viernes

La Ley del Negacionismo

La denominada Ley del Negacionismo que impulsa el Ejecutivo en el Congreso de la República sorprendió a propios y extraños. Todo indica que se trata de un intento de respuesta a la ostensible presencia del MOVADEF en el CONARE-SUTEP y a su accionar en la huelga magisterial. Como toda respuesta poco pensada y apresuradamente formulada, se trata de una iniciativa unilateral y llena de peligros, como lo han señalado algunos voceros de la propia organización presidencial, Gana Perú.
Unilateral porque la ley en cuestión pretende aplicarse únicamente a aquellos que desconozcan el papel de Sendero Luminoso y el MRTA en el conflicto interno que tanto nos costara. Unilateral, en consecuencia, porque quienes nieguen el triste papel del grupo Colina, por ejemplo, no están inmersos en la norma, que ciertamente podría corregirse en el Congreso, haciéndola extensiva a todos aquellos que nieguen las responsabilidades y el papel de los distintos actores que intervinieron en ese doloroso período de nuestra historia, como lo sugirió el ex Canciller García Sayán.
Llena de peligros porque se interviene en un terreno que roza demasiado de cerca el derecho elemental de libre opinión y pensamiento y de la libertad de información, al extremo que la norma, por ejemplo, podría pretender aplicarse a párrafos completos del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El entusiasmo por su aprobación mostrado por importantes voceros del fujimorismo y por algunos de los sectores más duros de la derecha, desnuda el interés que puede existir en negar una parte de la historia, y por esa vía, evitar la recuperación de la memoria.
Pero también, porque más allá de la voluntad de quienes impulsan la medida, es claro que ésta afecta la posibilidad de verdad y reconciliación, que no es lo mismo que impunidad como parecen entenderlo algunos, a la que debemos acceder como país. La memoria, entendida como conexión entre pasado y futuro, es indispensable en esta perspectiva si queremos que en la construcción del mañana, el recuerdo del pasado sea una garantía para que éste no se repita.
Desde esta perspectiva, creemos que el Estado se equivoca. La memoria se recupera y la verdad se transmite de generación en generación como resultado de un esfuerzo público y sostenido de educación y comunicación. En el mismo, la responsabilidad del Estado es neurálgica y aquella no puede ser reemplazada por el uso de instrumentos legales para formar las imágenes y valoraciones de la población.
Sorprende definitivamente que sea el Premier, uno de los abanderados de la propuesta. Y lo hace, porque su discurso inicial está marcado por la apuesta por el diálogo que exige de tolerancia y de respeto por la libre opinión pública. Preocupa, adicionalmente, por el momento en que se hace, coincidiendo con el polémico fallo encabezado por el vocal Villa Stein, que fuera dura y certeramente criticado por el propio Premier.
Tal como está formulada, la propuesta alimentará, sin ninguna duda, una fuerte polémica y la polarización que siempre genera nuestro pasado reciente, seguramente volverá a aparecer. Creemos que haría bien el Ejecutivo en repensar y ajustar su propuesta, antes de someterse a la posibilidad cierta de su derrota en el Congreso de la República, y más cierta aún, en la ciudadanía.

desco Opina / 31 de agosto de 2012
Descargar aquí



¡El gas… se va el gas!

El Proyecto de Ley N° 1396/2012-PE, lamentablemente, ha dado la razón a quienes vieron en el enredado anuncio de 28 de julio malas señales para el Gasoducto Sur Andino (GSA); se plantea la construcción de un gasoducto para trasportar metano, desde Camisea hasta Puno, pasando por Cusco (Quillabamba) y un etanoducto que partiría en Pisco hacia el sur del país. Esta propuesta tira por la borda el GSA, puesto que ya no tiene como objetivo masificar el gas para 16 ciudades del sur del país en Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los trazos ‘paralelos’ del gasoducto y del ducto de etano presentes en el Proyecto de Ley solo beneficiarían a algunas de las mencionadas regiones, y de forma dispar.
El Proyecto de Ley indica que el GSA no puede ser materializado por la empresa Kuntur debido a que no tiene las reservas probadas de gas natural suficientes y, además, no se conoce de los clientes que darán sostenibilidad económica al proyecto. Declara de interés nacional la construcción del etanoducto, disponiendo la participación de PETROPERU y autorizando el incremento de su capital en 400 millones de dólares. La Empresa Kuntur, por su parte, ha salido a anunciar que, con las nuevas condiciones, el proyecto del GSA recién iniciaría dentro de tres años, ya que están a la espera de un crédito bancario para iniciar la construcción, pero que el etanoducto le quita rentabilidad al proyecto.
La nueva propuesta plantea, como paliativo, la implementación de un «gasoducto virtual», que, partiendo desde Lima, abastecería a Tacna, Moquegua y Arequipa, mediante camiones. Dicho sistema permitiría satisfacer, básicamente, la demanda domiciliaria y vehicular, dejando de lado la posibilidad del cambio de matriz energética por parte de las industrias presentes en la región, ampliando la brecha de competitividad respecto a las industrias asentadas en Lima, las que tienen acceso al gas natural desde el año 2004.
Considerando que uno de los fines políticos de la descentralización es la regionalización, más allá de los departamentos, es penoso constatar que el proyecto gubernamental no contribuye a este fin, consolidando, por el contrario, un proceso de concentración económica en Lima que acentúa el crecimiento desigual e incrementa la brecha económica y social de nuestro país. Ya no sorprende que la promesa de continuar con el proceso de descentralización haya sido silenciada.

desco Opina - Regional / 24 de agosto de 2012
Programa Regional Sur
Descargar aquí

lunes

«Dijo que era nacionalista…»

En su larga marcha hacia la Presidencia de la República, Ollanta Humala debió hacer un esfuerzo particular por establecer un perfil propio, debatiéndose entre etiquetas que iban desde el ya desgastado «outsider» al antisistema y del extremista al «Lula peruano». Tentando el equilibrio entre sus banderas originales –control de los recursos naturales, desarrollo del mercado interno, participación del Estado en la economía e inclusión social– y las demandas de su potencial electorado, Humala marcó distancia con su ala izquierda insistiendo en su identidad nacionalista. No era de izquierda, sino nacionalista y «de abajo». Entrando al segundo año de gobierno, cabe volver a preguntarse por una definición mínima del proyecto político del otrora «terror» de la derecha peruana.
El affaire entre el Consorcio Camisea y Perupetro –entidad que vela el contrato de exportación de nuestro gas– no dejó títere con cabeza. Como se sabe, Perupetro inició una investigación que indica que el gas del lote 56 se estaría re exportando de manera irregular, sin declarar ni reportar al Estado Peruano las regalías correspondientes, unos cincuenta millones de dólares. En el lapso de tres días, Aurelio Ochoa, presidente del directorio, y su fugaz reemplazante, Mercedes Tafur, fueron «renunciados» por la sola mención a una eventual cancelación del contrato al citado consorcio empresarial. La secuencia de acontecimientos –y la pasividad presidencial frente a ello– echa bastante luz sobre quién manda a quién en las relaciones entre el Estado y la inversión privada transnacional.
Eso no es todo –ni lo más inquietante– en el frente energético. La convocatoria a una licitación internacional para el Polo Petroquímico del Sur, anunciada ambiguamente por Humala en su mensaje de Fiestas Patrias, tomó decepcionante forma con el Proyecto de Ley 1396, que define que un gasoducto (metano) iría de Camisea a Puno y un etanoducto iría de Pisco a Ilo, dejando atrás el Gasoducto del Sur Andino, que en su diseño previo –el proyecto Kuntur– ofrecía paso por Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
Este sustancial cambio no implica únicamente una falta «formal» a la palabra tres veces empeñada por Humala, una en su mensaje inaugural, otra en la ceremonia de recuperación del lote 88, una más durante el Consejo de Ministros descentralizado en Moquegua, oportunidades todas en las que anunció como algo inminente el inicio de la construcción del Gasoducto del Sur. Aunque menos mediático, el Proyecto de Ley 1396 es una afirmación tan o más radical que el ya célebre «Conga Va»: un germen de decepción y malestar, esta vez encajado en el núcleo de voto «duro» del hoy alicaído nacionalista: el sur andino. En este contexto, el destrabe de Majes a favor de Arequipa y la luz verde al aeropuerto de Chincheros en Cusco, tienen sabor de premio consuelo.
Con esta promesa de integración y desarrollo para el Gran Sur más que en duda, es poco lo que identifica al gobierno con el ímpetu transformador de sus primeras horas. Sin el proyecto para «equilibrar el sur con el norte» (Humala dixit) ni el «gas barato para todos los peruanos», la inclusión social queda francamente reducida al rediseño de programas sociales, arrinconada en discusiones metodológicas y mediciones monetarias, un piso en el que resbala la titular de Inclusión y Desarrollo Social, Carolina Trivelli, sumándose a la postura del «ministro-técnico», que tan poco beneficio le ha traído a su par en Educación, la recientemente interpelada Patricia Salas.
Es poco lo que se espera de la presentación del renovado gabinete en el Congreso de la República. Luego de la desafortunada decisión de prolongar el estado de emergencia en Cajamarca, no es más que una formalidad el anuncio de las medidas tomadas por la Comisión Multisectorial por una «nueva minería». A este ritmo –y para mal, por supuesto– lo único que queda de la agenda nacionalista se recuesta en el delicado diferendo con Chile.

desco Opina / 20 de agosto de 2012
Descargar aquí

viernes

Lima Sur y áreas interdistritales de Lima, definiciones pendientes

Desde finales de los años noventa, las autoridades de los distritos del llamado «cono sur» de la capital han intentado generar y mantener mecanismos de coordinación para enfrentar problemas comunes de gestión municipal e, incluso, de planeamiento articulado del territorio. En el contexto de cambio por la caída del régimen fujimorista, la Mesa de Alcaldes del Cono Sur fue un referente importante en el debate municipal.
La Asociación de Municipalidades del Área Sur de Lima- AMASUR, creada en junio de 2007, es un intento de las autoridades municipales de esta zona por responder a incentivos a la asociatividad municipal como la Ley N° 29029 “Ley de la Mancomunidad Municipal”. Al acercamiento entre Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Pachacamac, se sumó entonces el distrito de San Borja. Esta asociación ha tenido un transitar bastante irregular, con resultados limitados que a la larga no tuvieron trascendencia en el territorio.
Actualmente, y ya desde el programa electoral de la Alcaldesa, la Municipalidad Metropolitana propone la conformación de áreas interdistritales en Lima, retomando planteamientos de los sucesivos planes de desarrollo de la ciudad. En un primer momento el esquema presentado por Villarán en el Congreso de La República señalaba una eventual confluencia de los 43 distritos capitalinos en ocho áreas (Lima Norte, Expansión Balnearios Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Sureste, Expansión y Balnearios Sur, Centro Ciudad Consolidada y Lima Noreste-San Juan de Lurigancho). Si bien estas responden a una lectura de unidades relativamente homogéneas de planificación, no tomaba en cuenta directamente los esfuerzos de articulación que los alcaldes, los funcionarios municipales y diversas organizaciones sociales han ido gestando a lo largo de diversos foros y espacios de concertación.
El proceso de consulta ciudadana para la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado de Lima al 2035 intenta hoy, a través de sus «encuentros interdistritales» poner en discusión la fórmula para una gestión descentralizada de la urbe. En ese contexto, se especula entre funcionarios y regidores de Lima Sur, que los directivos de AMASUR estarían evaluando dar paso a la conformación del Área Interdistrital Sur, esta vez con la participación del distrito de Lurín. Lima Metropolitana cuenta hoy con siete procesos de asociatividad municipal que deberán servir como referencia a la conformación de áreas interdistritales. En este marco, superar la fragmentación existente y construir racionalidad en la gestión del territorio no es un asunto de expedientes y discusiones «técnicas»; todo lo contrario, requiere hacer explícitos los factores políticos que implica la gestión de servicios públicos como el transporte, el agua y el saneamiento, las grandes inversiones públicas y privadas y, de manera cada vez más apremiante, la gestión del suelo urbano y las nuevas habilitaciones tras las que presionan los capitales inmobiliarios y su poderoso aliado, el Ministerio de Vivienda, otro de los sectores olvidados por la promesa de la Gran Transformación de Humala.
La advertencia es clara para la gestión Villarán, en particular, para el equipo del Plan de Desarrollo Concertado, liderado por el Instituto Metropolitano de Planificación. De obviarse la concertación política y la previsión de canales de participación ciudadana - más allá de los alcaldes de turno- se corre el riesgo de que nuevas autoridades en próximas elecciones vean la articulación interdistrital como una «campaña» de la anterior gestión y dejen de lado los necesarios compromisos para una mejor administración e inversión en la ciudad.
desco Opina - Regional / 10 de agosto de 2012
Programa Urbano

Mucho ruido para tanto silencio

El mensaje a la Nación del 28 de julio pasado fue sorprendentemente largo y lleno de detalles. Su protagonista –que no cuenta entre sus dones la facilidad de palabra o el entusiasmo en la lectura- repasó tediosamente la gestión sectorial del Ejecutivo y concluyó, tras cerca de dos horas, con un colofón que invitaba al gobierno central, los gobiernos regionales y locales, la empresa y la sociedad civil, a trabajar juntos para “la gobernabilidad y la paz social”. Carente de un eje articulador, sin prioridades claras a comunicarle al país, plagado del anuncio de nuevos programas sociales y lleno de cifras, el discurso no transmitió ninguna imagen precisa de la voluntad gubernamental, menos aún del destino del país.
En su falta de orden, se perdieron algunos anuncios importantes. El compromiso al 2016 de reducir la pobreza total al 15% de la población, la ley de carrera docente, la reforma constitucional para establecer el derecho al agua o la advertida reforma del SNIP fueron apenas titulares, teniendo en cuenta su innegable interés y el debate que alimentarán en breve. También fueron evidentes algunas ausencias particularmente graves, como la situación peruana frente a la crisis internacional. El silencio alrededor del tema sugiere que el Ministerio de Economía mantiene al Presidente en la tesis del supuesto “blindaje” que nos protege. Más aún, expresa el manejo automático de la economía, que se traduce en nuestra dependencia plena de la demanda externa. El discurso tampoco adelantó nada concreto sobre la llamada nueva minería, más allá de la retórica de que ésta deberá ser sostenible y ambiental y socialmente respetuosa y del impreciso anuncio de iniciativas normativas a partir de la propuesta de la Comisión creada por el Ejecutivo para tal fin.
A pesar de la naturaleza y la extensión de la intervención presidencial, el término descentralización no fue usado en ningún momento. La única reforma estrucutural iniciada por el país el siglo XXI se redujo a unas cuantas menciones instrumentales a los gobiernos regionales –su concurso en la masificación del gas natural en las zonas altoandinas o la transferencia de recursos para construir escuelas- asumiendo, aparentemente, que la descentralización se reduce a los Consejos de Ministros Descentralizados y a reuniones puntuales con presidentes regionales y alcaldes.
Los anuncios de reforma del SNIP y la creación de una Dirección General de Diálogo en reemplazo de la Unidad de Conflictos fueron gotas de agua en el desierto, la excepción en un discurso que muestra a un Ejecutivo carente de reacción ante los temas que le aprietan el paso, entre ellos el narcotráfico, los remanentes de Sendero Luminoso o los conflictos vinculados a la minería. Respecto a ello, no fueron recordados por el Mandatario los civiles fallecidos en el marco de las protestas sociales ni los policiales y militares caídos en los enfrentamientos del VRAEM el último año. Para peor, el anuncio de una nueva licitación para el Gasoducto del Sur niega el compromiso presidencial de iniciar la construcción del ducto con un crédito puente del Estado a Petroperú-Kuntur, postergando una vez más un proyecto largamente demandado y poniendo en cuestión la viabilidad del polo petroquímico en esa zona del país.
La ausencia de autocrítica en el Mensaje no llama para nada la atención. Cierto que un año es poco tiempo para revertir los problemas centrales del país, pero es sin duda tiempo suficiente para tenerlos claros, establecer prioridades y definir las políticas públicas y los instrumentos para atenderlos. A juzgar por el discurso, el gobierno no lo ha aprovechado.

desco Opina / 3 de agosto de 2012