jueves

Ley de reestructuración de la deuda agraria

desco Opina - Regional
Desde el 5 de octubre, los agricultores que tuvieron deudas por créditos agropecuarios con la banca privada o pública, pueden acogerse al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA). En esa fecha, entró en vigencia la Ley 29264, señalando dos vías para su aplicación; el primero es la extinción parcial de la deuda vencida al 31 de diciembre del 2007, hasta por diez mil nuevos soles de capital principal, sin incluir intereses, moras y otros gastos devengados; y la segunda modalidad contempla la refinanciación de las deudas de los campesinos.

De esta manera, se viabiliza la paralización de los remates de tierras por deudas agrarias, ya que no sólo considera los programas crediticios del Estado sino que incorpora a todo el sistema financiero nacional al autorizar al Banco Agropecuario (AGROBANCO) a comprar el íntegro de la cartera morosa para su administración y supervisión. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas transferirá 50 millones de nuevos soles con cargo a los bonos del Tesoro Público. Asimismo, AGROBANCO deberá establecer los procedimientos para la recuperación de las deudas en los plazos y condiciones del PREDA. Esto significa que su aplicación está sujeta al cumplimiento de la compra de la deuda morosa a las entidades financieras y una vez descontado el monto a extinguir, la diferencia será pagada por los agricultores en un plazo máximo de 5 años, sin intereses. Se estima que los campesinos beneficiados suman unos sesenta mil a nivel nacional, teniendo plazo hasta el 4 de diciembre para acogerse al dispositivo legal.

Aunque los cuestionamientos a la norma llegaron desde el Ejecutivo, argumentando que se incentiva la política del “perro muerto”, los congresistas que la auspiciaron niegan cualquier intención populista, afirmando que es un acto de justicia hacia el campesino abandonado por el Estado. En esa línea, es indudable que los productores agropecuarios del Perú concentran la mayor parte de la pobreza nacional, debido a una serie de factores entre los que se incluyen las erróneas políticas del sector Agricultura, la falta de formación técnica, la precariedad de la infraestructura vial, la ausencia de asesoramiento y monitoreo profesional, la fragmentación de los predios productivos, los bajos precios de los productos agrarios, la falta de capital de trabajo barato, entre otros.

Sin embargo, creemos que la dación de la referida norma a pocos días de la publicación de la Resolución Suprema Nº 076-2008-EF (27.09.08), que da por concluido el proceso de liquidación del Banco Agrario del Perú, esta aparente “solución justa y equitativa al problema del agro tradicional” se asocia a malos recuerdos. En efecto, desde inicios de los años 90 no parece haberse tomado en cuenta las lecciones sobre los errores populistas pasados, que terminaron costeando un poco más de 1,700 “malos créditos”, con una cifra de más de mil millones de soles (más de 16 millones de dólares americanos), sin contar las otras deudas que debimos asumir todos los peruanos a través del MEF.

La actual cartera morosa asciende a 48 millones de soles y, según fuentes del AGROBANCO, la norma incrementará peligrosamente las pérdidas acumuladas hasta bordear los 90 millones de soles, convirtiéndose en pesados grilletes que servirán de lastre al todavía joven Banco Agropecuario. Más aun, la solidaridad con el campesino pobre se traducirá en deudas saldadas pero con ello no estamos resolviendo sus problemas de falta de capital ni de calidad de inversión. Por lo tanto, en el mejor de los casos, lo dejaremos expuesto a ser sujeto de nuevos créditos, lo invitaremos a endeudarse nuevamente, a tener libre disponibilidad del dinero y a organizarse para hacer lobby con los parlamentarios en favor de una “justa condonación futura”. ¿No será que con esta Ley se está iniciando la agonía de la banca de fomento agrario, que apenas ha cumplido cinco años?


Entendemos que el país en su conjunto tiene una deuda social con el sector agrario; pero poca justicia hacemos con estas iniciativas efectistas, en tanto están lejos de reconocer y premiar a los 40 mil campesinos puntuales, interpretamos mal sus necesidades y promovemos el borrón y la cuenta nueva. El agro nacional necesita un servicio crediticio moderno y dinámico, que brinde asesoría técnica, incentive la educación financiera así como la cultura de pago y, simultáneamente, promueva una planificación organizada de las labores de siembra y cosecha para evitar sinsabores en sus economías. En otras palabras, el agro no necesita lástima, ni poses populistas, sino liderazgos con políticas sectoriales propositivas.

Estos servicios complementarios no encarecerían el producto crediticio. Si son articulados con las oficinas de promoción agraria de los gobiernos regionales o locales, ellos podrían supervisar el uso adecuado del crédito, y de esta manera cumplirían con gerenciar el desarrollo económico local, además de optimizarse los recursos humanos y económicos disponibles.

Reconstrucción y corrupción

desco Opina - Regional
Luego del sismo del 15 de agosto de 2007, que dejó 600 muertos, 70 mil casas derruidas y más de 100 mil hogares inhabitables (sin tener en cuenta los destrozos en la infraestructura productiva, en especial la huancavelicana), sería bueno preguntarnos qué ha pasado desde entonces.

Podríamos empezar indicando que al ministro de Vivienda de entonces se le planteó la urgente necesidad de reconstruir aceleradamente. En efecto, el referido Ministro se «instaló» en la zona afectada pero luego se fue a liderar el sector Salud, cuando ni siquiera habían comenzado las tareas programadas. Recordemos que los cambios en el Gabinete se produjeron en medio de los escándalos desatados por la revelación de actos de corrupción: patrulleros bamba, adquisiciones fraudulentas de ambulancias, alimentos sobrevalorados, etc., ahora lejanos e imperceptibles por los nuevos casos de alta corrupción, que hizo caer finalmente al Gabinete presidido por Jorge del Castillo.

Así, parece que a poco más de un año de la catástrofe ya no es urgente para nadie atender las zonas afectadas por el sismo. Tenemos como resultado una «urbanización» en Pisco con módulos del programa Mi Vivienda, que se pueden adquirir a un costo de 10 soles por día, es decir, dos tercios del jornal que se paga en esa provincia. En Chincha también hay oferta de viviendas por el estilo. En Ica debe haber sistemas similares. Sin embargo, ¿quiénes podrían acceder a este «beneficio»?

De otro lado, hasta la fecha el Ministerio de Vivienda habría entregado 28,000 bonos de solidaridad en Ica, Pisco, Chincha, Cañete y Yauyos (a Huancavelica que lo parta un rayo). El valor asciende a 172 millones de soles. Sin embargo, este apoyo que sale del erario nacional, parece que también ha sido afectado por la corrupción. No es poca cosa lo que estamos exponiendo. El negociado de los bonos compromete a autoridades locales en actividad o en retiro, a constructores y dueños de ferreterías y, lo que es más triste, a muchas familias damnificadas. Escuchamos en la zona de Villa de Arma en Huancavelica una frase que debe preocupar a todos los peruanos: «La corrupción es como Dios, está en todas partes, es invisible y será eterna en el Perú».
¿Le informarán al nuevo Presidente del Consejo de Ministros de esta situación? ¿Podrá, como ha prometido, luchar contra este y otros actos de corrupción? ¿Tendrá los medios y, sobre todo, el apoyo político del Presidente de la República en esta cruzada? Asimismo, ¿no sería bueno que solicite informes del proceso de reconstrucción en el Sur, antes que el malestar larvado termine por explotar, y se vuelva literalmente un terremoto –esta vez político–?

El Metropolitano inacabable de Lima

desco Opina - Regional
La última semana de setiembre estuvo cargada de controversias en torno al proyecto del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (Cosac), pues el Concejo Metropolitano aprobó, por mayoría, una decisión sorprendente: el aumento por segunda vez del presupuesto del proyecto en 200 millones de soles que ahora le costará a la ciudad nada menos que el doble de lo presupuestado inicialmente, 844 millones de soles en total. Pero el estupor surgió cuando se anunció que esta obra será recortada en 11.6 kilómetros pues ya no se ejecutará el tramo comprendido entre la avenida El Naranjal y el Parque Sinchi Roca, que corresponde a la última fase del proyecto, dejando con esta decisión al distrito de Comas fuera de los beneficios del célebre Metropolitano.

Los indicios de irregularidades en las licitaciones de buses que comprometen a altos funcionarios ediles cercanos al alcalde, alimentan sospechas de malos manejos y amenazan la paciencia ciudadana que ya ha sido puesta a prueba por Protransporte, el organismo municipal responsable de la implementación y el funcionamiento del Metropolitano, ante el caos sembrado en las vias con las obras, tráfico y desvíos.

Los constantes cambios en el equipo técnico de Protransporte y las demoras en la ejecución, acusan inoperancia, por ejemplo, la demora en la habilitación de paraderos en el tramo sur que ya está terminado. Ante esto, el Municipio decidió que la Empresa Municipal Administradora del Peaje, Emape, asuma este trabajo, mientras Protransporte continuará con el tramo norte. Pero Emape tampoco cuenta con la confianza ciudadana dado que es la encargada del mantenimiento de las principales vias de la ciudad y no podrían estar peor, además de los escándalos por licitaciones en los que se ha visto envuelta.

La transparencia, eje prioritario de relación entre una entidad pública que usa el dinero de los contribuyentes y la ciudadanía, no cuenta para el Alcalde de Lima que se las ingenia para eludir las explicaciones solicitadas en el Congreso de la República.

El Alcalde tampoco ha atendido las opiniones de especialistas sobre el criterio técnico de los paraderos y las terminales, dimensiones y ubicaciones que permitan accesos seguros y amplios acorde con una solución eficaz al problema de la congestión y el caos. Mucho menos, ha brindado a la ciudadanía la oportunidad de plantear sus inquietudes. Pero sí se esfuerza en asegurar que indudablemente entregará la obra a la ciudad a fines del próximo año, aunque los atrasos en la ejecución de las obras sea evidente.

Lima necesita un sistema de transporte eficiente y rápido pero también necesita que su gobierno metropolitano trace objetivos que trasciendan la frontera del periodo electoral y que dé explicaciones sobre la administración de las soluciones a los problemas generados en el proceso.

Con los buses del Metropolitano el viaje de Chorrillos a Comas debería tomar sólo 50 minutos, la mitad del tiempo que demora actualmente. Esta solución depende también de una adecuada administración de rutas donde las empresas que brindarán el servicio de buses actúen tomando en cuenta las necesidades de la ciudad, pues aún cuando se haya concluido la construcción del Metropolitano, la solución al problema del transporte urbano en Lima, no caerá del cielo: requiere emprender el ordenamiento de las unidades de transporte, transformar las empresas para que brinden servicios eficientes con personal capacitado y con buen trato. Además, es indispensable atender el problema de las combis, retirándolas de circulación gradualmente.

Es esencial un proceso de planificación insertado en un proyecto mayor, un proyecto de ciudad preparado para los cambios, que considere las proyecciones de flujo, con revisiones técnicas que garanticen la calidad del parque automotor de la ciudad, donde las modificaciones apuntan a mejorar problemas estructurales, necesariamente de largo plazo y que incluya a la población que diariamente se desplaza usando el servicio público, a la postre la alternativa sostenible para la ciudad.

La ciudad que queremos
La improvisación en las obras viales evidencia un problema de mayor incidencia en nuestro desarrollo urbano. Esta fiebre de obras que se ejecutan al son de los ritmos de prioridades políticas del alcalde no responde siquiera al cumplimiento ordenado de un plan metropolitano de inversiones.

Así pues, los ciudadanos que usamos el transporte público diariamente, que convivimos en esta ciudad donde la participación ciudadana en los proyectos metropolitanos es inexistente, donde no hay una política de rendición de cuentas y los vecinos podamos estar al tanto de lo que se hace con el dinero de la ciudad, requerimos la práctica democrática como medio que permita a nuestra ciudad crecer saludablemente.

En esta vía de contrasentido marcado por las decisiones y políticas emprendidas por el gobierno municipal, seguiremos mucho tiempo más ejercitando la paciencia frente a la informalidad de las empresas, la alta peligrosidad de las pistas, los accidentes y afrontando a cada paso una ciudad cuyas calles no están hechas para personas, donde cruzar y terminar ileso es una gran suerte.

martes

Nro. 52 Maniobrando en el vendaval

La tormenta desatada al revelarse los altos niveles de corrupción que envuelven nuevamente a un gobierno peruano, tardará mucho en disiparse, en el mejor de los casos.  Las próximas encuestas de opinión  indicarán si esto es manejado como un hecho circunstancial por el presidente García o simplemente se ha establecido un punto de no retorno en la baja confianza que despierta el mandatario ante la ciudadanía.

En ese sentido, no puede negarse la rápida reacción de Alan García, apuntando además, a la dirección correcta.  No dudó de la necesidad de hacer cambios importantes en su Gabinete de Ministros y, por otro lado, convocar a personas ajenas a su partido y con una imagen favorable en la opinión pública.  Aun cuando la extendida mancha de corrupción quedará impregnada como sospecha en lo que queda de su gestión, la designación de Yehude Simon como nuevo Presidente del Consejo de Ministros tiene la virtud de inyectarle oxígeno a un Ejecutivo que empezaba a ahogarse sin mostrar mayor reacción, ante las imágenes y audios de lobbistas inopinados actuando en altos círculos del poder.

Difundida su designación, se esperaba de Simon mucha voluntad pero poca capacidad para imponer condiciones en el Gabinete que iba a presidir.  Al conocerse los nombres, los pronósticos más pesimistas no se cumplieron pero sin que ello indique que el recién estrenado Premier se conducirá con un cuerpo de ministros que automáticamente cerrará filas con él.  Finalmente, es un gabinete que sólo ha cambiado seis de sus integrantes –de un total de dieciséis– siendo personas allegadas al nuevo Premier, tres ellos.  Una cosecha no muy mala pero tampoco buena.

¿Qué le espera a Simon?  Hay dos escenarios.  En el corto plazo, Simon tendrá que persuadirse que su acción viene acotada por los lineamientos ya impuestos en las políticas gubernamentales.  Es decir, más temprano que tarde deberá aceptar que desde su cargo puede dar algunos golpes de timón pero no variar rutas pre establecidas, ya sea en materia económica o social.  En ese sentido, será muy interesante saber cómo piensa combatir la corrupción, algo que anunció como su preocupación fundamental, así como su opinión respecto a la elección próxima del Contralor de la República.

El otro escenario es del cortísmo plazo.  En este plano, sus retos son mayores.  Uno de ellos será reemplazar a Jorge del Castillo en las tareas de bombero de las protestas sociales que se multiplican en el país.  Como antecedente están los días finales de Del Castillo: abrumado y sin mayores ideas respecto a cómo afrontarlas. La segunda cuestión para Simon es el reacomodo de las relaciones entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales.  Hasta antes de su designación, era una especie de vocero de los presidentes regionales ante el Presidente de la República.  Ahora, en la misma mesa, cambiará de lugar y será el vocero del Ejecutivo ante las autoridades de las regiones.

Un tercer aspecto será la distribución sectorial del Presupuesto de la República 2009.  Como se sabe, el pliego ingresará a la discusión política en el Congreso y allí Simon no tiene muchos amigos.  Los fujimoristas ya han empezado a enseñarle los dientes, los apristas deben estar resentidos ante su desalojo del Ejecutivo, los nacionalistas manifiestan sus dudas y quieren «ver para creer» y los diferentes grupos que tuvieron su origen en Unidad Nacional no disimulan su desconfianza. Finalmente, está el impulso que debería tomar el proceso de descentralización.  Se supone que Simon tiene el interés, las ideas e, incluso, los equipos humanos necesarios para este fin.  Sin embargo, ¿tendrá a su favor la correlación política suficiente para afrontar exitosamente esta tarea?

Con el Gabinete Simon tenemos una certeza: le ha dado espacio de maniobra a un Ejecutivo que se veía cercado aunque hay varias interrogantes sobre los aspectos descritos líneas arriba y otros más. Por ejemplo, su reacción frente a la voluntad aprista de amnistiar a un número significativo de policías y militares procesados por delitos contra los derechos humanos y alentada por el propio Alan García. Sumemos a ello su error de entrada, al afirmar que dentro de dos meses habrá más cambios en el equipo ministerial, lo que puede provocar inestabilidad y dar señales equívocas hacia la ciudadanía.  Ojalá que llegado diciembre el cambio anunciado no lo involucre.

jueves

Y después de la derogatoria de la Ley de la Selva ¿qué?

desco Opina - Regional

Luego de un ardoroso debate, el 21 de setiembre el Congreso de la República aprobó la derogatoria de los D.L. 1015 -popularmente conocido como la Ley de la Selva- y 1073.  Sesenta y dos votos a favor y veintisiete en contra, fueron suficientes para que el Poder Legislativo dé la razón a los reclamos nativos y disienta con el Poder Ejecutivo. Días atrás, el presidente Alan García, señaló que sería irresponsable dejar prosperar tamaña solicitud y que esa posibilidad sería observada por su despacho. A su vez, el ministro de Agricultura se congració con el mandatario, culpando “a los buitres del siglo XXI” (las ONG) de financiar la movilización y promover los desmanes. Mientras tanto, el premier Del Castillo desconfió de la capacidad de articulación que tienen los pueblos amazónicos para realizar este tipo de protestas, dejando entrever que intereses oscuros se escondían tras los sucesos.

Cuando todo hacía presagiar abiertas discrepancias entre el Congreso y Palacio de Gobierno, un conveniente homenaje póstumo a la congresista Fabiola Salazar dio un marco ideal para la promulgación de la Ley 29261, sin que nadie se sienta aludido, resentido ni afectado por esos dos escuetos artículos que contiene: ningún medio periodístico ha ahondado en la negativa y terquedad presidencial de reconocer públicamente su derrota política ante la movilización parcial del oriente peruano.

Danzas de guerra…lanzas en ristre

La Selva celebró muy a su estilo la derogatoria, pero tras el triunfo de la movilización se ha percatado que las puertas han quedado abiertas para nuevas movilizaciones, paralizaciones y protestas. A los D.L. 1015 y 1073 se le pueden ir agregando otras 22 normas que, para el sentir de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) o de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), son lesivas a los intereses de las etnias y pueblos amazónicos.  Ya se anuncian nuevas paralizaciones para noviembre y el Gobierno Central se ha quedado sin conciliador al habérsele negado esa calidad al ministro del Medio Ambiente, Antonio Brack, quien no ha sido capaz de consolidar un espacio de diálogo con los nativos. Situación que se agrava porque el Poder Ejecutivo plantea dialogar solamente con la CONAP y no con AIDESEP, a quien ha dispuesto sea investigada por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Más allá de los emotivos comentarios locales sobre la derrota e incapacidad del Gobierno para imponer una norma impopular, no ha habido mayores espacios de análisis que permitan reconocer las causas por las cuales no todos los supuestos afectados por los decretos leyes derogados participaron de las jornadas de lucha. En primer lugar, las organizaciones amazónicas han mostrado deficiencias en su capacidad de organización y  visibilización de intereses comunes; y abiertos desencuentros entre líderes y posiciones institucionales divergentes. De otro lado, las metodologías de resistencia y los mecanismos de expresión internos, hacen aparentemente infranqueable la conciliación de acciones. La AIDESEP y la CONAP tienen serios problemas para sentarse a dialogar; a esta última incluso se le acusa de trabajar coludida con la Empresa PLUSPETROL. Al respecto en la Selva Central más de una comunidad nativa está aprovechando la presencia de “la petrolífera” que desarrolla exploraciones en los distritos del río Palcazu, siendo posible pensar que se les ha financiado algunas de sus actividades internas y por ello, se han mantenido al margen de los sucesos para no ahuyentar el apoyo empresarial.  Sin embargo, de aprobarse las labores de explotación petrolera en la zona, la factura social y política será trasladada a sus representantes, quienes tendrán serios problemas de credibilidad para explicar las características de esas relaciones.

Otro aspecto a considerar es la creciente comercialización informal de tierras que realizan muchas comunidades nativas. Según algunas estimaciones empíricas y sin ningún sustento técnico manifestadas por los mismos nativos de la provincia de Oxapampa, más del 40% de las tierras de sus comunidades se hallan en poder de colonos minifundistas provenientes de la Sierra Central. La pobreza ha obligado a  sus poseedores a desprenderse de ellas para sanear sus necesidades económicas. Entonces, es presumible que el temor a las leyes aludidas no sea por la venta de las mismas, sino por una posible aplicación radical y sin participación de los afectados para favorecer a grandes empresas. De otro lado, la precariedad de estas ventas -realizadas al margen del marco legal vigente- mantiene expectantes y tensos a los colonos; pero no los entusiasma a exponer abiertamente su débil situación legal.

Finalmente, un tema que ha quedado claro es que no todos los manifestantes tenían pleno conocimiento de los alcances de las normas aludidas. Las interpretaciones sesgadas, los acalorados discursos y los rumores distorsionaron la posibilidad de comunicación y entendimiento, dificultando, además, la posibilidad de construir colectivamente propuestas alternativas que sean técnicamente viables para beneficiar a las comunidades nativas.

…. Tercera Cumbre Amazónica

Entonces, el jolgorio por la derogatoria se trasladó a la Tercera Cumbre Amazónica celebrada el 21 de setiembre en Yurimaguas. Asistieron congresistas, presidentes regionales, algunos alcaldes y líderes de comunidades nativas, además de otros invitados como líderes de organizaciones políticas, grupos sindicales y frentes de defensa entre otros.  Los representantes de la CONAP no asistieron por su abierta discrepancia con la AIDESEP, quien acaparó el protagonismo. El tema central de la agenda era elaborar un Plan de lucha contra el abuso del Estado,  señalándose las 22 normas que están siendo incorporadas a la agenda de las “derogables”.

Más allá de estas intervenciones circunstanciales, no debemos de perder de vista la agresiva contaminación política que sufrirán estos grupos cuyas demandas de interés local se verán diluidas por utilizaciones partidarias en vísperas del foro de la APEC. Quienes resistieron a la Ley de la Selva pueden perder de vista que desde el Ejecutivo o desde el Congreso se insistirá en retomar el tema amazónico, cuyo actual desenlace es una enconosa espina que no ha dejado contentos a los miembros del partido de gobierno. 

miércoles

Nro. 51 ¿Cuál es la estrategia peruana frente a la crisis internacional?

La crisis financiera internacional ha hecho metástasis. En tan solo 7 horas y media, el índice de Dow Jones cayó 778 puntos, lo que en la práctica representó una pérdida de aproximadamente 1.2 billones de dólares para la bolsa de Wall Street. Para hacernos una idea de las magnitudes entre manos, tenemos que en tan sólo un día, se perdió casi el doble de lo que el plan Paulsen pedía para rescatar a la economía financiera americana. A su vez, esta cifra representa casi el 10% del producto de los Estados Unidos y equivale a un poco más de 10 veces lo que produce la economía peruana en un año. Esto sin contar que en lo que va del año 2008, ya se han perdido 4.8 billones de dólares.

La onda expansiva de la crisis financiera ha arrastrado hacia abajo a las bolsas europeas, latinoamericanas y, mientras se escribía esta reflexión, a las asiáticas también. Las bolsas más afectadas en América Latina han sido la brasilera y la argentina, con -9.4% y -8.7% respectivamente. En tanto que la BVL cayó en un 4.9%. Es decir una descapitalización de USD 4.5 miles de millones. Este desplome acumuló una caída total en lo que va del año de 36%, lo que literalmente ha esfumado el avance logrado durante todo el año 2007. Para nuestra bolsa, ciertamente, el Perú ya no avanza. Retrocede.

Pero en la otra orilla del análisis, contrasta el notable incremento del precio del oro y el dólar, considerados refugios seguros por los inversionistas para afrontar las crisis recurrentes del sector financiero global. Mientras que el precio del oro aumentó en 2.9% (alcanzando los USD 906.3 la onza), el dólar se revaluó en 0.54%, a pesar del monto récord de dólares vendidos por el BCRP (USD 418 millones) para tratar de contener la caída de nuestro nuevo sol. 

¿Cuáles han sido las reacciones en el mundo? En los Estados Unidos se ha producido una movilización ciudadana descomunal que pide la inmediata destitución del actual Presidente Bush a la par que busca evitar con éxito los costosos planes de salvataje financiero que son un claro ejemplo de socialización de las pérdidas frente a la ganancia de unos pocos malos inversionistas. Se ha provisto de información abundante del costo del plan de salvataje para cada americano y el impacto que éste tendrá sobre sus obligaciones y derechos más fundamentales: los impuestos, la salud y las pensiones. Por su parte, los bancos centrales de Europa han tenido que intervenir, ya sea inyectando dinero en los bancos o bien nacionalizando algunos de ellos, a la par que sus ojos no dejan de mirar que piensan hacer al otro lado del océano para acabar con la crisis financiera de una vez por todas.

En contraste, en nuestro país, la capacidad de convocatoria de nuestros decidores para formular una estrategia coherente y urgente para afrontar la nueva coyuntura internacional aparece obnubilada e incierta. Sólo han aparecido algunos tímidos balbuceos para informar sobre lo que se está haciendo en el margen para capear  la crisis, a la par que se asegura por enésima vez que nuestra economía es lo suficientemente fuerte para afrontarla. 

En efecto, la ministra de Comercio Exterior, por ejemplo, ha atinado a decir que “la crisis ha afectado la exportación de textiles y confecciones al mercado norteamericano, pero felizmente nuestro sector es inteligente, y hemos podido abrir otros mercados, y eso compensa la mala situación” (Perú21.com) ¿Acaso no ha escuchado la ministra que la crisis actual está afectando a las economías líderes del mundo entero? No es buena para el desarrollo la estrategia de diversificación de mercados cuando nuestra actual oferta exportable se concentra en unos cuantos productos básicos. Por el contrario, es más racional en términos de un menor riesgo exportador diversificar nuestra oferta productiva hacia productos de mayor valor agregado que puedan comercializarse en cualquier mercado del mundo. Para ello, es necesario transformar nuestra matriz productiva a través de una propuesta de desarrollo que nadie se atreve a proponer porque el gobierno no tiene la capacidad o voluntad política para aplicar, por ejemplo, impuestos extraordinarios a las sobreganancias de las corporaciones mineras, en especial el oro.

Por su parte, el ministro de Economía ya no parece tan convencido cuando intenta afirmar que nuestro país está preparado para afrontar la crisis venidera. El discurso del ajuste del presupuesto público ha perdido validez incluso dentro del propio Fondo Monetario Internacional. Así lo señalan las recientes declaraciones dadas por Dominique Strauss-Kahn, director ejecutivo del FMI, ante la prensa francesa y reproducidas en la web del Fondo: “Es por causa que no hubieron regulaciones o controles, o insuficientes regulaciones o controles, que esta situación ha nacido” afirmó. “debemos sacar conclusiones de lo que ha pasado –es decir regular, con gran precisión, las instituciones financieras y los mercados”. “El plan [de los USD 700 mil millones de los Estados Unidos] es bienvenido porque es amplio. Pero tiene que ser el primer paso para una acción política internacional”. Y finalmente, “Estamos afrontando una crisis sistémica, y por tanto necesita una respuesta sistémica”.

¿Por qué en el Perú no se debate pública y abiertamente cuál va a ser nuestra respuesta política y sistémica ante la crisis? En realidad, este tema sólo se debate en los cenáculos del poder económico y financiero, construyendo lobbies y generando recursos necesarios para afrontar con éxito los efectos de esta coyuntura tan adversa. Pero con seguridad, estas medidas trasladarán los efectos negativos de la crisis hacia un menor nivel de remuneraciones y menos empleos para la población peruana.

Entre tanto, el país permanece intoxicado y marginado del debate que realmente  debería importarle; por ahora se nos vende el discurso de que este es “un lío de tecnocrátas” y que no tenemos por qué preocuparnos. Mientras, seguimos enchufados al sonsonete de los otorongos, que paradójicamente, son los elegidos para debatir los destinos de la nación con justicia y equidad.