lunes

Nro. 57 Nos habían dicho que el modelo era liberal

Finalmente, el presidente García firmó con evidente agrado el TLC con los Estados Unidos y, salvo muy pocos medios de comunicación, nadie recordó sus compromisos electorales, cuando prácticamente juró que revisaría «palabra a palabra» dicho instrumento. En la lógica política de los hechos consumados, el tratado entrará en vigencia sin los diagnósticos de impacto correspondientes y discutiendo mecanismos de protección, compensaciones o ajustes sólo para algunos sectores. En las expectativas del gobernante, seguramente, se formula la esperanza de que la inundación de mercancías extranjeras contribuya a paliar la presión inflacionaria, algo especialmente preocupante en los ámbitos urbanos –decisivos para el éxito electoral–, sin importar mucho la suerte que tendrán gran parte de los productores agrarios, sobre todo los que abastecen al mercado interno.

En un escenario como el que plantea el TLC, donde hay ganadores y perdedores, el impacto sobre estos últimos se agudizará al confluir con la estructura oligopólica de nuestra economía, en particular en lo concerniente al mercado de los alimentos. Para el ciudadano es obvio que lo que debe pagar no sigue una lógica de oferta y demanda, sino que está «amarrado» por la alta concentración existente en el mercado de los productos indispensables de la canasta familiar. Se nos presenta como producto de la «mano invisible» lo que en realidad es el resultado del desequilibrio abismal existente entre los consumidores y los ofertantes, que tienen ganancias extraordinarias en época de crisis, a costa del gasto cada vez mayor que la población asalariada destina a alimentos (el más alto de Latinoamérica). Por otro lado, se presenta como un problema privado («pagas o dejas de consumir») lo que es un asunto público: el ajuste periódico que debe realizar el Estado sobre el salario mínimo, como sucede en los demás países de la región.

Para algunos asuntos sí vale la ortodoxia, pero para otros no. En cualquiera de sus versiones, el modelo liberal propone –precisamente– un modelo de intervención pública para el mercado rey y su funcionamiento en un mundo lleno de imperfecciones. Sólo de manera simplista se asume que el Estado «no debe hacer nada» frente a los agentes económicos, pues estos son demasiados y sus intereses no son concordantes. Piénsese, para empezar en las diferencias entre grandes importadores y grandes exportadores frente a la crisis. Las dificultades entre ellos sí son consideradas como parte de la discusión y del juego político. Tanto que a veces salen de la esfera de las reuniones y entrevistas privadas y llegan hasta el parlamento o los medios de comunicación. Pero hay otros actores –las mayorías peruanas– que no son considerados válidos, con necesidades verdaderas y atendibles, y que no poseen los expertos y los lobbistas para que la autoridad –la verdadera, no la de la broma– se interese en ellos.

El 19 de enero el Programa Regional Sur de desco opinó sobre la situación de cien mil familias que viven en la extrema pobreza con su ganado en la puna, ahora que los precios de la fibra de alpaca se han ido por los suelos. En el caso del café, no es siquiera complicado (ni caro, pensando en los 10,000 millones de soles) reactivar esa economía fomentando la elevación del bajísimo consumo nacional. En torno a los asuntos urbanos, la autoridad tiene claro las necesidades de una industria de la construcción que sólo provee viviendas para las clases medias. Parte de los 10,000 millones del Plan Anticrisis irán a ella. Nada se hace para la industria de la construcción que provee de viviendas a los más pobres, esto es, a los autoconstructores que mantuvieron vivos a los productores de acero, cemento y ladrillo en las épocas de crisis. Los alpaqueros, los cafetaleros, los micro constructores, etcétera, también son importantes para nuestra economía y para el mantenimiento del tejido social. Pero los anteriores ejemplos nos señalan palmariamente que este «modelo» supone que estos millones de peruanos no existen para las discusiones acerca del desarrollo nacional.

En la década del ochenta, fueron los poderosos los que criticaron la heterodoxia de la acción del presidente García. Ahora, desde los de abajo, es posible criticar esta otra «heterodoxia», la de este «modelo», en el que no todos los actores económicos del Perú son tratados de la misma manera.Y cuanto menos protesten, será mejor pues, de lo contrario, serán pasibles a ser señalados como «terroristas», si nos remitimos a los cada vez mayores antecedentes que hay al respecto. Así, la democracia no tiende a incluir e igualar: por el contrario, parte de los peruanos debemos aguantar a pie firme, otros –poquísimos– son atendidos en las audiencias presidenciales.

desco Opina / 23 de enero 2009

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Y para los alpaqueros ¿No hay rescate?

REGIONAL

El estallido de la crisis económica internacional ha puesto en jaque al pensamiento liberal y al paradigma del mercado como el medio más eficiente para la asignación de los recursos. Las decisiones del gobierno norteamericano al destinar la astronómica suma de 1.2 billones de dólares para evitar la quiebra del sistema financiero, las posteriores medidas de salvataje para evitar la quiebra del los principales consorcios automotrices (Ford, GM y Chrysler) y las medidas similares implementadas por las principales economías de la Unión Europea; han mostrado el rasgo esencial del sistema en cuanto a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

En nuestro país, un sector productivo articulado desde muy temprano al mercado internacional – que inició las exportaciones a Inglaterra a mediados del siglo XIX – es el sector alpaquero, que constituye la fuente de subsistencia directa de alrededor de 100,000 familias de criadores que pueblan el espacio altoandino, por encima de los 3800 msnm, desarrollando en las más difíciles condiciones ambientales y de carencias de servicios, la única ganadería posible, que debiera ser la ganadería emblemática del país.
Sin embargo, la crianza de alpacas y llamas ha estado «librada a su suerte» sin políticas definidas o, lo que es peor, con políticas erráticas que no han permitido el desarrollo de la cadena productiva en su componente fundamental: la crianza, que es la que genera la materia prima para el procesamiento industrial en las empresas textiles instaladas en Arequipa. Sin programas de mejoramiento genético y servicios a la producción, el deterioro de la calidad de la fibra de alpaca ha sido constante reduciendo su competitividad frente al cashmere o mohair en el exigente mercado de los pelos finos.

El 2004, luego de más de 150 años de explotación de la fibra de alpaca, recién se instaura la norma técnica peruana para la comercialización de la fibra categorizada, estableciendo cuatro categorías en función de la finura, definiendo precios diferenciados, una medida estratégica para promover y estimular la producción de fibra fina, en contraposición del sistema tradicional que al fijar un precio único, termina estimulando el engrosamiento.

Como consecuencia de esta norma se inició un proceso de organización de centros de acopio, promovido por el desaparecido Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos - CONACS, que avanzó principalmente en los distritos y provincias de Puno y Arequipa donde se lograron conformar estos centros a nivel regional. No obstante haber logrado acopiar un volumen cercano al 8% de la producción local, estas experiencias tuvieron un resultado exitoso en los precios alcanzados: 14.80 soles por libra para la fibra extrafina, 13 soles la fina, 9 soles la semifina y 6 soles la gruesa. Esto significó un precio promedio ponderado de 11.30 soles por libra, cifra ligeramente superior a los 11.00 soles por libra adquirida «al barrer» en las ferias tradicionales.

La producción anual de fibra de alpaca en el país asciende a alrededor de 4,500 TM, lo que representó a los precios vigentes la mayor parte del 2008, un Valor Bruto de la Producción de 107.6 millones de soles. Una de las consecuencias de la crisis internacional es la caída de la demanda de fibra de alpaca y sus derivados, ante lo cual el sector industrial ha respondido suspendiendo las adquisiciones y el efecto inmediato ha sido la caída de los precios a rangos que van de 3 a 5 soles la libra, es decir una caída del 64% en el precio y, por lo tanto, alrededor de 70 millones de soles menos en manos de las familias alpaqueras.

A esto se añade el problema de la fibra acopiada por los comités de acopio en la campaña de noviembre, que a la fecha no puede ser comercializada por la suspensión de compras de la industria y los bajísimos precios ofertados que con razón son rechazados por los productores. De tal manera que se ha generado el riesgo de un fracaso y descrédito del sistema de comercialización de la fibra categorizada y la vuelta a la comercialización «al barrer».

En este panorama, se hace indispensable una intervención del gobierno para atenuar la reducción de los ingresos de las familias alpaqueras y, al mismo tiempo, apoyar el sistema de comercialización de la fibra categorizada estableciendo un fondo de emergencia como parte del programa anticrisis que se está organizando a nivel nacional, con la perspectiva de mantener la competitividad en este estratégico sector.

viernes

La ciudad del miedo

Una serie de crímenes y asaltos que han afectado a la ciudadanía en los últimos meses, que ha merecido repercusión en los medios, pone sobre la mesa de debate, la preocupación diaria que compartimos todos los vecinos de nuestra ciudad.
Rejas en las calles, cercos eléctricos en los hogares, gas pimienta y todas las estrategias de defensa que cada ciudadano adopta para defender su integridad y sus bienes, son los indicios del miedo ante el peligro inminente que afrontamos en las calles, cuando realizamos transacciones.
Ante eso, surgen las interrogantes de los vecinos sobre lo que está haciéndose desde el gobierno de la ciudad para garantizar nuestra seguridad, preocupación que debiera ser atendida con prioridad, especialmente en esta etapa final del año cuando el consumo y los gastos son mayores y la dinámica comercial se intensifica.
Todo ello, hace que resalte la carencia de un mecanismo de eficiente cooperación entre la Policía Nacional y el gobierno municipal de Lima. Y se evidencia una vez más, que la improvisación frente al problema aumenta el riesgo: la inexistencia de un Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana, coincide peligrosamente con la urgente reestructuración que el servicio de serenazgo requiere para mejorar el servicio brindado a la ciudad.
Aunque la distritalización de la Policía ha sido una iniciativa positiva con la que se busca que la PNP y el serenazgo, trabajen conjuntamente en lugar de duplicar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, los concejos Regional y Provincial de Seguridad Ciudadana siguen sin funcionar.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha ensayado ya varios planes que no han dado los resultados esperados: Telaraña y Protégeme, por ejemplo, ayudaron de manera aislada pero no afrontan el tema de fondo, más bien le hacen el juego. El miedo sigue acompañando a vecinas y vecinos que deben cobrar o pagar en instituciones financieras, bajo la amenaza latente en la calle.
El plan para crear una red de investigación especializada contra el crimen, anunciado por el ministro del Interior Remigio Hernani y que cuenta con más recursos que las comisarías locales, tampoco tranquiliza los temores ciudadanos, pues esta red estaría operativa recién en junio próximo. Un plazo corto para el sector, un riesgo grande para todos los demás.
De otro lado, el Proyecto de Ley del «Arresto Ciudadano» dividió las opiniones de los alcaldes en la ciudad. El Pleno del Congreso debe decidir el futuro de esta norma, que podría entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2009 y que permitiría a los ciudadanos detener a un delincuente en flagrante delito, ofreciendo un mayor apoyo a la Policía Nacional en su lucha contra la inseguridad ciudadana. Existen diversos cuestionamientos, relacionados a arbitrariedades, funciones y competencias ciudadanas y de los serenos, pero lo que no existe es la posibilidad que la ciudadanía dialogue al respecto con el gobierno de la ciudad.
Aunque, días previos al fin de año, el jefe de la Policía Nacional, general PNP Mauro Remicio, afirmó que la seguridad durante las fiestas, estaría a cargo de 90 mil efectivos a nivel nacional, la ola inacabable inundó la ciudad con asaltos y robos en los primeros días del enero.
Resulta indispensable responder a la demanda de seguridad con un criterio más realista, donde la atención no se centre en lo coyuntural y, más bien, poner mayor énfasis y voluntad en las estrategias de negociación entre la policía y los gobiernos locales, con la eficiencia como premisa.
La ciudadanía demanda una respuesta organizada al crimen, en lugar de acciones aisladas, al son de los medios. Es necesario articular objetivos e iniciativas y elaborar planes coordinados para que la policía, el gobierno local y el gobierno regional puedan por fin, brindar seguridad a la ciudad, rescatando lo aprendido en las acciones efectuadas en cada institución. Sólo así podremos usar, con menos riesgo, nuestras calles.

Nro. 56 La multiplicación de los planes

En menos de un mes, el gobierno ha presentado al país tres importantes planes: el Plan Anticorrupción que fuera prometido al Congreso por el primer ministro Simon cuando su primera presentación; el Plan Anticrisis, prometido por el presidente García a la CONFIEP luego de negarse la existencia de una crisis; y el Plan de Lucha Contra la Pobreza que aparece repentinamente. Excepto por el primero, no se han efectuado públicamente consultas. El Plan Anticrisis no ha sido consultado con la Nación. El Plan Anti Pobreza no ha sido consultado con el MEF. El Poder Judicial se queja de no haber sido convocado en la elaboración del Plan Anticorrupción que, por lo demás, no contempla al narcotráfico.
Todo esto sucede recién inaugurado el «Año de la unión nacional frente la crisis externa». Fuera de los problemas en el contenido de los planes, no es este el mejor procedimiento para generar la unión nacional en una democracia. En caso de cumplirse las metas (¿Cuáles son? Es una pregunta ya hecha de manera pública), los resultados esperables no modificarán la situación anterior a la crisis. En el Perú, a diferencia de los países que siempre tomamos como referencia, se sigue pensando que el modelo de política económica no debe cambiarse, cuando hasta los más fervientes militantes del libre mercado consideran que no va más.
Por otro lado, tan frecuente e impreciso uso ha tenido el concepto de plan, que resulta severamente desvalorizado tanto en su sentido y en sus alcances, como en su capacidad de movilizar a otros ciudadanos que no sean los periodistas de la sección noticias del día. A decir verdad, son planes tan inocuos como el plan «Tolerancia cero» del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Si esa es la idea que se tiene de los planes en el país, resulta aún más claro por qué el CEPLAN sólo tiene una presencia formal.
La «anti crisis» y la «lucha contra la pobreza» son dos caras de la misma moneda y pertenecen al mismo enfoque de «ajuste y compensación social» que ya mostró ser inefectivo en lo que a desarrollo con equidad se refiere, en los inicios de la década del noventa. Las ideas de fondo están en ese viejo esquema: se invertirán 10,000 millones de soles en las grandes acciones con los grandes empresarios, esperando que a ellos les vaya mejor. Mientras tanto, se efectuarán repartos de mejor manera (eso se espera) entre los extremadamente pobres. Se asume que el grueso del país se beneficiaría del goteo o chorreo o como se le llame, producto de la acción de las grandes empresas con fondos públicos. El pequeño productor alpaquero, el cafetalero, el empresario textil, el microempresario, el autoconstructor, etcétera, —en suma, todos los que generan empleo de manera masiva— serán beneficiarios indirectos del plan. Los beneficiarios directos serán unas minorías muy abajo y muy arriba en la escala social.
Los planes parecen ser más de lo mismo. La agenda de 2009 es la de 2008.