En un año pre electoral
es habitual que quienes tengan aspiraciones de ocupar alcaldías –a fin de colocarse en la vitrina
popular–, inicien procesos o
campañas de desprestigio contra autoridades y funcionarios en ejercicio con el
afán de presentarse ante la opinión pública como el mesías del desarrollo
local. Lo que no deberíamos aceptar como natural –ni deseable– es el alto
número de denuncias, investigaciones o sentencias judiciales que tienen como protagonistas centrales a las autoridades ediles y funcionarios municipales de puestos de confianza. Esta
situación está presente en todas las jurisdicciones del país y la región Junín
no es un caso excepcional. Allí, el gobernador regional viene siendo investigado por el presunto delito de lavado de activos.
Un breve recorrido panorámico por las provincias de la región Junín nos
permite concluir que hay muchos alcaldes y funcionarios municipales que se
encuentran bajo investigación, afrontando denuncias penales, apelando
sentencias en su contra o en prisión. Iniciemos nuestro periplo en Huancayo provincia
capital de la región; los regidores han denunciado penalmente al alcalde y sus funcionarios
por abuso de autoridad y falsificación de documentos. En El Tambo, el distrito
más grande de la ciudad de Huancayo, se ha solicitado la vacancia del alcalde supuestamente por favorecer a ciertos
regidores.
Por otro lado, lo más resaltante en
el escenario noticioso del centro del país, debe haber sido la movilización de
los pobladores de la provincia de Tarma, cuyo alcalde Luis Palomino Cerrón es cuestionado
por el incumplimiento de obras que fueron comprometidas durante la campaña
electoral, así como por atentar contra el patrimonio cultural de la provincia. Esta movilización social que bloqueó los accesos hacia la
selva central, sólo pudo ser apaciguada con la participación de una delegación
de la PCM.
Chupaca es otra muestra; pesa contra su alcalde provincial una acusación
fiscal por comisión de delito ambiental por el botadero de residuos sólidos
ubicado en el paraje “Capish Tushuna” en el barrio Común, mientras que en Concepción,
el alcalde provincial está en problemas desde noviembre del 2016 acusado por un
supuesto desvío de los fondos municipales.
En la selva de Junín ocurre
lo mismo, el alcalde de Chanchamayo, Hung Won Jung, quien
ejerce su segundo período consecutivo se halla inmerso en una serie de
cuestionamientos y acusaciones por el presunto delito de colusión agravada en
la compra de maquinaria pesada que han derivado en una orden judicial de
internamiento preventivo por nueve meses. Otras decisiones judiciales referidas
a esta provincia involucran a los alcaldes de los distritos con la mayor
densidad poblacional, Pichanaqui y Perené, ambos con sentencias y el segundo de
ellos en prisión.
En la selvática provincia de Satipo, en el año 2016 varias de las
actuales gestiones distritales han enfrentado procesos de revocatoria que no
han prosperado porque a los iniciadores les ha resultado imposible cumplir con
la meta de adherentes para exigir la consulta popular. No obstante, muchas de estas
movilizaciones revocadoras –sobre todo en el caso del distrito de Pangoa– han
sido impulsadas por los políticos que no alcanzaron la simpatía electoral en el proceso del 2014, que los motivó a declarar una ‘guerra frontal’ iniciada
aún antes que las autoridades electas asumiesen el cargo. Es distinto el caso
del exalcalde de Coviriali César Jesús Gallardo Álvarez, que fuera capturado en Lima luego de varios meses en
situación de prófugo tras haber sido sentenciado por apropiación indebida de
más de 60 mil soles, producto de la sobrevaloración de la obra del ‘Sistema
integral de residuos sólidos’.
Este permanente huayco de denuncias y movilizaciones de rechazo contra
autoridades y funcionarios municipales de la región Junín, se podría mal entender
como resultado de un supuesto crecimiento en la eficiencia del control
ciudadano sobre el aparato público local. Sin embargo, pocos se preocupan por
el debilitamiento de la credibilidad del sistema democrático que esto acarrea.
Frases como “roba pero hace obra” se
relacionan con “todos roban, así que hay que votar por el menos ladrón”.
La ausencia de una estrategia nacional de formación técnica para el
ejercicio del gobierno local viene siendo consecuente con la pérdida de la
confiabilidad en la democracia. Quienes ya están en carrera por los sillones
municipales no se detienen a avizorar su futuro en relación con sus capacidades
o las de su equipo de campaña. Lamentablemente, muchos de los que hoy se hallan
en situación de investigados o apelando sus sentencias, buscan postular a otros cargos políticos dentro
de la región o su provincia.
desco Opina - Regional / 28 de
junio de 2017
Programa Regional Centro
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario