viernes

Un verano agitado


El 2019 empezó con la misma intensidad con la que concluyó el año anterior. La torpe decisión de retirar a los fiscales Vela y Pérez del caso Lava Jato, le costó finalmente el cargo al exfiscal Pedro Chávarry. Seguramente entusiasmado por las curiosas declaraciones del presidente Vizcarra tomando distancia de la negociación con Odebrecht, acicateado por Alan García, al que se le viene la noche en el caso de marras, no calculó la reacción de la calle, que el propio 31 de diciembre, inició su movilización. El mandatario –en ese momento en Brasil para la juramentación de Bolsonaro– evidenció su olfato y volvió rápidamente al país para encabezar las presiones al hoy extitular del Ministerio Público y presentar apuradamente una propuesta de reforma de dicha institución, que tenía poca reflexión y algunos problemas de constitucionalidad.
En paralelo, las disputas en el Congreso de la República, luego de que a fines de diciembre, Daniel Salaverry autorizara el registro de nuevas bancadas ordenado por un fallo del Tribunal Constitucional, continuaron y subieron de decibeles. El fujimorismo keikista amagó con la censura del presidente del Legislativo, quien finalmente renunció a la bancada y fue seguido por varios otros inconformes. Reducida a 53 miembros, la otrora aplanadora naranja se vio obligada a retroceder, evidenciando una vez más, su falta de estrategia y orden, agravada por la prisión preventiva de su lideresa. Así, a los primeros días de enero, doble victoria del mandatario: Chávarry tuvo que renunciar al quedarse sin respaldo en la Junta de Fiscales y el Presidente del Congreso, con el que parece desarrollar un entendimiento, se queda en el cargo. Un «gana-gana» de corto plazo que se ve en las encuestas recientes: la aprobación presidencial llega a 66% y la de Salaverry asciende sorprendentemente por encima del 30%.
Es obvio, sin embargo, que estamos aún bastante lejos de encontrar una luz al final del túnel, y que el fujimorismo y el APRA –como lo vienen demostrando cotidianamente– mantienen una cuota de poder y una capacidad de acción significativas. Su poder institucional –Congreso de la República, Ministerio Público, Poder Judicial– se ha visto mellado, pero no ha desaparecido. Con la cuota que conservan, pero también ayudados por los errores de sus oponentes, parece que acaban de poner en suspenso, por lo menos retrasar, el «caso de los cocteles del fujimorismo», retirando al juez del caso. Mantienen una relación y una presencia intensa en varios de los medios de comunicación y todo indica que, con el concurso de algunos de ellos, su estrategia de ataque pretende «descubrir» los vínculos de Vizcarra con la corrupción, además de poner en evidencia las limitaciones de gestión de su gobierno. Todo con el afán de neutralizar el caso Lava Jato. El cargamontón de los últimos días, así lo demuestra. El «descubrimiento» de los vínculos comerciales de la empresa familiar del Presidente con Odebrecht, una década atrás, lo asemejaría a todos los expresidentes acusados por corrupción.
En este escenario, la política en la escena oficial se mantiene móvil y llena de acuerdos puntuales y coyunturales. No es, como quieren creer algunos, uno en el que se vayan dibujando coaliciones con el 2021 como horizonte, porque para buena parte de nuestra clase política, el futuro termina el fin de semana. De esta manera, muchos de quienes respaldaron al Ejecutivo en su apuesta por el referéndum o en su enfrentamiento con Chávarry, marcharon esta semana contra el Plan de Competitividad y la pretensión de nuevos cambios en materia laboral, mientras que otros, que comparan frecuentemente a Martín Vizcarra con el venezolano Chávez, aprueban y defienden la desafortunada política de Torre Tagle en esta materia.
En el corto plazo, esos acuerdos puntuales serán cruciales en un Congreso que tiene que asegurar la selección de la denominada Junta Nacional de Justicia, pieza indispensable para la limpieza y reforma que se pretende en el sector y que además, mantiene una cierta capacidad de retrasar los procesos judiciales a la corrupción, así como la posibilidad de aprobar leyes proempresariales o populistas. En ese proceso, el Ejecutivo, todo lo indica, sigue ganando tiempo y mantiene la buena disposición de la calle. Como hemos sostenido antes, la misma no es un cheque en blanco.


desco Opina / 18 de enero de 2019

sábado

Aterricemos, señor gobernador


Cuando se inicia una nueva gestión, siempre se espera que quien asume el cargo envíe un mensaje conciliador que cierre las heridas de la campaña electoral para permitir la tranquilidad que asegure un clima políticamente favorable para los primeros meses de gobierno. Vladimir Cerrón rompió las reglas de este supuesto protocolo al proclamar públicamente, que retomará su iniciativa de gestionar la construcción de un nuevo aeropuerto para el valle del Mantaro, la misma que durante su primer período al frente del Gobierno Regional de Junín (2011-2014) recibió el rechazo y la movilización de la provincia de Jauja, cuyo saldo social sangriento fue de un muerto, cuarenta y tres heridos y muchos detenidos. Esta propuesta fue sorpresiva, pues no fue levantada durante su campaña; sin embargo, en su programa de gobierno, se contempla la «Creación, culminación y mejoramiento de infraestructuras aeroportuarias en Junín», obra proyectada para el III trimestre de 2020 mediante inversión privada.
Si bien es cierto electoralmente, Jauja no ha sido generosa con Cerrón, ello no significa que desde el inicio de su gestión aliente más las enemistades políticas, sobre todo tomando en cuenta que ya en febrero del 2012 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde la Dirección General de Aeronáutica Civil, le dijo NO al proyecto de aeropuerto en Orcotuna; por lo que no llega a entenderse qué intereses subalternos motivan la voluntad de Cerrón al insistir con una propuesta que encienda la pradera con nueva conflictividad social.
El aeropuerto de Jauja recibe vuelos desde la ciudad de Lima e incluso hay dos nuevas líneas aéreas con autorización para operar a este destino y siendo honestos, es una plaza que requiere ser comercialmente mejorada para lograr su mejor aprovechamiento. Sin embargo, nada indica que un nuevo aeropuerto en el valle del Mantaro tenga mejor tráfico.
En julio del 2017, PPK inauguró las obras de remodelación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Francisco Carlé (Jauja) a un costo de 18 millones de soles, que permitirían que aeronaves de mayor capacidad lo utilicen (hasta120 asientos). Esto mostró que el MTC no tiene la intención de promover la construcción de un nuevo aeropuerto a menos de 30 kilómetros de distancia del actual. Por el contrario, el MTC tiene en su cartera de inversiones la modernización del actual a través de la modalidad de Iniciativa Privada (IP), un tipo de asociación público privada (APP). Así, el 31 de diciembre último, el MTC publicó el Decreto Supremo N° 021-2018-MTC, abriendo una ventana que permitirá la presentación de iniciativas del sector privado para la construcción del tercer grupo de aeropuertos regionales, que incluye, entre otros, el terminal aéreo de Jauja.
La propuesta de Cerrón aspira a un terminal aéreo con capacidad de atender vuelos internacionales, pero el perfil elaborado durante su gestión en 2012, no habría sido sustentado adecuadamente. Quienes argumentan que para asegurar la competitividad regional se requiere más de un aeropuerto, olvidan que Junín no es sólo el valle del Mantaro; en cuyo caso, sería preferible impulsar la mejora del aeroparque de Mazamari en Satipo, zona selvática de la región que sufre de una débil conectividad con los mercados.
Aunque los colectivos sociales de Jauja aún no se han pronunciado sobre el tenor del discurso de toma de posesión de Cerrón, es de esperarse que no se quedarán con los brazos cruzados y que las movilizaciones y los manifiestos no serán nada amigables para con él. Así las cosas, sería más sensato que la voluntad del Gobernador Regional aterrice en resolver los verdaderos problemas de Junín que no son pocos, y dentro de los cuales no debemos olvidar la culminación del Puente Comuneros, obra que en su primera gestión estuvo envuelta en serios cuestionamientos de corrupción, pero que costó muchos millones de soles, los cuales aún no han sido puestos al servicio de los pobladores. Finalmente, propuestas como la del polémico aeropuerto, que refuerzan la tradicional rivalidad Jauja-Huancayo, debieran estudiarse con sumo cuidado, pues un gobernador con visión política debe abocarse –antes que a dividir– a integrar esfuerzos e intereses en su región.

desco Opina - Regional / 11 de enero de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

jueves

El baile sigue


Termina ya el año políticamente más intenso y sorprendente de lo que va del siglo en el país. Los resultados del referéndum del 9 de diciembre pasado, consagraron una victoria indiscutible del Presidente, por extensión de su gobierno, en la consulta ciudadana que lanzaran meses atrás. Los votos válidos por el Sí (conformación de la Junta Nacional de Justicia, regulación del financiamiento de partidos y prohibición de reelección inmediata de parlamentarios) estuvieron por encima del 85% en la gran mayoría de regiones, superando el 90% en siete de ellas, mientras el No a la bicameralidad fue más contundente aún y estuvo por encima de ese porcentaje en trece departamentos del país.
La otra cara del respaldo al Presidente, sin ninguna duda, fue el rechazo al Congreso de la República. Más exactamente a la mayoría fujiaprista, que ante la opinión pública arrastra a todos los parlamentarios, sin excepción y es parte central de la desconfianza plena que rodea a los políticos y a la propia política. Aún perplejos por la detención preventiva de Keiko Fujimori y el patético naufragio del asilo de Alan García, concluido el referéndum, caracterizados voceros de ese sector, insistían en encontrar la «desconexión» entre el mandatario y la realidad, en un intento inútil por negar su derrota.
Ese mismo 9 de diciembre, concluyó también la elección de nuevos gobernadores regionales. Importante, entre otras cosas, porque desde su instalación en Palacio, el mandatario y su Primer Ministro apostaron a equilibrar una cancha desfavorable en su relación con las autoridades descentralizadas. La legitimidad de origen de los recién elegidos resultó severamente herida en la mayoría de casos; el ausentismo electoral y la suma de votos blancos y nulos superaron los que se observaron el 2014, habiendo regiones como Tacna, donde los votos blancos y nulos fueron mayores que los obtenidos por su nuevo gobernador o provincias como Piura, donde ocurrió lo propio con el alcalde electo.
Once de los gobernadores elegidos tienen sentencia o se encuentran con procesos judiciales avanzados, diecisiete con acusaciones e indagaciones y hay uno que permanece no habido. La renovación, por cierto, es mínima: cuatro exgobernadores, siete exalcaldes, cuatro candidatos «recurrentes» y un excongresista están entre los vencedores.
Ambos hechos, los resultados del referéndum y la elección de las nuevas autoridades subnacionales, evidencian el desplome de nuestro sistema de representación y el colapso de las franquicias, que son los denominados partidos nacionales. Convertidos en el principal factor que explicó la multiplicación de aspirantes –73% de las listas regionales, 65.9% de las provinciales y 61.4% de las distritales, participaron con ese membrete–, los resultados, más allá del entusiasmo que tratan de mostrar Alianza para el Progreso y Acción Popular, no alcanzan para esconder la magnitud de una situación, que en este caso, evidencia también, el virtual agotamiento de una reforma que se lanzó el 2002 y que exige cambios radicales para evitar una quiebra institucional mayor a la que estamos viviendo.
Tras los resultados del 9, empieza en consecuencia, un nuevo tiempo para el gobierno. Si éste interpreta su aplastante victoria como un cheque en blanco y un apoyo incondicional, cometerá un serio error. El discurso presidencial tras su victoria, evidenció ese riesgo; más ruido que nueces para un Ejecutivo que sigue siendo débil, que tendrá al frente a un Congreso rengo, pero con distintos sectores –incluida parte importante de su «propia» bancada– que viven en una realidad paralela y parecen decididos a morir matando. Un Ejecutivo que ahora tiene que resolver las debilidades de su gestión y convencer a la gente que efectivamente tiene la capacidad y la fuerza necesaria para encabezar la lucha contra la corrupción, avanzar en la reforma política que se necesita, y gestionar la economía desde las necesidades y demandas de las personas y no desde las presiones y exigencias de las empresas.


desco Opina / 20 de diciembre de 2018