viernes

De indultos médicos y otras fantasías



Recompuesto el Gabinete ministerial, evidenciando por enésima vez que el Ejecutivo no tiene un rumbo político claro, que no sea salvar circunstancialmente el pellejo hasta la próxima crisis, las tintas volvieron a cargarse respecto al indulto a Alberto Fujimori.
Fue ocasión para volver a escuchar la letanía de la inexistencia de un argumento jurídico válido sin que menoscabe el estado de derecho. Pero, PPK ya había adelantado temerariamente que el asunto era, en realidad, «médico», abriendo nuevamente la posibilidad de que ocurra en un plazo más o menos inmediato. “Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”, señaló el Presidente.
Más allá de la sorprendente manera como el Mandatario presentó su argumento, sin asidero lógico alguno, queda pendiente una cuestión decisiva que no es legal ni médica, sino política. ¿Cuál es la necesidad de PPK para sacar a Fujimori de prisión, aun cuando no procede dada la naturaleza de los delitos por los que ha sido condenado?
Una primera consideración es que Keiko Fujimori, aunque nunca fue transparente, consideraba que su padre no debía ser indultado porque no había nada que perdonar en su caso. Precisando, afirmaba que la libertad de Alberto Fujimori debía darse mediante la vía legal y constitucional.
El procedimiento es explicado por el constitucionalista Aníbal Quiroga. Señala que ni el indulto ni la amnistía pueden darse, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, afirma que la sentencia a Fujimori sobrecalificó la tipificación de los delitos, convirtiendo el homicidio calificado y secuestro agravado en delito de lesa humanidad.
Esto fue un exceso, dice Quiroga, porque esta sobrecalificación “no consta en la autorización de la extradición chilena, ni en la denuncia penal subsecuente, ni en la acusación del fiscal que debe ser parámetro de la sentencia”. Luego, el Tribunal Constitucional revisaría el caso con un habeas corpus y, salvo el voto del magistrado José Luis Sardón, el fallo mayoritario confirmó la condena por lesa humanidad.
Ante este escenario, el constitucionalista plantea que la única solución jurídica pasa porque el Perú eleve una consulta vinculante a la CIDH para que sobre la base de su interpretación de la Convención y su jurisprudencia, defina la procedencia del indulto en el caso de AFF, con todos los antecedentes de su singular caso.
Como vemos, la vía jurídica está prácticamente cerrada y, por lo mismo, la idea de Kenji Fujimori –indulto humanitario– está fuera de lugar, así como todas las modalidades que remiten de una u otra forma a las condiciones de salud del reo como causa suficiente, incluyendo la de PPK.
Sin embargo, surgió un amague que esperó reacciones para buscar dar un segundo paso en la dirección que sugería. Otro constitucionalista, Enrique Bernales, planteó que “La humanidad no está por debajo de lo legal. Lo legal está subordinado al servicio de la humanidad. Mucha gente cree que hay que aferrarse a la ley aunque la ley mate, y eso es la negación de la individualidad y de la naturaleza del ser humano. Ahí tenemos que ser claros y tajantes, le guste a quien le guste. Y si no les gusta a otros, pues allá ellos”. Como vemos, allí es donde parece inscribirse la peregrina posición presidencial del «indulto médico».
El defenestrado premier Fernando Zavala había declarado que el indulto a Alberto Fujimori no formaba parte de la agenda política del gobierno, en junio de este año. Tremendo error. Por supuesto que debió estar en la agenda del Ejecutivo y a estas alturas debe tener muy presente por qué. Que el tema fuera una prioridad política no significaba que el gobierno estaba obligado a excarcelar a AFF.
En otras palabras, lo que el expremier y el Presidente de la República debieron tener claro era que se indulte o no a Alberto Fujimori, el comportamiento de la bancada fujimorista no variaría sustancialmente, Kenji Fujimori no arrastraría tras de sí a un número significativo de congresistas de Fuerza Popular, ni las relaciones Ejecutivo-Legislativo serían diferentes. En suma, lo que tenía que comprender PPK es que el problema fundamental es su débil gobierno.
La administración gubernamental de PPK se deshace por sí sola justo cuando le toca manejar una economía que pasa del enfriamiento a la frigidez, mostrar capacidades para gestionar la reconstrucción del norte y, sobre todo, sortear los tremendos impactos que provocan los sucesivos indicios y pruebas de alta corrupción que comprometen a sus antecesores y, susurran algunos, a él mismo. En todo caso, vaticinan que luego de la visita del Papa, en enero, todo cambiará. Así sea.

desco Opina / 29 de setiembre de 2017

sábado

Alpaqueros de la sierra central en tiempos de cambio climático



Perú integra la lista de los países más susceptibles a los embates del cambio climático, cuyos efectos negativos son percibidos en la actualidad sobrepasando los límites permisibles para la crianza alpaquera. La sierra central soporta hoy un clima sumamente agresivo con variaciones extremas imprevisibles en la alta puna (-20 ºC), presencia inusual de vientos, granizada, lluvias a destiempo, sequía, veranillos prolongados, enfermedades nuevas, entre otras consecuencias negativas del cambio climático. Las sociedades alpaqueras siempre han vivido adaptándose a la variabilidad climática y a la presencia de eventos extremos; sin embargo, hoy estos son más imprevistos y crueles que los registrados históricamente en el mundo andino.
En este contexto –y en más de una ocasión– las autoridades han declarado el estado de emergencia en varias provincias; sin embargo, las acciones son temporales, insuficientes y no mantienen la continuidad necesaria. Frente a ello, los alpaqueros por iniciativa propia vienen desarrollando una serie de acciones paliativas para proteger la crianza: construcción de dormideros abrigados, elaboración de protectores para cada una de las alpacas, rotación de canchas y efectuando mejoras en la gestión de las praderas andinas, entre otras prácticas; las cuáles no son suficientes para mitigar y adecuarse a estos nuevos escenarios climáticos. Pese a que desde el Estado se ha fomentado y puesto en práctica algunas iniciativas como la construcción de cobertizos, la dotación de heno en pacas, la provisión de multivitamínicos y kits de productos veterinarios a fin de proteger a los animales para que resistan eventos extremos, estas no han sido suficientes ni menguado en gran medida los daños severos del clima.  
Consecuentemente, las comunidades alpaqueras siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza, dado que no han logrado desarrollarse integralmente ni superado las precarias condiciones de crianza. Entre otros factores debido al lento proceso de innovación tecnológica, carencia de asesoría adecuada, deficientes infraestructura productiva y de manejo ganadero, ausencia de recambio generacional en los criadores, fragilidad institucional y organizativa, y deterioro del medio ambiente; todo ello sumado a otras limitaciones sociales, económicas y políticas. Bajo este contexto la crianza de alpacas está lejos de ser considerada una actividad rentable y competitiva; más aún cuando el subsector alpaquero no ha sido priorizado por el gobierno nacional, regional ni por los gobiernos locales de turno, quedando rezagado su desarrollo frente a otras especies ganaderas.
Existen experiencias exitosas de bajo costo que pueden ser replicadas masivamente como aporte tecnológico al subsector alpaquero, como la desarrollada por desco para reducir el número de pérdidas de crías, por ejemplo. En esa línea, las políticas sectoriales deberían considerar planes, programas y proyectos que contemplen mecanismos para la adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio climático. Adicionalmente, priorizar la atención al subsector alpaquero en temas vitales como son el manejo de los recursos hídricos (gestión social del agua) a fin de asegurar la alimentación de los camélidos con buenos pastizales, el diálogo tecnológico y el empoderamiento del productor, la dinamización de la cadena de valor de la fibra, entre otros aspectos.

Debemos señalar que el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos como organismo descentralizado, autónomo y adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Esperamos que esta iniciativa apunte a proveer mecanismos que permitan convertir la crianza de camélidos en una actividad rentable y competitiva que redunde en la  reducción de los niveles de pobreza de los alpaqueros y logre mejoras sustantivas en su calidad de vida.

desco Opina - Regional / 22 de setiembre de 2017
Programa Regional Centro

lunes

Mucho ruido para esas nueces



El pedido del voto de confianza que hiciera el gabinete Zavala el 13 de septiembre pasado, en teórica defensa de la política pública de educación, abrió una nueva confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, que finalmente ha concluido en este capítulo con la designación de uno nuevo, presidido por Mercedes Aráoz. Durante cuatro días, la minoritaria porción del país preocupada por la escena oficial –40% de los encuestados por IPSOS para El Comercio consideraban estar informados de la solicitud– pareció aguardar preocupada un choque de trenes. Por un lado, el Ejecutivo que parecía siete meses tarde, dispuesto a amagar con el cierre del Congreso; del otro, el fujimorismo, que tras la sorpresa inicial, y ya golpeado por el fallo del Tribunal Constitucional, respondía dispuesto a la confrontación y acusaba al gobierno de provocación.
Los coletazos de la larga paralización magisterial y la pésima gestión gubernamental de la misma, aparecieron así como una amenaza «dramática» para la gobernabilidad del país. Nadie entendía bien las motivaciones y las circunstancias que llevaron al Ejecutivo a jugar una carta aparentemente tan alta, máxime tratándose de un gobierno que muy pronto hizo de la debilidad su divisa. Las especulaciones, que fueron muchas, se sustentaban en las supuestas debilidades y limitaciones de la bancada fujimorista, alentadas por el comportamiento reciente de Kenji Fujimori y la decisión del Tribunal Constitucional. Desde la agrupación naranja, «apoyados» por el altisonante congresista Mulder, con la conciencia clara de la precariedad del mundo ppkausa, de su débil relación con la gente, su carencia de cuadros políticos y su nula organización, siguiendo su «tradición», respondieron convencidos de que el poder es la única verdad, decidieron seguir jugando hasta el final con el miedo permanente del Ejecutivo.
La designación del nuevo gabinete volvió las aguas a su nivel. Los cambios realizados son apenas cosméticos. Garantizan la continuidad de las políticas públicas que comprometen el modelo y que más allá de estilos, matonescos o disfrazados de buenas maneras, hermanan a ambos trenes. Aseguran además, el abandono de las dimensiones liberales que trataban de mantener en algunas de ellas, como la tan manipulada y vilipendiada supuesta ideología de género, presente en la reforma educativa, contra la cual se han pronunciado en distintas oportunidades los nuevos ministros Vexler y D’Alessio. En otras palabras, anuncian la voluntad del endurecimiento del modelo y sus políticas, y el fin de los limitados guiños liberales.
A fin de cuentas, mucho ruido para esas nueces; varios de los congresistas más vociferantes hasta el fin de semana, desde el domingo, anunciado el nuevo gabinete, se distendieron y empezaron a «pagar por ver», si no, a encontrarle virtudes a un equipo ministerial que es más de lo mismo y por lo tanto peor. Los representantes gubernamentales olvidaron rápido que el fundamento que daban para el voto de confianza era la defensa de la política pública de educación; ahora aplauden a un ministro que fue permanente crítico de ésta y defensor sistemático de los privados.
Se ha logrado entonces un precario «equilibrio estratégico» entre ambos poderes. Con guiño incluido a Alan García y a Kenji Fujimori con la salida de Marisol Pérez Tello opuesta abiertamente al indulto, así como con la designación de Enrique Mendoza, abogado que conoce los distintos vericuetos, virtudes y defectos del Poder Judicial, quien será clave para el uso de esa última carta de PPK, pero también para el manejo de la política anticorrupción y la gestión del caso Lava Jato, que tiene preocupados a varios de los actores de esta película, en donde hasta el momento el único que sigue perdiendo es el país.
La calma chicha resultante durará algunos meses. Desde el fujimorismo congresal ya se aseguraron que no habrá bancada kenjista y ahora buscarán blindarse de los cada vez más limitados «sustos» que pueda darles el Ejecutivo. Es claro que no van por la vacancia en el corto plazo, pero también es evidente que no permitirán que el 2021 se les aleje. Desde el Ejecutivo, con el indulto como eventual último recurso, sólo les queda resignarse a la difícil relación con el más grande de la clase que seguirá deshojándolos a voluntad de acuerdo a sus necesidades.
Más profundamente y por debajo, superada la crisis de gobierno, la crisis de régimen político –que no les interesa ni a los unos ni a los otros– continúa, mientras el modelo que defienden sigue dando evidencias cotidianas de su agotamiento.

desco Opina / 18 de setiembre de 2017