lunes

Nro. 50 ¿El espejo boliviano?

Los recientes y dramáticos sucesos bolivianos, que enfrentan a un gobierno que obtuvo más de dos tercios de los votos en el referéndum revocatorio de agosto pasado, ganando en 95 de 112 provincias e incrementando en más de 600,000 votos el resultado que obtuviera en las elecciones presidenciales, con un grupo minoritario de empresarios y sectores urbanos de 4 departamentos, parecen haber entrado a un momento de indispensable negociación, ayudada, entre otras cosas, como no podía ser de otra manera, por el claro respaldo de los gobiernos de la región (UNASUR) a la indiscutible legitimidad de Evo Morales.

El proceso que vive el hermano país debe servirnos para reflexionar sobre la relación entre mayorías y minorías en el marco de la democracia, pero también para preguntarnos sobre la difícil vinculación entre ésta y la necesidad de cambios significativos en las relaciones de desigualdad y exclusión que caracterizan a la mayoría de sociedades en nuestro continente.

Si bien el gobierno peruano se alineó con el respaldo a la democracia en Bolivia, y por lo tanto con el apoyo a Evo Morales, es claro que intentó diferenciarse de los otros gobiernos de la región. A la ausencia del presidente García en la reunión de mandatarios en Santiago de Chile, justificada con razones pueriles –fuimos el único país representado por su Canciller– se le añadió el énfasis de la Cancillería en responder el equivocado pronunciamiento boliviano que señalaba la presencia de sicarios peruanos y brasileños en la masacre de Pando. En el fondo, nuestro mandatario y su gobierno buscaron diferenciarse porque entienden que las protestas violentas y los bloqueos de carreteras en Bolivia eran aceptables porque se enfrentaban a un modelo estatista e indigenista, que es en su particular «filosofía», el del perro del hortelano.

En nuestro país, protestas similares en las formas, aunque con bastante menos violencia y con actores populares, son denunciadas y criticadas implacablemente y empiezan a ser judicializadas en nombre de la defensa de la democracia, olvidando interesadamente algunas cuestiones elementales. En principio, que ella supone un conjunto de derechos, bases mínimas de igualdad, por lo menos jurídica, así como mecanismos y procedimientos para resolver legalmente los conflictos y las diferencias.

En segundo lugar, como lo demuestra la experiencia internacional, que la falta de propuestas inclusivas de las minorías, exacerba la conflictividad, como lo demuestra el caso boliviano en donde, no obstante su legitimidad y su innegable peso electoral, el gobierno de Evo Morales se haya tenido que sentar a negociar con sus opositores, anunciando ya, por ejemplo, que la Constitución incorporará el asunto de las autonomías.

¿Será muy difícil para nuestros gobernantes aceptar que con sus políticas y su comportamiento exacerban el malestar de importantes sectores de la población? ¿Será mucho pedir –máxime cuando nunca tuvieron el 67.4% de los votos y hoy aparecen en caída libre en las distintas encuestas de opinión pública– que entiendan la importancia de los intereses y las percepciones de importantes sectores de la población? Estamos convencidos que nuestros gobernantes harían bien, si por un instante se miran desapasionadamente en el espejo boliviano.

martes

Bases para la integración del Sur peruano

Desco Opina Regional

A pesar del actual contexto desfavorable para el proceso de descentralización, por la poca voluntad expresada por el actual gobierno nacional para fortalecerlo y consolidarlo, recientemente se llevó a cabo el II Encuentro de Consejeros Regionales del Sur del Perú donde, con firmeza, los consejeros manifestaron su conformidad con la instalación del  Polo Petroquímico del Sur por Petroperú y Petrobras, en base a la construcción del  Gasoducto Andino con nexos regionales para darle valor agregado industrial. Derivado de esto, se enfatizó en que el gas no debe exportarse a Chile, y más bien promover su transformación en productos como fertilizantes, plásticos, insumos químicos, electricidad, etc.
 
En el discurso de clausura, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, declaró que, a diferencia de otras zonas del país, el proceso de integración del sur peruano se procesaba desde las mismas regiones, encontrando puntos en común y debatiendo soluciones a los problemas interregionales.
 
Así, los días 25 y 26 de agosto los consejeros regionales de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna, después de las exposiciones del ex ministro de Agricultura Carlos Amat y León y del ex parlamentario Manuel Dammert, aprobaron la Declaración de Arequipa señalando, en primer lugar, que el calentamiento global provocado por los países desarrollados está disminuyendo el recurso hídrico y, en consecuencia, incrementando la vulnerabilidad y la pobreza de las zonas altoandinas.

De otro lado, se afirmó que el Decreto Legislativo Nº 1081 - que crea el sistema nacional de recursos hídricos- centraliza las decisiones sobre la gestión del agua y las deriva hacia el sector privado. Este decreto empeorará las relaciones entre la comunidad y el sector privado; en tanto los consejeros regionales proponen la creación de la Autoridad de Aguas Macroregional participativa, integrada por los distintos usuarios que determinen el uso racional del agua, y la derogatoria del DL Nº 1081.
 
De igual manera, se estima que los derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales se establecen sin consultar a los gobiernos regionales y municipales ni a la población afectada, provocando conflictos sociales; por lo cual se suscribió la Agenda legislativa macroregional de protección de los recursos naturales y fortalecimiento de la democracia. Asimismo, como propuesta para la acción conjunta, se acordó conformar el Consejo Inter-Regional que además de los temas anteriores discuta el ordenamiento y delimitación territorial.
 
Del mismo modo, el II Encuentro de Consejeros Regionales, cuya organización recayó en los consejeros de Islay y Arequipa, Fernando Bossio Rotondo y Javier Lizárraga Lazo, también acordó exigir al Gobierno Central la pronta ejecución y culminación de los proyectos macro regionales, como la carretera Inter-Oceánica, la planta de uranio (Puno) y otros proyectos similares.
 
Otro aspecto discutido ampliamente fue la reforma fiscal, propugnada por todos los gobiernos regionales, que debe contemplar la creación del impuesto a las sobre-ganancias mineras, así como el estudio, revisión y debate para la modificación de los términos económicos y tributarios de las concesiones mineras y sus respectivos contratos. Agregado a ello, se propone la Iniciativa Legislativa de Reforma Fiscal para la Descentralización de los Tributos en general.
 
Para implementar los acuerdos, deberán constituirse equipos macroregionales para presentar iniciativas normativas e impulsar proyectos macroregionales tales como a) la construcción de la cadena de frío en el sector pesquero para el consumo humano, con aportes tributarios efectivos del sector; b) el plan vial macro regional y competencia compartida regional-nacional en la fiscalización de la construcción de la vía Interoceánica del sur, complementándola con el eje Matarani-Ilo-Tacna a La Paz y Santos en Brasil; c) incremento de fuentes de generación de energía eléctrica, sobre la base de las plantas hidroeléctricas en actual funcionamiento (Majes, Machupicchu, San Gabán, etc.) y la sustitución de carbón por gas en Enersur-Ilo; d) ampliar y modernizar el par portuario interoceánico competitivo de Ilo y Matarani, asumiendo su condición portuaria competitiva del sur peruano con los puertos chilenos de Arica, Iquique y  Mejillones; e) promoción de las cadenas productivas de la región macro sur: camélidos, agroindustrias, manufactureras, pesqueras, minero- metalúrgicas, turísticas, impulsando sus infraestructuras básicas de apoyo con inversión pública y privada; f) promoción de un sistema de innovaciones científicas y  tecnológicas de las Universidades del macro-sur, con un programa de investigación, capacitación y profesionalización, en función de la transformación  productiva del sur; g) generación de una red macro-sur de centros de plataformas logísticas, comerciales, e industriales en las zonas de desarrollo especial (Ceticos, Zonas Francas, etc.) de Tacna, Ilo, Matarani, Arequipa, Puno y Juliaca; h) reforma aduanera binacional Perú-Bolivia, para facilitar los intercambios y la integración, especialmente en los pasos de frontera y en los terminales de almacenamiento portuario; i) plan de desarrollo de infraestructura y servicios del circuito turístico del macro-sur, con políticas de conservación y puesta en valor de los patrimonios naturales y culturales; j) creación de un Fondo para el Desarrollo Sustentable en Gestión de la Cuenca Macro Regional, financiado con el impuesto a las sobre ganancias mineras, el cual debe ser visto como un derecho de restitución y una compensación real ante los efectos negativos que causa la explotación minera al medio ambiente.
 
Finalmente, otras resoluciones del referido Encuentro fueron que los consejos regionales deberán ratificar en las próximas sesiones de sus respectivos Consejos los compromisos aprobados, a través de acuerdos regionales; y que el III Encuentro Macro Regional de Consejeros Regionales del Sur del Perú, se realice en la ciudad del Cusco, la primera quincena de diciembre.

jueves

Nro. 49 Cavilaciones presidenciales

Una quincena particularmente densa, signada por las movilizaciones de los pueblos originarios de la Amazonía y las diversas reacciones que suscitó la conmemoración del quinto año de entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, coincidente con la corrosión de la aprobación a la gestión presidencial que gana velocidad.  

En ambos casos, los acontecimientos tuvieron la virtud de revelar las inconsistencias bajo las cuales se desenvuelve el esquema gubernamental y, más aun, los límites cada vez mayores para la gobernabilidad democrática del país que impone el modelo económico vigente.  

En el caso de lo ocurrido en diversos puntos de la Amazonía, lo que se ha puesto en cuestión son los criterios con los que se debe desenvolver el Estado de Derecho y la correspondencia que éstos guardan con los objetivos del actual gobierno. En efecto, el malestar expresado por los pueblos nativos que habitan en territorios amazónicos, tan peruanos como el que más, se explica por algo tan claro y simple como el cumplimiento de la normatividad vigente.  

Distintos instrumentos internacionales suscritos por el país, entre los que destaca el Convenio 169 de la OIT, establecen  procedimientos de consulta, grados de autonomía y obligación de preservar el capital cultural de las sociedades, que han sido contradichos por varios decretos legislativos dictados por el Ejecutivo, entre otras cosas, para adecuar al país a lo establecido por el TLC con los Estados Unidos.  

Ante la fuerza de la protesta y la multiplicación de las críticas, la acción gubernamental apareció sin derroteros fijos, pareciendo obedecer a los ritmos de la coyuntura y sin ninguna idea cierta al respecto. En menos de dos semanas, el Presidente de la República pasó de la absoluta inflexibilidad –llegando a establecer  incluso el estado de emergencia– a la insólita declaración de que el Ejecutivo no había considerado las diferencias existentes entre las comunidades campesinas y las comunidades nativas en el momento que redactó sus normas. Mientras tanto, el mismo Congreso que había ratificado los decretos legislativos cuestionados, decidió finalmente dejarlos sin efecto.  

Por lo demás, las convulsiones sociales en la región amazónica revelaron, una vez más, las enormes fragilidades de nuestra institucionalidad y su creciente incapacidad para procesar las demandas sociales. Más allá de ello, cabe preguntarse como se resuelve la contradicción entre objetivos tan divergentes como los que exigen respecto a los pueblos originarios, el TLC y de otro lado, los tratados internacionales y la Constitución Política. Obviamente se trata de un asunto netamente político y, como tal, será determinado por las prioridades del gobierno de García. En consecuencia, estamos avisados.  
   
Pero éste es sólo un lado de los problemas que debe procesar el Ejecutivo.  La espiral inflacionaria puede empezar a generar un campo de potencial conflictividad que se localizaría esencialmente en los ámbitos urbanos, allí donde se expresó precisamente el principal apoyo electoral para el APRA en las elecciones del 2006. En ese caso, la rápida tendencia al endurecimiento, apostando por una mayor represión puede tomar cuerpo en los próximos meses, apoyada por las intenciones que empiezan a expresarse alrededor del debate presupuestal para el 2009, que debe iniciarse dentro de poco. Sobre la premisa de no expandir el gasto público como medida para contener la inflación, en ese debate veremos cuáles son las prioridades del  gobierno, –tal como se ha vislumbrado con los acontecimientos en la Amazonía– si obtener grados de inversión o apostar por el desarrollo sostenible.  

Finalmente, nada de lo que compone el actual escenario político, social y económico es ajeno a las reacciones  ante los eventos conmemorativos del Informe de la CVR.  Como se sabe, sus recomendaciones buscan formular garantías para que lo sucedido no vuelva a ocurrir nunca más.  De allí los criterios para reparar los daños causados por el Estado en el ciclo de violencia política, como factor indispensable para  una construcción democrática que debía acompañarse de una profunda reforma del aparato estatal. A juzgar por las declaraciones destempladas de distintos voceros del gobierno, y como no podía ser de otra manera, del Cardenal Cipriani, de lo que se trata es de “olvidar” y pasar la página como si no hubiera pasado nada, motivando la rápida y contundente respuesta del monseñor Luis Bambarén: «Si hubiera hablado [el cardenal Cipiriani], habría salvado vidas».

Es evidente que algo ha empezado a moverse aun cuando la retórica oficial diga que todo marcha por buen camino. Al respecto, el comunicado emitido por los obispos de la selva peruana, llama la atención sobre el hecho de que los conflictos sociales no son síntomas de problemas circunstanciales sino demandas que ponen en cuestión los ejes mismos del actual modelo económico.