Agua, minería y transparencia en Arequipa

Los impuestos generados en el sector minero son los recursos más importantes en los presupuestos de municipios y de gobiernos regionales en casi todo el país. Después de que el Gobierno Nacional aprobara hace unos años la reinversión de utilidades –mecanismo hoy en desuso– a la Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV), abriendo la puerta para reducciones en el Impuesto a la Renta y por tanto del canon minero, la empresa se comprometió a financiar los estudios técnicos y la construcción de la Planta de Agua Potable II de Alto Cayma. Además, sufragaría los estudios para una planta de tratamiento de aguas servidas cuyo costo sería solventado de manera mancomunada por los alcaldes de la provincia de Arequipa.

Desde el 2006 hasta finales de 2010 los alcaldes lograron reunir una bolsa de 19 millones 650 mil soles para la planta, mientras que SEDAPAR, la compañía de agua potable, se encargaba de evaluar el lugar adecuado para la planta y las mejores opciones de operación. Hacia setiembre de 2011, en vista de que aún no se comenzaba con la construcción de la planta de tratamiento y que la empresa necesitaba agua para su proyecto de expansión, ésta firma un Convenio Marco con SEDAPAR para el financiamiento, ejecución y operación del Proyecto «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Emisores y Tratamiento de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana» (PTAR) condicionado a la aprobación del proyecto de expansión de sus actividades.

El ministerio de Energía y Minas aprobó el año pasado el EIA de la expansión de Cerro Verde, con lo cual la construcción de la PTAR debía comenzar este año, pero un reporte periodístico movió las aguas señalando la existencia de cinco convenios específicos firmados entre la empresa y SEDAPAR, desconocidos por los alcaldes (accionistas de la empresa de agua potable), con los que supuestamente la PTAR sería financiada parcialmente por SEDAPAR y en consecuencia por los usuarios de agua de la ciudad, y no completamente por la empresa. Los medios de comunicación denunciaron el caso y al no haberse difundido transparentemente estos acuerdos, comenzaron también las especulaciones.

Ante el aluvión de cuestionamientos, la empresa minera se vio en la obligación de emitir un comunicado aclarando varios puntos en controversia: el PTAR no sería una obra por impuestos, lo que no afectará el canon (aunque es cierto que Cerro Verde tiene uno de los tan denostados contratos de estabilidad, que vence este año), que se encargarían del mantenimiento de la obra y que SEDAPAR sólo pagaría la cesión en uso de los terrenos por donde pasarían las instalaciones para su funcionamiento. SEDAPAR se vio obligado a colgar en su web todos los convenios firmados, además de realizar conferencias de prensa para explicar qué pasó.

Aún se cuestiona el monto de inversión de la planta, el porcentaje de agua que limpiará del contaminado río Chili y el que utilizará respecto a la carga de aguas servidas que se vierten al caudal, el pago de la empresa por el agua reutilizada, qué otra inversión hará SEDAPAR en la PTAR fuera del pago de tierras en uso, y la absolución de algunas observaciones del EIA de la PTAR, pero en general, las aguas se han calmado.

Nada de esto hubiera pasado si la transparencia fuera una de las políticas de responsabilidad social de la empresa minera, en particular si se trata de obras públicas. Ante el aumento de conflictos por la actividad minera debido a su crecimiento, en especial en toda la Macro Región Sur donde se calcula una inversión del sector en los próximos años de US$ 32,557 millones, es tiempo que los presupuestos de las empresas sean transparentados; además concertados con los planes de desarrollo de las localidades donde realizan sus operaciones. Se tiene que comprender que la inversión social de las empresas mineras no es una dádiva, sino una compensación por la extracción de un recurso no renovable. El tema de la PTAR ha puesto en la agenda, una vez más, cuál es el rol de las empresas mineras frente al desarrollo regional.

desco Opina - Regional / 14 de junio de 2013
Programa Regional Sur
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Con una pequeña ayuda de mis amigos

Los últimos resultados económicos parecen haber preocupado sobremanera al parco presidente Humala quien aprovechó el marco ofrecido por la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico para, so pretexto de luchar contras etéreas «inercias burocráticas», anunciar desde Bogotá un paquete de medidas dirigido a restablecer la confianza del empresariado hacia su gobierno.

Sus elogios no pudieron ser más elocuentes: «la empresa de hoy tiene una nueva cultura, con un sentido de responsabilidad social y de interés por el entorno positivo de la comunidad donde se encuentra su proyecto... Eso nos ayuda mucho a consolidar la paz social que requiere un país que quiere continuar avanzando como el Perú».

La voluntad manifiesta se materializó días después en las ahora conocidas Siete Medidas. Para algunos, como Pablo Secada, había que tomarlas con calma y sin mucho entusiasmo porque no parecían evidenciar gran impacto –«bienvenidos los cambios pero ¿y las reformas, incluso sobre estos temas?», se pregunta– aun cuando el aspecto principal del mensaje –que el empresario peruano vea en su presidente un amigo y no un adversario– quedó prendido.

De esta manera, el 5 de junio, se reunió con los representantes de los gremios empresariales, quienes le sugirieron un segundo paquete de medidas, tal como había planteado previamente Secada. Según el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, los representantes de los gremios que asistieron a la reunión salieron muy satisfechos y manifestaron su total compromiso y disposición para seguir apostando con sus inversiones en el país.

Mientras esto sucedía, en un espacio paralelo pero surcado profundamente por los intereses de las empresas extractivas, Humala tuvo especial preocupación de que quedara totalmente clara su posición respecto a la Ley de Consulta Previa: «esta norma no debe ser visto [sic.] como un obstáculo a las inversiones por los empresarios del sector».

Pero, este no fue el único campo de concordia que abrió el presidente Humala en estos días. En vísperas de emitirse el fallo del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya sobre el diferendo marítimo que mantenemos con Chile, convocó a los principales líderes políticos del país, para, como suele hacerse en estos casos, tomarse la fotografía del consenso con ellos.

Como decimos, es el procedimiento que el sentido común espera de cualquier mandatario, pero de lo que debemos lamentarnos es de no haberse aprovechado la ocasión para anunciar cuestiones importantes referidas a este momento crucial que tendrá la política exterior peruana.

Por ejemplo, ¿quién conducirá políticamente el proceso pos La Haya? Obvio, que la cabeza será el propio Presidente de la República, pero ¿acompañado del o de la canciller? ¿será la señora Rivas u otro/a la persona que estará en Torre Tagle? Se formulan estas preguntas porque este proceso tuvo un evidente líder en el ahora ex canciller Rafael Roncagliolo, y si bien en la convocatoria política a la que referíamos pudo notarse la presencia del embajador Allan Wagner, miembro del equipo peruano en La Haya, el supuesto es que por el momento no volverá a ocupar la conducción de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, además de Relaciones Exteriores, hay otros sectores estatales que a estas alturas debieran anunciar pautas o lineamientos respecto a su estrategia luego de conocerse el fallo. Por ejemplo, llama la atención que no se haya expresado la titular de Producción, sabiéndose lo que se pone en juego en términos pesqueros. En esa misma línea, esperábamos iniciativas desde el Mincetur, Minam, Minem. Tampoco las tuvimos del Ministerio de Cultura.

Más aún, si esa es la situación de la necesaria articulación que debe existir entre los sectores estatales, parece que nada mejor ocurre entre los niveles del mismo. Hasta donde se puede conocer, no existe interés en convocar y formular consensos con los alcaldes y presidentes regionales del sur peruano.

Entonces, si la cuestión radica en hacerse de nuevos amigos para evitar complicaciones en la administración del país, ya que la voluntad de cambio no es más la rectora de la agenda de Palacio de Gobierno, sería bueno para el presidente Humala que profundice su mirada. Es posible que en este escenario pre electoral formado prematuramente, haya muchos aspirantes.

desco Opina / 7 de junio de 2013
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Lima y sus jueces

Una reciente encuesta muestra que la mayoría limeña respalda el traslado de los comerciantes de La Parada a Santa Anita. El amplio apoyo ciudadano a la medida de ordenamiento emprendida por la Municipalidad de Lima, sin embargo, contrasta con las idas y vueltas que el caso toma en el Poder Judicial y con la popularidad bajo presión de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el bloqueo de los ingresos a La Parada. En los meses transcurridos desde entonces, hemos sido testigos del uso irregular de medios judiciales para minar la autoridad urbana y entrampar el ordenamiento del sistema de abastecimiento de Lima. No sólo eso: también vemos cómo se retrasa la recuperación de un espacio público vital para la ciudad.

La dilación por la vía judicial deja varios asuntos para la reflexión. Son muchos los problemas de gestión municipal cuyo principal cuello de botella son malos jueces, como Malzon Urbina o jueces formados en un sistema de leguleyadas, antes que en la búsqueda del equilibrio entre la defensa de los derechos de las personas y la salvaguarda del interés público. Este tipo de jueces explica por qué la Municipalidad de Lima no ha logrado imponerse frente a las mafias del abastecimiento ni llegar a acuerdos serios con los comerciantes informales de La Parada.

El escenario para la gestión urbana es complicado cuando se combinan factores como la decaída autoridad municipal –a la que abonó el absurdo intento de revocar a Villarán–, el comportamiento mafioso de los «emprendedores» locales –comerciantes y capitalistas– que imponen su interés privado sobre las necesidades de la ciudad, y la mala actuación del Poder Judicial.

La suma de estos factores explica en buena parte que Lima no haya podido emprender la restructuración de Mesa Redonda y que las pocas medidas que la Alcaldía ha tomado para controlar su expansión hayan quedado apenas como gestos. Nos referimos aquí a los inefectivos cierres preventivos de locales como el Campo Ferial La Cochera, donde en el verano de 2012 se produjo un incendio –felizmente controlado– que reavivó el fantasma de la tragedia de 2001, donde murieron al menos seiscientas personas entre compradores y trabajadores del comercio.

Nos referimos también a la clausura «definitiva» de los locales que funcionan como depósitos en el histórico Barrios Altos, sanciones que no han sido acatadas, pues dichos negocios continúan operando a vista y paciencia de serenos, policías y funcionarios de fiscalización de la comuna limeña. La poca efectividad de estas medidas merma la credibilidad de la Alcaldesa, aumenta el malestar entre los vecinos que apostaron por respaldarla ante la revocatoria y, más importante que todo ello, significa la aceleración del deterioro del patrimonio construido y la calidad de vida en el centro de la ciudad.

Ahora que nos encontramos en un período de tránsito, a puertas de las elecciones complementarias de octubre, esperamos que las fuerzas políticas que buscarán su participación en la gestión edil generen un debate que busque atender a estos aspectos, fundamentales para salvaguardar el principio de convivencia y de ordenamiento del territorio que compartimos.

A los puntos del acuerdo de «ancha base» propuesto por Villarán, entre los que se cuenta la reforma de transporte, el programa municipal Barrio Mío, la modernización del comercio mayorista de alimentos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros; debe sumarse un consenso para buscar la reforma del Código Procesal Penal, de modo que se impida que las medidas cautelares que otorga el Poder Judicial, en lugar de ser garantía de justicia, sean una muralla contra la que chocan todos los intentos de producir una mejor ciudad.

desco Opina - Regional / 3 de junio de 2013
Programa Urbano
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La dimensión desconocida

En vísperas de cumplir dos años, el gobierno del presidente Humala deja claro no sólo que la Gran Transformación, sino también la Hoja de Ruta son cosa del pasado. Lo prometido ha sido reemplazado por actitudes dubitativas que no auguran nada bueno frente a una crisis que parece haber arribado ya a nuestras costas, bajo el eufemismo de «enfriamiento», usado por el ministro de Economía.

En este contexto, cualquier intento de salirse del libreto marcado, será respondido en coro fundamentalista por la derecha. Así fue con Repsol, luego con la Ley de Consulta y hasta con la Ley de Alimentación Saludable, cuya única intención es cumplir con estándares internacionales establecidos para el consumo de alimentos procesados. Penosamente, ninguna de estas batallas encontró un Presidente convencido de alguna idea. Solo cedió.

En lo que parece una comedia de rectificaciones, el último acto ha sido la renuncia de Rafael Roncagliolo a la conducción de la Cancillería. Su apuesta por los procesos de integración regional y su interés por el contenido político de las relaciones comerciales lo hicieron una de las presas más codiciadas por la derecha extremista, quien nunca dejó de verlo como una especie de quinta columna izquierdista que debía extraerse del Ejecutivo a como diera lugar.

Los objetivos que se planteó Roncagliolo también tuvieron enorme resistencia dentro del gobierno, que olvidó rápidamente su propuesta de fortalecer la CAN y ser protagonistas en UNASUR, persistiendo en que el eje de las relaciones exteriores está en los tratados comerciales, esquema en el que es MINCETUR –y no Torre Tagle– quien ejerce la rectoría de facto de parte importante de las relaciones exteriores. La reciente votación de Perú por el candidato mexicano a la conducción de la OMC, en contra del finalmente vencedor candidato brasileño, por ende de UNASUR, es apenas una perla más de este rosario.

«La punta del cerro», no es sólo el lugar simbólico al que el Presidente Humala remite a opositores, periodistas molestosos y jóvenes con aretes y mechón que deberían hacer el servicio militar. Es también el lugar real donde se asientan gran parte de las concesiones a las empresas mineras que ahora reclaman decisión y fuerza ante la caída del negocio, con la esperanza de que el raspado de ollas permita unos años más de rentabilidad. Sin duda alguna, tales reclamos inciden en las marchas y contramarchas que tiene la ley de consulta y la lista de pueblos indígenas, largamente manoseada por el Ejecutivo y que paulatinamente se desnaturaliza y se reduce a su mínima expresión.

En el camino, como nueva muestra de las dudas gubernamentales, quedó otra autoridad del Ejecutivo, el viceministro de Interculturalidad, quien creyó que en el caso Cañaris debía aplicarse la consulta, siendo rápidamente desautorizado por el ministro de Energía y Minas, evidenciando la ausencia de consenso en el Ejecutivo sobre la base de datos de las comunidades que deben ser consultadas. Semanas atrás, Reuters reportó que la inclusión de las comunidades campesinas, asentadas principalmente en los Andes donde las mineras esperan iniciar nuevos proyectos, generó roces porque sectores del gobierno no las consideran indígenas ni originarias. Finalmente, el gobierno parece decidido a implementar la norma «caso por caso».

Mientras tanto, los aspirantes a candidatos en el 2016 empezaron una guerra de demolición intercambiando acusaciones de corrupción, de la que probablemente salgan maltrechos pero no liquidados políticamente. El escenario se ensucia cada vez más, la popularidad de la pareja presidencial se desliza por una pendiente que se hace diariamente más aguda, mientras distintos temas neurálgicos como la crisis que ya llegó, las cifras sociales que no mejoran, la inversión pública que no despega y la eficacia de los programas gubernamentales que no se ven, no son parte de ninguna agenda.

desco Opina / 24 de mayo de 2013
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Huancavelica lucha contra la disminución de sus alpacas

Huancavelica siempre ha sido una región importante para la producción de alpacas en el Perú. Sin embargo, las cifras preliminares del IV Censo Nacional Agropecuario (CENAGRO 2012) muestran que, de 1994 al 2012, ha sido desplazada del tercer al cuarto lugar a nivel nacional y que es la única de las cinco ‘grandes’ regiones alpaqueras (con más de 200 mil cabezas) que muestra una disminución considerable en su producción.

Los datos registran una disminución de 8.4% (-27,881 cabezas) entre el Censo de 1994 y el de 2012. No obstante, creemos que en este caso hay que tomar las cifras con pinzas. Desde el trabajo de campo en promoción y desarrollo rural que el Programa Sierra Centro de desco ha realizado en el sector, tenemos razones para pensar que en este caso podría haber un ligero subreporte en el número de alpacas, principalmente por dos elementos: (a) En Huancavelica el censo estuvo a cargo de encuestadores que al parecer no fueron especialmente preparados para recoger información del sector alpaquero. Es preciso señalar que los encuestadores en los censos anteriores fueron alumnos de los últimos años de universidades e institutos superiores estudiando carreras en la rama agropecuaria, mientras que en este censo, la mayoría tenían educación técnica, pero no en esta rama y, (b) En nuestra experiencia de muchos años en este sector, creemos poco probable que los productores huancavelicanos declaren el número exacto de cabezas por miedo a pagar impuestos o contrapartidas en sus comunidades.

Sea como fuere, las cifras del CENAGRO dicen que Huancavelica actualmente cuenta con 302,609 cabezas de alpacas. De acuerdo al trabajo de campo de desco, podemos tener una idea aproximada sobre su distribución por provincias: Huancavelica 42%, Huaytará 23%, Castrovirreyna 19%, Angaraes 15%, mientras que Acobamba, Churcampa y Tayacaja juntas solo llegarían al 1%

Un componente presente en la propuesta alpaquera para la región es la transformación y comercialización de sus productos para garantizar valor agregado y mercados que aseguren rentabilidad y mayores ingresos a los campesinos y productores agropecuarios. Un claro límite para el desarrollo de esta actividad es la escasa implementación de la red de energía eléctrica en la región que aún está lejos de ser universal.

Las zonas que cuentan con este servicio, (en su modalidad monofásica) encuentran que resulta inadecuada para la transformación de los productos agropecuarios, mientras que solo algunas capitales distritales y las provinciales cuentan con energía trifásica. La implementación de este servicio debe priorizar redes eléctricas en las zonas rurales para el desarrollo de las actividades de transformación y agroindustria en el campo; el servicio de energía eléctrica no solo se limita al uso de postes de luz. Los actores clave para sumarse a superar esta y otras limitaciones en el sector alpaquero de Huancavelica son: las comunidades campesinas, los comités y asociaciones de productores, los gremios de los alpaqueros, la cámara de comercio, gobierno regional, dirección regional de agricultura y las universidades. Todas ellas deben ponerse fuertes y gestionar la obtención de electricidad de redes trifásicas, que promueva la captación y transformacion de la fibra a precios sostenibles.

Las experiencias tanto del sector público como del privado para promover estas iniciativas ya se están dando en nuestro país. Un ejemplo claro es Puno donde se invertirán S/. 48 millones en el sector alpaquero, así como la instalación de plantas de procesamiento de la fibra de alpaca y otros incentivos que contempla para el año 2013. De esta manera el sector alpaquero en esta región será fortalecido. La fuerte inversión es parte de la implementación de un proyecto de mejoramiento genético que será ejecutado en los próximos seis años. Según la autoridad regional de Puno, «nunca antes un gobierno regional hizo tanta inversión a favor de los alpaqueros».

En el caso huancavelicano existen algunas iniciativas para fortalecer el sector, tales como la creación de la Dirección Regional de camélidos Sudamericanos – DIRCAM, así como la reactivación de la Mesa de Concertación Alpaquera (MECOAL) cuya labor se da en la articulación entre los entes gubernamentales y los productores y que a la vez viene desarrollando lineamientos de políticas para que este sector sea declarado como prioritario en la región.

desco Opina - Regional / 21 de mayo de 2013
Programa Sierra Centro
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JDC debe continuar

Las largas colas y los rostros genuinamente conmovidos de los ciudadanos que salían del velorio de Javier Diez Canseco en la casona de San Marcos, nos llaman la atención sobre la magnitud de la pérdida. El adiós público es lo que corresponde, precisamente porque JDC ha puesto de relieve no solamente valores y virtudes que de seguro harán falta en su círculo de familiares y amigos cercanos durante el largo proceso del luto, sino virtudes públicas, es decir, construidas por fuera del ámbito de nuestras riquezas o miserias individuales, dirigidas al corazón del vínculo social peruano. Por eso, una forma de recordarlo, es que su voz permanezca y que su agenda continúe.

Una lucha especialmente tenaz que libró Diez Canseco fue contra la corrupción. Como se ha señalado en múltiples espacios, éste es el tipo de causa que le generaron odios viscerales entre sus más «destacados» adversarios. Desde el Parlamento JDC presidió la Comisión de Delitos Económicos y Financieros para investigar los hechos de corrupción en el periodo 1990 – 2001, liderando un proceso ejemplar que le dio un conocimiento sobre el funcionamiento de los engranajes de la corrupción en el gobierno que probablemente solo ostenten quienes, desde el otro lado, han detentado el poder el suficiente tiempo como para saber por dónde viene el dinero.

Hoy que la llamada ‘megacomisión’ acaba de obtener del Congreso un plazo de 120 días adicionales conviene que las organizaciones de la sociedad civil en pro de la transparencia gubernamental apoyemos decididamente su labor, sobre todo cuando se procedió al rápido archivamiento de los indicios sobre los ‘colegios emblemáticos’ mientras el caso de los ‘narcoindultos’ sí ha motivado apasionadas versiones de parte.

Todo ello, mientras tenemos que asistir al espectáculo inverosímil de la congresista Martha Chávez señalando con el dedo acusador a otro ex presidente por las compras de su suegra mientras el líder máximo de su partido se declaró culpable de flagrantes casos de corrupción en 2009. Cabe señalar que uno de los pocos que señaló con claridad que esa era precisamente una maniobra para evitar que se ventile el caso, afectando las posibilidades de la entonces candidata Keiko Fujimori, fue Javier Diez Canseco.

Otro tema insistente y notorio en la acción política del parlamentario fallecido fue el ejercicio de derechos, que no se redujo a los de la población con discapacidad. En ese sentido, sus posiciones están en el centro mismo de temas álgidos como la Ley de Consulta Previa, actualmente en el ojo de la tormenta a propósito de la renuncia del Viceministro de Interculturalidad. El Presidente mismo agregó más confusión al señalar en una entrevista que, prácticamente solo habría comunidades indígenas en la selva, que antes se llamaban «no contactados». Además de insinuar, que las comunidades campesinas de la sierra, como fueron «inventadas» por Velasco, no tendrían nada de indígenas. Es decir, exhibiendo una ignorancia digna de mejor causa que por suerte puede ser cuestionada y rebatida.

En la práctica, parece que ni siquiera en el caso Cañaris, una de las pocas comunidades que ha mantenido su nombre desde antes del Virreynato, se negociará la obtención de rentas mineras provenientes de la gran inversión: parece que los proyectos van a ir sí o sí, lo que en la práctica nos está llevando a revocar las promesas presidenciales al formular la Ley y a decir a algunos comentaristas que la Ley de Consulta Previa termine como un fracaso más. Es indudable que la defensa cerrada de los Derechos Humanos de JDC hubiera hecho eco de los reclamos de las comunidades que, nuevamente, se ven ninguneadas puesto que el gobierno ha anunciado, poniendo el parche, que una gran cantidad de proyectos serán exonerados de cualquier consulta.

El parlamentario del Partido Socialista será reemplazado en su escaño por Manuel Dammert, actual miembro del frente Fuerza Ciudadana, que incluye al PS y a otras agrupaciones de izquierda. Mientras tanto, la figura de JDC crecerá aún más como un símbolo de reivindicaciones muy claras a partir de las cuales podrían aglutinarse voces diversas alrededor de un proyecto común para hacer del Perú una sociedad menos excluyente, menos injusta y más vivible. Seguramente ese sería el mejor homenaje para un dirigente que más allá de sus errores, siempre apostó por la unidad de quienes creemos en el cambio.

desco Opina / 13 de mayo de 2013
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Respuesta que tarda, no resuelve

Luego que el MINAG anunciara la asignación de un presupuesto de 100 millones de soles para atender la emergencia ocasionada por la plaga de la roya, el gran número de familias caficultoras peruanas, lejos de sentirse atendidas, se mueven entre el desconcierto y la desazón.

La crisis de la roya deja en evidencia la necesidad de concertación en el sector cafetalero. Ello se ha hecho sentir, en primer lugar, en la marcada divergencia en torno a las cifras de afectación de los cultivos. Mientras que el titular del Ministerio de Agricultura manifiesta que estaría comprometida el 20% de la producción, la Junta Nacional del Café afirma que el daño alcanzaría el 50%. Es evidente que las mesas de concertación técnica anunciadas en marzo no están funcionando, o sus integrantes no están dispuestos a manejar criterios homologados de medición del impacto.

Sin un diagnóstico técnico confiable y concertado que dimensione objetivamente el problema fitosanitario, es poco probable que las medidas de atención –y los montos establecidos para llevarlas a cabo– alcancen los resultados esperados.

Las divergencias referidas al conteo y costeo de la crisis de la roya también muestran un problema de prioridades. Los balances priorizan el número de hectáreas perjudicadas, y con base en la proyección de las exportaciones, se estima la pérdida de divisas, dejándose en segundo plano las cifras de desempleo considerando que el cultivo del café es el que genera más empleo en el sector agrícola, unos 43 millones de jornales directos y cinco millones de indirectos. Dicho de otro modo, el centro de la preocupación pública por la crisis cafetera está ocupado por las divisas en riesgo, dejando poco lugar para las familias en riesgo.

Casi el 80% de los fundos cafetaleros son de menos de dos hectáreas y se ubican en la producción de carácter familiar. Es este escenario el que hay que tener en mente al discutir cómo el Estado ha diseñado el gasto de los 100 millones de soles destinados a dar respuesta a la crisis. Se requiere claridad acerca de cómo las soluciones llegarán hasta las chacras de los caficultores –sea en créditos o en insumos– y cómo se garantizará que las inversiones sean avaladas por asistencia técnica.

La crisis de la roya actualiza otra crisis, persistente en el café peruano: la de asociatividad y representatividad. Mientras la Cámara Peruana del Café representa a las más importantes empresas, la Junta Nacional del Café representa a unas 43 mil familias de 44 organizaciones, apenas al 28% de las 150 mil familias cafetaleras del Perú. Por otro lado, no todas las organizaciones de productores están vinculadas a instituciones de segundo nivel, muchas sólo alcanzan el nivel comunal. No sólo hay un 72% no representado, sino que es probable que un número aún mayor no tenga capacidad de gestión del apoyo estatal o de otra fuente. Tratando de sacar una oportunidad de la desgracia, este tal vez sería el momento de promover una asociatividad cafetalera.

En conclusión, el apoyo estatal están tardando tanto que se teme que llegue cuando nuestra caficultura esté cercana a una capilla ardiente, porque la solución que tarda, no siempre resuelve.

desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2013
Programa Selva Central
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