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El sur posaislamiento


Las medidas de aislamiento social dictadas por el presidente Martín Vizcarra para contener el contagio masivo del nuevo coronavirus han sido saludadas, no solo por grandes sectores en el país, sino por expertos en otros lados del mundo. También queda claro que Perú no podrá escapar de la recesión económica mundial que se viene, ciertamente con sus particularidades: una economía con el 72 % de informalidad, dependiente en un 60% del mercado externo y cadenas económicas frágiles en provincias y, simultáneamente, uno de los países con mayores márgenes de decisión por su situación económica.
El 13 de abril no volveremos a la normalidad, como muchos están pensando. El aislamiento social continuará y las restricciones para la movilidad interna también, sobre todo porque la mayoría de contagios del virus están focalizados en la capital y hay solo un departamento que aún está libre del virus (Puno) de los libres del sur que había hasta la semana pasada (Apurímac, Moquegua y Puno), mientras el número de casos confirmados en otros departamentos del sur son bajos y están controlados. La incertidumbre por los contagios está haciendo que algunas provincias del sur comiencen a cerrar sus accesos, salvo para el transporte de alimentos, como Sánchez Cerro (Moquegua), o que estén con las alertas al tope, como Santa Lucía (Puno), por el transporte ilegal de pasajeros en estos días de confinamiento.
Si bien estamos seguros que no tendremos problemas de desabastecimiento alimentario, pues felizmente en el sur tenemos un movimiento agrícola y pecuario muy dinámico a pequeña y gran escala, hay sectores económicos que se verán afectados. Por nuestro quehacer institucional nos preocupan dos en particular: el turismo rural y la producción alpaquera.
Respecto al primer sector, sin duda el Valle del Colca será grandemente afectado. Aún no es claro a qué se dedicarán todas las personas que han invertido en diversos negocios de servicios al turista, como casas vivenciales, restaurantes, guías, artesanías etc. En estos días vimos un ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos: los habitantes de la isla de Uros retornando a sus actividades ancestrales para vivir mientras la actividad del turismo está detenida. ¿Cómo harán otros emprendedores del turismo rural en otras partes de Arequipa, Cusco y Puno? En breve lo sabremos. Aún no se avizoran políticas de nivel regional que puedan atender este problema. Es momento de revalorar la importancia de la pequeña agricultura, que predomina en el Valle del Colca y que tradicionalmente abastece a la ciudad de Arequipa, para que se constituya en una alternativa de compensación a la previsible caída del turismo.
Pero, sin duda, el golpe más duro lo recibirá el sector alpaquero. En la Macrorregión sur se calcula que hay 64 800 familias dedicadas a la crianza de camélidos sudamericanos domésticos (Cenagro 2012). Ya a finales del año pasado, el precio de la fibra había caído estrepitosamente a 8 soles la libra, luego de estar a 18 soles al comenzar el 2019. Es muy probable que muchas compras del extranjero se cancelen, teniendo en cuenta que el principal mercado de la fibra se concentra en China, Italia y Estados Unidos, tres de los países más golpeados por las consecuencias del covid-19. Tenemos el antecedente de la crisis financiera del 2008, cuando el precio de la fibra cayó a 3 soles la libra de fibra blanca y su recuperación tardó varios años. Se debería esperar que entre las medidas que el gobierno viene organizando para enfrentar la crisis, se considere a este sector con políticas para las compras estatales de fibra y la mejora del sistema de comercialización de la carne de camélidos que abastece el mercado interno.
En el caso de la fibra de alpaca, esperamos que las misiones comerciales en los países compradores cumplan un rol dinámico en la promoción y recuperación de este mercado y brinden información acerca de su evolución y que, complementariamente, se impulsen las compras estatales de fibra como se hizo en anteriores oportunidades para la confección de chompas escolares, por ejemplo. En el caso de la carne, serán importantes las acciones del Minagri para mejorar el sistema de comercialización con un rol muy activo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para potenciar este recurso como fuente de ingreso de los criadores, previniendo así su descapitalización con una saca planificada. Nos queda pendiente la pregunta ¿Cuál será la reacción del empresariado dedicado a la confección con estas fibras?, la respuesta es incierta.
La ministra de Economía, María Antonieta Alva, anunció recientemente que el gobierno está preparando un plan para contener y reactivar la economía, que por lo poco que se conoce se centrará en facilidades a las empresas para acceder a préstamos, que seguro ayudarán a sobrellevar la crisis a grandes empresas y a algunas pequeñas, pero hay otros sectores (empresas familiares, asociaciones productivas) que quedarían fuera del plan. También se anunció un incentivo a las empresas para que no despidan personal, solventando el 35% de la planilla de trabajadores que ganen menos de 1500 soles. ¿De qué les sirven estas medidas a las personas a las cuales se les cierra el mercado?
Se vienen tiempos feroces.

desco Opina - Regional / 6 de abril de 2020
descosur

viernes

A propósito del coronavirus


Como era relativamente previsible, el Presidente Vizcarra anunció la prolongación de la cuarentena y el estado de emergencia en el país. La tragedia global que vivimos a partir del Covid-19 recién está empezando y es claro que en el mundo tenemos para rato con una crisis que llena a la humanidad del planeta de inseguridad e incertidumbre, en la que se combinan una pandemia que parece fuera de control, el consiguiente colapso de una economía que en el último año no lograba esconder ya los malestares de las poblaciones de distintas sociedades ante las desigualdades y exclusiones que alienta, así como un escenario en el que en la mayoría de países se ha tenido que llamar a policías y militares para garantizar el aislamiento de la gente.
En nuestro país, la oportuna respuesta del Presidente y el Ejecutivo, les ha permitido construir un liderazgo que era indispensable para enfrentar la situación. Más allá de sus debilidades políticas y de capacidad de gestión, lidiando con carencias estructurales en un sistema de salud que es la última rueda del coche en un Estado ya bastante precario y con una institucionalidad pobre y carente de especial legitimidad, las primeras decisiones fueron correctas y apostaron por aplanar la curva del incremento de los casos, tratando de disminuir el ritmo de contagios y asignando de la mejor manera posible los pocos recursos disponibles.
Decretado el aislamiento social, el gobierno tuvo la sensibilidad de preocuparse por distintos sectores vulnerables. El denominado bono 380 –destinado a los pobres urbanos– sin duda fue una decisión importante, como lo fue la ampliación de su cobertura; pero es obvio que no alcanza, más allá de los problemas para su gestión. Vastos sectores informales, los trabajadores independientes, las familias rurales y la migración venezolana son parte de sectores que hay que atender, máxime cuando el aislamiento y la emergencia se prolongan indefectiblemente.
La velocidad de la respuesta no obstante sus limitaciones, el liderazgo evidenciado entonces, así como la comunicación diaria del mandatario y sus ministros con la ciudadanía, explican los resultados de la última encuesta: 87% de aprobación del Presidente, 95% de acuerdo con el aislamiento, 96% con el toque de queda y 83% convencido de que el aislamiento se prolongaría después del 30 de marzo, como efectivamente ya se estableció. Ello, pese a la ostensible debilidad del gobierno que simultáneamente, presionado por la gran empresa, decidió exceptuar a la minería y la agroindustria de las medidas de aislamiento social y se limitó a pedirles a los bancos contemplar el tema de deudas e intereses, no obstante las millonarias utilidades que declararon el 2019. La asertividad presidencial le granjeó reconocimiento incluso entre sus críticos.
Si la responsabilidad y la disciplina social de la gente nos sorprendieron a muchos, dado el peso dramático de la informalidad y la fragmentación social en el país, el comportamiento abusivo de varias grandes empresas, no todas ni la mayoría por cierto –incrementando desmesuradamente los precios de sus pasajes, obligando a sus trabajadores a laborar, pretendiendo terminar el vínculo con ellos o alterando tramposamente sus precios–, evidenció su fe en que salvo el negocio y la ganancia en cualquier situación, lo demás es fantasía. Del primer impacto de la crisis y distintos sectores haciendo compras masivas «de pánico», a solidaridades elementales, ciertamente hubo un cambio importante, que coexiste con la anomia e irresponsabilidad (más de 20,000 detenidos por no acatar el toque de queda).
En este escenario, la prolongación de la cuarentena, que resulta imposible no compartir, nos pondrá frente a nuevos e inmediatos retos. El Ejecutivo tendrá que lidiar con un Congreso que quiere hacerse sentir y no deja de parecerse al anterior, que deberá aprobar las facultades extraordinarias que está pidiendo para seguir manejando la crisis; también tendrá que lidiar con las grandes limitaciones de la coordinación intergubernamental y las capacidades de los gobiernos subnacionales –los aliados más constantes del gobierno– que empiezan a tomar algunas decisiones propias, generando alguna confusión entre la gente.
Más importante aún. Tendrá que gestionar las necesidades, temores e incertidumbres de millones de peruanos, los más vulnerables frente a la crisis, a quienes la prolongación del aislamiento los pone en una situación más difícil y dramática aún que la que vienen sobreviviendo estos quince días. En materia de seguridad, tendrá que seguir lidiando con lo difícil que nos resulta respetar la ley, por un lado, pero por el otro, ejercer la autoridad, respetando derechos elementales de la gente, como lo ha evidenciado un caso reciente en Sullana –un detenido que infringió el toque de queda, innecesariamente golpeado por un militar– que mereció la patética reacción de otra autoridad, el alcalde provincial, defendiendo la acción.
En un plazo mayor, es claro que en el futuro, en el mundo y el país, las cosas no podrán seguir siendo lo que han sido. La «normalización» de lo que estamos viviendo puede llevarnos más fácilmente de lo que creemos a formas de vigilancia «digital» que nunca imaginamos –fue la estrategia de China y Corea del Sur– o a formas de aislamiento nacionalista y defensa irrestricta de supuestas soberanías, como lo insinúa el discurso de Trump.

desco Opina / 27 de marzo de 2020

El Plan de acción por la infancia en Junín



El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia - PNAIA 2012-2021 se aprobó el 2012 a través del Decreto Supremo N.º 001–2012-MIMP, precisando que los gobiernos regionales debían elaborar sus respectivos instrumentos de gestión como los planes regionales. De esa manera, se buscaba darles una herramienta que les permitiera optar por alternativas y métodos según los problemas y desafíos que presentaba  la infancia y adolescencia de cada territorio.
Sin embargo, pasados los años, las acciones no parecen conducirse con objetivos previamente establecidos. En muchas regiones no existe un PRAIA y Junín era una de ellas. En el 2016 venció la vigencia del plan regional y el proceso de actualización recién se inició a finales del 2019. De esta manera, el plan será presentado en breve, después de un proceso asesorado por descocentro y conducido por el Gobierno Regional de Junín, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y eje de infancia, direcciones regionales de Salud, Trabajo y promoción del empleo y Educación, además de otras entidades públicas como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú. El proceso contó con la participación activa de niños, niñas y adolescentes de la región Junín.
El PRAIA Junín otorga importancia puntual a tres ejes:
(i)            Salud: la desnutrición crónica infantil afecta al 19.2% de la población de dicho grupo etario, y al 2019 Junín continúa ocupando el cuarto lugar a nivel nacional en anemia infantil con 52.7%, a pesar de que en un año se ha disminuido en 4.4% (ENDES 2018);
(ii)          Educación: la educación inicial de 3 a 5 años tiene una tasa neta de asistencia en un 84.6%, y a nivel de educación primaria la tasa neta de asistencia de las niñas y niños de 6 a 11 años fue de 93.5% (ENAHO 2017).
En lectura el 38.3% de las mujeres obtuvieron un nivel aceptable frente a 37.9% de los hombres. En matemática, los hombres alcanzaron un 40.4% frente a 35.8% de las mujeres.
(iii)         Violencia escolar: los casos de violencia escolar reportados en el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia Escolar (SISEVE) durante el periodo 2013 – 2019 en la región Junín ha aumentado: en el 2013 se reportaron 4 casos de violencia física, en el 2019 se alcanzó los 270 casos; la violencia psicológica pasó de 2 casos a 186 y la violencia sexual de 1 caso a 107. En total se reportaron 563 casos en el 2019. Entre otros temas, el resumen de los indicadores señalados son los que aborda este instrumento, que no solo se queda en el nivel de identificación de propuesta, sino que contiene alternativas de solución con metas cuantificables en un periodo determinado.

Por todo lo mencionado, el PRAIA Junín se convierte en un instrumento que sintetiza las diversas problemáticas de los niños, niñas y adolescentes. Además, es integral porque abarca todas las áreas del desarrollo de este grupo etario, estando asociada al crecimiento perceptivo, lingüístico, físico, mental, emocional y social.
En ese sentido, es deber del Gobierno Regional, aprobarlo a través de ordenanza regional e implementar las acciones. El PRAIA resume el compromiso individual y colectivo para disminuir las brechas que afectan el desarrollo adecuado de niños, niñas y adolescentes.

desco Opina - Regional / 20 de marzo de 2020
descocentro

La emergencia como agenda política del Gobierno


La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado como pandemia al coronavirus (Covid-19). En Perú, ya ascendió a 28 el número de casos confirmados de personas infectadas, aumentando los niveles de alarma que los medios de comunicación potencian, pero también la completa seguridad que tenemos todos los peruanos de la poca operatividad que muestra el sistema de salud, hoy y siempre.
Esta situación no hace más que confirmar que las acciones del Presidente no forman parte de una estrategia de prevención, porque el Estado peruano no tiene medios necesarios para ello. Como ejemplo trágico, miremos lo que sucedió semanas atrás cuando un hospital de emergencias, de categoría nacional, colapsó cuando se presentaron 50 heridos por la deflagración ocurrida en Villa El Salvador. Igualmente, cuando ocurrió un hecho tan execrable como la violación y asesinato de una bebé, buscó que se le prestara atención sugiriendo que la vuelta de la pena de muerte era  una opción que debe ser analizada ”.
En esa línea, vemos que en el mundo oficial del país pocos se conmueven con la propagación del dengue, que ya cobró 22 víctimas mortales y más de doce mil infectados en lo que va del año, registrados mayormente en zonas amazónicas. Y ni que hablar de los casos de niños contaminados con plomo en la sangre por la actividad minera en Pasco.
No nos engañemos. El Presidente se mueve de acuerdo a lo que las marquesinas y el show mediático le ofrecen como oportunidad para sostener su gobierno, con el único objetivo de sobrevivir hasta julio del 2021, cuando le toque dejar el cargo que asumiera cuando Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia hace casi dos años.
Así, vamos sumando una serie de problemas sanitarios y de salubridad, que alimentan nuestra profunda desconfianza hacia el Estado y facilita enormemente que cualquier ocasión, como la originada por la presencia del coronavirus, genere acciones colectivas de pánico, como las que experimentamos estos días.
Es decir, el «problema» no es que se nos «capacite» para conducirnos en situaciones de emergencias y buscar sanciones morales a los que no lo hacen. Las emergencias no son tales entre nosotros, porque son parte de nuestra cotidianeidad: estamos permanentemente en emergencia dadas las condiciones deplorables en las que vivimos como sociedad, no solo en torno a la salud, sino en muchos otros aspectos relacionados con los derechos de los que estamos privados –sobre todo las poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza que son las más vulnerables– como ciudadanos. A ello hay que agregarle la absoluta incapacidad de respuesta que tiene el Estado.
En este contexto, resulta paradójico que el Presidente anuncie con bombos y platillos la designación del año 2020 como el “Año de la Universalización de la Salud”, título poco adecuado en el marco de todo lo antes expuesto y en el que el foco de atención más allá de la declaratoria de pandemia del Covid-19, debería ser la crisis del sistema de salud a nivel nacional.
A ello se suma el hecho de que el mercado de los medicamentos esté dominado por ciertos grupos de poder; que en el país existan solo 16 camas por cada 10 mil habitantes (sin que se mencione en qué lugar ni el estado de las mismas), comparado con otros países como Chile con 21 camas, Brasil con 24 y España con 32, para el mismo número de habitantes. O como en Canadá, por ejemplo, que dispone de 16 médicos por cada personal administrativo; mientras que en el caso del Perú la situación se invierte, pues hay solo un profesional médico por cada 3 administrativos. Toda esta situación no hace más que develar un sistema incapaz de atender a una demanda que, con o sin pandemia, se encuentra colapsado, pero que no tendrá la atención del mandatario de turno mientras que no sea portada de medios; por ello nos atrevemos a afirmar que más que un gobierno que planifica la llegada del bicentenario, es una estación de bomberos que demostrará su capacidad de apagar incendios con fecha de vigencia hasta el 28 de julio del 2021.


desco Opina / 13 de marzo de 2020