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La tentación del sillón municipal



En un año pre electoral es habitual que quienes tengan aspiraciones de ocupar alcaldías –a fin de colocarse en la vitrina popular, inicien procesos o campañas de desprestigio contra autoridades y funcionarios en ejercicio con el afán de presentarse ante la opinión pública como el mesías del desarrollo local. Lo que no deberíamos aceptar como natural –ni deseable– es el alto número de denuncias, investigaciones o sentencias judiciales que tienen como protagonistas centrales a las autoridades ediles y funcionarios municipales de puestos de confianza. Esta situación está presente en todas las jurisdicciones del país y la región Junín no es un caso excepcional. Allí, el  gobernador regional viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Un breve recorrido panorámico por las provincias de la región Junín nos permite concluir que hay muchos alcaldes y funcionarios municipales que se encuentran bajo investigación, afrontando denuncias penales, apelando sentencias en su contra o en prisión. Iniciemos nuestro periplo en Huancayo provincia capital de la región; los regidores han denunciado penalmente al alcalde y sus funcionarios por abuso de autoridad y falsificación de documentos. En El Tambo, el distrito más grande de la ciudad de Huancayo, se ha solicitado la vacancia del alcalde supuestamente por favorecer a ciertos regidores. Por otro lado, lo más resaltante en el escenario noticioso del centro del país, debe haber sido la movilización de los pobladores de la provincia de Tarma, cuyo alcalde Luis Palomino Cerrón es cuestionado por el incumplimiento de obras que fueron comprometidas durante la campaña electoral, así como por atentar contra el patrimonio cultural de la provincia. Esta movilización social que bloqueó los accesos hacia la selva central, sólo pudo ser apaciguada con la participación de una delegación de la PCM.
Chupaca es otra muestra; pesa contra su alcalde provincial una acusación fiscal por comisión de delito ambiental por el botadero de residuos sólidos ubicado en el paraje “Capish Tushuna” en el barrio Común, mientras que en Concepción, el alcalde provincial está en problemas desde noviembre del 2016 acusado por un supuesto desvío de los fondos municipales.
En la selva de Junín ocurre lo mismo, el alcalde de Chanchamayo, Hung Won Jung, quien ejerce su segundo período consecutivo se halla inmerso en una serie de cuestionamientos y acusaciones por el presunto delito de colusión agravada en la compra de maquinaria pesada que han derivado en una orden judicial de internamiento preventivo por nueve meses. Otras decisiones judiciales referidas a esta provincia involucran a los alcaldes de los distritos con la mayor densidad poblacional, Pichanaqui y Perené, ambos con sentencias y el segundo de ellos en prisión.
En la selvática provincia de Satipo, en el año 2016 varias de las actuales gestiones distritales han enfrentado procesos de revocatoria que no han prosperado porque a los iniciadores les ha resultado imposible cumplir con la meta de adherentes para exigir la consulta popular. No obstante, muchas de estas movilizaciones revocadoras –sobre todo en el caso del distrito de Pangoa– han sido impulsadas por los políticos que no alcanzaron la simpatía electoral en el proceso del 2014, que los motivó a declarar una ‘guerra frontal’ iniciada aún antes que las autoridades electas asumiesen el cargo. Es distinto el caso del exalcalde de Coviriali César Jesús Gallardo Álvarez, que fuera capturado en Lima luego de varios meses en situación de prófugo tras haber sido sentenciado por apropiación indebida de más de 60 mil soles, producto de la sobrevaloración de la obra del ‘Sistema integral de residuos sólidos’.
Este permanente huayco de denuncias y movilizaciones de rechazo contra autoridades y funcionarios municipales de la región Junín, se podría mal entender como resultado de un supuesto crecimiento en la eficiencia del control ciudadano sobre el aparato público local. Sin embargo, pocos se preocupan por el debilitamiento de la credibilidad del sistema democrático que esto acarrea. Frases como “roba pero hace obra” se relacionan con “todos roban, así que hay que votar por el menos ladrón”.
La ausencia de una estrategia nacional de formación técnica para el ejercicio del gobierno local viene siendo consecuente con la pérdida de la confiabilidad en la democracia. Quienes ya están en carrera por los sillones municipales no se detienen a avizorar su futuro en relación con sus capacidades o las de su equipo de campaña. Lamentablemente, muchos de los que hoy se hallan en situación de investigados o apelando sus sentencias, buscan postular a otros cargos políticos dentro de la región o su provincia.

desco Opina - Regional / 28 de junio de 2017
Programa Regional Centro

Caldo de cultivo



Desde casi hace un año en el Perú vivimos atrapados en un enfrentamiento entre el Poder  Ejecutivo y la mayoría que controla el Poder Legislativo, sin puentes que permitan estabilizar la gobernabilidad. Si bien el reciente episodio de retiro de confianza al ministro de Economía se ve como más de lo mismo, lo cierto es que es un ambiente cada vez más enrarecido.
Por un lado, el mito del «gabinete de lujo» ha naufragado en un descomunal desorden, expresado no solo en marchas y contramarchas como las de Chinchero, o en las continuas concesiones al chantaje fujimorista, sino en una preocupante parálisis económica. El fujimorismo, por su parte, no parece interesado en medir el costo político de sus agresiones al gobierno de PPK y es incapaz de levantar propuesta alguna o de usar su fuerza en el Congreso para algo que no sea entorpecer al Ejecutivo y restarle oxígeno al gabinete Zavala.
Mientras ello ocurre, las calles y la vida cotidiana del país nos llenan de señales del malestar en la ciudadanía, que sin embargo, no merecen suficiente atención en los medios o en la agenda política gubernamental. Es como si en el país que habitan PPK y el fujimorismo no existieran damnificados por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero en el norte del país –quienes aún no sienten la ofrecida Reconstrucción con Cambios–, como si no estuvieran en curso los paros regionales de Tumbes y de Andahuaylas, o como si no estuviera sobre la mesa la llamada «Ley Pulpín 2», punta de lanza de una seria reforma en materia laboral.
Se podría creer que la desconexión entre la política del centro de Lima y la del resto del país, o el inmovilismo en materia económica son dos flancos por los que se podrían abrir paso fuerzas que cuestionen el estado de cosas y propongan salidas que incorporen las demandas de la gente. Pero la verdad es que quienes están fuera del choque entre el gobierno y el fujimorismo, son incapaces de abrir un debate serio y responsable que, entre otras cosas, discuta los límites de la política económica actual y le dé protagonismo a las necesidades de la gente. La izquierda parlamentaria, ocupada en sus minúsculos conflictos internos, se ha mostrado incapaz de representar con altura a sus electores.
¿Es posible alguna salida positiva de este estancamiento? ¿Cómo darle lugar a las demandas reales por empleo, mayores ingresos y seguridad? Si la queremos democrática, la salida deberá alimentarse de una creciente participación de los sectores medios y populares. Es urgente por ello que quienes creen representar a estos sectores asuman compromisos de movilización ciudadana y se muestren como opción. De otro modo, seguirán su avance quienes pretenden representar no los intereses, sino los miedos de la gente, alentando el conservadurismo moral, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y el racismo, alimento del fascismo social que está engendrando esta desconexión entre sociedad y política.

desco Opina / 23 de junio de 2017

La reconstrucción es cosa seria



Las dimensiones del desastre tras el Fenómeno El Niño Costero (FENC) 2017 exceden lo que los analistas económicos estiman y van mucho más allá de la caída del PBI nacional. Son 185 873 damnificados, 242 433 viviendas inhabitables o colapsadas, 549 puentes destruidos o desplomados, 2150 colegios afectados; y dañados 6477 kilómetros de vías, 60 400 hectáreas de cultivos y 45 335 canales de regadíos. También son “damnificadas” cientos de municipalidades cuyos locales han quedado destruidos, perdieron su patrimonio y parte de su acervo documental, además de sus ingresos regulares (impuesto al patrimonio predial, por ejemplo).
El FENC, como otros eventos de la naturaleza provoca desastres, principalmente por la falta de prevención. Al focalizar el interés nacional en las zonas y poblaciones afectadas, se evidencian problemas preexistentes e históricos como la pobreza, la exclusión y la profunda desigualdad en nuestra sociedad. Por ello, creemos que la reconstrucción debe trabajar no solo para resolver la situación inmediata en las zonas afectadas, sino en cómo cambiar de raíz los factores que producen el desastre.
Para ello no solo es indispensable contar con un buen diagnóstico de daños, es necesario también enfrentar los puntos ciegos de las políticas de reconstrucción que hemos implementado en el pasado: los planes de desarrollo y los catastros urbanos pierden vigencia luego de un desastre y resulta indispensable actualizarlos o formular nuevos, así como proyectos a ser trabajados con participación de la sociedad desde el nivel local junto al respectivo gobierno regional o central. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las familias no esperan y «reconstruyen» en las mismas condiciones: con informalidad y sin asistencia técnica. Sin Estado.
El gobierno anunció que a fines de junio contará con un catastro final de daños y que el Plan de Reconstrucción Con Cambios se presentará en agosto. Se ha previsto disponer de Oficinas de gestión de proyectos (PMO) en una perspectiva de trabajo de al menos tres años. La primera etapa prioriza seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash y Lima provincias. Pero sabemos que otras regiones como Cajamarca y Huancavelica demandan urgente atención. Sin una gran concertación nacional, difícilmente podremos tener éxito en la tarea, y por lo que se ha conocido del modelo de reconstrucción, los mecanismos de diálogo y representación de intereses de los afectados son los grandes ausentes.
En desco consideramos obvio que se requiere una política pública para las familias que reconstruyen, que admita que en nuestro país estas edifican por su cuenta y tienen problemas legales  que no son «individuales». La propiedad y vivienda de población desplazada debe ser atendida con un enfoque de prevención de riesgos, aunque haya desacuerdos y el proceso sea «más complicado». Las decisiones sobre el uso de suelo y la planificación de espacios, en esta medida, no pueden ser pensados como procesos técnicos: por el contrario, deben atender a la situación de vulnerabilidad individual y social mediante políticas de reasentamiento y relocalización que reduzcan futuros riesgos físicos, pero también respete y evalúe los medios de vida que provee el entorno (creación de empleo, generación de ingresos y calidad de vida).
Pablo de la Flor, encargado de la reconstrucción, debe decidir si será un «zar de la reconstrucción» o una autoridad democrática que funcionará con legitimidad en la coordinación, planificación y promoción de la inversión pública y privada. A las coordinaciones previstas con entidades estatales, autoridades locales y el sector privado, debe sumar el diálogo con las organizaciones de la sociedad, aunque la ley no las contemple: organizaciones de base, profesionales, organismos multilaterales y ONG. Ese es el gran desafío más allá de las cifras y las soluciones «técnicas». Eso será igualmente, ir más allá de promover la gran inversión privada o la participación de la industria de la construcción y sus gremios. Aportar a construir un país de todos y para todos.

desco Opina - Regional / 16 de junio de 2017
Programa Urbano