martes

Mancomunidades municipales urbanas

desco Opina - Regional / 27 de abril de 2009

La semana pasada, la marcha de 200 alcaldes de municipalidades rurales de muchas partes del país protestando por el recorte presupuestal municipal pasó algo desapercibida para la prensa. Sin embargo, el tema de las mancomunidades municipales a escala urbana y rural debería cobrar importancia porque fue creado como un instrumento para fortalecer el proceso de descentralización en el Perú. ¿Lo está logrando?

Los recortes presupuestales a las municipalidades ascienden ya a 1858 millones de nuevos soles para el año 2009, los cuales corresponden a los recursos asignados vía Foncodes, Foncomún, Canon y la transferencia de recursos ordinarios. Ante estas y otras iniciativas del Ejecutivo, que van en contra de los intereses y la capacidad operativa de los gobiernos locales, estos últimos han mostrado que la vía de las redes y la asociatividad son un medio efectivo para capear el temporal y, en el caso particular de la Red de Municipalidades Rurales del Perú REMURPE, para una visión compartida del desarrollo rural. Para esta asociatividad hay distintas vías, y una de ellas implica un referente administrativo-jurisdiccional intermedio, la mancomunidad. ¿Cómo vamos con esta figura en el ámbito urbano, en particular en Lima Sur?

En primer lugar la ley vigente -de incentivo a la conformación de mancomunidades- no propone en realidad un reordenamiento territorial. Es menos pretenciosa (y en esta limitación hay que evaluar sus avances), pues lo que hace es darle un “certificado” a un agrupamiento de territorios (no necesariamente contiguos). Esa sería su contribución para el fortalecimiento del proceso de descentralización y la reducción de la brecha existente entre municipalidades provinciales o distritales, grandes y pequeñas, lo que habría que revisarse, específicamente en Lima Sur.

La ley define a la Mancomunidad como “el acuerdo voluntario de dos o más municipios, colindantes o no, que se unen para la prestación conjunta de servicios y la ejecución de obras, promoviendo el desarrollo local, la participación ciudadana y el mejoramiento de la calidad de los servicios a los ciudadanos”. Para los casos de AMASUR y la mancomunidad de los distritos del Litoral de Lima Sur, aún no se ha probado toda la fuerza que posee este instrumento de gestión, puesto que han priorizado la confluencia para brindar servicios públicos a la comunidad.

Tal es el caso evidente de Amasur que, aunque surgida antes de la normatividad vigente, su adecuación está tomando un tiempo que podría ser destinado a generar nuevos proyectos de desarrollo para los distritos asociados: Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Pachacamac y San Borja. Así, su accionar en tres años de gestión, se ha limitado a campañas de limpieza pública interdistrital. Recién a principios de este año, a pesar de que en la presentación pública de AMASUR ya se había hecho este anuncio, se ha difundido el proyecto de construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos en Lima Sur que favorecería a todos los distritos de la mancomunidad.

Dado que las mancomunidades tienen prioridad en la distribución de los presupuestos, evidentemente es una ventaja pertenecer a una de ellas y, de esta manera, es obvio el interés de las pequeñas municipalidades por asociarse con las grandes, para que les reditúe en beneficios administrativos y geográficos.

Ello sería una manera de manifestar voluntad por el desarrollo y la equidad, teniendo en cuenta que la Ley de Mancomunidades también expresa su espíritu en base al principio de solidaridad. Pero, también podría ser una manera de generar más exclusión, si pensamos que las mancomunidades conformadas por distritos grandes podrían no acoger a distritos menos fuertes.

En todo caso, la Mancomunidad de los Distritos del Litoral de Lima Sur parece mostrar una realidad diferente. Formada inmediatamente después de la dación de la norma –aunque las intenciones se expresaron antes de ella- ha experimentado las ventajas de generar proyectos desde la asociatividad, entre otras cosas, por la prioridad que se les otorga como incentivo. Además, pensando en las municipalidades “pequeñas”, resulta ventajoso formar parte de una mancomunidad porque de esa manera le permite acceder a proyectos que de manera individual no lograrían poner en marcha. Sin embargo, los peligros están a la vuelta de la esquina.

Estas mancomunidades podrían estar dificultando la consecución de los objetivos de la descentralización. Si bien articulan a los poblados de menos recursos, también podrían servir como medios para perpetuar la zonificación de intereses económicos excluyentes. De esta manera, terminaría siendo irreal que una municipalidad pequeña, pueda alcanzar el desarrollo asociándose con una municipalidad de mayores recursos.

Es el caso del ordenamiento territorial en el lado este de los distritos del Litoral de Lima Sur, cuyo responsable es el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), pero que no ha priorizado este tema en su agenda. Las seis municipalidades que conforman la Mancomunidad de los Distritos del Litoral de Lima Sur acordaron planificar dicha zona, con asesoría del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero aún están en la fase de recaudación de fondos (1) .

La propuesta es que el uso sea compatible con un espacio ecológico y recreacional. Sin embargo, esto no está exento de problemas. Las indefiniciones jurisdiccionales-territoriales que se multiplican en Lima sin visos de solución, dificultan la debida claridad sobre los alcances de las decisiones tomadas y la población que debería estar comprometida con las mismas. De esta manera, surgen posiciones –con razón o sin ella- que argumentan exclusiones, como pueden ser los casos de la comunidad campesina de Cucuya, la comunidad campesina de Chilca, el Asentamiento Humano San José II y las 158 familias de las Pampas de San Bartolo.

De esta manera, es urgente –para la viabilidad de las mancomunidades municipales- la resolución de conflictos relacionados a demarcaciones territoriales. Los cuarenta conflictos interdistritales, que aquejan a muchas municipalidades de Lima Metropolitana y el Callao, generan una gestión ineficiente tanto para la administración de sus recursos financieros, la formulación de planes de desarrollo y la aplicación de los presupuestos participativos. Demás está decir que la creación de mancomunidades municipales pueden ser un instrumento para mejorar la gestión administrativa y cumplimiento de metas en función del desarrollo. Por eso, nada mejor que evitar convertir a estos espacios asociativos en cajas de resonancia de los actuales conflictos. Para que así sea, un buen primer paso es fortalecer la vigilancia ciudadana, para evitar que se conviertan, por ejemplo, en una plataforma política para determinados aspirantes distorsionando así sus objetivos. En otras palabras, lo que debe evitarse es que la función pública pueda terminar privatizándose.

(1) Ver http://www.elcomercio.com.pe/edicionimpresa/Html/2008-03-17/incertidumbre-sobre-uso-lado-este-balnearios-impide-su-desarrollo.html

desco Opina - Regional / 27 de abril 2009
Programa Urbano

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viernes

Política ficticia y política al costado

desco Opina / 17 de abril de 2009

La sentencia a Fujimori sin duda bosqueja el campo de pugna que permitirá ubicar a los actores políticos de cara a la contienda electoral del 2011. Los argumentos expuestos por los jueces son elementos valiosísimos –como lo es también el Informe Final de la CVR–, para establecer «indicadores» respecto a cuánto valora cada aspirante asuntos tan cruciales como el respeto a los derechos humanos, la generación de institucionalidad y la calidad democrática. En suma, una colisión entre la reconstrucción de memorias colectivas y los intentos de imponer olvidos.

Por otro lado, la referida sentencia evidencia que la arena política es bastante más amplia de lo que podría suponerse e involucra ámbitos que, en teoría, deberían estar al margen de esta dinámica. La brillantez de la sustentación indica que en el Poder Judicial se cuecen más que habas. Hay quienes están dispuestos a luchar con energía para provocar cambios sustantivos que les procuren la credibilidad perdida, pero también, quienes consideran que lo mejor es profundizar las distorsiones que inocularon en el aparato de justicia las reformas fujimoristas de los 90, con su secuela de corrupción, prevaricatos, festinaciones y privatización de la función.

Era de esperarse que los partidarios –confesos o embozados– del fujimorismo, utilicen el desenlace del juicio como plataforma política. Ante este uso, y en el advenimiento de los procesos por corrupción que ha de enfrentar el ex presidente, cabe recordar que el fujimorismo expresa, también, la defensa irrestricta de la política económica vigente, aunada a una complaciente aceptación de la enorme corrupción que genera, así como la incapacidad y ninguna voluntad para distribuir equitativamente los beneficios del crecimiento. Un crecimiento que, dicho sea de paso, ya empieza a desacelerarse y cuyos mecanismos para contener sus efectos –el llamado Plan Anticrisis– parecen ser un instrumento para guarecer de la mejor manera a los que se beneficiaron de las vacas gordas –léase, los grandes empresarios– dejando a la suerte divina a los que esperaron infructuosamente estos años el cumplimiento de la promesa del «chorreo».

Así trazada la cancha, deberíamos estar a punto de presenciar un intenso intercambio entre «derecha» e «izquierda» en el país, de no ser por el hecho que entablar este debate requiere actores que porten los discursos, lo hagan suyos y busquen legitimarlos. Hasta donde llega la luz, el «lado izquierdo» de nuestro espectro político está vacío y el «lado derecho» es cubierto por «partidos» que ya la verdad se reducen a la visión-misión muy particular de algunos grupos económicos. Para agregar más incomprensión aún, no tendremos «derecha» ni «izquierda» pero ya se empieza a hablar de un inexistente «centro», el fiel de una balanza ante extremos inexistentes. Lo real maravilloso.

En medio de esta ficción-real, ha irrumpido algo real-real, siniestro. La emboscada en el VRAE, que arrojó como saldo el asesinato de catorce soldados y un capitán del Ejército Peruano, ha motivado varias lecturas. Preocupados tan sólo en lanzar los mastines contra los defensores de los derechos humanos, los jefes militares han manifestado su indignación, con razón, por la paupérrima situación en la que se ha sumido a la fuerza armada, minimizando la atención sobre la composición y las condiciones en las que operaban las patrullas militares que en teoría «ejercen control» en el VRAE. En lo primero, son seguidos por parte de los dirigentes políticos del país, en lo segundo, ninguno de ellos atina a alguna respuesta. Los reclamos no toman en cuenta la situación de los soldados. Particularmente grave cuando se ha comprobado que entre los caídos figura un menor de edad, algo que contradice flagrantemente lo normado y el sentido común sobre los usos de la guerra contra el terrorismo.

Por otro lado, la tragedia abre nuevamente las interrogantes sobre la pertinencia de la intervención estatal en estos territorios. Si el problema fundamental es el narcotráfico, ¿por qué se implementa una estrategia contrasubversiva? Si los planes VRAE son tipificados como planes de desarrollo, ¿por qué están conducidos por el sector Defensa? En esa línea, ¿cuál es el concepto de desarrollo que se implementa, qué se tiene como objetivos y cuáles son los plazos?

Los que trabajamos durante décadas en la promoción del desarrollo, consideramos tener el perfecto derecho de preguntar a nuestros gobernantes cuál es el objetivo de desarrollo que se persigue criminalizando a los productores de hoja de coca y, por ende, impidiendo de saque la formulación de canales institucionales para consensuar soluciones con la población afectada. El problema principal en el VRAE es el narcotráfico. El control que este tiene de la zona –y la conversión de remanentes senderistas en su ejército particular– disputado al poder militar y no al civil, da una medida de su avance en la sociedad, en la esfera política y en las economías locales.

No hay intención alguna de responder a lo fundamental del problema por los caminos que han empezado a transitar los que añoran los años 90. En su lugar, vamos a encontrarnos con «fujimoris» y «montesinos» renovados y puestos al día. Esto producirá espacios para la consolidación del sistema político informal. No ya el de los «independientes» si no el del vacío público, reducidas las instituciones a «dar conformidad» de las decisiones que se toman en los espacios ocultos de nuestra frágil democracia, donde la ausencia de reglas permite el cruce de actividades ilícitas, opciones violentas y hegemonía de la corrupción. Y esa es precisamente, la herencia del fujimorismo.

desco Opina / 17 de abril 2009

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lunes

¿Quién representa a los alpaqueros?

desco Opina - Regional / 10 de abril de 2009

La crisis económica mundial viene teniendo repercusiones graves, especialmente entre la población más pobre del Perú, entre ella, los campesinos criadores de alpacas y llamas. Pero, también es obvio que la caída de los precios de la fibra de alpaca es utilizada por la industria monopólica para sacar el máximo de ventajas en una situación complicada, aun cuando los costos fijos de la producción de prendas de alpaca no han variado significativamente con relación al año anterior y, por lo mismo, no hay razón alguna para disminuir los precios de la fibra por debajo de las referencias históricas: una chompa de alpaca cuesta en el mercado aproximadamente 100 dólares, si la fibra ha disminuido de precio de 16 a 3 ó 4 soles, quiere decir que una chompa debiera de bajar de precio en la misma proporción, es decir, a 25 dólares. Asimismo, un terno hecho con fibra de alpaca cuesta en las tiendas SARFATI de Londres, aproximadamente 3 mil dólares, y no tenemos noticias de que se rematen en el futuro inmediato.

Entonces, el asunto está claro. En tiempos de bonanza gana la industria monopólica y en tiempos de crisis, también. Esto indica que hay problemas de fondo. Uno, el modelo económico impuesto a los países periféricos tiene serias deficiencias, lo que es potenciado por Estados como el peruano, cuyo diseño no permite una adecuada representación de los intereses ciudadanos. Dos, en relación con lo anterior, los productores campesinos tienen un evidente déficit de capacidad política, presentándose de manera desfavorable a negociar sus intereses con los otros actores del sector, como son las grandes casas comerciales.

En este contexto, los criadores de alpacas y llamas de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Pasco, así como los productores de Puno, Cusco y Arequipa, han hecho conocer su dramática situación al Gobierno Central. Adicionalmente, se han movilizado desarrollándose en estos días varios eventos; congresos, plataformas, reuniones, etc., que tienen por finalidad analizar la situación y reforzar a las organizaciones que los representen. Así, se ha constituido en Pasco el «Consejo Regional de Camélidos Sudamericanos», mientras que en Huancavelica ha sido reconocida mediante Ordenanza Regional, la «Mesa de Concertación del Sector Alpaquero», ambos con el propósito de generar alternativas de política para el desarrollo del sector. Todos estos esfuerzos están bien, pero no son suficientes.

El 2 de abril, con la asistencia de más de 3000 participantes, se desarrolló exitosamente el Congreso de Campesinos Criadores de Alpacas y Llamas de la Región Huancavelica.

Los acuerdos centrales, fueron los siguientes:

i) Exigir la declaratoria de emergencia del sector, identificando programas y proyectos a efectos de incluirlos en los presupuestos participativos de los gobiernos locales y regional.

ii) APROALH y la MECOALH son las instancias representativas de los productores alpaqueros, ante el gobierno regional y el Ministerio de Agricultura, para la implementación del Programa de Emergencia, dentro de un plan estratégico para el desarrollo del sector, que trascendiendo el tema de la fibra, tenga la propuesta de las organizaciones campesinas como base para el desarrollo integral del sector.

iii) Continuar desarrollando mecanismos de fortalecimiento institucional y organizacional e implementar las acciones de preparación del II Congreso Regional (programado para junio), del cual emanarán opciones de alianzas políticas, propuestas de desarrollo y alternativas de industrialización de fibra de alpaca en la región. Como una debilidad para los objetivos del evento, habría de destacar la ausencia de los gobiernos locales del ámbito de los productores.

Así, debe subrayarse que el referido evento se enmarca dentro de la tendencia de reactivación de las demandas de los sectores populares, en el marco de la crisis mundial, sus efectos en la economía nacional –a los que suma los efectos del TLC– y la incapacidad del gobierno aprista para gobernar bien.

Paralelamente, en estos días ha surgido una iniciativa parlamentaria para tramitar una reforma legal, proponiendo que la Región Lima provincias disponga de una representación parlamentaria compuesta por 4 ó 5 congresistas porque, según sus considerandos, no estaría representada actualmente. Sin embargo, preguntamos, ¿qué región está adecuadamente representada? ¿Apurímac, Pasco, Huancavelica? Estas últimas regiones colocan, en teoría, dos representantes. Sin embargo, sucede que inmediatamente después de ser elegidos, se transforman en congresistas de la República, desvinculándose de sus territorios por un lapso de 5 años, luego de los cuales retornan para tentar la reelección.

Por estas razones y como se viene señalando en las últimas movilizaciones de campesinos criadores de alpacas y llamas, nos parece que debiera discutirse una reforma constitucional que busque un sistema de representación más equitativo y en consonancia con el proceso de descentralización y regionalización en curso. Igualmente, nos parece adecuado que las organizaciones de productores refuercen sus organizaciones, que las organizaciones políticas del interior canalicen sus aspiraciones en un sistema de partidos que también sea descentralizado. Hace mucho tiempo que hablamos de descentralización, pero eso debe ser obligación de todos: los partidos no están descentralizados y lo mismo ocurre con las organizaciones y gremios.

desco Opina - Regional 
Programa Sierra Centro

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A revolver el río, para seguir ganando.

desco Opina / 3 de abril de 2009

En medio de un escenario mundial en el que las bolsas de valores caen y se recuperan, pero siempre en el fondo, en el Perú nos centramos en los asuntos de política doméstica, como si la crisis económica internacional nos fuera ajena y, por ende, sin abordar sistemáticamente sus impactos y ponderar las medidas que vienen implementándose desde el Estado y su incidencia en los distintos sectores sociales.

Acostumbrados a los cortos plazos y el juego menudo, los políticos peruanos parecen estar más interesados en qué hacer para entrar con buen pie en las elecciones generales del 2011 y no en cómo maniobrar o plantear alternativas coherentes para amenguar los efectos de la crisis e intentar distribuirlos, de forma tal que los sectores más vulnerables no terminen siendo los que asuman los mayores costos.

Una manifestación de la tendencia de la política criolla a evitar complicaciones con los grandes temas, es el tono que quiere imprimírsele al juicio entablado al reo Fujimori, empezando por él mismo. El proceso desemboca hacia su etapa resolutiva y lo que debe ser materia estrictamente judicial, dada la trascendencia del caso, está tiñéndose de oportunismo político. El enjuiciado no se defiende de los cargos que se le imputan. Hace campaña electoral, afirmando que fue buen gobernante porque «combatió al terrorismo» y repetir, hora tras hora, con su acostumbrado estilo cansino que es víctima de una oscura conspiración caviar, intentando convencernos de que la inexistencia de una orden escrita suya lo releva de culpa.

Sin embargo, su grotesco intento de teatralizar una supuesta condición de víctima, puede ser ilógico pero no es ingenuo. Como nos advirtió antes de llevar a cabo su autogolpe en abril de 1992, no es ningún caído del palto. Así, sabe que sus necesidades del momento no están en defenderse de los cargos que se le atribuyen, sino en decirle –a quien corresponda– que él es una garantía total para los grandes y turbios negocios. En ese sentido, sigue argumentando, él puede estar en la cárcel pero asegurando que su hija-sucesora –carne de su carne– seguirá fielmente esa línea.

Al respecto, nada más contundente para reafirmarnos en lo dicho que el reciente hallazgo de información (archivos de texto, audio y video) proveniente del ex SIN, al allanarse la casa del que fuera uno de los edecanes de Fujimori, recientemente inculpado en un caso de tráfico de drogas (coca en café) con destino a Holanda. Incluso, esto no tendría nada de novedoso si nos remitimos a 1996 y trajéramos a colación el narco avión presidencial y los narco buques de la Armada Peruana. Habría nomás qué preguntarse qué hacía esa información pública en manos privadas y cuáles eran las intenciones de los poseedores.

Allí, en los detalles, radica el peligro para el país y la necesidad de autocrítica de los operadores democráticos: las expectantes posiciones que nuevamente han logrado consumados delincuentes que la condescendencia de algunos hace que los llamemos empresarios lobbistas. Porque la importante simpatía que despierta la opción corrupta por autoritaria del fujimorismo, está en directa relación con los magros resultados obtenidos en la construcción de democracia y la poca confianza generada por aquellos que debieron ser los llamados para consolidarla. Sino, por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre el desprecio a las instituciones democráticas que caracterizó el régimen de Fujimori y la aseveración del presidente García sobre su poder para decidir quién será el próximo Presidente del país? En sentido estricto, ninguna. Como casi ninguna diferencia puede establecerse entre ambos en el cumplimiento de los derechos humanos.

En suma, nada indica que se esté haciendo algo que refiera a la necesidad de «restructuración» de la economía. Es decir, no hay un debate serio ni un escenario importante para enfrentar las medidas de ajuste que habrán de darse en el sector público y privado como son los despidos masivos (que ya empezaron en las mineras y agroexportadoras al no renovar contratos), los cierres de empresas, reducción de ingresos fiscales, etc.

En un mundo en el que los bloques regionales empiezan a moverse y se configuran nuevas alineaciones, los peruanos parecemos ajenos a ello. Menos aún, a diferencia de otros momentos en el pasado cuando el Perú contó con una Cancillería propositiva, que aportaba a la construcción de un discurso latinoamericano ante la crisis, el gobierno se sigue limitando a decir que estamos entre los menos afectados, reduciendo las relaciones internacionales a su aspecto comercial y haciendo del MINCETUR el real Ministerio de Relaciones Exteriores.

Es decir, actuamos como si nuestros vínculos regionales y los procesos de nuestros vecinos fueran ajenos a nosotros y bien sabemos que hay múltiples y complejas dimensiones en nuestras relaciones, como es el caso de Chile, por dar solo un ejemplo. Nuevamente, el tema diplomático no está priorizado en la agenda gubernamental y por eso se ha dado muy poca cobertura a la reunión de Michelle Bachelet con los llamados líderes progresistas para encontrar propuestas alternativas frente a la crisis o a la creación de la Comunidad de Defensa de UNASUR.

Finalmente, sobre la crisis sólo se hacen señalamientos puntuales de tipo «en junio tocamos fondo», o se debate el posible salvataje a la minera Doe Run o el subsidio a los empresarios agroexportadores, como muestras de cómo pueden ser los escenarios hacia delante: la falta de una estrategia nacional concertada y respuestas improvisadas fruto de la pura coyuntura y las presiones de los llamados lobbies.

desco Opina / 3 de abril 2009

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