viernes

La salud es un asunto político

La situación es muy grave. Como inicia la crónica que publicó el diario argentino Página 12 sobre Perú, “regresa la pesadilla”. Continúa, “otra vez hospitales saturados, enfermos que mueren sin poder ser atendidos, largas filas para comprar oxígeno en negocios privados que aprovechan que para miles conseguirlo es la diferencia entre vivir o morir para especular con su precio, mientras las autoridades observan sin actuar porque dicen que el modelo defiende el libre mercado”.

Entonces, no había excusa para dejar de intervenir, pese a la indolencia de los empresarios y los desatinos del ministro de Economía. Volvemos a cuarentena que, en principio, para calmar iras, aparenta ser «focalizada» y si bien se hará solo en diez regiones, el hecho es que afecta a más de la mitad de la población del país. La verdad del asunto, no es estrictamente focalizada porque no estamos en capacidad de hacerla. Es, en suma, tener fe a que el resultado sea algo positivo. Nada más.

Pero, debe guardarse los equilibrios en el análisis y considerar también varias acciones previas del gobierno de transición que, creemos, están en la dirección correcta. Una de ellas, muy importante y poco publicitada, fue la reunión de la premier Violeta Bermúdez, con un conjunto de alcaldes de Lima Metropolitana y provincias además de algunos gobernadores, el 12 de enero, para coordinar acciones contra la segunda ola de la pandemia. Entre otros, estuvieron presentes el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), Álvaro Paz de la Barra. También asistieron el presidente de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe), y representantes del Congreso de Alcaldesas y Mancomunidades Municipales de Lima.

De alguna manera, esto es una respuesta a los requerimientos que fueron dándose incluso hasta el mismo día que el Gobierno central decidió el nuevo confinamiento. Por ejemplo, Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, propuso “cuarentenas focalizadas”. Precisó que, de los 1874 distritos existentes en el país, se ha identificado hasta el momento alrededor de 100 que actualmente deberían estar "cercados y con todas las medidas sanitarias del cerco epidemiológico".

Una segunda exigencia del gremio médico es el fortalecimiento del sistema de salud, sobre todo en los centros de oxigenación temporal, donde actualmente se encuentran solo 38 camas pese a la alta demanda de la población por este recurso importante. Un tercer aspecto contemplado por Palacios es la formación de una comisión que convoque a las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales "para trabajar con el Estado y poder hacer una gestión concertada".

Sobre esto último, es más que evidente que cualquier estrategia contra la pandemia, exige que los gobiernos locales se presenten como los principales protagonistas de las mismas. En otras palabras, solo ellos pueden trazar, identificar, aislar y poner en cuarentena a la población, en un sentido realmente focalizado. En esa línea, hay iniciativas loables, como la que está llevando a cabo Alberto Tejada, alcalde de San Borja, cuya administración está levantando un censo distrital que alimenta un observatorio, permitiendo la difusión de información confiable y aumentar los niveles de seguridad. Cabe señalar, que este Observatorio Municipal es el primero entre los gobiernos locales y permite la geolocalización de los casos confirmados de coronavirus en el distrito.

Al respecto, tenemos casos resaltantes que deben estudiarse. Por ejemplo, la gestión realizada por el gobierno regional de Kerala, en India. Conducido por comunistas, Kerala es un territorio con fronteras porosas, un gran número de trabajadores migrantes y una economía dependiente de las remesas de una enorme población expatriada –particularmente en los países del Golfo Persa– que continuamente está entrando y saliendo del país.

Aun así, logró controlar la propagación del virus mucho mejor que en el resto de India, pudiendo aplanar la curva en tan solo cuatro meses después de haberse detectado el primer caso. En cifras, este Estado en el que habitan 35 millones de personas tuvo apenas 524 casos y 4 víctimas debido, al parecer, al estricto y temprano confinamiento, seguido de una rigurosa estrategia de rastreo, elaboración de mapas de rutas de personas que llegaban del exterior, instalación de lugares donde lavarse las manos y centros de atención por doquier para inmovilizar a las personas que buscaban desplazarse. En pocas palabras, implementaron la estrategia que ahora se conoce como “la caza del virus”, es decir, no esperar diagnosticar los casos cuando las personas acuden a un centro de salud, sino buscarlos en sus viviendas y demás lugares de residencia.

Pero lo que realmente hizo la diferencia, según los expertos, fue el robusto sistema de salud pública de Kerala –construido a lo largo de los últimos 50 años– y la cultura de una pujante democracia afincada en las bases y con el poder delegado efectivamente en los concejos comunales. Así, en el auge de coronavirus en Kerala, 170 000 personas fueron puestas en cuarentena, bajo estricta vigilancia y visitadas por trabajadores de la salud. Las que no tenían baño en casa fueron acomodadas en unidades de aislamiento improvisadas, con el costo asumido por el gobierno. El gobierno local también acomodó y alimentó a 150 000 trabajadores migrantes de Estados vecinos que se encontraron varados, para luego enviarlos en trenes fletados a sus casas.

 

desco Opina / 29 de enero de 2021

 

sábado

Empleo precario en Lima Metropolitana, otra pandemia

 

La condición del empleo en Lima Metropolitana ha devenido en una alarmante situación de riesgo, debido a la actual crisis sanitaria y a medidas de reactivación económica que no están orientadas a la protección del trabajo y los trabajadores. Al galopante desempleo, se suma la indiferencia y abuso de algunas empresas privadas que, aprovechándose de recursos legales, despidieron a sus trabajadores y trabajadoras, como Cineplanet o el Grupo El Comercio, que aplicaron medidas como la suspensión perfecta, pese a haber accedido al programa Reactiva Perú.

Un factor es sin duda la ineficiencia de las autoridades para aplicar políticas oportunas y firmes para evitar que sean los más vulnerables quienes “paguen el pato” de la crisis. La precariedad laboral es hoy un mal generalizado, no solo en el ámbito de la informalidad, sino también en el marco del empleo que ofrece el empresariado formal y el propio Estado en el sector público. Muestra de ello son el reciente conflicto en el sector agroexportador -en el que los obreros agroindustriales exigen mejoras salariales y laborales-, la lucha de los empleados públicos bajo regímenes CAS, o la precarización de las y los trabajadores de la salud, estos últimos sobreexigidos por la emergencia sanitaria.

La precariedad y explotación que caracterizan el empleo en Lima Metropolitana es un mal que arrastramos desde tiempo atrás. Recordemos la muerte de dos jóvenes trabajadores de McDonald’s en el distrito de San Miguel, o las muertes ocurridas durante el incendio de la galería Nicolini en Las Malvinas, en donde tres jóvenes que laboraban en condiciones de “esclavitud contemporánea” no lograron escapar del encierro al que eran sometidos para “mejorar su productividad” y las ganancias de sus empleadores. Son tragedias en el marco de un mercado laboral donde la norma es el llamado “empleo no adecuado”.

Veamos las cifras oficiales de esta problemática en tiempos de pandemia. El INEI informó que entre octubre y diciembre de 2020, un 42,2% de quienes trabajan en Lima Metropolitana labora en empleos no adecuados, es decir en condiciones de informalidad y precariedad. Es el caso de las y los repartidores de firmas como Rappi, Glovo y otras, sector que representa hoy el 1,1% de la PEA de la capital. Este sector laboral es uno de los que más creció en volumen en 2020 y a la par, uno de los que vio drásticamente reducidos sus ingresos (una reducción superior al monto de sueldo mínimo, de acuerdo al INEI).

De acuerdo al Observatorio de Plataformas Perú, las empresas de delivery no cumplen con brindar elementos de bioseguridad para evitar exponerse al contagio durante los repartos, lo que deja en riesgo también a los usuarios del servicio. Recordemos que en mayo se autorizó la operación de las aplicaciones de delivery a condición de que se entregara a los repartidores kits de protección y seguros de salud, medida que no se implementó adecuadamente. A esta situación de desprotección sanitaria se suma la económica, con los recortes de comisiones y aplicación de sanciones a repartidores “que interrumpen el proceso de entrega” (aunque este se deba a accidentes o robos) como los que intentó imponer la firma Rappi, cuyos operadores protestaron mediante plantones y denuncias a los medios de comunicación en octubre de 2020.

Actualmente, el empleo de reparto mediante aplicativos carece de un marco legal que lo regule, haciendo posible que las empresas que los gestionan se desentiendan de las condiciones laborales de quienes operan el servicio. La presencia de estos trabajadores en nuestra ciudad es innegable, y en la actual crisis económica se trata de una oportunidad laboral para miles que requieren generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida, una oportunidad que no encuentran en otros sectores que requieren mayor calificación o que ya están saturados. En los últimos meses, también como efecto de la crisis generalizada por el COVID-19, estos repartidores han tenido que lidiar no solo con la discriminación y racismo, sino también con los efectos de la ola de asaltos, pues hemos visto como falsos repartidores aprovechan la facilidad de afiliarse o camuflarse en los servicios de aplicativos para cometer sus crímenes. En vez de contribuir a su estigmatización, exijamos a nuestras autoridades la regulación del empleo en este sector y la sanción ante estas formas de trabajo precario y deshumanizador.

 

desco Opina - Regional / 23 de enero de 2021

descoCiudadano

viernes

Urgente: gobierno frágil necesita comunicación clara

 

Finalmente, el gobierno anunció un conjunto de medidas para combatir la pandemia que parecía haber amenguado desde octubre. Desde fines de diciembre la curva de muertos empezó a incrementarse, la relación entre el número de hospitalizados y las camas UCI con ventilador ocupado mostraba un preocupante aumento, mientras el número de casos activos ya no aparecía en descenso y, simultáneamente, las pruebas que se aplicaban también disminuían. El denominado factor Rt, que mide el potencial de propagación del virus –el número efectivo mayor a 1 indica el riesgo de perder el control de la pandemia–, empezó a crecer en distintas regiones y en el país. La movilidad de las personas, la apertura de la economía con protocolos difíciles de controlar y las fiestas de fin de año incidieron, sin duda.

El incremento del número de contagios ocupaba espacio creciente en los medios, evidenciando que no obstante el tablero de control de la pandemia –el Grupo Prospectiva del MINSA elabora y publica los indicadores necesarios no habían decisiones claras, confiando, quizá, en que se había alcanzado la inmunidad de rebaño y se empezaba a avanzar en la compra de la vacuna.

La ministra de Salud, presionada por los números y los medios, empezó el año alertándonos sobre un posible rebrote, «para darle algún nombre», según dijo. La Defensoría del Pueblo puso su dosis de presión, advirtiendo al inicio de la semana que en Lima y Callao quedaban apenas seis camas UCI con ventilador y que en distintos centros hospitalarios se encontraban decenas de pacientes aguardándolas. En este escenario, la ministra Mazzetti, a menos de una semana de su declaración anterior, aceptó que estamos enfrentando ya una segunda ola del Covid-19, como viene ocurriendo en buena parte del mundo.

Así las cosas, conferencia de prensa mediante, el gobierno anunció el miércoles 13 de enero, las medidas que se adoptarán entre el 15 y el 31 del mismo, para hacer frente a la situación. El mandatario explicó que las mismas se sustentan en un tablero de control que combina indicadores sanitarios y epidemiológicos con otros económicos, como la situación del PBI y el empleo. Punto sin duda a favor del Ejecutivo que, sin embargo, pierde parte importante de su fuerza porque no se dice nada sobre cómo se pondera específicamente cada uno de los indicadores empleados. Difícil saber entonces cómo se combinan salud y economía en el nuevo escenario. Más difícil de entender por qué, contando con el tablero de control, no se anunció un monitoreo transparente y diario que involucre a ciudadanas y ciudadanos en un esfuerzo que los tiene como actores centrales.

En base a tales indicadores, el Presidente Sagasti y la Primera Ministra, identificando las situaciones particulares que existen en las distintas regiones del país, nos mostraron un semáforo que identifica tres niveles de alerta –moderada, alta y muy alta– en base a las cuales se establecen restricciones de movilización de las personas y porcentajes de aforos en diversas actividades económicas. Segundo punto a favor del Ejecutivo que se propone una estrategia focalizada y en ajuste permanente. Pierde también parte de su fuerza porque al desconocerse la ponderación de los indicadores, resulta incomprensible, por ejemplo, por qué Lima Metropolitana y Callao están en el nivel de alerta alta y no en el de muy alta, dados los números sanitarios y epidemiológicos que muestran, no obstante sus claras ventajas de equipamiento y acceso.

Todo indica que es el peso de Lima Metropolitana y Callao en la economía nacional lo que explica su ubicación en ese nivel. Es decir, la economía primando sobre la salud a pesar de la voluntad gubernamental de mostrar lo contrario. Como no hay reactivación con pandemia, es obvio que aquella también se verá afectada. En esa dirección, aunque todavía hay tiempo para corregir, es sorprendente que no se dijera nada sobre un nuevo bono universal, porque la compensación es un derecho en este escenario, donde buena parte de las medidas se descargan sobre la gente, pero también porque reactiva la economía que sufre por falta de demanda, lo que ya es notorio. Parece que los miembros del Ejecutivo no han registrado el malestar que sigue generando la entrega del Bono Universal anterior.

Independientemente de las luces y sombras de las medidas gubernamentales, lo que genera preocupación e incomodidad es la limitada capacidad de comunicar evidenciada una vez más por el Presidente y sus ministros, que sólo atinaron a precisar desordenadamente las medidas ante las preguntas de los periodistas, transmitiendo una imagen de debilidad e indecisión, que refuerza su fragilidad.

 

 

desco Opina / 15 de enero de 2021