viernes

Tía María II: el fracaso de la «participación ciudadana en minería»



El conflicto en torno al proyecto Tía María ha mostrado el fracaso del gobierno para manejar un asunto tan delicado y complejo, lo que resulta especialmente alarmante y clamoroso considerando los antecedentes de Conga y la experiencia misma en el valle del Tambo hace pocos años. Es sin duda el fracaso de un abordaje que cree encontrar salidas «técnicas» y no políticas a los conflictos sociales.
Intentando superar la situación, el gobierno del Presidente Humala ha enviado a cuatro ministros a Arequipa para que expliquen en detalle el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a la población, que desconoce los pormenores del mismo y no tiene idea de la medida en que éste ha superado las 138 observaciones que la UNOPS hizo al anterior EIA. Dada la coyuntura en el valle del Tambo, los ministros optaron por exponer en una universidad de la ciudad de Arequipa.
Más allá de la contundencia o no de sus argumentos, no deja de ser lamentable que cuatro altos representantes del Estado se vean obligados a hacer una exposición pública que, se supone, la empresa interesada debió hacer a la población en los denominados talleres informativos, como requisito para la posterior aprobación de su EIA.
Como se sabe, la legislación vigente establece como mecanismo de participación ciudadana, la obligación que tiene una empresa de realizar dichos talleres informativos para que los actores involucrados de la «zona de influencia directa» conozcan el proyecto, tanto los beneficios como los riesgos y las medidas que se van a adoptar para mitigar eventuales daños. La población convocada es la de un ámbito delimitado con criterios técnicos relacionados con las futuras operaciones mineras, dividiendo el territorio de una manera que no toma en cuenta el entramado o estructura económica, social y de poderes existentes, que normalmente entrelazan amplios espacios en donde los actores sociales reproducen su vida cotidiana, excluyéndose a población que, sin vivir en las cercanías del proyecto, va a ser afectada (o percibirá que puede serlo) por este.
Según las normas, la empresa debe poner a disposición del público el documento del EIA, que frecuentemente es un informe de muchos volúmenes y cientos o miles de páginas escritas en un lenguaje técnico y especializado, aunque se contempla la inclusión de un resumen ejecutivo en lenguaje sencillo y accesible. Los interesados deben acceder para ello a una versión digital o a una de las pocas versiones impresas que se pone a disposición, revisarla en un plazo relativamente corto e inscribirse para asistir al evento (controlado por la empresa), a fin de plantear allí sus observaciones que, se supone, deben ser tomadas en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas.
Southern utilizó estos procedimientos cuando en diciembre del año 2013 convocó a talleres informativos en la zona de influencia del proyecto, para presentar los resultados de su EIA. La organización de los eventos fue estricta y el acceso de los opositores controlado, encargándose la Policía Nacional de mantenerlos a raya y evitar desmanes. La empresa y el MINEM quedaron satisfechos con los resultados y el EIA terminó siendo aprobado por este último, a pesar de las observaciones presentadas por quienes se oponían.
La confianza en que los talleres informativos habían dado luz verde al proyecto y se había logrado neutralizar a los opositores, no generó mayor preocupación en la empresa ni en el MINEM por procurar que la población del valle (no sólo la de la zona de influencia directa) conociera realmente los detalles del EIA y se informara respecto cómo supuestamente se había logrado el levantamiento de las observaciones efectuadas por la UNOPS, menos aún por instalar una mesa para ir negociando oportunamente inversiones y mecanismos para solucionar eventuales conflictos, y mucho menos todavía por el siguiente movimiento de los sectores opositores en la campaña electoral del 2014. La visita de los cuatro ministros es producto de este grave error político, pero en un contexto mucho más complicado que en diciembre del 2013; quizá sea ya tarde.
Más allá de las maniobras concretas que puedan haberse producido en los talleres, y que los opositores al proyecto juzgan como reales, lo cierto es que el modelo de «participación ciudadana en minería» es bastante restrictivo; las dificultades de la población para acceder a la información, el plazo relativamente corto que se tiene, la organización de los talleres generalmente en manos de la empresa –la que juega también un rol decisivo en la selección de los participantes–, constituyen problemas serios que limitan dicha participación. No hay, además, mecanismos efectivos para asegurar que las observaciones al estudio sean tomadas en cuenta por el MINEM. Tan importante como lo anterior, es que los talleres informativos se limitan a convocar a la población residente en la ya mencionada «zona de influencia directa», excluyendo a otros sectores técnica aunque no social ni territorialmente fuera y que, por tanto, pueden jugar un rol decisivo en la obtención de la licencia social. Justamente, en el caso de Conga, la protesta partió de estas áreas y terminó bloqueando el proyecto y no es de extrañar que población «externa» a ese ámbito participe ahora en las movilizaciones contra Southern.
Por ello, creemos que esta crisis es una buena oportunidad para repensar la normatividad y plantear la necesidad de introducir cambios que permitan una participación ciudadana amplia, efectiva y democrática, reduciendo las fuentes de conflictividad social.

desco Opina - Regional / 17 de abril de 2015
Programa Regional Sur
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lunes

De Conga a Tía María: el fracaso de la política



Tres años después de las movilizaciones que paralizaron el desarrollo del proyecto Conga en Cajamarca, una nueva crisis ha estallado en la provincia de Islay (Arequipa); un importante sector de la población, liderado por los alcaldes distritales de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, se oponen al desarrollo del proyecto Tía María de la empresa Southern Perú Copper.
Estas movilizaciones dejan la sensación de un déjà vu, y es inevitable preguntarse con cierto aire de incredulidad, si las lecciones del conflicto de Cajamarca, al inicio mismo del mandato del Presidente Humala, han sido realmente aprendidas. Los errores de su primer año de gestión podían ser atribuidos, hasta cierto punto, a su inexperiencia; tres años más tarde, y luego de las ricas y complejas lecciones que ha dejado la conflictividad en tiempos recientes, el problema está más bien relacionado con el enfoque predominante, la incompetencia y las evidentes limitaciones políticas del gobierno.
Son muchos los factores que explican lo que está pasando, pero queremos resaltar al menos dos de ellos: la pobre o escasa visión política del gobierno y el manejo inadecuado de los tiempos. La desastrosa experiencia de Conga enseña que, cuando un conflicto social escala hacia la escena política e involucra a actores clave en el espacio en que se desenvuelve, su gestión se torna más compleja y, desde luego, demanda arreglos políticos para su solución. Los memoriosos deben recordar que, muchos meses antes del estallido, se conocía ya de la oposición y resistencias existentes al desarrollo del proyecto, pero ni la empresa, ni el sector Energía y Minas u otras entidades públicas involucradas, adoptaron oportunamente medidas para lograr acuerdos y evitar el escalamiento; más adelante, la polarización a la que se llegó desnudó la incapacidad del gobierno para hallar y pactar una salida, y varios meses después, luego de trágicos episodios de violencia, se optó por congelar el conflicto y, en los hechos, mantener paralizado el proyecto.
El fracaso de Conga determinó en el gobierno un viraje hacia una opción más represiva, liderada por el ex–premier Valdés, bajo la convicción de que estos conflictos eran producidos por un reducido grupo de activistas que manipulaban y agitaban a la población. A los pocos meses, esta opción fracasa también en Espinar (otro caso que escaló igualmente hasta la escena política), y se produce entonces un nuevo viraje, esta vez hacia una opción que planteaba el diálogo y la prevención como mecanismos fundamentales para atender los conflictos. A partir de entonces, segunda mitad del 2012, y por diversos factores, entre ellos esta nueva estrategia, el país no conoció situaciones comparables en su escalada y violencia.
Es así que, a fines del 2013, y luego de algunos años del conflicto inicial, en un período de relativa calma, Southern retoma en Islay el proceso, realizando los talleres de presentación a la población de los nuevos estudios de Tía María. Mediante un buen manejo de los eventos por parte del MINEM, y con un hábil apoyo policial, se logró neutralizar los intentos de los no pocos opositores que, bajo la gestión del gobierno del Presidente Alan García, habían conseguido detener el proyecto. Esta suerte de triunfo de corto plazo, explica justamente la derrota que el gobierno y la empresa están a punto de experimentar.
La confianza en los resultados de los talleres influyó al parecer en la decisión de no instalar, en ese momento, la mesa que hoy el gobierno busca a toda costa poner en funcionamiento, habiendo desperdiciado un tiempo valioso; más grave aún, pocos dentro de la administración Humala previeron que los opositores iban a tener éxito en la arena electoral. En los tres distritos mencionados, los candidatos que triunfaron en las elecciones municipales de octubre pasado fueron líderes con un discurso claramente opuesto al desarrollo del proyecto minero, sin que los partidarios del mismo en la sociedad civil (que sin duda los hay) fueran capaces de organizarse y disputar también en ese plano. Son estas nuevas autoridades las que están encabezando las movilizaciones y prácticamente han convertido el conflicto en un problema regional, involucrando a otras fuerzas e incluso a la gobernadora regional (partidaria del proyecto pero con licencia social).
Así, estamos ante un  conflicto que llegó a la escena política y es allí, al parecer donde tendrá que resolverse. En la mirada tecnocrática, hoy hegemónica en el gobierno, se abriga la expectativa de que explicando los detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ofreciendo inversiones sociales, se logrará desescalar el conflicto y continuar con el proyecto. Esta visión olvida la profunda desconfianza de la población (o de un sector significativo de ella que no puede ser acusada de terrorista como lo hiciera un vocero de la empresa) hacia el Estado y hacia Southern, cuya imagen, construida en 50 años, no es precisamente muy positiva. Es difícil creer que eventuales explicaciones detalladas de distintos estudios técnicos superen tal desconfianza (recordemos la estéril experiencia con los peritos extranjeros que contrató el ex–premier Valdés en el caso de Conga). Los ofrecimientos de obras de infraestructura (incluso la empresa ha ofrecido 100 millones de Nuevos Soles para el valle) suenan antes a intentos de comprar voluntades, en un ámbito no precisamente caracterizado por altos niveles de pobreza, donde existe un importante sector de pequeños y medianos productores dinámicos, capitalizados y activamente vinculados al mercado regional, quienes son los que tienen que perder más ante una eventual deterioro del valle por la minería.
El uso hábil de las herramientas manejadas por expertos conflictólogos no pondrá fin al problema. La salida más viable sería entonces una de carácter político, un arreglo entre el Estado, las empresas y las fuerzas opositoras y partidarias del proyecto, que sin perjuicio de las inversiones sociales que hayan de realizarse, establezcan mecanismos de vigilancia ciudadana a la actividad minera y un instrumento efectivo e inmediato de compensaciones y mitigaciones de eventuales daños, a partir del supuesto, claro está, de que el proyecto pueda convivir con la actividad agropecuaria local.

desco Opina / 10 de abril de 2015
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miércoles

Sin política de vivienda



Según el informe de Estado de las Ciudades de América Latina y El Caribe – ONU HABITAT 2012, Lima es la segunda ciudad más densamente poblada de América Latina y la undécima a nivel mundial. Cuenta con casi nueve millones de habitantes y casi dos millones de viviendas, de las cuales alrededor del 60% han sido construidas por procesos de autogestión y autoconstrucción. ¿Cómo hace una familia en situación de pobreza para acceder a una vivienda en Lima? La política del Estado se ha basado durante décadas en otorgar tierra, mas no vivienda, encargándose solo de «facilitar» el acceso a los títulos de propiedad. Las familias acceden a una vivienda «formal», en un terreno que posee una serie de vulnerabilidades de las cuales deben hacerse cargo, eximiendo al Estado de responsabilidad civil y penal, en caso de que se produzca un desastre, por ejemplo, un fenómeno sísmico.  
Por otro lado, cabe destacar que los «programas» del Estado para el acceso a una vivienda adecuada están diseñados para los sectores poblacionales medios y altos. Se dice que se estarán entregando más de 95 mil viviendas hasta el 2015, sin embargo, en esta cifra se incluyen viviendas del programa Techo Propio, casas de 55 metros cuadrados que se venden a 35 mil dólares. La pregunta en este caso es: ¿cómo están apoyando a aquellos sectores de pobreza y pobreza extrema? La respuesta continúa pendiente, en una realidad donde la ciudad seguirá creciendo, y donde el déficit cualitativo de las viviendas se calcula en casi un 60% del total de viviendas en la ciudad.
Lima se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, y tomando en cuenta que desde hace más de cuatro décadas no se produce un sismo de consideración, mantiene una situación crítica si estimamos que es durante las últimas décadas en las que se ha producido un crecimiento acelerado y descontrolado de la ciudad. El Estado, por medio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hizo estimaciones sobre los distritos de Lima con más alta vulnerabilidad y algunas ciudades del interior del país. Uno de los casos es el de Villa El Salvador, donde se estima que de producirse un sismo de consideración, por lo menos un 88% del total de viviendas sufriría daños severos o colapso, significando más de trescientos mil personas afectadas en solo uno de los 43 distritos que componen la ciudad.
A pesar de ello, se ha dado poco seguimiento a los procesos de gestión del riesgo que alertan, según un estudio del Sistema Nacional de Defensa Civil, sobre la posibilidad de resultar con más de 50 mil fallecidos y 200 mil viviendas colapsadas en una ciudad con las características de Lima.
En ese contexto es que hacemos un llamado a la comunidad internacional, acerca del inminente peligro que conlleva el tener una ciudad carente de políticas estatales de acceso a un hábitat digno y seguro, afectando a las mayorías pobres del país.

desco Opina - Regional / 1º de abril de 2015
Programa Urbano
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viernes

Sucesión de problemas, escasez de ideas



El frenazo económico no es circunstancial, como indican las proyecciones y análisis de las calificadoras de riesgo y, sobre todo, los ajustes oficiales hacia la baja del crecimiento para el presente año. El ministro Segura afirma que podemos cerrar el año en 4.2%, aunque podría ser menos.
En resumen, los datos anuncian incuestionablemente un nuevo momento: el fin del denominado súper ciclo de crecimiento. Viene asociado a algunos aspectos relevantes en el cortísimo plazo, como el impacto que tiene la caída de los precios de los hidrocarburos que, en términos nacionales puede ser beneficioso para un país como Perú que es esencialmente importador, pero que para las regiones productoras –Piura, Loreto y Tumbes– será como lluvia sobre mojado en sus finanzas.
En esa línea, también deben preverse situaciones generadas por variables cuyos comportamientos son de mediano plazo, como los precios de los minerales. Desde el 2012, empezó a configurarse esta tendencia a la disminución que significa, entre otros efectos, menores recursos por canon.
En suma, no tenemos más los recursos que tuvimos y esto plantea al menos dos tipos de desafíos: (i) las capacidades para manejar la economía del país en una situación de menores ingresos y, (ii) las capacidades para gestionar los conflictos sociales y entablar el diálogo, en medio de una situación en la que se prevé una alta tensión social.
Entonces, no son pocos los que intentan ver el problema en la caída de los precios internacionales lo cual no es muy cierto en tanto este factor está fuera de nuestro control. Lo que debemos resolver es cómo vamos a organizarnos y gestionar lo que tenemos para lograr el máximo provecho. Si vemos las cosas de esta manera, percibiremos que estamos realmente en dificultades.
En el plano económico, ya no podemos tener al frente del MEF a ministros tramitadores cuya función se redujo a ser los guardianes de la caja fuerte. Necesitamos ahora a un verdadero conductor de la política económica, con iniciativas y metas claras, además de concebir el buen gasto como algo más que simplemente poner cinco llaves a los recursos financieros. En otras palabras, necesitamos en la conducción del MEF alguien que tenga un perfil diametralmente opuesto al actual ministro de Economía. 
Pero, no es todo. Seguramente, lo más importante será la manera como el gobierno deberá sortear una serie de conflictos sociales de alta intensidad que ya se vislumbran nítidamente en el horizonte. Teniendo en cuenta lo poco o nada que muestra el gobierno del presidente Humala en materia de fuerza institucional, es casi seguro que le irá entre mal y muy mal. Una cuestión a tomar en cuenta es que las protestas sociales han ido mutando hacia expresiones más organizadas a las vistas en el pasado. Además, estarán muy teñidas de sentido político en tanto estamos ya ingresando al ciclo electoral que culminará con las elecciones generales de abril del próximo año.
 Pero, un tercer aspecto que debe tomarse en cuenta –y no siempre se hace– es la poca capacidad que tiene el aparato estatal para procesar estas situaciones. Desde las épocas en que los primeros ministros debían abordar un avión para iniciar un periplo por todo el país, apagando los conflictos que habían devenido en violentos, debió haber corrido mucha agua debajo del puente, pero parece que no ha sido así. Desde el 2012, se buscó construir un sistema dentro del aparato estatal que debía darle mayor presencia y legitimidad en base a un tratamiento radicalmente diferente al que venía dándose a la gestión de los conflictos. Hubo indudables avances que muy probablemente se pierdan por la extrema debilidad de un gobierno que parece estar terminando su mandato en estado catatónico.
Así, no solo en el manejo económico y en la gestión de conflictos se avizoran graves peligros, dada las restringidas habilidades del gobierno para un manejo adecuado en ambos casos. Basta observar como no atina a nada cuando un evento climático, como la actual ola de calor acompañada de fríos extremos en los territorios de altura, ocasiona importantes impactos en la infraestructura y cobra víctimas. Mejor no pensar cómo va a actuar ante la reedición del fenómeno de El Niño que ya se confirmó para el mes de mayo.
Entonces, por un lado, muchos problemas en el corto plazo y, por el otro, poca capacidad para hacerles frente. Una combinación que puede resultar letal en la última etapa del gobierno de Humala. 
               
 desco Opina / 27 de marzo de 2015
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