viernes

¿Capítulo nuevo?


A unos días de los comicios, más de la mitad de los electores no tienen definido aún su voto o anuncian que lo harán en blanco o viciado. No es sorpresa. Al poco interés que despierta la elección, se añaden factores siempre presentes –las limitaciones de las encuestas en el interior del país que se agudizan por la cantidad de aspirantes, la «costumbre» de decidir a último momento y el ausentismo regular–, que no pueden esconder el que la mayoría que demandaba el cierre del Congreso anterior no estaba necesariamente interesada en la renovación de la política.
En este escenario, la decisión por mayoría del Tribunal Constitucional declarando infundada la demanda competencial que presentara el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso, cerró un capítulo de la historia reciente del país, validando la decisión del Ejecutivo del 30 de septiembre pasado. Los argumentos de fondo de la ponencia aprobada, precisaban que en aquella fecha el entonces Premier Del Solar propuso un proyecto de ley sobre la forma de elección de los miembros del TC, además de pedir la postergación del proceso de nombramiento que se iniciaba ese día.
La pretensión de declarar inconstitucional el cierre del Congreso, sostenida en el supuesto uso de una figura que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, la llamada denegación fáctica que argumentara en su momento el Presidente de la República, fue finalmente derrotada a pesar del apoyo sostenido que tuviera en la última semana en la mayoría de medios de comunicación masiva. La misma, hay que ser claros, no apuntaba a reponer a los anteriores parlamentarios ni a paralizar el proceso electoral del 26 de enero. Buscaba sí, proveer de un arma punzo cortante contra el mandatario al futuro Congreso y a su oposición.
Los últimos metros para los próximos comicios, aparecen entonces despejados de mayores obstáculos. En esa dirección, el primer debate organizado por el JNE evidenció, por si fuera necesario, la debilidad de una campaña que no despierta mayor interés. La pobreza de ideas que se observó en el evento y la limitada información existente sobre los candidatos, muchos de los cuales parecen creer que aspiran a la Presidencia del país dadas sus ofertas electorales, contrastó con el «histrionismo» de un JNE que ha excluido a cerca del 15% de los postulantes, recurriendo a formalismos extremos; a la par que para «alentar» la fragmentación electoral a futuro, decide obviar la cancelación de la inscripción de los partidos que no superen el 5% de los votos válidos, sosteniendo el carácter “extraordinario” del proceso en curso.
El próximo 26 de enero, el ausentismo y el voto en blanco o viciado, dejarán la decisión de la composición del Congreso en manos de quienes opten. Aquella será resultado de los porcentajes de los votos válidos, es decir de los dirigidos a algún partido; además, sí se vota por cualquiera de ellos pero no se usa el voto preferencial, quienes sí lo hagan, terminarán determinando la composición final del Parlamento.
En medio de sus debilidades, el Ejecutivo, que afirmó sus razones con el fallo del TC, parece haberse percatado de esta situación. De allí la convocatoria reciente a las Comisiones que formularon a su pedido las propuestas de reforma de la justicia y reforma de la política, seguramente con la intención de «alimentar» a una representación que por lo visto hasta ahora, será posiblemente fragmentada y poco ordenada, por lo tanto bastante más débil que la anterior.
De esta manera, en el corto plazo el mandatario y su gobierno, se afirman. Los sectores más renuentes a cualquier pretensión de cambio político terminaron derrotados el 30 de septiembre pasado. Ni han desaparecido ni los pocos pasos dados cambian realmente la situación. Para peor, el cambio social y económico parecen aún más lejanos y difusos en una agenda nacional, donde el gobierno y parte de su oposición, coinciden en mantener el orden de las cosas sin ninguna idea inspiradora que nos acerque a la propuesta sobre el futuro de un país que quiere celebrar el Bicentenario.


desco Opina / 16 de enero de 2020

Majes II a la deriva


El Gobierno Nacional le dio un ultimátum a la gestión del gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para la elaboración de informes técnicos y financieros del proyecto Majes Siguas II, referidos a una adenda que plantea un cambio tecnológico que permita su reactivación. El 17 de enero es el plazo límite para presentar estos documentos. De no tenerlos en fecha, el proyecto pasaría a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
Majes Siguas II es el proyecto más emblemático de la región, comprende un sistema hidráulico que permitirá la ampliación de la frontera agrícola a 38 500 hectáreas y la construcción de centrales hidroeléctricas (Lluta y Lluclla) que se calcula producirán 426 megavatios (MW). Se encuentra paralizado desde diciembre de 2017 por la falta de resolución del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre una nueva adenda al contrato planteada por la empresa a cargo de su ejecución, que incrementaría su presupuesto en 104 millones de dólares, de los 550 millones que costaba inicialmente el proyecto. A esto hay que añadirle que recientemente, se conoció que el estudio de impacto ambiental del proyecto vence el próximo mayo, y hasta el momento no cuenta con todos los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) que exige un proyecto de tal envergadura.
Durante su primer año de gestión, Cáceres Llica tuvo opiniones vacilantes respecto a la resolución de la adenda, hito para la continuación del proyecto. Al inicio de 2019 aseguró que no la firmaría y a mitad del mismo año dijo que sí, pero con modificaciones al contrato, proponiendo que el Gobierno Regional se encargue de la venta de los terrenos y no Proinversion, como está previsto. Este aspecto del proyecto siempre estuvo en discusión, pues la parcelación de los terrenos en pequeñas hectáreas (hasta 20) –como desea la actual gestión regional– podría hacer accesible el proyecto a varios compradores, pero no sería rentable para la recuperación de la inversión, según el esquema financiero en el que fue planteado. Es cuestionable que durante el año que pasó, la gestión de Cáceres Llica no se preocupara por presentar ninguna propuesta técnica para viabilizar esta promesa de campaña que contrarreste el acuerdo (en el Contrato) con Proinversion, de vender como mínimo 200 hectáreas por comprador.
Cumplido el plazo, el Gobierno Nacional tendrá que mover con cuidado sus fichas, pues esta controversia podría ser el Waterloo de la gestión de Cáceres Llica y anticipar la culminación de su gobierno, como muchos sectores anhelan. O podría ser una ola que levante sus alicaídos bonos políticos, muy venidos a menos después de un año de trabajo reprobable. Podría jugar con el fantasma de la centralización a su favor, aunque el proyecto quede paralizado por dos años más y seguir sentado en el sillón regional, pese a la sensación de desgobierno percibida durante su primer año de gestión. Las marchas y contramarchas en este proyecto, que representa una alternativa importante para la dinamización económica de la región, son un síntoma claro de ello.
Finalmente, recién iniciado el 2020 ya Cáceres Llica retó al presidente Martín Vizcarra a batirse en un “takanakuy”, una tradición culturalmente violenta; además, ha sido filmado en una provincia de la costa arequipeña golpeando a una persona. Esto, sumado a sus desatinos durante el primer año de gestión, ha generado que en la capital de Arequipa se perciba una sensación permanente de malestar respecto al comportamiento político y personal del Gobernador. Pese a ello, no hay ninguna reacción social, ninguna marcha de protesta, tampoco hay una oposición política de peso en el seno del Consejo Regional que pueda promover algo más que un llamado de atención. Con Cáceres Llica, Arequipa está tan a la deriva como su proyecto más emblemático.

desco Opina - Regional / 10 de enero de 2020
Programa Regional Sur - descosur

sábado

Nuestro informal transporte formal


Hace pocos días los noticieros daban cuenta de los desmanes de los colectiveros informales de Lima Metropolitana. Los colectivos interprovinciales también se sumaron a esas protestas, basando sus demandas en los proyectos de ley de formalización que quedaron en el disuelto Congreso. Curiosamente –o exprofeso– todos estos proyectos fueron elaborados por la bancada de Fuerza Popular. Pocos medios dieron cobertura al paro de este sector de colectiveros y menos aún analizaron la real situación del transporte interprovincial del país que da cabida a la generalizada informalidad.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a través de la SUTRAN, organiza campañas de sensibilización para el uso del servicio de las empresas formales y se dedica a hacerse visible monitoreando las unidades que parten de las terminales. Estas campañas son al parecer deficientes; de otra forma no se explica por qué buses formales previamente controlados por esa instancia, terminen a un costado de las pistas con fallas mecánicas.
Existen normas, pero las capacidades del Estado y las voluntades de autoridades, funcionarios y de los mismos propietarios son incapaces de hacerlas respetar o no están dispuestas a ello. Así, no faltan empresas interprovinciales «formales», cuyas unidades no cumplen con las exigencias para el transporte de pasajeros. Esta informalización evidencia los bajos niveles de fiscalización del transporte, limitado a las terminales, pero sin controlar otros asuntos relevantes como las horas del conductor al volante ni las condiciones mecánicas de las unidades.
Existen muchas unidades de transporte que operan sin el debido y oportuno control mecánico, cuyos dueños son empresas «pantalla» que se cierran en 3 o 4 meses o que cambian de razón social para evadir impuestos. Sus choferes no descansan el tiempo adecuado, los trabajadores no están en planilla, tienen un sueldo menor al del mercado o se les paga sólo cuando están de servicio, lo que los obliga a sobrepasar las horas de trabajo permitidas para manejar, poniendo en riesgo la vida de los viajantes. No es raro observar buses que, llegando a la terminal, inmediatamente después embarcan nuevos pasajeros, mientras sus conductores descansan incómodamente en su interior.
Por otro lado, muchos percances de los buses son fruto de las irresponsables maniobras de sus conductores, el exceso de velocidad, la inexperiencia o sus propias condiciones psicológicas. Por ello, no es extraño el alto número de accidentes en las carreteras con víctimas fatales en los últimos dos meses.
Otro tema a resaltar es la calidad de los servicios ofrecidos al pasajero: buses que salen con retraso o simplemente no lo hacen, servicios higiénicos en estado deplorable, cinturones de seguridad ausentes o deteriorados, etc. Si INDECOPI interviniera, mucho de lo ofrecido e incumplido ameritaría sanción de publicidad engañosa.
En conclusión, la informalidad del transporte interprovincial y la mortandad que este provoca se solucionará con un Estado con capacidad efectiva para fiscalizar y controlar a las empresas prestadoras del servicio. Tanto el Gobierno Nacional, como los gobiernos subnacionales, en las competencias que les corresponden, deben actuar para mejorar la calidad y seguridad del transporte de pasajeros y carga, lo que sin duda demanda contar con los recursos financieros y profesionales mínimamente adecuados.
Entre otras cosas, el MTC debe evaluar a las empresas y someterlas a procesos de acreditación en plazos perentorios, estableciendo condiciones para renovar las autorizaciones. La Policía Nacional debe jugar también un rol importante en el control del servicio –sobre todo en las carreteras–, y los usuarios deben exigir calidad en el mismo y denunciar irregularidades y presumibles actos de corrupción que permitan la operación irregular e ilegal de las unidades de transporte. Mientras tanto –y tal como está la situación– seguiremos escuchando hilarantes, pero trágicas confesiones de los colectiveros informales: “suba nomás, porque nosotros llegamos más rápido y matamos menos”.

desco Opina - Regional / 13 de diciembre de 2019
Programa Regional Centro - descocentro