Carretera Central: entre promesas y urgencia postergada

 

Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.

Al mismo tiempo, en Lima el escenario político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un contexto de alta volatilidad política y social.

En ese contexto, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales, no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.

La Carretera Central es el principal corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al riesgo.

El proyecto de la nueva Carretera Central estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni los contratos vinculados al proyecto.

Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del momento, la señal que se envía es preocupante.

A ello se suma un elemento estructural que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en carreteras nacionales. Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.

El paro regional dejó lecciones contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que a una movilización ciudadana masiva. Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido el paro?

Posteriormente, tras la reunión en Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?

La infraestructura estratégica no puede depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye en cada transición.

No hablamos solo de kilómetros de asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente como una dificultad técnica.

Las preguntas siguen abiertas: ¿existe realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.

 

desco Opina – Regional / 27 de febrero de 2026

descocentro

Un tablero de ajedrez sin reglas de juego

 

A fines de marzo, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) informó a la población que las empresas petroleras Petroperú y Repsol alzaron precios de los combustibles hasta en S/ 0.83 por galón, incluidos los impuestos. El conductor de un colectivo que gastaba doscientos soles por semana, ahora gastaría trescientos soles, monto que perjudicaría seriamente sus bolsillos ya que al alza de la gasolina se añadían gastos adicionales que también se incrementaron como el peaje.

En ese escenario diversos gremios de transportistas convocaron al paro indefinido nacional, iniciado el lunes 28 de marzo en la provincia de Huancayo; a la medida se sumaron agricultores, comerciantes, comuneros y miles de ciudadanos de a pie que exigían al presidente del Perú, Pedro Castillo, arribar a dicha ciudad para calmar a la población y disculparse por declaraciones altisonantes en las que indicó que algunos dirigentes que encabezaban estas protestas estarían siendo pagados. La medida se amplió entonces a la población en general, que exigía a las autoridades bajar el precio de los productos de primera necesidad que están perjudicando seriamente al país entero.

Ciertamente, los conflictos más allá del alza en los combustibles sumaban distintos motivos entre los que destacamos diversos conflictos socioambientales, protestas por las condiciones laborales (Ica), el rechazo a las vacunas, el impacto ambiental y sonoro de las operaciones de la petrolera PetroTal en Loreto, por mencionar algunos de ellos, en un contexto donde de acuerdo al Informe de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, desde mayo 2021 asistimos a un incremento de éstos, a lo que se añade en los meses recientes la creciente desaprobación presidencial por el malestar que genera el incumplimiento de sus promesas de campaña.

Al cierre de la semana pasada a los varios muertos a nivel nacional se sumaban 130 heridos, 43 civiles y 87 agentes de la policía. La respuesta del gobierno en la mayoría de casos fue la represión, que se hizo patente con la orden de encierro emitida a media noche evidenciándose su nula capacidad para atender los problemas y demandas de la población.

Al séptimo día de paro, el 3 de abril el Gobierno envió a tres ministros a Huancayo para iniciar la mesa diálogo. Los ministros de Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo Agrario y Cultura, se hicieron presentes ante la mesa de concertación para buscar los acuerdos necesarios para frenar el paro indefinido, mientras cientos de manifestantes mostraban su indignación por la ausencia presidencial. Un sector de la población expresó su descontento con los acuerdos, desconociendo a varios supuestos representantes, mientras algunos gremios de agricultores aseguraron que no se llegó a ningún acuerdo y que el paro continuaría. Sin aprender la lección, el gobierno sigue prometiendo cosas difíciles de cumplir, mientras los principales acuerdos adoptados en Junín eran una reiteración que no alcanzaba para esconder la inaudita apología a Hitler que ensayó el Primer Ministro.

El 7 de abril Pedro Castillo arribó a la ciudad de Huancayo con más de 200 policías de resguardo. Su entrada al coliseo fue accidentada y entre pifias de la gente que compartió su malestar con la gestión del gobierno, forzándolo a pedir disculpas y solidarizarse con los deudos de los muertos en la protesta.

En esa línea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) decidió exonerar el pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las gasolinas y gasoholes de 84 y 90 octanos, así como a los diferentes tipos de diésel. El profesor de la Universidad del Pacífico, Carlos Parodi, señaló que, si bien la medida es necesaria, no es la más acertada ni efectiva. Observó que esta última medida no beneficiará, específicamente, a los que más lo necesitan, porque al darse en la primera parte de la cadena y no en los grifos, no se tiene la certeza de que el beneficio se traslade al consumidor final, suponiendo un costo fiscal para el Gobierno que deja de percibir ingresos tributarios.

Hoy, el paro indefinido en la región deja un escenario que parece un tablero de ajedrez con toda las piezas caídas y desordenadas; pocos saben dónde apuntan, muchos están en el tablero, pero no saben dónde ir ni qué hacer, mientras otros ni siquiera están en él. Sin reglas de juego conocidas por las distintas piezas.

 

desco Opina – Regional / 13 de abril del 2022

descocentro – UOT Huancayo

El enemigo que se hace visible

 

La lucha contra un enemigo invisible continúa tanto a nivel nacional como en la región Junín. Iniciado el 2022 con el 80% de su población inmunizada con dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, se anunció el primer caso de la variante Ómicron en el distrito de San Ramón, en la selva central de la región. La Oficina de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud Junín (Diresa Junín), se pronunció indicando que el contagio en los últimos días de enero se incrementó, contando alrededor de 1013 casos en solo 24 horas para el último jueves 13 del presente mes, superando los meses de noviembre y diciembre del 2021.

El Dr. Luis Zúñiga Villacresis, Director de la oficina de Epidemiología de Diresa Junín, indicó que el 30% de contagiados no cuenta con ninguna dosis de la vacuna y que el incremento se da como consecuencia de las fiestas de Año Nuevo. Es por ello que la región Junín registra a la fecha la cifra más alta de contagios diarios de Covid-19 desde inicios de la pandemia, siendo aún la variante Delta la predominante, tal como lo demuestra un trabajo conjunto del equipo médico de salud en la región Junín. De diez muestras aplicadas aleatoriamente a personas contagiadas, y analizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), se tuvo como resultado que nueve de ellas fueron la variante Delta y solo una Ómicron. Las cifras continúan avanzando y ya se han confirmado ocho casos de esta última focalizados en la provincia de Huancayo (Pilcomayo, El Tambo y Huancayo), en pacientes de un rango de edades entre los 6 a 63 años (tres mujeres y cinco varones), de los cuales dos de ellos no cuentan con ninguna vacuna, otros dos no tienen la tercera dosis y solo cuatro cumplieron con las dosis completas.

Asimismo, según datos de la Diresa Junín, durante el último fin de semana la provincia de Huancayo reportó 1240 casos, Satipo 280 y Chanchamayo 404 nuevos casos del SARS- coV-2. Del 10 al 16 de enero se detectaron 190 casos en niños, 170 en adolescentes y en adultos, 2702. Lo que viene causando alarma a la fecha, es el aumento de casos en niños, pues si contraen el virus, esté podría llevarlos a hospitalización e incluso a requerir cama UCI.

En estos dos años de pandemia, los niños contagiados con Covid-19 desarrollaron cuadros leves, moderados o fueron asintomáticos. Pese a ello, hay un grupo que se encuentra en mayor riesgo de contraer el virus y afectarse seriamente; son aquellos menores con comorbilidades como enfermedades crónicas, que padecen inmunosupresión, trasplante de órganos, obesidad, diabetes, o alguna enfermedad del sistema respiratorio como el asma, entre otras. Los casos atendidos en el Hospital del Carmen (Huancayo) han ido en incremento, comenzando el año con el contagio de una menor que contrajo neumonía por Covid-19, dicho nosocomio inició el 2022 con cinco menores y cuatro gestantes internados a causa del virus.

Dado el severo aumento de los contagios, Junín continúa en el nivel de alerta alta, con restricciones como la inmovilización social obligatoria de lunes a domingo desde las 12 a.m. a 4 a.m. Pese a detectarse además de la variante Delta, la Ómicron, la población continúa indiferente frente a esta situación, una muestra de ello es que a raíz de las fiestas transcurridas en Navidad y Año Nuevo el número de casos se elevó de una manera considerable. Así, las autoridades asumen que falta muy poco para que nuevamente las camas de hospitalización y UCI se encuentren totalmente ocupadas.

Junín continúa con el proceso de vacunación de adultos en su tercera dosis, pero los casos a la fecha aumentan sustantivamente, lo que hace suponer que la población ha dejado de lado la preocupación respecto a los cuidados frente al contagio de esta enfermedad. Junín, en especial el valle del Mantaro, tiene una serie de festividades culturales que forman parte de sus tradiciones y costumbres que han ido reactivándose, así como el inicio de actividades comerciales principalmente en las capitales de provincia. Pero ¿qué puede ocurrir cuando un ciudadano decide no acatar medidas simples como el uso adecuado de la doble mascarilla, lavarse las manos correctamente al llegar a casa o guardar el debido distanciamiento social?  ¿Podrían estas sencillas recomendaciones frenar el contagio?  

Como obligación, lo que debe entenderse ahora es que los contagios, sobre todo con las variantes Delta y Ómicrón vienen acelerando con mayor rapidez los casos de Covid-19, no solo porque un 20% de la población aún no recibió su vacuna, sino principalmente por no acatar estrictamente las recomendaciones básicas de cuidado, lo que trae como consecuencia la vulneración de los derechos de las demás personas con las que compartimos la vivienda y el trabajo.

 

desco Opina – Regional / 21 de enero del 2022

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