Es conocido que el boom
agroexportador de Ica, incluyendo la venta de espárragos al exterior, son
dependientes del recurso hídrico proveniente del departamento de Huancavelica; esta dependencia se remonta al año 1945, con la realización del proyecto Tambo Ccaraccocha, que implementó infraestructura
hídrica para la colección y trasvase de las aguas de lagunas de las partes
altas de Huancavelica, para su culminación en los valles de Ica.
Sin embargo, y al igual
que otros proyectos de trasvase en el país, este no ha contado con el consenso de
las poblaciones de la parte alta, existiendo una conflictividad social latente.
El agua, recurso entendido como un elemento integrador, no solo de ecosistemas sino
también de poblaciones, ha cobrado mayor relevancia estos últimos meses a raíz del
ofrecimiento del gobierno central de destinar 650 millones de soles para el desarrollo de proyectos como el colector Ingahuasi y la presa Tambo Ccaraccocha.
Ambos han sido previstos para continuar con el desarrollo de la agroexportación
en Ica, estando los intereses de sus principales actores bien representados por
las juntas de regantes y por el gobernador regional, en tanto las comunidades campesinas
como organización no pueden constituirse como comité o junta de regantes para
demandar el uso del recurso (Ley de Recursos Hídricos N° 29338), y siguen a la
espera de que se materialicen los ofrecimientos destinados a atender sus
necesidades básicas y de comunicaciones, así como de inversiones públicas en infraestructura
productiva para la crianza de camélidos.
Es sin duda importante consolidar
el crecimiento de un departamento competitivo como Ica (tercer puesto entre los
de mayor crecimiento económico), pero también es necesario considerar los
derechos de las comunidades alpaqueras
de Huaytará y Castrovirreyna (ubicadas en las zonas de colección y trasvase, en
Huancavelica), que no solo se dedican a preservar uno de nuestros principales recursos
animales nativos (camélidos sudamericanos), sino también, a través de sus prácticas
ancestrales y de innovación, realizan conservación y manejo del recurso en la
cabeceras de cuenca, sin ser por ello adecuadamente valorados y menos aún compensados.
Por todo esto, la administración del recurso hídrico en estas cuencas debe
comprometer a la zona beneficiada con el boom agroexportador, para que asuma responsabilidades
en el cuidado y conservación del agua.
El descontento de la
población huancavelicana, en especial de las comunidades asentadas en el ámbito
de las cuencas que alimentan de agua a los valles iqueños, está asociado a su
invisibilización en la gestión del recurso hídrico, así como a la experiencia
de más de 60 años de ver pasar el agua por sus puertas sin opción a utilizarla y
sin capacidad de exigir una mitigación por los impactos generados en su entorno
productivo y ambiental. Es necesario resolver las demandas de los sectores productivos del país, pero también es urgente escuchar; reducir las brechas de desigualdad
parte por considerar la existencia de poblaciones que aportan en diferentes
formas, que continúan desarrollando actividades poco rentables pero necesarias
para la adaptación al cambio climático y requieren ser atendidas con inversiones
públicas para su desarrollo.
Los responsables de
manejar el proyecto «Trasvase o Sistema Choclococha» – PETACC, los gobiernos
regionales de Huancavelica e Ica, y el gobierno nacional, deben promover el
cumplimiento de la ley de recursos hídricos; las comunidades campesinas en la
cabecera de cuenca, los actores más perjudicados, deben ser reconocidos. Actualmente,
los huancavelicanos vienen fortaleciendo sus organizaciones técnicas como el
Grupo Técnico Regional del Agua (GTRAH) y las demás organizaciones en favor de la
protección de los recursos, liderados por el gobernador regional, Sr. Glodoaldo Álvarez Oré. Se viene impulsando la formación de la «Mesa de Diálogo Birregional»
y se ha prometido diálogo a todo nivel, a fin de que el problema no llegue a
mayores.
Es hora de superar
errores y exclusiones, asumiendo con responsabilidad la gestión concertada del
recurso hídrico entre ambas regiones, estableciendo las responsabilidades del
cuidado y conservación del mismo en la parte alta y baja de la cuenca,
previniendo los conflictos que puedan eventualmente desencadenarse.
Después de resolver los
errores del pasado, se pueden establecer mecanismos para la negociación de los
proyectos en cartera, el canon hídrico, la inversión en infraestructura y otros
temas, en un contexto de inclusión y equidad en la representación. Para el
futuro de ambas regiones, es clave el respeto y el entendimiento a las
comunidades campesinas.
desco Opina - Regional / 20 de marzo de
2015
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