Cada vez que se propone un incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú, el debate público estalla como una tormenta. Desde el sector empleador, algunos de sus voceros, rápidamente alzan la voz, advirtiendo que cualquier aumento pondría en riesgo la recuperación económica del país. Del otro lado, el sector trabajador no deja de insistir en que la RMV debe ajustarse para cubrir el costo de la canasta básica familiar, una demanda largamente postergada que refleja la necesidad de justicia económica para los trabajadores de menores ingresos.
A pesar de la intensidad de estas posturas, lo cierto es que el debate sobre el salario mínimo debería darse en un espacio técnico, donde prevalezca el análisis riguroso y las cifras sirvan como base de las decisiones. Ese foro existe, es el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), en particular, la Comisión Especial de Productividad y Salario Mínimo (CEPSM). Es en este espacio donde se debe buscar el equilibrio entre las preocupaciones empresariales sobre los costos laborales y las legítimas demandas de los trabajadores por una remuneración digna.
En este contexto, el pleno del CNTPE encargó a la CEPSM, el 12 de agosto último, la tarea de evaluar la solicitud de incremento de la RMV, formulada en el discurso presidencial del 28 de julio. Se espera que la comisión concluya su trabajo hacia mediados de octubre y comunique sus conclusiones al Poder Ejecutivo, quien finalmente tomará una decisión. No obstante, este debate no debería terminar ahí. El reto mayor radica en avanzar hacia la institucionalización de un proceso que permita reajustes periódicos y predecibles de la RMV, evitando que éste se convierta en una disputa sujeta a los vaivenes políticos o a la presión coyuntural. Consolidar un mecanismo transparente y sostenible para futuros reajustes será clave para garantizar la estabilidad económica, como la equidad social.
La discusión sobre el aumento de la RMV se enmarca en un contexto económico relativamente favorable. En los últimos seis meses, Perú ha mostrado una tasa de crecimiento cercana al 3%, lo que indica cierta recuperación después de un período de inestabilidad global. Este crecimiento otorga alguna capacidad al mercado laboral para absorber un aumento en la RMV sin que comprometa la competitividad o cause un impacto negativo en la creación de empleos formales.
Una de las cuestiones centrales a evaluar a favor de un incremento de la RMV, es la mejora en las condiciones del mercado laboral. La tasa de desempleo ha disminuido en los últimos dos años, lo que sugiere que el mercado tiene capacidad para generar empleo y absorber un aumento en los costos laborales. Además, la informalidad, que ha sido una barrera histórica para el desarrollo económico en Perú, ha caído en 1.6 puntos porcentuales en los últimos doce meses, lo que representa una mejora en la calidad del empleo. Esta reducción, también refuerza la idea de que un incremento de la RMV podría ayudar a consolidar la formalización de más trabajadores.
Adicionalmente, cabe destacar que la relación entre la RMV y el salario medio ha disminuido, tanto en el mercado laboral en su conjunto, como en el empleo formal. Esto significa que el salario mínimo ha perdido terreno frente a los salarios promedio, lo que ejerce presión social y económica para que se ajuste de manera que mantenga su poder adquisitivo y cumpla con los estándares de equidad que promueve la Constitución.
Por último, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo del salario mínimo en más de 9% desde el último incremento producido en mayo de 2022. Este deterioro afecta principalmente a los trabajadores y sus familias que dependen de la RMV para subsistir. Por tanto, un aumento no sólo es necesario desde el punto de vista económico, sino también social, para garantizar que los trabajadores puedan hacer frente al incremento en los costos de vida.
Sin embargo, no todos los indicadores socioeconómicos son tan alentadores. Un componente necesario para justificar un aumento de la RMV es la productividad multifactorial, que no ha mostrado avances, sino por el contrario, retrocesos en los últimos años. La informalidad sigue siendo masiva y, por tanto, se constituye en un obstáculo para mejorar la productividad, ya que una gran parte de la fuerza laboral no tiene acceso a capacitación o tecnología. Además, aún falta una recuperación significativa de la inversión privada en sectores de valor agregado y del consumo, lo que limita el dinamismo económico general. Es posible que el aumento de la RMV contribuya a la recuperación del consumo, pero serán necesarias también, políticas que apunten a mejorar el capital humano de los trabajadores y el clima de confianza para reactivar la inversión privada.
Para concluir, el aumento de la RMV, más allá de las tensiones que genera en el debate público, debe seguir discutiéndose en el marco institucional del CNTPE, con el rigor técnico que amerita. Como ya se ha explicado, el verdadero desafío, además de subir el salario mínimo antes de fin de año, es el de garantizar que este proceso se institucionalice en una norma y se maneje de forma predecible, protegiendo tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. De esta manera, el proceso se alineará mejor con el mandato constitucional de garantizar una remuneración equitativa y suficiente para los trabajadores y un desarrollo sostenible.
desco Opina – Regional / 27 de setiembre de 2024
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