miércoles

El Foro Urbano Mundial sin Lima ni su alcaldesa



Del 5 al 11 de abril se llevó a cabo el séptimo Foro Urbano Mundial, en la ciudad de Medellín Colombia, evento organizado por Naciones Unidas para el Hábitat y que se convoca cada dos años, como la principal conferencia mundial sobre las ciudades. Se trata de un Foro técnico no-legislativo que convoca el Programa de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas (ONU-Hábitat) para examinar los retos que enfrenta el mundo en relación a los asentamientos humanos, como la rápida urbanización y su impacto en las ciudades, comunidades, economías, cambio climático y políticas.

El Foro (WUF por sus siglas en inglés de World Urban Forum) es la principal conferencia mundial en ciudades, que recibió esta vez la visita de 22 mil personas con la participación de representantes de 142 países, aunque como sabemos, la ciudad de Lima estuvo ausente y no contó con representación, ya que los regidores de la oposición en el concejo negaron insólitamente el permiso de viaje a la Alcaldesa Susana Villarán a esta cita mundial, a pesar de que esto no generaba gastos a la comuna Limeña. 

La cuestionable decisión tomada por el concejo municipal limeño impidió que haya una representación oficial de la ciudad de Lima, que no es poca cosa en el mundo, no solo por su ubicación estratégica en América del Sur, sino también por estar situada en el puesto 11 en el ranking mundial de ciudades más densamente pobladas.  La ausencia de una delegación oficial impidió mostrar sus retos y desafíos y como es que éstos se enfrentan, en un contexto en el que se hicieron visibles los problemas de las mega ciudades y se confrontaron estrategias y alternativas para combatir la desigualdad urbana. 

Como lo mencionara Joan Clos, director ejecutivo de ONU-Hábitat y ex alcalde de Barcelona (España), la demanda por combatir la desigualdad urbana ante el modelo predominante actual de un urbanismo, que nosotros identificamos como propio del ordenamiento económico neoliberal, que «no es suficientemente sostenible, desde el punto de vista ambiental ni social», debido a que solo alienta las desigualdades sociales; fue un tema central del evento.

La participación de la ciudad de Lima en este Foro Mundial de los socios de la Agenda Hábitat en la que estuvieron funcionarios y expertos de programas internacionales relevantes, entidades financieras y agencias de cooperación internacional, hubiera sido un espacio ideal para sacar provecho para nuestra ciudad capital. Sin duda, el Foro ha servido para identificar nuevos temas, y las ciudades participantes han podido nutrirse del intercambio de experiencias de los procesos de crecimiento y desarrollo de las ciudades. Las lecciones aprendidas en otros contextos urbanos y las buenas prácticas y políticas implementadas a nivel mundial encuentran en estos eventos la posibilidad de ser socializadas y compartidas. Son muchas las preguntas que se intentan responder y centenas las experiencias exitosas de las que se puede aprender, de esfuerzos que se están haciendo en el mundo, enfrentado a un futuro definitivamente urbano en el que cada año se incrementa significativamente la población viviendo en ciudades que demanda y exige servicios básicos, seguridad, empleo, etc. 

Habría que preguntarse si no se ha desperdiciado, por mezquindad y escasa visión, una buena oportunidad para intercambiar ideas y enriquecerse con experiencias y buenas prácticas. Justamente cuando, por ejemplo, se está trabajando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima y Callao (PLAM) que aspira a ofrecer una propuesta de urbanización sostenible y a alcanzar una mayor equidad en el desarrollo urbano con la participación activa de los actores presentes en las ciudades: pobladores, empresarios, instituciones públicas y privadas, universidades, jóvenes y mujeres, entre otros, para identificar perspectivas de trabajo conjunto que mejoren la calidad de vida de todos.

desco Opina - Regional / 16 de abril de 2014
Programa Urbano

martes

Luz roja: más allá de César Álvarez



El asesinato de Ezequiel Nolasco puso todos los reflectores de los medios de comunicación, pero también el interés de las principales autoridades del país en la región Ancash y en su Presidente, César Álvarez. Acusado de estar vinculado a los asesinatos de dos consejeros regionales, del hijastro de uno de éstos, un fiscal provincial, una testigo del inicial intento de asesinato de Nolasco e incluso de un efectivo policial. Álvarez también está sindicado de haber organizado una red de espionaje telefónico de sus opositores (La Centralita), así como de manejar corruptamente la gestión regional (sobrecostos en el hospital La Calera, el estadio Rosaspampa y distintas carreteras), manejando una gran cantidad de relaciones que le permitirían influir en la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, la Policía Nacional y por lo menos dos congresistas.
Ante el escándalo desatado por enésima vez –recordemos que la situación ha sido reiteradamente denunciada desde el 2010– el Presidente de la República anunció una comisión de alto nivel y se trasladó efectistamente a Ancash, el Congreso de la República designó una comisión investigadora y distintas autoridades nacionales, entre las que se encontraban el Fiscal de la Nación y el Contralor General, se trasladaron a una audiencia pública para escuchar los testimonios que incriminan a Álvarez. El Ministerio de Economía y Finanzas, por su parte, intervino las cuentas del gobierno regional y del proyecto Chinecas ante los «indicios» de corrupción que se habrían encontrado.
En ese contexto, algunas autoridades y distintos formadores de opinión pública, creen encontrar en la descentralización y en el supuesto gran poder de los presidentes regionales, la explicación del grave momento que atraviesa Ancash, que en realidad es uno de los casos extremos de la creciente situación de violencia y corrupción que se observa en medio de la debilidad institucional del país. Todos ellos se olvidan que las denuncias que involucran a Álvarez, alcanzan al ex Fiscal de la Nación, pero, también al recientemente nombrado; involucran a distintas autoridades policiales y por ende, como responsabilidad política, al Ministro del Interior; llegan también al Congreso de la República, así como al propio Poder Judicial, varios de cuyos integrantes habrían participado en viajes de capacitación al extranjero. ¿Podemos creer que sus autoridades directas no lo sabían?
Por lo demás, se supone que la Contraloría audita anualmente a las regiones y a las distintas entidades públicas, más aún cuando éstas son objeto de múltiples y sucesivas denuncias, como es el caso de Ancash. De la misma manera, se entiende que el MEF monitorea y controla permanentemente el uso de los recursos públicos que asigna. En otras palabras, todos y cada uno de los sistemas y las autoridades nacionales que hoy día adquieren protagonismo, tienen responsabilidad mayor o menor en el desarrollo de una situación a todas luces condenable. Como la tienen muchos de los medios de comunicación que hoy día se escandalizan por la situación, pero que en los últimos años, en los que se sucedieron asesinatos y denuncias, no tuvieron el menor empeño en denunciarlos e investigarlos.
Es más; muchos de los que hoy día anuncian investigar las denuncias, ya lo hicieron antes, archivándolas y varios medios de comunicación que hoy critican a Álvarez, lo buscaron entusiastas y amables cuando se trataba de criticar al presidente de Cajamarca o de mostrar la ineficiencia de otras regiones. Estamos así frente a una triple politización del caso: (i) la que hacen distintos poderes del Estado que buscan sacudirse de sus responsabilidades, culpabilizando exclusivamente al mandatario ancashino; (ii) la que hacen algunos congresistas y distintas figuras políticas en un año electoral, en el que seguramente tienen intereses en juego en el próximo proceso electoral; (iii) la que hacen fácilmente los opositores a la descentralización, y especialmente a los presidentes regionales, que encuentran una coyuntura propicia para buscar revertir una reforma cada día más bloqueada, y de esa manera incrementar su poder.
El esclarecimiento del caso y el castigo drástico a todos quienes resulten responsables de las distintas denuncias que se prueben, debe ser drástico y ejemplar. Pero Ancash y César Álvarez no pueden servir para «esconder» la corrupción en distintos sectores públicos (Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Ministerio del Interior), ni para tapar las ineficiencias y debilidades del gobierno nacional. En esa perspectiva, es indispensable separar las acusaciones, arbitrarias o no, contra una autoridad regional, de los temas de fondo que el gobierno y la clase política no quieren debatir.


desco Opina / 11 de abril de 2014

lunes

PROCOMPITE: una oportunidad en la región Huancavelica



PROCOMPITE promueve el apoyo a la competitividad productiva de las organizaciones económicas regionales y locales, mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia tecnológica, en los lugares donde la inversión privada es insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenido de las cadenas productivas. En ese sentido, habilita a los gobiernos subnacionales a convertirse en verdaderos promotores de la inversión productiva al darles oportunidad de participar en la dinamización de las economías locales. La región Huancavelica implementa este fondo concursable desde el año 2011.
En este contexto, en el año 2013 el Gobierno Regional de Huancavelica destinó un presupuesto de 19 millones de nuevos soles para la implementación del fondo PROCOMPITE. Esto generó gran expectativa en los productores de la región, quienes, bajo diferentes formas organizativas, presentaron sus iniciativas para tentar el financiamiento de sus proyectos. La convocatoria se hizo a través de medios de comunicación regional y local donde se indicaron las fechas clave, el monto de presupuesto asignado, así como los plazos y requisitos necesarios por parte de los agentes económicos de la región. Cuando culminó el plazo, se habían registrado 711 organizaciones de productores, de las cuales 196 lograron la aprobación de sus proyectos. Cabe resaltar que todo el proceso se dio en el marco de la normatividad que rige este tipo de concurso.
El proceso de implementación del PROCOMPITE permite reflexionar sobre la dirección de la inversión económica de pequeña escala en Huancavelica y el impacto que este tipo de iniciativas puede tener a largo plazo. Es cierto que la iniciativa recién está en proceso de implementación en la región, pero queremos analizar específicamente en tres puntos la viabilidad y legitimidad del PROCOMPITE:
(i) El Gobierno Regional de Huancavelica no cuenta con lineamientos generales para orientar la promoción del desarrollo económico. Si bien se tiene un Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) en proceso de actualización, este no responde necesariamente a una «hoja de ruta» que guíe el proceso y que garantice experiencias exitosas de inversión pública en iniciativas privadas. El PROCOMPITE no articula los tres niveles de gobierno para evitar, por ejemplo, la duplicidad de iniciativas económicas; el Gobierno Regional por ahora, tampoco ha ordenado el panorama de las inversiones para que esto sea posible sin generar problemas de duplicidad. (ii) Es necesario precisar la rectoría del Gobierno Regional de Huancavelica a través de la Gerencia de Desarrollo Económico para la implementación de PROCOMPITE. Consideramos que este asunto debe ser dirigido por la sub gerencia de promoción de inversiones, competitividad e innovación, con el objetivo de establecer criterios técnicos que eviten suspicacias de los postores y que el proceso de nombramiento de ganadores se enmarque dentro de una atmósfera de legitimidad. En esa lógica proponemos la utilización de los criterios de selección en función al «Plan de Competitividad Regional de Huancavelica 2007 – 2017» el cual prioriza los sectores de agricultura, ganadería, industria, piscicultura, artesanía, turismo, y dentro de ellos las cadenas productivas de papa, cebada, arveja, haba, frijol, maíz, quinua, avena, trigo, vacunos, cuyes, alpacas, ovinos, truchas. (iii) Es importante que el gobierno regional considere priorizar la elaboración de una estrategia de desarrollo económico productivo con un sistema de monitoreo y seguimiento a las propuestas como marco de referencia para el PROCOMPITE, en concertación y  concordancia con las políticas e iniciativas de las provincias y los distritos.
Se busca evitar situaciones como las suscitadas en el concurso del año pasado, pues debido a la forma en que se llevó a cabo el proceso se empezó a sospechar, en base a rumores, que el concurso era objeto de un manejo direccionado políticamente y que a consecuencia de ello se favoreció a ciertos grupos allegados al movimiento regional de la actual administración; los rumores cobran más fuerza por tratarse de un proceso que se implementó en un año preelectoral, y crecen debido a que la entrega de los bienes a los ganadores se haría entre agosto y setiembre, justo antes del 5 de octubre, día de las elecciones regionales y municipales. Los suspicaces lo interpretan como una «jugada» con mucho de cálculo político.  
Resaltamos la voluntad política del Gobierno Regional de Huancavelica por implementar este fondo concursable y consideramos de vital importancia el seguimiento y vigilancia ciudadana a la hora que el gobierno regional adquiera los equipos, maquinarias, insumos, materiales y/o contratar los servicios –de ser el caso– descritos en las iniciativas ganadoras. Como último paso, el proceso de vigilancia que proponemos para la región debe prestar atención a que los bienes y los servicios figuren en el plan anual de contrataciones, de manera que se dé inicio al proceso de selección conforme a la ley de contrataciones del estado y su reglamento. Solo así se podrá contrarrestar la imagen de poca transparencia de las autoridades encargadas de este proceso.

desco Opina - Regional / 7 de abril de 2014
Programa Sierra Centro

jueves

Saltando de la olla a la sartén

Con la popularidad cayendo en barrena y luego de salvar eventualmente un semi hundido Gabinete Ministerial, el presidente Humala y su agónico Premier deben ahora maniobrar para evitar colisionar frontalmente con los embates de los mineros informales-ilegales-artesanales.
Como cuestión previa, nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con los esfuerzos que debieran hacerse para aligerar los procedimientos de formalización y combatir drásticamente las actividades ilegales. Ello está fuera de toda discusión.
Sin embargo, es igualmente obvio que la «estrategia» seguida por el gobierno central para manejar el asunto que tiene entre manos y enrumbar hacia una solución, solo aparece como deplorable por todos sus costados. Al respecto, queda sumamente ancha la palabra «estrategia» en una posición gubernamental en la que su vocero calificado –el Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental luego de seis meses en el cargo, aún no termina de definir con claridad cuál es el problema, cómo lo va a enfrentar además de los prometidos dinamitazos y qué tipo de resultados debemos esperar con su gestión.
Dicho funcionario,  Daniel Urresti, un oficial retirado del Ejército, considera que llegó la hora de «poner orden». No está mal, claro está, pero a estas alturas, con los mineros en las calles y carreteras, por un lado, y en intenso cabildeo con las autoridades, por el otro, se debería tener ciertas cosas ya zanjadas si de «poner orden» se trata. Por ejemplo, aun cuando se había constatado desde años atrás las enormes dificultades para definir y conceptualizar a la minería informal/ilegal en tanto no tipificaban con lo que la legislación denomina «pequeña minería tradicional», muy poco o nada se ha avanzado al respecto, pese al considerable número de personas que involucra y de su importante contribución en cuanto a volumen y valor de producción, particularmente en el rubro aurífero.
De igual manera, tampoco hay precisión acerca del valor total que produce esta actividad. Según la Federación de Mineros Artesanales, el sector informal genera ingresos por 850 millones de dólares anuales. Para otras fuentes, los mineros informales producen alrededor de 24 toneladas de oro, valorizadas en 500 millones de dólares. Según las autoridades peruanas, la actividad informal representa alrededor del 20 por ciento de la producción nacional de oro (40 toneladas anuales) y genera unos 2.600 millones de dólares al año.
Dadas las cosas de esta manera, el 25 de marzo el gobierno llegó a acuerdos parciales con algunas de las federaciones de mineros, siendo una parte sustancial de los mismos el inicio de una etapa de «saneamiento» a partir del 20 de abril, con aquellos productores que hayan decidido formalizarse.
Hasta allí todo bien si no fuera que el intento de salir de un agujero negro está invitando, al parecer, a ingresar a otro. ¿Qué es el referido saneamiento? Según la PCM, «contempla diversos aspectos como facilitar la suscripción de los contratos de explotación minera de acuerdo a ley y en condiciones justas; generación de alternativas de solución sobre la problemática relacionada con los contratos de explotación; fiscalización de las posibles concesiones mineras, el uso óptimo en el manejo de insumos, entre otros». En otras palabras, un perfecto galimatías.
Es decir, todo parece indicar que para el actual gobierno, la «solución» consiste en saltar de una confusión a otra. Es el denominador común que, lamentablemente, enlaza esta situación específica con todos los demás desafíos que se le presentan con urgencia de resolución.

 desco Opina / 28 de marzo de 2014
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viernes

Las víctimas que se olvidan

Es de lamentar toda fatalidad que causa inocentes víctimas. Personas que, por causa del infortunio, estuvieron en el lugar y el momento equivocado y que, por ello, sufrieron las consecuencias de los embates de la naturaleza o, peor aún, de la desidia del Estado.
Desde este punto de vista, nos solidarizamos con los familiares del niño que en enero pasado quedó en estado de coma luego que una piedra le cayera desde el acantilado de la Costa Verde, en Lima. Coincidimos en que esta desgracia pudo ser evitada si las municipalidades correspondientes hubiesen cumplido con sus responsabilidades funcionales.También creemos que desde el Estado se debe de dar el apoyo al niño hasta lograr su total recuperación. En este caso la cobertura de la prensa fue de vital importancia. Sin presión mediática, quizá ninguna autoridad o funcionario hubiese asumido responsabilidades claras.
Desde el inicio de las lluvias hasta la fecha, en la selva central se han registrado muchos huaycos, ocasionando múltiples pérdidas de vidas humanas así como localidades arrasadas. Sin embargo, no hay seguimiento sistemático de los medios frente a estas tragedias, que terminan reducidas a incidencias presentadas en pocas líneas de un periódico local o en un par de segundos en alguna televisora: como si lo ocurrido no tuviese mayor importancia.
Los medios deberían hacer seguimiento más allá de la tragedia al interior de los distritos afectados, donde el aislamiento por desastres naturales deja desabastecidos de alimentos y medicinas a los pobladores de localidades probablemente pobres o muy pobres.
Las radios locales, sí hacen este tipo de cobertura, que se extiende durante varios días. Su alcance, sin embargo, no parece suficiente para sensibilizar a las autoridades, o siquiera llamar su atención. Cabe preguntarse cuáles son las fuentes de información que los gobiernos locales y regionales de la Selva Central usan para atender sus problemas, especialmente en el contexto de Pasco, donde el espacio de selva está muy distante del centro del gobierno, en la ciudad de Cerro de Pasco.
Inclusión social significa promover el desarrollo del país de manera mínimamente equitativa. Lamentablemente, es evidente que existe cierto desdén frente a los problemas del Perú rural y que la gestión de los territorios le queda muy grande a algunas autoridadas locales y regionales; o que los medios de comunicación no tienen el suficiente peso para ejercer presión sobre ellas.

desco Opina - Regional / 21 de marzo de 2014
Programa Selva Central
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lunes

Contra las cuerdas

Un audio reciente vincula al fujimorista Julio Gagó con ventas al Estado desde su curul en el Congreso. Su voz, diciendo que de 130 congresistas más de 100 hacen lo mismo que él, mueve a la sospecha pero lamentablemente resulta verosímil. Este Congreso tiene al 10% de sus integrantes sancionados y no hay señales de que el panorama mejore en el futuro. Este es el Congreso que tiene contra las cuerdas al gabinete Cornejo en una situación inédita.
Al momento de escribir estas líneas, el gabinete Cornejo no ha recibido el voto de confianza del Congreso. José Elice, oficial mayor del Congreso en los periodos 2002 – 2003 y 2003 – 2006 ha declarado que no entiende por qué se pasó a una segunda votación, si la primera era válida. El resultado, según él, tenía que ser «simplemente» que se convoque a otro gabinete, lo cual no deja de ser un escenario plausible, si es que se vota en contra del actual. No se comprende bien cómo piensa encarar el Ejecutivo la votación del lunes en la que se espera, ahora sí, obtener el voto de confianza para el gobierno. ¿Qué negociación han emprendido para cambiar la correlación en el Congreso? No queda claro tras las declaraciones del Premier durante el fin de semana.
La poca pericia política del Ejecutivo y del partido de gobierno, pero también su falta de modestia, le pasan factura. Incapaz de negociar con sus aliados, notoriamente con Perú Posible, se ha dejado arrinconar por sus propios errores, por las distintas oposiciones en las que destacan el bloque fujimorista y los apristas. No es ningún secreto que el gabinete Cornejo nació debilitado y que no está en condiciones de dar mensajes políticos claros. Pescando a río revuelto, García pide un gabinete «consensuado» y Keiko Fujimori, pide que Ollanta Humala ejerza el poder real, sin injerencia de la Presidenta de su partido. El fujimorismo evidenció varios flancos débiles en el proceso, pues nos dio la mínima muestra de «poder en la sombra» en la historia reciente.
Esas contradicciones quedan suspendidas cuando se pretende capitalizar la creciente indignación ciudadana por los despliegues de poder francamente infantiles de la Primera Dama y por el aumento de sueldos ministeriales, una de las mayores muestras de torpeza que ha dado el gobierno. El Presidente declara que los señalamientos sobre el poder de su esposa se producen porque el «miedo subsiste» respecto de su eventual candidatura. Dice, también, que el poder paralelo no es el de su esposa sino el de «los grupos económicos, que obviamente tienen sus propios intereses y no necesariamente son los intereses del país». Una verdad dicha desde esta posición de debilidad, lamentablemente tendrá poca resonancia.
El resultado de esta confrontación entre  el Congreso y el Ejecutivo, parece ser la derrota del segundo. Los parlamentarios parecen empoderados, y sienten en esta situación que tienen la sartén por el mango. Un escenario posible es que el gabinete Cornejo «sacrifique» un par de Ministros o más. La primera en la lista es Carmen Omonte, que además de sus problemas de origen por ser accionista en una empresa minera, representa el débil vínculo de la alianza con Perú Posible. Otro que la oposición tiene en la mira es el Ministro Cateriano. Llama la atención que, pese a que el Ministro Castilla es claramente quien detenta más poder y es uno de los más cercanos a Heredia, no se pida explícitamente su salida. Así, el pedido por limitar los poderes de Heredia se revela como poco consistente; meramente como la medida más expeditiva para conectar con la ciudadanía.
Ciertamente el empoderamiento de los parlamentarios es relativo. Todos ellos tienen claro que el rechazo a dos gabinetes supone la posibilidad del cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones parlamentarias. Es indudable que la enorme mayoría de ellos le teme a esa posibilidad.
Así las cosas, se resuelva como fuere esta situación, es obvio que tendremos una institucionalidad más debilitada aún y un gobierno que entra a sus últimos dos años, severamente golpeado por su propia incapacidad política.

desco Opina / 17 de marzo de 2014
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viernes

Los efectos del cambio climático en la Macro Región Sur

Se puede decir que han confluido varios factores en la prolongada ausencia de lluvias en la sierra sur del Perú y en las inclementes heladas que han destruido cultivos, todos ellos relacionados al cambio climático.   
La temporada de lluvias en la sierra sur se inicia en diciembre y termina en abril. Los cultivos están supeditados al agua de lluvia y los territorios de pastoreo dependen de la vegetación que crece con estas precipitaciones pluviales. Y el agua que riega los cultivos en los valles está supeditada a su vez a las precipitaciones en las zonas altas que discurren por los ríos.
Según recientes alcances de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa, la sequía y sobre todo las heladas han ocasionado una pérdida aproximada de 15 millones de soles, y sólo en la zona alta del departamento unas 1200 hectáreas de cultivo habrían sido afectadas.  Además, se calcula que 18 200 animales enfermaron de neumonía y varios perdieron a sus crías. En los valles de Caravelí, dónde aun no se ha contabilizado la afectación, los productores han visto como sus aceitunas han dejado de crecer y se arrugan por falta de agua.  Aunque la demanda hídrica estaría garantizada para la campaña agrícola del 2014, no se escucha mucho de cómo se ayudará a los productores que han tenido pérdidas económicas importantes.
En Puno, según la Dirección de Información Agraria de la región, el panorama también es sombrío. El 17% de cultivos quedó dañado a consecuencia de las granizadas y heladas que se presentaron y que afectaron mayormente los cultivos de papa y quinua. El 38% de los sembríos de papas sufrió daños, así como también el 43% de los sembríos de quinua, mientras que otros productos también sufrieron daños pero en menor proporción. Entre las provincias que reportaron la mayor cantidad de daños figuran: San Román, con una pérdida de 5356 hectáreas y 2699 afectadas; Azángaro, que perdió 3565 hectáreas y tiene 10 699 afectadas; Melgar, con 1655 hectáreas pérdidas y 6316 afectadas; Lampa con 2321 perdidas y 4415 afectadas.
Entre Tacna y Moquegua, las partes altas y los valles interandinos que configuran su geografía, también han sido afectados. Los mayores estragos se han reportado en las provincias de Tarata y Candarave en Tacna. En el sector ganadero se reporta que hay 120 familias alpaqueras afectadas por las heladas. En Moquegua, los distritos más afectados fueron los de Ichuña, Yunga, Lloque, Chojata, Ubinas Puquina, sobre todo en sus sembríos de papa, maíz y en la crianza de camélidos.
Todos estos estragos están afectando directamente a los productores pues se descapitalizan al perder su cosecha o al ver mermado el rendimiento o la calidad de sus productos. El Ministerio de Agricultura y Riego ha anunciado nuevamente la dotación de un Seguro Agrícola Catastrófico (SAC) para cubrir 329 443 hectáreas en ocho regiones del país: Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno, dejando a muchas regiones del sur fuera.
¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar de esta situación? Tenemos la necesidad de contar con un sistema de evaluación de daños eficiente y rápido, exigir una mayor inversión en proyectos de adaptación al cambio climático a los gobiernos regionales y pedir explicaciones a las autoridades regionales sobre cómo se están materializado sus Estrategias Regionales de Cambio Climático. Hay tareas pendientes que merecerían ser seguidas con lupa para que el próximo año haya menos afectados en el sector agropecuario.  

desco Opina - Regional / 7 de marzo de 2014
Programa Regional Sur
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