viernes

Los primeros costos de la corrupción y la improvisación



El gobierno de PPK cumplió sus 100 primeros días. Días antes, la última encuesta de IPSOS registraba la caída de la aprobación del Presidente y del Primer Ministro; de 63% a 55% en el primer caso y de 44% a 37% en el segundo. La explicación más inmediata parece encontrarse en el impacto del denominado «negociazo» con el Seguro Integral de Salud (SIS), descubierto con la aparición de un audio del entonces consejero presidencial, Carlos Moreno, que aparentemente involucraría al Arzobispado de Lima.
La reacción del gobierno, aunque relativamente rápida, fue contradictoria. Denunciado el escándalo, aceptaron su renuncia, agradeciendo sus servicios, mientras el mandatario negaba su condición de funcionario público, no obstante haberlo nombrado mediante una resolución, por lo menos curiosa; finalmente fue destituido del cargo que mantenía en el hospital Loayza, su centro de operaciones, arrastrando en su caída al director del mismo.
La corrupción imperante en el país tocó rápido las puertas del nuevo gobierno y reveló, entre otras cosas, la falta de celo que tuvieron en la designación de muchos de sus funcionarios. En esa falta de control y pulcritud se les escapó Moreno, que como muchos funcionarios públicos, armó a lo largo de los años y de distintos gobiernos, sus propias redes de corrupción, de las que ya existían «huellas» que se podían encontrar en espacios abiertos como google, aún antes de la instalación de un nuevo gobierno, que no se preocupó en revisar su historial, como lo demuestra este caso, que afecta al gobierno estos días.
Desde el inicio de la nueva gestión, varios de los nuevos funcionarios designados fueron cuestionados porque aparecían como parte del instalado mecanismo de la puerta giratoria, por la que distintos profesionales pasan del sector privado al público, produciendo eventuales conflictos de interés. Así, a la presidencia de INDECOPI se nombró a un conocido crítico del Código de Consumo, el director de SENACE fue gerente de Permisos Ambientales de Yanacocha, mientras  el Jefe de la DINI había sido directivo de Tía María.
Otros, como los ya renunciantes asesores Jorge Villacorta y José Labán, sin mayores calificaciones para los cargos en los que fueron designados, cayeron en medio de confusas acusaciones de cobro de cupos en las listas parlamentarias; más recientemente, un viceministro se vio forzado a renunciar al aparecer señalado por el Ministerio Público de beneficiar a una empresa con licitaciones, cuando fue funcionario de una municipalidad provincial. Aunque se trata de situaciones diferentes, porque en el caso de Carlos Moreno, todo indicaría que estamos frente a una lamentable y frecuente situación incubada en el Estado, de las que seguramente hay decenas, mientras en los otros lo que se intuye son pagos y negociaciones políticas, lo evidente es que el gobierno no hizo bien su tarea inicial, que exigía de filtros y controles previos.
Ahora paga esa factura, de la que se aprovechan tanto fujimoristas y apristas, para lavarse las manos de una larga historia que los ha tenido en el tiempo como responsables activos, cuanto la mayoría de medios de comunicación que guardan vergonzoso silencio con las declaraciones de un directivo de OAS que alcanzarían al alcalde Castañeda.
La muerte civil de los corruptos planteada por el Ejecutivo, por la que hemos abogado varias veces, no resuelve cuestiones de fondo que requieren enfrentar los distintos problemas que afectan a un Estado débil, precario y con una institucionalidad pobre. La creación de una Comisión presidida por el ex Defensor del Pueblo e integrada por ciudadanos y ciudadanas notables y fuera de toda sospecha, seguramente mejorará los diagnósticos de los que hoy disponemos y avanzará propuestas, que en algo pueden contribuir a enfrentar la situación; sin embargo, se trata de una improvisación porque el gobierno debió contar con un Plan propio y tendría que mostrarnos los primeros resultados a 100 días de su instalación.

desco Opina / 28 de octubre de 2016

Nuestro enfermizo sector Salud



Hace unos días la Ministra de Salud, Patricia García, declaró en emergencia los hospitales limeños; las causas: «insuficiente respuesta de los servicios de salud ante la demanda presentada en la red sanitaria por una inadecuada gestión y desabastecimiento crítico de medicamentos y dispositivos médicos», herencia de la mala gestión gubernamental anterior que ha generado graves complicaciones al servicio. Lo real es que todos los hospitales del MINSA requieren ser declarados en emergencia y en especial los hospitales y centros de salud de las localidades más aisladas del interior del país. La ministra explicó en el Congreso que se requieren S/ 103 millones para comprar medicinas e implementos médicos.
Mientras la Ministra enunciaba el problema, Ernesto y su esposa, miembros de una comunidad nativa nomatsiguenga de la selva central, han caminado cuatro kilómetros con su hijo en brazos, hasta dos postas de salud en ninguna de las cuales encontraron cura para su recién nacido que padecía de una crisis febril desde hace dos días. En la primera posta el técnico no estaba presente y en la segunda, las medicinas disponibles estaban vencidas por lo que eran inútiles y peligrosas. Se supone que la atención primaria en los puestos de salud debería aliviar a los hospitales de las capitales provinciales, pero al actuar solo como ‘mesas de parte’, éstos, con sus propios problemas de equipamiento, se encuentran, además, saturados. El actual revuelo mediático debería llevarnos a ver una serie de problemas que en materia de salud arrastramos como país desde hace varias décadas. El problema no sólo es técnico, es operativo, además de que campean los malos manejos y la corrupción.
En los últimos años en muchas provincias del país se ha entendido que mejorar la salud pasa por incrementar la cobertura con obras de infraestructura y no se hacen esfuerzos por cubrir todas las plazas de profesionales especializados. En los nosocomios de medianas y pequeñas ciudades del interior, raramente se cubre a tiempo completo la plaza de ginecología; funcionando dos días por semana es fácil entender la saturación de sus horarios. Lo más grave; en un país con 620 000 niños con anemia y más de 500 000 con desnutrición crónica los puestos de nutricionistas casi nunca son cubiertos con personal estable y se recurre en su lugar al SERUM, cuyos profesionales cumplen una loable labor pero no tienen la continuidad suficiente para entender y atender la lógica local del problema. En cada cambio se inicia nuevamente una etapa de aprendizaje y de entendimiento de la situación y el contexto. Mejor sería asegurar los profesionales necesarios, una mejor capacidad operativa y equipamiento de los centros de salud existentes que seguir invirtiendo en ‘ladrillos y concreto’ sin los especialistas suficientes. En ninguna parte del mundo una atención a medias es una solución.
Las estadísticas presentadas por la Ministra de Salud realmente son de espanto y nos muestran la cruda realidad del sector: de 7819 Centros de asistencia de Atención Básica, un 48% carece del personal mínimo requerido, 47% está falto de medicinas, el 79% carece de equipo médico mínimo y otro 36% cuenta con equipo que no está operativo.
El escándalo en que se vio envuelto un asesor cercano a Palacio de Gobierno, dio el pretexto suficiente para declarar en reorganización al Seguro Integral de Salud, del cual depende la atención de los sectores más pobres del país. La medida tiene como objetivo garantizar la idoneidad en la gestión de los recursos públicos en el marco del aseguramiento universal en salud en pro de una efectiva prestación de los servicios de salud que se brinda a la población. En definitiva, se persigue identificar la problemática y las distorsiones que se presentan en el SIS para la gestión de los recursos públicos en los aspectos operativos, administrativos y técnicos. No se descartan cambios en los marcos normativos que regulan este seguro y esperemos que ello signifique bloquear los canales que permiten actos de corrupción y malos manejos del servicio.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2016
Programa Regional Centro

Salud, enfermedad y Perú



Apenas estrenado en el cargo el presidente PPK formuló «siete mandamientos» para sus Ministros, el primero de los cuales llamaba a «ser incorruptible». No imaginó que el primero en «pecar» sería uno de sus asesores de confianza, Carlos Moreno. El audio filtrado a la prensa, en el que se oye a Moreno describir entusiastamente el «negociazo» de derivar pacientes del sistema público a clínicas privadas no es solo un escándalo de lobby y tráfico de influencias. Es una muestra del lugar que ocupan en el Perú los derechos y necesidades de las mayorías.
La provisión de salud, educación o seguridad –por citar solo tres de las principales demandas populares– es hoy por hoy el campo en el que convergen varios de los males sociales que aquejan al Estado y los servicios que éste debe asegurar. Aún con la alta concentración de riqueza en unos pocos, el crecimiento económico de la última década debió tomarse como la base para construir un país con otros estándares de desarrollo y calidad de vida para todos. Por el contrario, nos ha hecho una sociedad con «emprendedores» como Moreno, que ven por doquier oportunidades de «negocio», aunque se trate de la vida y salud de los que menos tienen.
Por las permanentes denuncias de las organizaciones sociales de salud y por algunos pocos médicos honestos, sabemos que desde hace muchos años los mecanismos para complementar servicios públicos con recursos privados funcionan de modo corrupto y lesivo a los intereses públicos. Pero la divulgación de las conversaciones «empresariales» del exasesor Moreno, muestran que este funcionamiento alcanza el más alto nivel y cuenta son la connivencia sistémica de los responsables de los programas y centros de salud –allí están las menciones a médicos y funcionarios–, quienes comulgan en el tráfico de pacientes y la fijación irregular de tarifas de exámenes clínicos por los que las familias peruanas madrugan en las puertas de los hospitales.
Si bien los reflejos del Ejecutivo no han tardado y el Presidente ha resultado aislado –pero no ileso– de la crisis, lo cierto es que la salida al problema sobrepasa cualquier «control de daños». Incluso la idea de una «reforma profunda» de la salud no escapa de la mirada sectorial con la que nos hemos habituado a responder ante cualquier problema de administración estatal, por no decir a cualquier asunto de interés nacional.
Preocupaciones cotidianas de millones de peruanos y peruanas como son la degradación de la atención pública, el encarecimiento de los servicios privados sin mejoras sustanciales de calidad, o la absoluta incertidumbre sobre si se podrá alcanzar un bienestar mínimamente razonable en el ciclo de vida, se encuentran hoy postergadas por la aplastante ilusión consumista. Esto se cumple tanto para las necesidades de salud como para las de educación.
El sistema de salud peruano lo padecen día a día quienes intentan aliviarse o aliviar a uno de los suyos de una enfermedad. No es ninguna sorpresa. Pero recién recibe toda la atención de los medios y los analistas cuando sus defectos alcanzan al Poder. Porque la agenda pública se define más desde los intereses creados sobre el aparato público y los grandes grupos económico-mediáticos, y menos desde las demandas y la organización de la política desde los territorios, las regiones, las ciudades y las zonas rurales. En un país tan desigual como el nuestro esas demandas debieran integrarse en políticas que expresen la voluntad de disminuir la inequidad, la exclusión y la injusticia social. Pero a cambio, aparecen únicamente como «crisis» repentinas y tienden a ser tratadas de manera asistencialista o populista, como casos que merecen atención por emergencia, por solidaridad, o pura precariedad. Esta es nuestra más grave enfermedad.

desco Opina / 14 de octubre de 2016

lunes

La represa Paltuture y la necesidad de construir consensos regionales



Hay noticias que se repiten anualmente en todos los medios de comunicación de Arequipa, una pauta informativa con pequeños matices enmarcada en un calendario reconocible: las fallas en la infraestructura escolar en febrero; las consecuencias de las heladas entre junio y julio; la huelga docente de la UNSA en setiembre, y los conflictos por el agua en el Valle del Tambo al inicio de la primavera.
A diferencia de otras veces, esta última noticia está prolongando su estadía en diferentes medios. El conflicto esta vez se ha agravado por el déficit de agua, lo que ha traído como consecuencia una declaratoria de emergencia oficial y una sentida jornada de protesta de dos días en el valle del Tambo, a la que también se han sumado autoridades locales y regionales.
Durante casi 20 años, el Gobierno Nacional no ha sido capaz de resolver la inversión para la  construcción de la represa del Paltiture (hoy rebautizada como Paltuture) para que los agricultores del Tambo ya no tengan que depender del almacenamiento de agua de la represa de Pasto Grande, que también riega las tierras del valle moqueguano del mismo nombre, y que ya es insuficiente para atender a ambas regiones.  Por esta desidia, recientemente otra región se ha sumado a este conflicto. Puno ha interpuesto una demanda judicial que ha jaqueado la licitación de la represa, sus autoridades están pidiendo una participación en Paltuture, que represará el agua del río Topalca que pasa por esta región altiplánica, y que supuestamente se construirá  en su territorio y no en el de Moquegua, según un problema limítrofe de larga data.
Una semana después de la frustrada reunión entre los gobernadores de Arequipa, Moquegua y Puno en la PCM para limar asperezas respecto a este tema, la gobernadora de Arequipa, Yamila Osorio,  el gobernador de Puno, Juan Luque, y el alcalde de Puno, Iván Flores, lograron reunirse en Arequipa; pero el resultado no fue el esperado. Las autoridades puneñas condicionaron el retiro de la demanda a la creación de un Consejo de Cuenca, así  las tres regiones se beneficiarían de Paltuture.
Con este aparente callejón sin salida, el Ministerio de Agricultura ha presentado otras alternativas: Peñas Negras, Quebrada Honda y Chinchín. La tercera  sería la más viable por su costo, pero estaría en Moquegua, lo que a decir de Yamila Osorio, concurriría en otro problema a futuro.  A nivel de la región muy poco se ha discutido  otra alternativa para el valle, pensando sobre todo en que el abastecimiento de agua para la agricultura en el Tambo siga menguando por los efectos del cambio climático, como variar la cédula de cultivos y dejar, por ejemplo, de cultivar arroz. También hay otras alternativas, puestas en blanco y negro por la Autoridad Nacional del Agua, que faltan discutir. Tampoco hay que dejar de lado el irresuelto conflicto por el ingreso del proyecto minero Tía María de Southern Perú, cuya resolución influiría en la vocación productiva del valle, y que en estos pocos meses del nuevo gobierno aún no ha sido tocado.
Lo que si podemos afirmar sobre el conflicto de Paltuture es que de no resolverse pronto, sería un grave antecedente para la política de consolidación de la Macro Región Sur. No se puede entender cómo los integrantes de esta joven mancomunidad siguen pensando en el desarrollo unitario sin pensar en el conjunto. Así, continúan los problemas limítrofes entre Puno y Moquegua; y la desesperación por no perder los 30 millones de inversión presupuestados para esta represa, están haciendo pensar a Yamila Osorio en una demanda a las autoridades puneñas por daños y perjuicios, lo que concluirá en un nuevo conflicto interregional.
Toda esta compleja situación evidencia que hay aún mucho por trabajar para avanzar en la consolidación de la Macro Región Sur, que la disputa por el acceso a recursos naturales que cada región considera «suyos» continuará generando divisiones. Superar esta situación demanda esfuerzos de todos los actores para pactar salidas que aporten a la construcción consensuada de una política nacional, capaz de ayudar a remontar los localismos existentes en el sur y en todo el país, y a promover el uso compartido y el beneficio mutuo de los recursos disponibles.

desco Opina - Regional / 7 de octubre  de 2016
Programa Regional Sur