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Mercado habitacional, políticas de vivienda y como siempre… invasiones



Desde hace un par de semanas la prensa ha informado sobre cómo se han intensificado las invasiones de terrenos en varios distritos de la ciudad de Lima. En la mayoría de casos son promovidas por traficantes amparados en la necesidad de personas que no cuentan con los recursos para comprar un terreno y, menos aún, una vivienda a través del mercado formal o de alguno de los programas estatales como “Mi Vivienda”. Estas invasiones se producen también en otras ciudades del país. Son la política real del Estado ante la demanda de los sectores de los «sin techo».
La referencia de las invasiones de terrenos y la demanda no satisfecha de las nuevas familias nos exige imaginar soluciones mediante formas alternativas de producir la ciudad. No podemos seguir creciendo en ciudades sin planificación y peor aún, sobre zonas en las cuales no se debería asentar la población, generando procesos urbanos con altos niveles de vulnerabilidad, los cuales lamentablemente son amparados y en algunos casos hasta promovidos por el propio gobierno para asegurar votos en los procesos electorales.
Según datos del Programa Mi Vivienda, el déficit habitacional en la provincia de Lima es de 444 002 viviendas, lo que representa el 24% del total nacional, concentrándose en el área de Lima Metropolitana el 87% del mismo.  Esto significa una clamorosa falta de     385 411 viviendas en la ciudad, 59 979 de las cuales corresponden a la población instalada precariamente en el distrito de San Juan de Lurigancho.
Nuestras propuestas –desde los años ochenta– de generar procesos de densificación habitacional, promoviendo una manera diferente de producir las viviendas (de manera gradual y con la asistencia técnica debida), hasta ahora no se aplican a los sectores populares. Esto permitiría asegurar la calidad constructiva de acuerdo a las necesidades y requerimientos de uso, apostando a la construcción de una ciudad compacta. Lamentablemente, nuestras autoridades del sector Vivienda han preferido enfocarse en la atención de otros sectores que son los que generan grandes ganancias para sus amigos empresarios de la construcción, antes que priorizar el apoyo a miles de familias autoconstructoras, que son las que han hecho la mayor parte de las ciudades que tenemos.
Periódicamente tenemos en el país la visita de una misión de trabajo de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua FUCVAM, quienes poseen una propuesta exitosa y comprobada de acceso a tierra y producción de vivienda a través de mecanismos de propiedad colectiva, la cual han diseminando y compartido ya en países centroamericanos y Bolivia. Este tipo de propuestas debieran ser analizadas y estudiadas para su posible implementación en el Perú, rescatando elementos que nos permitan desarrollar alternativas más adecuadas que las realizadas a través de invasiones para los sectores de bajos ingresos.
La demanda existente en varias de nuestras ciudades, empezando por Lima, debería llevar al gobierno y a las autoridades del sector Vivienda a ofrecer programas y proyectos para un gran número de familias, hoy sin ninguna atención y presa fácil de traficantes y especuladores irresponsables, que les permitan acceder a suelo urbanizable y no seguir procediendo a formalizar la ocupación en zonas de laderas y cerros altamente vulnerables.
Constituye un proceder esquizofrénico del Estado alentar campañas de prevención por parte de Defensa Civil con simulacros de terremotos, y al mismo tiempo, tolerar invasiones de terrenos que solo se evitan cuando se trata de ubicaciones con valor arqueológico o de zonas reservadas. Si pretendemos ser modernos y alcanzar el desarrollo, ya es hora de empezar a modificar las políticas de vivienda con dos caras,  una que desde hace más de medio siglo tolera y reconoce invasiones de terrenos eriazos y cerros para los más pobres, y otra que plantea propuestas financieras y de construcción solo para los sectores con mayor solvencia.

desco Opina - Regional / 29 de mayo de 2015
Programa Urbano
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A propósito de Tía María… un elefante se balanceaba



Como se sostiene en un artículo reciente, el conflicto que se sigue viviendo alrededor del proyecto Tía María, es seguramente uno de los más anunciados que se han producido en el país, demostrando, entre otras cosas, la incapacidad que tenemos Estado, empresas y sociedad, para aprender de lo vivido, apenas los últimos años. Más allá de la historia puntual del enfrentamiento de los últimos meses, continuamos acumulando muertos y violencia, en un escenario en el que se evidencian el virtual naufragio de la institucionalidad, la crisis de representación que no es sólo política sino también social, la corrupción que alcanza a las empresas y a las organizaciones sociales, la protesta cada vez más turbulenta y sin control y la perplejidad de un gobierno que tras transitar de las promesas de la gran transformación al compromiso de la hoja de ruta, hoy simplemente ha perdido la brújula y busca sobrevivir hasta el término de su mandato, en medio de su propia incertidumbre.
En Tía María, una vez más, la política fue derrotada. Hoy, tenemos un gobierno que desesperadamente busca deshacerse de su responsabilidad, pretendiendo, por un lado, que la empresa –a la que apoyaron decididamente– resuelva en 60 días lo que el Estado y ella no pudieron resolver en seis años, mientras simultáneamente, por el otro, descalifica a la población del valle, acusándolos de terroristas antimineros, persiguiéndolos judicialmente, buscando un chivo expiatorio, y haciéndolos parte de los responsables de una conspiración que impide el crecimiento económico del país.
Al lado, una empresa del Grupo México, que obtiene por sus dos operaciones en el Perú, utilidades mayores que las que tiene en su país de origen, enfrentada con la población del valle de Tambo desde hace largos años, cuando las operaciones eran propiedad de una empresa americana, por los efectos «simbólicamente» reconocidos de los humos de su fundición, que busca sostener su presencia, amparada por un segundo estudio de impacto ambiental, que nadie sabe como resuelve las 138 observaciones hechas por un organismo internacional neutral al primer estudio, y por una supuesta licencia social a todas luces trucha y avalada por el Ministerio de Energía y Minas, que estallado el conflicto, le deja al Ministro del Ambiente, la tarea de defender el proceso.
Al frente, una población que defiende sus derechos e intereses, fuertemente marcada por su legítima desconfianza en la empresa y en el gobierno –recordemos que el mandatario, cuando candidato se comprometió ante ellos a respetar y defender su postura–, que en el contexto de su enfrentamiento con la policía, se vio desbordada por pequeños grupos radicales, y más recientemente se vio confrontada con la eventual corrupción de uno de sus líderes, que habría estado en negociaciones «bajo la mesa» con la empresa.
En ese escenario, la protesta y las movilizaciones continuaron su escalada, ahora en el nivel regional. Los vandálicos sucesos en Arequipa y los enfrentamientos entre sectores de la población, los unos tildados de antimineros y los otros de proempresa, evidenciaron la total pérdida de control de la situación y la precariedad de los diversos actores involucrados. Todo ello, acompañado por el «debate» ya instalado en los medios, mayoritariamente orientado a linchar a los protestantes. De pronto, Marco Arana y Tierra y Libertad, que rápida y firmemente deslindó con el dirigente acusado de corrupción, aparece como responsable de una gran conspiración, como lo fueran Gregorio Santos y Patria Roja años atrás en el conflicto de Conga. Los argumentos, indispensables para el diálogo y el debate, fueron reemplazados por la diatriba y reducidos al ideologismo más elemental.
Como es obvio, el Ministerio Público y el Poder Judicial aparecen en la novela. El Premier y el Ministro de Justicia optaron por la altisonancia contra una jueza local para que pague alguno de los platos rotos, al aparecer mencionada en una grabación y la gran prensa encontró por un instante en quien descargar sus iras. Mientras tanto, han pasado ya varios de los 60 días anunciados por la empresa y los temas inmediatos del conflicto, incluso los que pueden atenderse en el corto plazo, permanecen inalterables, sumándose a los más profundos y estructurales que tienen que ver con las pobrezas y miserias de nuestro Estado y de la clase política. Bien harían los principales aspirantes al 2016, en preocuparse por tener planteamientos claros sobre esos asuntos.
Así las cosas, mientras que en el Sur se anuncia una paralización en apoyo a las demandas de la población del valle de Tambo y en contra de la empresa, en Lima, a pocos kilómetros de la Plaza de Armas, el alcalde de San Juan de Lurigancho, pide a través de los medios la declaración del estado de emergencia en su distrito y la intervención del ejército, ante el desborde delincuencial que están sufriendo. De ninguna manera se puede aceptar que se trata de lo mismo, pero es claro que ambas situaciones nos confrontan con la precariedad del Estado y la falta de rumbo del gobierno y sus instituciones. Muy peligroso.

desco Opina / 22 de mayo de 2015 
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Gobiernos regionales en Huancavelica y Junín: los primeros cien días



Los cien días iniciales de gestión en los GR de Huancavelica y Junín, se podrían asociar con la soledad que los gobernadores regionales y sus gerentes deben sentir ante lo injusta que parece la vida cuando, antes de cumplir medio año de gobierno, las críticas son de una gran ferocidad, especialmente en el segundo caso.
Un primer aspecto que habría que resaltar de este periodo, son las actitudes de los gobernadores frente a las gestiones anteriores; en Huancavelica esta actitud es discreta, si bien es cierto hay investigaciones en curso, no es tema central en el quehacer del gobernador regional. Junín presenta otro contexto, ya que la nueva gestión se está centrando en investigar lo que dejó la anterior, además de tener un fuerte respaldo de la prensa regional.
Un segundo elemento a destacar en el marco de estos primeros cien días de gestión, son las políticas y programas enmarcados en aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales.
-    (i)  En Huancavelica, se han anunciado los programas como Llaqta Saludable que tendrá la misión de mejorar las condiciones de vidas de las familias vulnerables, para lo cual se trabajará articuladamente temas de salud, educación, vías de comunicación, erradicación de la desnutrición crónica infantil, entre otros, que actualmente son debilidades que aquejan a toda la región; y Yacu Tarpuy  cuyo objetivo es la siembra y cosecha del agua a partir de las inversiones con sistemas de riego, reservorios y represas a realizarse en cada provincia. La gestión social del agua tiene un peso considerable en la región por el problema con Ica. El pasado 4 de mayo en Lircay, Angaraes, el gobernador regional declaró: «Hoy dijimos alto y ni una gota más de agua para favorecer a Ica si no existe diálogo y licencia social». En estos espacios geográficos han vivido históricamente comunidades alpaqueras; estos pueblos poseen conocimientos y prácticas tradicionales, que les han permitido recuperar y manejar humedales y bofedales y adaptarse a la variabilidad climática, potenciando prácticas de diversificación de pastos que necesitan recursos hídricos. Construir infraestructuras para derivarlos hacia la costa genera perjuicios a estas comunidades y crea malestar entre ellas. En ese sentido, la gestión actual y la población huancavelicana en su conjunto, pide una reunión al más alto nivel del gobierno para abordar el tema.
-   (ii) En Junín, el contexto es diferente porque los denominados megaproyectos que dejó la gestión anterior deben de tener continuidad, ya que su financiamiento ha sido gestionado y están en la fase de inversión en el marco del SNIP: la construcción del Hospital Neoplásicas de Concepción, con fondos provenientes de recursos ordinarios y de la venta de bonos soberanos; la construcción del emblemático Colegio Santa Isabel, cuyo expediente técnico subsanó las observaciones (estudio de suelos y otros); la construcción del puente Comuneros, el asfaltado de carreteras, entre otros. Todos estos proyectos han tenido un corte financiero y técnico, con el objetivo de reiniciarlos, una vez comunicada su real situación a los órganos jurisdiccionales y competentes.  Solo en el tema productivo se tiene un punto de partida favorable para el apoyo a los productores, al plantear el inicio del PROCOMPITE, cuyo presupuesto se está gestionando ante el Consejo Regional.
En asuntos relacionados con los conflictos sociales por presencia de actividades extractivas y otros, este gobierno muestra evidentes déficits; sin embargo, está presente en espacios como la Mesa de Diálogo de Morococha, donde comparte el liderazgo con actores como la Arquidiócesis de Huancayo y la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.
Las posibilidades de tener una gestión exitosa en ambas regiones, medida a través de la reducción de los altos índices de pobreza y desnutrición pasa por un abordaje multidimensional, algo que parece insinuarse en las intenciones de las nuevas gestiones. Esto resulta compatible con la lucha contra la pobreza cuyos determinantes son sin duda multicausales. Según el INEI-ENDES, al 2014 en Huancavelica, la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es de 35% y en Junín 27%; teniendo ambas altos índices de niños anémicos (63.7% y 64%, respectivamente). Los serios déficits en acceso a agua segura, saneamiento básico, diversificación de la producción sumado a malos hábitos para el consumo, establecimientos, equipamientos y personal de salud insuficientes, entre otros factores, explican la situación. Por ello, es un acierto invertir en aspectos que en el mediano plazo pueden tener un efecto positivo en los sectores vulnerables de la población. Sin embargo, tales inversiones tienen el riesgo de ser poco transparentes en ambas regiones, dada la inoperancia de los comités de vigilancia y control existentes, y las debilidades de los representantes de la sociedad civil al interior del Consejo de Coordinación Regional. La experiencia enseña que cuando todo esto termina, dependiendo de la voluntad de los decisores políticos sin ningún control o vigilancia ciudadana, los resultados distan de ser óptimos.
En la región Huancavelica se pueden notar las líneas u objetivos más claros de intervención: familias vulnerables y recurso hídrico, dos temas fundamentales en la promoción del desarrollo de la región. En Junín, la continuidad de megaproyectos iniciados en la gestión anterior, supone una actitud positiva donde prima el aspecto técnico sobre el revanchismo. Sin embargo, un aspecto negativo, común a ambas gestiones y a muchas regiones del país, es el recambio de personal en programas y puestos claves, lo que retrasa el dinamismo de estos cien primeros días. En este sentido, sería bueno aplicar criterios de evaluación a dicho personal, ya que pueden haber acumulado capacidades necesarias para agilizar el proceso de gestión en las diferentes áreas y programas. Por otro lado, no se debería gastar energías en investigar las gestiones anteriores, hay que dejar que la Contraloría haga su trabajo.

desco Opina - Regional / 15 de mayo de 2015
Programa Sierra Centro
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Tía María III: los desafíos de lograr un acuerdo



En estos últimos días se ha comenzado a hablar de posibles salidas a la huelga que ha paralizado al valle de Tambo por más de seis semanas, a raíz de la oposición de un importante sector de población al proyecto Tía María de Southern. Por un lado, las principales cabezas de las movilizaciones han pedido ya la mediación de la Defensoría del Pueblo y, por otro lado, el gobierno, se estaría allanando a la fórmula que antes rechazó: someter el EIA de Southern a la revisión de una entidad independiente.
Más de cuarenta días de paro y movilizaciones ejercen un evidente efecto de desgaste en la población, con innegables pérdidas económicas y paralización de clases. La próxima temporada de cosechas en un valle altamente integrado al mercado nacional y regional debe preocupar también a los productores de la zona; la pérdida de estas sería insostenible para la economía local. El gobierno nacional, por su parte, parece ir admitiendo ya la inviabilidad del proyecto sin un alto costo político y social que, entrando a su último año de gestión, no estaría dispuesto a afrontar.
Se vislumbra así una primera salida al escalamiento del conflicto durante estas semanas, pero las cosas parecen más complicadas que buscar un mediador y sentarse a pactar condiciones para el levantamiento de la huelga, el cese de la violencia y el retiro de las fuerzas policiales del valle. Un problema fundamental sería, actualmente, la real capacidad que tienen los líderes visibles de la movilización (alcaldes distritales y dirigentes sociales) para hacer un arreglo aceptable por sus bases, especialmente, por las más activas y radicales.
Como se evidenció desde el primer día, el conflicto de Tía María no cuenta con un liderazgo indiscutible; con el transcurrir de las semanas, se habrían ido sumando nuevos actores al conflicto: grupo de aymaras de Puno, de la línea de Walter Aduviri; afiliados a sindicatos de construcción civil, supuestos militantes del MOVADEF; entre otros. Una mención especial merecen los denominados «espartambos», jóvenes aparentemente locales, presuntamente licenciados de las fuerzas armadas, cuya participación en las movilizaciones evidencia un innegable grado de organización propia, que con frecuencia se enfrentan violentamente a la policía, habiéndose convertido hoy en una suerte de «barra brava» a la que nadie parece controlar.
El escenario de negociaciones se presenta entonces complejo y difícil; por un lado, va a ser complicado lograr un arreglo entre el gobierno nacional y los líderes de la protesta en el cual debería sin duda participar la gobernadora regional de Arequipa y otros sectores del departamento, para poner en marcha un proceso que desembocaría en un acuerdo definitivo aunque incierto y sin fecha preestablecida.
Por otro lado, y considerando cómo se ha puesto la situación en el valle, otro punto en cuestión, la premisa para un arreglo más efectivo, es el acuerdo al que lleguen los distintos actores y fuerzas que actúan hoy allí en oposición a Tía María. Una pregunta de respuesta por ahora incierta es cómo los liderazgos visibles de la zona pueden hacerles aceptar a todos, o la mayoría de los grupos, una salida que implique el fin de la violencia y de la huelga.
Se abren entonces al menos tres escenarios posibles en este campo: uno primero, más bien optimista, en el cual los alcaldes y dirigentes sociales logran que el grueso de los actores sociales acepten unas condiciones mínimas para llegar a un acuerdo con el gobierno y cesar la huelga y la violencia. Un escenario intermedio, en donde aquéllos logran una alianza con la mayoría de actores y aíslan o se desmarcan de los grupos más intransigentes que quieren continuar las movilizaciones a toda costa; y un escenario pesimista, en el que las autoridades y dirigentes sociales pierden el liderazgo del movimiento y se abre paso a una situación de enfrentamiento con consecuencias imprevisibles.
Estas opciones hacen más que nunca necesarias la cautela y la prudencia que todos los actores de la negociación en ciernes deben tener, particularmente del gobierno nacional, que es en última instancia quien detenta el control de las fuerzas policiales y de las entidades del sector encargadas del complejo problema (Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, Agricultura, Interior). Es un momento de tender puentes y «enfriar el partido», evitando hacerle el juego a opciones radicales.
No deja de ser paradójico que el liderazgo del gobierno nacional en este proceso haya recaído en el Ministro de Agricultura, cuyo sector es el menos involucrado en el asunto. Energía y Minas, muy celoso de sus competencias en etapas anteriores del proceso, cuando triunfalmente se creía haber logrado la aprobación del EIA y aislado a los opositores, se opuso a la participación de una entidad especializada en prevención de conflictos como la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ahora aparenta bajar el perfil, justo cuando la situación se puso al rojo vivo, principalmente por sus propios errores. En el fondo, estamos lamentablemente, ante un Estado que no se encuentra preparado para lidiar con estas situaciones.

desco Opina / 8 de mayo de 2015
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