La gobernanza del agua en jaque

 

La reciente aprobación de la Ley N.º 32434 —conocida como la “Nueva Ley Agraria”— ha sido denostada por diferentes gremios agrarios y especialistas del sector, en particular porque otorga mayores ventajas a los agroexportadores que a los pequeños productores. No sólo afectará la recaudación fiscal, pues reduce el impuesto a la renta de los agroexportadores, sino que, además, los derechos laborales de los empleados de este sector continuarán siendo vulnerados.

No obstante, más allá de su dimensión fiscal y laboral, hay elementos de la norma que plantean serias interrogantes en materia de gobernanza del agua, tema que no ha sido muy discutido mediáticamente, esto es: permitir a los usuarios del agua disponer del excedente ahorrado, lo que implicaría una mercantilización del recurso.

La Nueva Ley Agraria en el fondo, legalizaría el tráfico de aguas que ya venía aconteciendo. Hemos visto que en valles como en la provincia de Caravelí (Arequipa) ya se vendían excedentes a la minería informal o la ilegal con la que conviven los habitantes de esta zona. Así, cómo el Ejecutivo pretende efectuar una adecuada fiscalización de esta transacción a terceros, si no cuenta con el personal para hacerlo; y ello sumado al embrollo de una reforma interesada en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para quitarle los dientes.

Ya tenemos en el país una crisis hídrica causada por el cambio climático, la mala gestión del recurso hídrico, la infraestructura deficiente y la desigualdad en el acceso al agua. Este acápite en la norma se convertiría en una nueva causal y más compleja aún por los problemas que acarreamos a raíz de la expansión de la minería informal e ilegal en nuestro territorio; y por el creciente interés de las comunidades campesinas en dedicarse también a este rubro económico.

En la práctica, la norma crea un incentivo a los usuarios a quienes “les sobre el agua”, para que operen como oferentes de este recurso a terceros, lo cual favorecerá no sólo a la pequeña minería ilegal o informal, sino a las agroexportadoras con capacidad de acumulación de agua —para almacenarla— y para solventar tecnología de riego intensivo.

La norma debilita la capacidad reguladora de la ANA al delegar en los usuarios una potestad que hasta ahora era estrictamente estatal (distribuir, conceder y reasignar usos). Al permitir la transacción del uso del agua, se introduce un mercado informal —o formalizado— de agua agrícola que puede contravenir los principios de asignación prioritaria para consumo humano, ecosistemas o el mismo uso agrícola.

Para comprender el riesgo, es útil observar el caso de Chile, país al que miran con agrado varios opinólogos de la derecha para hacer comparaciones sobre lo mal que funciona el nuestro. Allí, la mercantilización del agua está consagrada desde la dictadura de Augusto Pinochet. Con la Constitución de 1980 y el Código de Aguas de 1981, Chile estableció que los derechos de aprovechamiento de aguas son propiedad privada, separados de la tierra, transferibles, arrendables y heredables; el Estado apenas regula su venta o alquiler. Podemos encontrar en internet diversos documentales y reportajes de cómo varios poblados se han secado porque las aguas fueron desviadas para empresas agroindustriales, mineras o hidroeléctricas, evidenciando una marcada desigualdad en el acceso al recurso.

En un país desregulado como el nuestro, los efectos de este acápite en la norma podrían ser adversos: vaciamiento de fuentes reguladas, poca competitividad porque es más conveniente vender el agua que usarla con eficiencia sin que eso signifique perder el título de usuario, y el desplazamiento o dependencia de pequeños agricultores que no tienen capacidad para acceder al “mercado de agua”. Esto sin contar el debilitamiento del rol de la ANA.

Así las cosas, el agua agrícola se va a convertir —ahora sí, abiertamente— en un bien comercial más, y como consecuencia tendremos una gobernanza con mayor fragmentación. Para evitar este desenlace, es imprescindible que la ANA o los entes competentes tengan capacidad real de supervisión, limitación y revocación de transferencias cuando se afecte a otros usos o ecosistemas; mecanismos que garanticen la participación activa de comunidades y pequeños productores en la gestión del agua; y que las transferencias o alquileres de ésta se condicionen a criterios de sostenibilidad del espacio territorial, no meramente de mercado.

Si no se establecen salvaguardas robustas, y nos permitimos nuevos senadores y diputados con las mismas mañas de este Congreso, corremos el riesgo de replicar los problemas del modelo chileno: concentración, desigualdad, escasez y pérdida de control público sobre un recurso vital.

 

desco Opina – Regional / 7 de noviembre del 2025

descosur

PERUMIN: con ruido, sin nueces… pero con el show de Manero

La semana pasada concluyó una nueva edición del PERUMIN, el evento más importante del empresariado peruano, superado apenas por la CADE, que tiene en la minería uno de sus barcos insignia. La reunión, realizada en Arequipa, estuvo atravesada por dos preocupaciones centrales que interesan especialmente a los grandes del sector: la demanda constante de la desregulación para lograr competitividad y la minería informal e ilegal, como parte de los principales desafíos que tienen en el futuro inmediato. La crítica al exceso de regulaciones que hace el empresariado, especialmente el minero, tiene ya más de una década argumentando que los excesos de trámites y regulaciones alejan las inversiones y afectan la competitividad. Ello a pesar de que los números muestran tercamente que, con las mismas regulaciones y trámites, Perú batió récords de inversión y duplicó la producción de cobre en la segunda mitad de la década pasada. Por cierto, a lo largo de este tiempo, con esa demanda han tenido resultados importantes a través de decretos supremos, leyes y diversas decisiones que golpearon especialmente la legislación ambiental. Más recientemente, el mecanismo usado fue el de los shocks desregulatorios construidos en las mesas minero-energéticas entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los empresarios del sector. En este PERUMIN, se anunciaron 385 medidas desregulatorias, para que no queden dudas de la “buena disposición” del Ejecutivo con el sector.

La otra gran preocupación que ocupó la reunión fue el crecimiento de la minería informal y de la claramente ilegal, vista hoy día como la mayor amenaza para sus actividades, entre otras cosas porque además de la violencia que entraña en muchos casos, le supone a la gran y mediana empresa una competencia directa, que además de pelearles cuotas en la producción, especialmente en el caso del oro, ha desarrollado su propio discurso, crece en su influencia política, permea a los partidos que anteriormente les eran funcionales y gana espacio en importantes territorios de la gran minería a la que empieza, incluso, a disputarle concesiones. En este campo, se insistió en la importancia de la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), sin entender que ésta no es una isla y lo que debe revisarse es la Ley General de Minería, pensada hace más de treinta años en función de la gran y mediana minería.

Sorprendió, que en un evento de tanta importancia, que incluso trajo a un expresidente argentino para una conferencia magistral sobre el liderazgo y su importancia tanto en el empresariado como en la política, no se dijera absolutamente nada sobre una reciente publicación del Banco Mundial, “De la abundancia a la gestión inteligente de los recursos naturales: Oportunidades para América Latina y el Caribe en la transición energética”, quizá porque, entre otras cosas, en ese texto se dice que “las emisiones que genera la minería siguen siendo elevadas, la huella ambiental es considerable y los riesgos sociales son profundos” o que “la falta de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos podría agravar las externalidades negativas que afectan a la tierra, la flora y la fauna, la gestión de los recursos hídricos y las comunidades locales. Los altos niveles de conflictos socioambientales en la minería provocan retrasos en la producción. Pero la minería sostenible ofrece la oportunidad de generar ingresos que permitan una mayor inversión en infraestructura y beneficios para la comunidad”

Lo que no fue una sorpresa fue escuchar al ministro de Agricultura, Ángel Manero, revelar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) apuesta, como todo el gobierno, por destrabar proyectos mineros, antes que por fortalecer la agricultura, explicando que en situaciones de urgencia o escasez se debería optar por destinar el recurso hídrico a la actividad minera. Justificando su posición, indicó que la minería le da más flujo de caja al país y, con esos ingresos, se pueden financiar proyectos que beneficien al sector agrario en un mediano plazo. No fue sorpresa, decimos, porque es el mismo personaje que en abril, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostuvo que la agricultura debe ser vista como un negocio y que en caso de pérdidas, los agricultores deberían abandonar el sector en lugar de esperar apoyo del Estado; el mismo ministro que defendió la Ley Chlimper 2.0 y presentó una propuesta para modificar la ley de moratoria de transgénicos, planteando la posibilidad de permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana.

Como le recordaron distintos gremios y especialistas, el personaje, que como en todas sus patinadas anteriores se deshizo en explicaciones, porque siempre sacan de contexto sus decires, olvidó, entre otras cosas, que el agua es un derecho humano y un bien público estratégico; que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos (30% de la Población Económicamente Activa), mientras que la minería apenas alcanzó 235 000 empleos en 2024, y que el 70% de los alimentos del país provienen de la agricultura familiar.

Si PERUMIN anunció su interés en una agenda nacional que se redujo en mucho a sus intereses, el ministro Manero, más allá del ridículo indignante, seguramente los hizo felices con su postura, que más allá de cualquier interpretación auténtica, es la del gobierno.

 

 

desco Opina / 3 de octubre de 2025

La Ley Chlimper 2.0

 El apelativo “Ley Chlimper” remite a la legislación aprobada durante el gobierno fujimorista en el año 2000, impulsada por el entonces ministro de Agricultura José Chlimper, él mismo, empresario agroexportador. Aunque se prometió que sería temporal, se extendió por cerca de veinte años, lo que generó diversas protestas de los trabajadores agrícolas que fueron reprimidos y criminalizados en todo momento, hasta que se derogó la ley el año 2020.

En diciembre del año 2020 el gobierno aprobó la Ley Agraria N° 31110. Su propósito fue prolongar por un tiempo adicional los beneficios de los agroexportadores. Particularmente de siete de las grandes empresas transnacionales que operan en el país. Su intención principal fue mantener el impuesto a la renta (IR) de las empresas agroexportadoras. La tasa se redujo gradualmente, pero manteniéndose en un mínimo del 29.5% buscando equiparar los beneficios laborales y tributarios que de por sí ya eran fuertes.

El proyecto actual, (aprobado en primera votación el 4 de junio), establece una reducción a costa del Estado al 15 % por 10 años (2025–2035) y propone eliminar completamente el límite temporal, sin una justificación técnica clara. El debilitado Ministerio de Economía y Finanzas se ha limitado a comentar que esta decisión crea un déficit fiscal estimado en S/ 1850 millones de soles anuales, lo cual generaría un costo total aproximado de S/ 20 000 millones si se prolonga más de una década. Lo que se está haciendo es concederles excesivos beneficios tributarios a las grandes agroexportadoras afectando al Estado, que por esta redistribución regresiva perderá recursos que podrían destinarse a educación, salud, infraestructura y seguridad que requerimos todos los peruanos.

El sector agroexportador que generó US$2.991 millones de dólares en solo los primeros tres meses del presente año podría seguir pagando menos impuestos que el resto de peruanos. Por lo pronto, actualmente, los agroexportadores pagan menos EsSalud, por lo que la atención médica de sus trabajadores es parcialmente subsidiada por el Estado.

Los principales gremios (CGTP, Conveagro, y federaciones de trabajadores) que han criticado la nueva ley por solo beneficiar a grandes empresas, han hecho notar al país que esta decisión del Congreso deja en desventaja a la agricultura familiar, la cual agrupa a cerca de 1.5 millones de pequeños productores.

Por cierto, se ha procedido a votar una ley que no ha contado con un mínimo acompañamiento social, es decir, sin consultas previas ni diálogo con gremios agrarios y sectores opuestos a la informalización laboral y la exclusión de la agricultura familiar. Además, si antes los beneficios tenían un tope temporal, ahora se pretende eliminar todo plazo para los mismos.

Las empresas que verdaderamente se verán beneficiadas –menos de 20 a nivel nacional–, permite considerar que se trata de una ley con nombre propio que otorga ventajas tributarias sustanciales a tan solo un puñado de agroexportadoras; son mayoritariamente del norte, zona que concentra el potencial agroindustrial del país, lo que explica el afán particular de los legisladores de aquella.

Peor aún, ha dejado de lado a la mayoría de los productores agrarios del país, los productores familiares que son al menos dos millones de pequeñas unidades agrícolas familiares, así como a los medianos y pequeños productores del campo. ¿Tanto esfuerzo nacional para que se la lleven unos pocos?, ¿vale la pena impulsar de este modo un sector de la economía –si bien de punta en el mundo, con arándanos y paltas que usan grandes volúmenes de agua y concentra gran cantidad de tierra– que al no pagar impuestos ni crear empleo de calidad, lo que genera es malestar social?

Adicionalmente, a diferencia de la anterior ley, se ha disminuido la capacidad de fiscalización laboral del Estado, reduciendo el alcance de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en las agroexportadoras, favoreciendo así la informalidad laboral. Esto ocurre en un sector donde el 94% de los contratos son temporales y la tasa de sindicalización ha caído a un mínimo histórico de 2%.

Ante esta situación cabe finalmente preguntarnos ¿qué tan sostenible es para un país otorgar incentivos tributarios tan prolongados sin comprometer recursos para sectores clave como salud, educación o infraestructura? Recordemos que, a nivel internacional, los incentivos al sector agrario suelen tener focalización clara (por ejemplo, pequeños productores, prácticas sostenibles o inclusión social como ocurre en Brasil, México y España) y siempre plazos definidos con evaluaciones periódicas. La Ley Chlimper 2.0 se aparta de estos principios, privilegiando a grandes empresas agroexportadoras sin contrapartidas de sostenibilidad o equidad, y con un horizonte indefinido que compromete la salud fiscal del Estado peruano.

No se trata de una ley cualquiera que atañe únicamente al campo. Llega, por omisión y direccionamiento, a favor del gran capital y afecta la seguridad alimentaria y la sostenibilidad que requerimos en la producción agraria para más de 34 millones de habitantes del Perú.

 

desco Opina / 13 de junio de 2025 

Las oportunidades que ofrece la economía rural en tiempos del Covid-19

Centenares de personas, adultos, jóvenes y niños e incluso ancianos, se han venido movilizando diariamente desde el inicio de la cuarentena, hacia la sierra y selva central del país. Esto ha quedado en evidencia con la detención de más de 500 personas, el 13 de abril.

En efecto, todas ellas han manifestado no disponer de más recursos para seguir alimentándose, que no cuentan con efectivo para pagar sus alquileres y que su economía se basa en el día a día, evidenciando una vez más la situación que ya era conocida: la falta de empleo formal, la ausencia de viviendas dignas e inexistentes servicios que debieran ser ofrecidos por el Estado. Pero, también la «criollada», que opaca las mejores intenciones políticas porque al no contarse con herramientas eficientes para focalizar las necesidades de los peruanos y peruanas, la falta de principios de algunos ha dificultado aún más el acceso al bono de subsidio otorgado a familias e independientes, dejando a muchas personas fuera de estas compensaciones que, aunque mínimas, son valiosas para los que tienen poco o nada.

No es una historia reciente, aunque la crisis de salubridad la haya evidenciado nítidamente una vez más. A partir de 1950 se inicia el desplazamiento masivo de grupos de migrantes hacia la capital, proceso que se agudiza en el periodo de violencia política y que finalmente pasa a constituir una práctica frecuente de los pobladores, que en la búsqueda de mejores oportunidades sea de empleo, educación, salud u otros, termina dejando su pueblo de origen. A partir de esta movilización de la población, vigente hasta el momento, se originan diferentes escenarios en la sociedad peruana; por un lado, un crecimiento excesivo y desordenado de ciudades como Lima, Arequipa, Huancayo, entre otras y, por otro, un despoblamiento de departamentos con altos niveles de ruralidad, en los que encontramos poblaciones con tasas altas de adultos mayores y niñas, niños y adolescentes, cuya fuerza laboral se ha visto afectada de manera contundente y que hasta el día de hoy, no avizoran un posible cambio.

Así, el espacio rural –asociado fuertemente a la agricultura familiar– no ha sido una alternativa para estos peruanos migrantes, que decidieron apostar por opciones diferentes en los espacios urbanos que, muchas veces, no les otorgó las condiciones mínimas para mejor calidad de vida, pero donde las referencias de negocios pujantes continúan alimentando ese sueño, el mismo que se ha visto opacado por la propagación de la epidemia más importante de los últimos tiempos, el Covid-19. Es a partir de las medidas de aislamiento social adoptadas, que el sentido de estos flujos migratorios ha cambiado radicalmente, principalmente de los migrantes temporales, y así su inminente retorno de las grandes ciudades –principalmente Lima–a sus pueblos de origen, se está dando a paso de carrera.

Ante este retorno masivo, que algunos han denominado el éxodo de los migrantes a sus pueblos, la primera reacción de las autoridades huancavelicanas, por ejemplo, ha sido prohibir el acceso de los mismos con el argumento de evitar un aumento de contagios en sus territorios; dejando de atender a un grupo de personas que probablemente emitieron su voto a favor de ellos, porque muchos cuentan con un DNI que refleja sus lugares de origen.

Sobre ello, no es oponerse obviamente a las restricciones de movilización y del desarrollo de diferentes actividades sociales, económicas e incluso culturales. En su lugar, debe apelarse a salidas prácticas que no se opongan sino faciliten la reinserción de los que regresan a la economía familiar rural, que aun con sus carencias y dificultades la hace una economía de subsistencia, evidentemente asegura que las personas puedan alimentarse mínimamente.

Es oportuno reflexionar sobre esta situación, identificar los riesgos para controlarlos, así como las oportunidades que representan para el campo peruano. En esa línea, preguntamos si no es más sensato cuestionarnos sobre lo que se ha hecho para desarrollar la base productiva de los departamentos con fuerte presencia rural y si acaso no estamos ante una oportunidad para que los gobiernos regionales propongan alternativas de desarrollo que no sean solamente la producción de materia prima, sino ir más allá y proponer valor agregado enlazado con la industrialización e incorporación de tecnología innovadora para alcanzar la competitividad de los sistemas productivos, otorgando nuevas oportunidades.

Debemos asumir que es legítimo que las personas busquen mejoras materiales para ellas, más confort, mejores expectativas. Esto no es el problema sino, por el contrario, lo que debe fomentarse. El reto es cómo formar el contexto adecuado para hacerlo realidad, siendo lo más urgente salir de entornos de subsistencia y asegurar empleo digno que permita los ingresos necesarios para mejorar las condiciones de vida. Si no es así, solo aseguraremos la precariedad y fragilidad que, ciertamente, la pandemia no ha generado, sino ha contribuido a evidenciar con claridad. Por lo pronto, el retorno no se ha detenido.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2020

descocentro

Los meses más difíciles para el país

Próximos ya a los 6000 casos y con más de 140 muertes registradas, la crisis del coronavirus continúa avanzando en el país. Las oportunas y rápidas respuestas iniciales lideradas por el Ejecutivo, todo lo indica así, permitieron ganar tiempo y hacer más lento el avance de la pandemia a fin de evitar el colapso de nuestro precario sistema de salud. En este escenario, el anuncio presidencial de la prolongación de la cuarentena hasta el próximo 26 de abril, no fue una sorpresa y fue adelantado por otros funcionarios.

Con el transcurso de los días y el incremento de contagiados, hospitalizados y muertos, el riesgo del colapso de nuestro limitado sistema de salud fue también en aumento. Las dificultades del mismo para armar la denominada curva epidemiológica,  –la herramienta fundamental para tomar decisiones y enfrentar la pandemia en base a datos de calidad, entre otras cosas por el escaso número de pruebas de las que disponíamos hasta hace pocos días que llegaron las recientemente adquiridas– se sumaron a la precariedad de nuestro sistema sanitario: límites de camas, infraestructura hospitalaria, equipamiento y capacidades de médicos y personal especializado, etc. Del optimismo inicial en nuestra lucha contra la epidemia, transitamos a la incertidumbre ligada al crecimiento exponencial de los casos y al insuficiente cumplimiento de las medidas de control.

Como también era previsible, los límites en la capacidad de gestión del Ejecutivo, empezaron a visibilizarse. El gran desafío de un Estado lento e ineficiente resultó imposible de disimular, peor aún para un gobierno que carece de las capacidades y los operadores propios para operar una emergencia del calibre de la que estamos viviendo con los limitadísimos recursos de los que disponemos. Los trámites engorrosos y los infinitos protocolos, combinados con burocracias débiles y muchas veces ineficientes, además de la fragilidad de la articulación entre distintos niveles de gobierno, generan demoras en la adquisición de equipos y pruebas indispensables, más aún en un mercado global saturado de demandantes.

Si los desafíos sanitarios e institucionales son grandes y desbordan al gobierno, los económicos no son menores. Hay que evitar el crecimiento de las muertes, pero también una crisis económica y una recesión prolongada, protegiendo a la gente y sus derechos. El Ejecutivo ha hecho anuncios importantes y significativos en esa dirección, señalando la disposición del 12% del PBI para responder al coronavirus. Se trata de un monto importante y muy significativo, reconocido internacionalmente. Sin embargo, menos del 1% del paquete está orientado a los más pobres y vulnerables; la ayuda para las Pymes –que son las principales generadoras de ingreso en el país– alcanza los 300 millones de soles, mientras las empresas más grandes recibirán a través de los bancos –que decidirán a quiénes, la modalidad y el interés– 30 000 millones de soles. En otras palabras, el mantenimiento de los privilegios que consagra el modelo económico y la exclusión de sectores neurálgicos como la pequeña agricultura que es la que abastece el 70% de la alimentación nacional, sin que se haya contemplado ningún tipo de bono o apoyo para este sector.

Privilegios que fueron exigidos desde el primer día con la exoneración de las medidas para la minería y la gran agricultura y que continúan siendo demandados evidenciando su falta de empatía con los sectores más vulnerables, como lo muestra la reciente comunicación de la Confiep a la Ministra de Trabajo, donde piden la posibilidad de ceses colectivos de manera automática y sin justificación, la reducción unilateral de salarios y jornada laboral o la extensión del plazo de la suspensión perfecta de labores, además de la postergación de impuestos y otros beneficios. Privilegios y comportamientos poco oportunos e insensibles de algunas empresas repartiendo utilidades cuando están en el ojo de la tormenta, en contraste con todas aquellas otras empresas y emprendimientos que buscan colaborar en la crisis y defender a sus trabajadores.

En este escenario difícil y complejo, en el que nos enfrentamos a los límites innegables del modelo, la debilidad estatal, la precariedad de las instituciones, la informalidad y la fragmentación social, el Ejecutivo tiene la posibilidad, la obligación diríamos, de convocar a un diálogo nacional que plantee una serie de reformas urgentes que precisen la reorientación del gasto público y la seguridad y previsión social en base al bien común y no a la tentación del salvataje de unos cuantos grupos económicos. Creemos que si pretendemos mejores opciones para salir de la emergencia y hacer de ésta un campo de aprendizaje, reconocimiento y redefinición de la sociedad y el Estado que queremos, es una condición ineludible y la única manera de empezar a recuperar la política. ¿Queda claro en qué asuntos se van a necesitar cambios en la Constitución de la República?

desco Opina / 9 de abril de 2020