viernes

El desorden y los desastres



El Niño Costero desnudó varias de nuestras falencias como Estado. La población percibió el impacto directo de la corrupción durante esta emergencia al ser testigo y víctima de obras públicas deficientes o sin mantenimiento. El golpe también hizo que la ciudadanía preste más atención al tema de prevención de desastres y a poner el foco en la ejecución del Presupuesto Público para proyectos de este tipo.
El Niño Costero no fue una catástrofe en Arequipa como lo ha sido en otras partes del país, pero sus lecciones sobre la falta de planificación del territorio, en especial en los distritos más populosos donde no se han puesto límites a la expansión urbana, no han calado lo suficiente. Hacemos tal afirmación después de ver el empeño que le ha puesto el alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra, estas últimas semanas al Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), lanzado sin una adecuada planificación.
El problema central del Promuvi es la ubicación de estas viviendas. Hasta ahora el municipio no puede asegurar en qué terrenos se construirán, pero las primeras informaciones pusieron en alerta al Ministerio Público, que advirtió que uno de los terrenos estaría ubicado en una zona de riesgo volcánico e incluso el propio órgano de control del municipio ha hecho observaciones por la definición de terrenos.
Toda la información generada tras el anuncio del Promuvi, no ha hecho sino develar una cierta improvisación en la gestión edil. Justamente, este tipo de cálculos políticos ha permitido la invasión, y la posterior legalización de viviendas en zonas donde el peligro es inminente o con pocas posibilidades de acceder a servicios básicos. ¿Cómo podemos responsabilizar sólo al ciudadano/ciudadana por ubicarse en zonas de peligro cuando son visibles una serie de falencias en la políticas municipales?
El congresista Carlos Bruce puso en la mira las malas prácticas ediles en el tema del acondicionamiento territorial y propuso una ley para sancionar a alcaldes que entreguen certificados de posesión indispensable para tramitar un título de propiedad en zonas riesgosas. Se sumó otra propuesta de ley elaborada por la congresista Ana María Choquehuanca, para evitar que se instalen servicios básicos en zonas de riesgo. De aprobarse, sería una medida de control valiosa para contribuir a acabar con los favores políticos y las fanfarrias electoreras.
Es indispensable que El Niño Costero deje como lección la necesidad de incorporar la gestión de riesgos en cualquier proyecto de desarrollo a implementar, y si es de desarrollo urbano con mayor razón. Hay presupuesto para prevención y hay que saber usarlo oportunamente.


desco Opina - Regional / 21 de abril de 2017
Programa Regional Sur

lunes

Al día siguiente



El Ejecutivo venía deshojando margaritas desde el inicio de la crisis provocada por los eventos climáticos, sobre si la reconstrucción a ejecutarse –cuando pasara el temporal– debía hacerla un «zar», el Presidente del Consejo de Ministros, un «director general de la reconstrucción», una entidad centralizada compuesta por un conjunto de ministros, un espacio que incorporara a las autoridades regionales y locales, entre otros. Este último quedó casi inmediatamente desechado cuando el propio Presidente de la República, afirmó claramente que su gestión prescindiría del segmento «corrompido» del aparato estatal –léase alcaldes y gobernadores regionales–.
Las «pruebas» fueron profusa y rápidamente graficadas en las infografías de los diarios nacionales, repitiendo todos ellos «la galería» de alcaldes y gobernadores prófugos o requeridos por la justicia, a la que se ha agregado recientemente, Félix Moreno, el gobernador del Callao.
Lo irónico del caso es que los señalamientos se hacen desde un Ejecutivo que tiene como antecedentes inmediatos un inquilino encarcelado y sentenciado por delitos de lesa humanidad y corrupción, uno prófugo, otro investigado, otro  también investigado –al igual que su esposa– y con impedimento de salida del país, y el ocupante actual sin poder despejar firmemente las sospechas que recaen sobre él. El único Presidente sobreviviente que no forma parte de esta lista, está requisitoriado por la justicia italiana por delitos de lesa humanidad.
Pero, en fin, el hecho es que pegó el bolo «gobernadores y alcaldes corruptos», lo cual parece legitimar, en el corto plazo, la decisión de crear una entidad fuertemente centralizada que sería dirigida por un director general de la reconstrucción, como afirmó PPK el 7 de abril, “con cargo de ministro, con un comité de ministros que va supervisar esto, (…) que tiene que estar adscrito a algún sitio y el lugar más obvio es la Presidencia del Consejo de Ministros”. Como vemos, no se entiende bien esta especie de galimatías presidencial con un funcionario con rango de ministro a la cabeza, que sería supervisado por un comité de ministros y que se alojaría en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Sin embargo, los misterios no terminan allí. Dos días después, el premier Fernando Zavala, afirmó que la reconstrucción estaría a cargo de la PCM. Señaló que “a través de un pequeño comité de ministros se podrá organizar todo lo relacionado con la planificación y coordinación de la ejecución de los trabajos que se deben realizar”. En suma, es parecido pero no es lo mismo que lo declarado por PPK días antes.
Sin duda, no se cuestionará la centralista decisión adoptada. Al menos en el corto plazo. Aunque debemos tomar en cuenta que la historia de la gestión de las reconstrucciones propone contundentes lecciones a contrario.
En 1970, luego del terremoto que asoló Áncash, el gobierno militar presidido por el general Velasco creó el Comité de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada (CRYRZA), encabezado por la Primera Dama. Sin embargo, a pesar de tener gran cantidad de ayuda humanitaria y fondos provenientes de diversas entidades y organismos internacionales, no tuvo una labor acertada, debido a la falta de capacidad para la gestión. Por esta razón, dos años después, este comité fue reemplazado por el Organismo para el Desarrollo de la Zona Afectada de Ancash (ORDEZA).
En las inundaciones de 1998, el gran operador fue Fujimori, quien exhibió su supuesta eficiencia buscando réditos políticos. El 50% del gasto público fue ejecutado por el Ministerio de la Presidencia, que manejaba Daniel Hokama, con criterio centralista, provocando una gran cantidad de conflictos con los alcaldes, especialmente con el entonces alcalde aprista de Trujillo, José Murgia. La posterior reconstrucción fue liderada por Alberto Pandolfi, ministro de Transportes, quien presidió un Comité Intergubernamental que debió soportar una inmensa cantidad de críticas dirigidas, especialmente, hacia la calidad de la infraestructura vial en la que se había usado no menos del 55% de los recursos disponibles.
Tras el terremoto ocurrido en junio del 2001 en Arequipa, el Ministerio de la Presidencia del gobierno de Alejandro Toledo, creó el Organismo de Reconstrucción y Desarrollo del Sur (ORDESUR), con la finalidad de manejar los recursos provenientes del BID y del Tesoro Público, fijados inicialmente en 110 millones y luego incrementados hasta en 525 millones de nuevos soles para la ejecución de 130 proyectos que deberían ser elaborados y financiados por los gobiernos municipales y los concejos transitorios regionales que funcionaron en esos años. Casi inmediatamente empezaron las quejas de los alcaldes, entre ellas las de Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, porque este organismo lejos de manejar un presupuesto totalmente propio, produjo una merma en los ingresos de los gobiernos locales, pues el gobierno central derivó a dicho organismo una parte del Canon Minero y del Foncomun que les correspondía. Además, los alcaldes exigieron ser incorporados a ORDESUR ente al que calificaron de centralista e ineficiente pues las partidas económicas para las obras demoraban mucho.
Finalmente, la historia de FORSUR, la entidad que gestionó la reconstrucción del Sur Chico –Chincha, Pisco e Ica– luego del terremoto de agosto del 2007, es reciente y más conocida como para detenernos en detalles. Lo que sí quisiéramos resaltar es cómo este ente naufragó en medio de los mismos reclamos, demandas y críticas desde los gobiernos locales y regionales ante la ineficiencia y despilfarro de recursos, que se escenificaron en las situaciones anteriores.
En esta lamentable historia de fracasos, ineficiencias y corrupción pareciera que no hay otra manera de hacer las cosas ni aspirar a mejores resultados. Sin embargo, hubo una circunstancia en donde las cosas se hicieron bastante mejor que en los casos citados. En marzo de 1963, la ciudad de Ica sufrió una inundación luego de que el río del mismo nombre se desbordase. En mayo, se creó la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica (CRYDI) para atender a los damnificados, implementando un exitoso sistema de crédito para vivienda que siguió funcionando incluso más allá de la etapa de la reconstrucción.
Pero, gran parte del prestigio de esta entidad se debió a la confianza que generó. La CRYDI fue conducida por personajes de muchísima consideración regional, como José Oliva Razzeto y Alfredo Elías Vargas, entre otros. Posiblemente, en esto reside la clave que las opciones centralistas, tan intoxicadas de «tecnocratismo», no han tomado en cuenta para la buena gestión.
En síntesis; centralizar la reconstrucción no es ninguna garantía de poner los recursos públicos a salvo de corrupción, es una vez más «ningunear» a los gobiernos regionales y locales y ahorrarse esfuerzos por fortalecer sus capacidades, generar situaciones potenciales de conflicto y de uso ineficiente de recursos y, en general, debilitar los esfuerzos por consolidar una democracia más participativa y descentralizada.



desco Opina / 17 de abril de 2017

viernes

Los desastres y las oportunidades



Los desastres causados por los efectos de eventos climáticos extremos como el denominado fenómeno El Niño Costero ha desnudado la vulnerabilidad de nuestra infraestructura urbana y vial así como una deficiente planificación, lo cual viene dejando como saldo muy graves consecuencias. Los recientes titulares se han concentrado en las inundaciones del norte, sin embargo, desde diciembre del año pasado los poblados del este de Lima, cercanos al río Rímac y sus afluentes, también han ocupado titulares al sufrir graves estragos por los huaycos y por la activación de quebradas que han destrozado poblados enteros e interrumpido la Carretera Central y los caminos vecinales en reiteradas oportunidades. El centro del país no ha estado exento de sufrir las inclemencias climáticas tanto en la sierra, como en la selva, siendo los más pobres los más perjudicados. El balance estatal con algunas proyecciones primarias señala cifras aproximadas de los costos de la reconstrucción y de la atención de los damnificados, pero estas cifras no señalan las pérdidas de aquellos damnificados indirectos, invisibles para los cálculos estatales.
La sierra y la selva central se han visto afectados por el cierre de las vías, los agricultores han perdido muchas de sus cargas perecibles; frutas, hortalizas entre otros, pérdidas económicas que muchas veces los imposibilitan para cubrir la canasta familiar y honrar sus compromisos crediticios. Las rutas alternas tampoco ofrecían soluciones porque presentaban restricciones para el tránsito.
Otros sectores afectados son Transportes y Turismo; el primero, por el deterioro o pérdida de unidades a consecuencia del mal estado de las vías, además de la ostensible reducción de los servicios de cargas y pasajeros que se visibilizaba en la disminución de sus ingresos. Por otro lado, si tomamos en cuenta que el turismo hacia el centro del país depende del transporte terrestre, advertimos un serio problema para que el turismo cree nuevos empleos o mantenga los existentes. Todo indica que el fin de semana largo de Semana Santa no atraerá el número de visitas habitual. El impacto económico por la reputación de la confiabilidad de las vías de llegada y de retorno del centro del país aún no ha sido dimensionado.   
En toda esta batahola generada alrededor de las carreteras de comunicación con el centro, tal vez lo más rescatable sea la declaración de emergencia de la Carretera Central. El Decreto supremo 008 – 2017 MTC señala en su artículo primero “Declarar de prioridad y urgencia nacional la elaboración de los estudios de pre inversión y la construcción de la nueva Carretera Central con características de Autopista”. Pareciera que se visibiliza una solución definitiva al problema puesto que la ruta actual es técnica y financieramente insostenible, pero también hay que considerar que se vienen procesos de negociación que van más allá de lo técnico ya que el replanteamiento de la ruta afectará intereses económicos y políticos de importancia interregional. Una nueva ruta modificará el posicionamiento estratégico de algunas jurisdicciones lo que alterará las ventajas comparativas por ubicación.
Los estudios de preinversión deben de iniciarse a la brevedad, lo cual no quiere decir que la solución será inmediata; es de suponer que una obra de esta envergadura trascenderá el período gubernamental del actual Poder Ejecutivo, ni que decir de los gobiernos subnacionales. En primera instancia hay tres gobiernos regionales involucrados; Junín, Lima (provincias) y la Municipalidad Metropolitana de Lima, cada uno con sus propias agendas y compromisos, y por otro lado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que realizará el acompañamiento técnico necesario requerido por dichos gobiernos regionales, durante el desarrollo de los estudios de preinversión.
A todo este grupo de representantes regionales habría que incorporar a los gobiernos locales (provinciales y distritales) que no querrán (ni podrán) mantenerse al margen ya que la salvaguarda de los intereses jurisdiccionales serán reclamados por sus votantes; escenario que se presenta candente para un año pre electoral. Este problema ya se ha convertido en una forma de colocarse en vitrina electoral para los actores políticos regionales. El actual gobernador regional de Junín ya marcó posición sobre el trazo de la futura carretera al señalar que solo aceptarán la que parte de Cieneguilla, propuesta que tendría sentido por su inmediata conectividad con las actuales vías que provienen de la selva central. De todas maneras esta propuesta ya se establece como un primer punto de negociación –o de conflicto– que no sería muy bien recibida por los distritos de Huarochirí que aprovechan su ubicación para ofertar espacios de descanso y esparcimiento cercanos al primer consumidor de turismo interno (Lima metropolitana) y que, con un nuevo trazo, quedarían fuera de un circuito de alto tránsito vehicular que les permite promocionar económicamente el destino.
En definitiva, lo importante es que por causa de los eventos naturales se estarían buscando opciones más duraderas para los inconvenientes de la actual Carretera Central. No obstante, la solución perdería sentido de oportunidad si por causa de algunas posturas intransigentes se convierte en causal de conflictos interregionales que prolonguen los procesos de negociación, extendiendo aún más la solución de un problema que ya tiene muchas décadas desatendido.

desco Opina - Regional / 7 de marzo de 2017
Programa Regional Centro

Flores inmediatas… ¿temblores futuros?



Las últimas encuestas, ratifican lo que varios percibían desde la semana anterior: la respuesta gubernamental a la emergencia que enfrentamos, le ha dado réditos inmediatos. La aprobación de un gabinete que finalmente se mostró como proactivo y dinámico en los mismos territorios del desastre, subió 7 puntos, alcanzando un 30%, a la par que veía disminuir su desaprobación en 6 puntos. El Presidente del Consejo de Ministros, que finalmente encabeza la respuesta, también gana 4 puntos y logra una mejor evaluación que su propio gabinete en todas las regiones del país, fortaleciendo su imagen. Es cierto que el Presidente no logra igual crecimiento y por el contrario, su desaprobación se incrementa en dos puntos, pasándole factura por algunas declaraciones contradictorias, como el eventual nombramiento de un zar de la reconstrucción.
En el corto plazo, como resultado de su acción, el gobierno ha recompuesto su imagen, probablemente ha salvado al ministro Vizcarra de la censura y ha recuperado iniciativa, mejorando su comunicación con la gente. La activación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), liderado por el Premier y sus ministros, además de ordenar la intervención gubernamental, ha facilitado y mejorado la relación de la actual gestión con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya acción en el desastre es reconocida por la población y mejora indudablemente sus bonos. Individualmente, quien más pierde sin ninguna duda, es el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien ve cómo su aprobación ya no es en caída, sino en desplome. Cae 13 puntos en general, que ascienden a 17 puntos en los estratos D y E.
Nacionalmente, quien pierde sin duda es la oposición, especialmente el fujimorismo, que se ve obligado a ralentizar la estrategia de crítica y demolición a la que parecía encaminarse y se enfrenta, con dificultades, al sentido común que demanda hacer fuerza para unirse al proceso de atención a la emergencia, tanto como a la masiva y espontánea movilización de la solidaridad de la gente, que desborda y esconde la acción clientelar que varias figuras naranjas intentan, fieles a su larga tradición. En el mar revuelto de esta agrupación, quien sale mejor parado es Kenji Fujimori, quien audazmente apareció en el centro de acopio instalado en Palacio de Gobierno, sonriendo con la señora Lange y mostrando un cartel que decía «una sola fuerza», obligando a los «duros» recién llegados (Alcorta y Galarreta), a ensayar confusas explicaciones, como ya ocurriera con el caso Sodalicio.
En este escenario, conviene preguntarse por la sostenibilidad venidera del repunte gubernamental. La reconstrucción que estamos obligados a abordar como país puede ser una oportunidad, pero también una gran trampa de arena. Pasada la emergencia en unas semanas más, la proactividad del gobierno no bastará para responder a las demandas crecientes de las víctimas, que inevitablemente empezarán a encontrarle responsabilidad en los problemas que seguirán enfrentando y, simultáneamente tendrá que responder a las críticas y las denuncias de una oposición que buscará recuperar la iniciativa perdida. Pero también tendrá que lidiar con las exigencias y los malestares de alcaldes y gobernadores regionales, dejados de lado en la emergencia nacional por las autoridades nacionales, pero lo que es más grave, percibidos genéricamente como incapaces y corruptos, olvidando que la procesión atraviesa a todo el Estado, como lo evidenció el vergonzoso caso de la ex viceministra Santa María.
Para que tanto la catástrofe de El Niño Costero, como el huaico de la corrupción hoy día cubierto piadosamente por la emergencia nacional, devengan en oportunidad para el gobierno y el país, es indispensable asumir el virtual colapso que arrastra nuestro Estado desde décadas atrás, tanto como las debilidades y fragmentación de nuestra sociedad, tal como intentara establecer un ministro de este gobierno, semanas atrás. La falta de planeamiento básico, la ausencia de previsión frente a fenómenos cíclicos, el irracional y recurrente desafío a la naturaleza así como el desorden de nuestro territorio, son responsabilidades acumuladas por el Estado a lo largo de décadas. No son ciertamente responsabilidad de este gobierno, pero tampoco se van a resolver simplificando la tramitología, multiplicando las alianzas público privadas sin control, excluyendo a la población de los territorios afectados y a sus autoridades de las decisiones que exige la reconstrucción.


desco Opina / 31 de marzo de 2017