionalidad para la participación en la sociedad civil. Es significativa la implementación de políticas preferenciales para la promoción de la representación social altoandina en el legislativo y en otras instancias gubernamentales así como la sanción y vigencia de la legislación antidiscriminatoria y el rediseño de las estructuras para el acceso a servicios y el mercado.

El recojo del mandato social altoandino en el nuevo contexto rural constituye el principal desafío de las organismos gubernamentales como el MIDIS, pero también lo es para los representantes regionales en el Congreso, mientras más conocedores de las realidades, más oportunas podrán ser sus intervenciones. Esto se espera de Hugo Carrillo y Wuillian Monterola, congresistas por Huancavelica.
desco Opina / 4 de noviembre de 2011
Programa Sierra Centro

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