viernes

Caldo de cultivo



Desde casi hace un año en el Perú vivimos atrapados en un enfrentamiento entre el Poder  Ejecutivo y la mayoría que controla el Poder Legislativo, sin puentes que permitan estabilizar la gobernabilidad. Si bien el reciente episodio de retiro de confianza al ministro de Economía se ve como más de lo mismo, lo cierto es que es un ambiente cada vez más enrarecido.
Por un lado, el mito del «gabinete de lujo» ha naufragado en un descomunal desorden, expresado no solo en marchas y contramarchas como las de Chinchero, o en las continuas concesiones al chantaje fujimorista, sino en una preocupante parálisis económica. El fujimorismo, por su parte, no parece interesado en medir el costo político de sus agresiones al gobierno de PPK y es incapaz de levantar propuesta alguna o de usar su fuerza en el Congreso para algo que no sea entorpecer al Ejecutivo y restarle oxígeno al gabinete Zavala.
Mientras ello ocurre, las calles y la vida cotidiana del país nos llenan de señales del malestar en la ciudadanía, que sin embargo, no merecen suficiente atención en los medios o en la agenda política gubernamental. Es como si en el país que habitan PPK y el fujimorismo no existieran damnificados por los efectos del Fenómeno de El Niño Costero en el norte del país –quienes aún no sienten la ofrecida Reconstrucción con Cambios–, como si no estuvieran en curso los paros regionales de Tumbes y de Andahuaylas, o como si no estuviera sobre la mesa la llamada «Ley Pulpín 2», punta de lanza de una seria reforma en materia laboral.
Se podría creer que la desconexión entre la política del centro de Lima y la del resto del país, o el inmovilismo en materia económica son dos flancos por los que se podrían abrir paso fuerzas que cuestionen el estado de cosas y propongan salidas que incorporen las demandas de la gente. Pero la verdad es que quienes están fuera del choque entre el gobierno y el fujimorismo, son incapaces de abrir un debate serio y responsable que, entre otras cosas, discuta los límites de la política económica actual y le dé protagonismo a las necesidades de la gente. La izquierda parlamentaria, ocupada en sus minúsculos conflictos internos, se ha mostrado incapaz de representar con altura a sus electores.
¿Es posible alguna salida positiva de este estancamiento? ¿Cómo darle lugar a las demandas reales por empleo, mayores ingresos y seguridad? Si la queremos democrática, la salida deberá alimentarse de una creciente participación de los sectores medios y populares. Es urgente por ello que quienes creen representar a estos sectores asuman compromisos de movilización ciudadana y se muestren como opción. De otro modo, seguirán su avance quienes pretenden representar no los intereses, sino los miedos de la gente, alentando el conservadurismo moral, la misoginia, la homofobia, la xenofobia y el racismo, alimento del fascismo social que está engendrando esta desconexión entre sociedad y política.

desco Opina / 23 de junio de 2017

La reconstrucción es cosa seria



Las dimensiones del desastre tras el Fenómeno El Niño Costero (FENC) 2017 exceden lo que los analistas económicos estiman y van mucho más allá de la caída del PBI nacional. Son 185 873 damnificados, 242 433 viviendas inhabitables o colapsadas, 549 puentes destruidos o desplomados, 2150 colegios afectados; y dañados 6477 kilómetros de vías, 60 400 hectáreas de cultivos y 45 335 canales de regadíos. También son “damnificadas” cientos de municipalidades cuyos locales han quedado destruidos, perdieron su patrimonio y parte de su acervo documental, además de sus ingresos regulares (impuesto al patrimonio predial, por ejemplo).
El FENC, como otros eventos de la naturaleza provoca desastres, principalmente por la falta de prevención. Al focalizar el interés nacional en las zonas y poblaciones afectadas, se evidencian problemas preexistentes e históricos como la pobreza, la exclusión y la profunda desigualdad en nuestra sociedad. Por ello, creemos que la reconstrucción debe trabajar no solo para resolver la situación inmediata en las zonas afectadas, sino en cómo cambiar de raíz los factores que producen el desastre.
Para ello no solo es indispensable contar con un buen diagnóstico de daños, es necesario también enfrentar los puntos ciegos de las políticas de reconstrucción que hemos implementado en el pasado: los planes de desarrollo y los catastros urbanos pierden vigencia luego de un desastre y resulta indispensable actualizarlos o formular nuevos, así como proyectos a ser trabajados con participación de la sociedad desde el nivel local junto al respectivo gobierno regional o central. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las familias no esperan y «reconstruyen» en las mismas condiciones: con informalidad y sin asistencia técnica. Sin Estado.
El gobierno anunció que a fines de junio contará con un catastro final de daños y que el Plan de Reconstrucción Con Cambios se presentará en agosto. Se ha previsto disponer de Oficinas de gestión de proyectos (PMO) en una perspectiva de trabajo de al menos tres años. La primera etapa prioriza seis regiones: Tumbes, Piura, Lambayeque, La libertad, Ancash y Lima provincias. Pero sabemos que otras regiones como Cajamarca y Huancavelica demandan urgente atención. Sin una gran concertación nacional, difícilmente podremos tener éxito en la tarea, y por lo que se ha conocido del modelo de reconstrucción, los mecanismos de diálogo y representación de intereses de los afectados son los grandes ausentes.
En desco consideramos obvio que se requiere una política pública para las familias que reconstruyen, que admita que en nuestro país estas edifican por su cuenta y tienen problemas legales  que no son «individuales». La propiedad y vivienda de población desplazada debe ser atendida con un enfoque de prevención de riesgos, aunque haya desacuerdos y el proceso sea «más complicado». Las decisiones sobre el uso de suelo y la planificación de espacios, en esta medida, no pueden ser pensados como procesos técnicos: por el contrario, deben atender a la situación de vulnerabilidad individual y social mediante políticas de reasentamiento y relocalización que reduzcan futuros riesgos físicos, pero también respete y evalúe los medios de vida que provee el entorno (creación de empleo, generación de ingresos y calidad de vida).
Pablo de la Flor, encargado de la reconstrucción, debe decidir si será un «zar de la reconstrucción» o una autoridad democrática que funcionará con legitimidad en la coordinación, planificación y promoción de la inversión pública y privada. A las coordinaciones previstas con entidades estatales, autoridades locales y el sector privado, debe sumar el diálogo con las organizaciones de la sociedad, aunque la ley no las contemple: organizaciones de base, profesionales, organismos multilaterales y ONG. Ese es el gran desafío más allá de las cifras y las soluciones «técnicas». Eso será igualmente, ir más allá de promover la gran inversión privada o la participación de la industria de la construcción y sus gremios. Aportar a construir un país de todos y para todos.

desco Opina - Regional / 16 de junio de 2017
Programa Urbano

Con mi soga apretando mi cuello



Son pocas las oportunidades en que la estructura del poder se manifiesta con transparencia. En el 2000, tuvimos una de ellas. Actualmente, se escenifica otro de esos privilegiados momentos.
Entonces, los vladivideos pusieron a disposición de todos –en modo reality show– la podredumbre política de los años 90. Ahora, los audios del contralor general de la República nos revelan la novedosa manera, que ningún politólogo supuso, de construir nuestro check and balance para darnos sustento democrático.
En efecto, nuestros controles no son procedimientos establecidos, rendiciones de cuentas, autonomías funcionales ni nada que se les parezca. Son chantajes y extorsiones. Cada vez más explícitos, además. Si Montesinos le pedía a un vocal supremo dirimente que incline su voto por Yanacocha, en beneficio de los «intereses nacionales peruanos»; el actual ministro de Economía le dice al contralor simple y contundentemente que «debían convencer» al presidente de la República y así, supuestamente, trocar informe a la medida por presupuesto pedido.
A estas alturas, algo incuestionable es la necesaria renuncia del contralor de la República. El señor Alarcón, aferrado al cargo como si tuviera aun alguna «cuestión de honor» que defender, debiera ponerse de lado. Es cierto que una turbia legalidad le favorece pero dada su posición luego de las revelaciones hechas, debe tomar en cuenta que refiere a la misma legalidad que aparece como deleznable ante los ojos de la mayoría de los ciudadanos, por situaciones como las generadas por su acción.
Por otro lado, si creíamos que Chinchero sería el Rubicón que cruzaría el Ejecutivo en materia de contratos viciados de sospechas, en beneficio de escenarios propicios para la inversión en tanto más sinceros y transparentes, no estuvimos acertados.
Una de las funcionarias implicadas, la ex viceministra de Transportes Fiorella Molinelli, había puesto su cargo a disposición dos semanas atrás al desatarse el escándalo alrededor de la adenda del contrato para la construcción del aeropuerto cusqueño. Como recordamos, el informe de la Contraloría recomendaba iniciar acciones legales contra ella y otros funcionarios.
Pese a ello, al Ejecutivo no tuvo mejor idea que designarla como flamante viceministra de Vivienda. Todo un monumento al desatino político, cuestionado inmediatamente por la oposición. Como afirma Marisa Glave (FA), "lo que queda claro es que [el Gobierno] va perdiendo legitimidad".
Aun así, las sorpresas no terminan de darse. Por ejemplo, la desconcertante respuesta del ministro de Vivienda, Edmer Trujillo. Luego de destacar las cualidades profesionales de Molinelli, señaló que debía considerarse la presunción de inocencia: "en tanto una persona no esté sancionada ni esté inhabilitada de ejercer un cargo público, no la podemos inhabilitar”.
¿Qué anuncia las formas que adquirió el caso Chinchero? Primero, que es calco y copia de anteriores situaciones en las que antiguas y sólidas aspiraciones regionales terminaron en cuestionadísimos contratos, cuya base es el diseño de las asociaciones público-privadas (APP). Glave apunta hacia esa dirección cuando señala que, en este caso, el manejo desesperado por sacar a como dé lugar una APP que a todas luces llevaba adelante una empresa que no tenía los fondos ni la capacidad para concretar el proyecto, era simplemente una muestra clarísima de que lo que les interesa son los negocios privados y no el interés general.
En segundo lugar, se evidencia claramente el fracaso absoluto de los sistemas de control del Estado y, por ende, la necesidad de iniciar una reforma profunda de éstos. Lo sucedido con el contralor Alarcón es sólo el último capítulo de un larguísimo cuestionamiento a la institución.
En tercer lugar, emerge la sensación de un sistema político reducido al cubileteo de intereses privados en donde la ciudadanía queda completamente fuera de juego. La tensión entre el Ejecutivo y la Contraloría, remite a la que sostiene el Ejecutivo con el Congreso dominado plenamente por el fujimorismo y todo ello envuelto por las presiones de lobbies y grupos de interés que buscan beneficios particulares de los bienes públicos.
Por lo visto hasta el momento, es difícil suponer que el Ejecutivo de PPK corrija rumbos y encaje en fórmulas políticas que al menos respondan al sentido común. Más que penoso es preocupante estos avatares de un gobierno que aún no cumple su primer año de vida.


desco Opina / 9 de junio de 2017

Cerro Verde, el bien esquivo



A medida que la millonaria inversión de la empresa minera Cerro Verde para la ampliación de sus operaciones se acercaba a su fin, aumentaba la presión para que su contribución con Arequipa sea mayor. Sin embargo, los pedidos de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional, cada uno por su lado, nunca prosperaron. La empresa manifestó que sus pedidos no eran viables debido a la contracción del precio de los metales en el mercado internacional.
Ante esta negativa, al siguiente año (2016) diferentes autoridades se unieron para firmar un comunicado público solicitando a la empresa que no dilate más el proceso judicial por la demanda que la SUNAT interpuso para que paguen las regalías mineras que no abonaron por el proyecto de sulfuros primarios en los años 2006 y 2009, que asciende a más de 800 millones de soles. La minera argumenta que este proyecto estaba contemplado en su contrato de estabilidad tributaria, por lo que se niegan a pagar este concepto, que por cierto es una contribución no tributaria.
Han pasado varios meses de aquel comunicado, y varios de los argumentos de la minera se han ido desbaratando. El último revés para la empresa fue la resolución contra la Acción de Amparo que Cerro Verde interpuso en la Corte Superior de Justicia de Arequipa para anular el proceso por las regalías impagas, lo que allanaría el camino para que la resolución de esta controversia, que se ventila ya en la Corte Suprema, sea positiva para la región.
Sin embargo, durante una sesión descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, una alta funcionaria de Cerro Verde deslizó la posibilidad de que, en caso el fallo les resulte contrario, sumarían las contribuciones hechas a Arequipa por el aporte voluntario y otros para saldar el monto en controversia. Así las cosas, parece que la batalla por estos millones se va a trasladar a otras canchas. Hubo un pedido ciudadano expreso al presidente de la citada Comisión para que se abra un grupo de investigación en el Congreso que vea este caso, y dos congresistas arequipeños, que estuvieron en la sesión, han manifestado su interés en él.
A estas alturas, la discusión sobre la contribución de la minería en el desarrollo ya no es una discusión solo de portadas en prensa, sino una más profunda, que debería de estar presente en las preocupaciones de los ciudadanos, en especial los del Sur, donde se concentran muchas inversiones en este rubro. No se trata de solicitar a las empresas que remplacen el papel del Estado; esta forma de concebir la contribución empresarial ha hecho poco más que poner a prueba los principios de los líderes locales (algunos de los cuales optaron por venderlos o alquilarlos) y mal acostumbrar a la población a recibir dádivas que no ayudan a solucionar los problemas de fondo. De lo que se trata es que las empresas abonen lo justo por las pingües ganancias que obtienen por la extracción de recursos no renovables.
Para una mejor contribución al desarrollo hace falta que el Estado corrija algunas medidas tributarias y que se acaben los contratos de estabilidad, pues el contexto en el que se hicieron, es muy diferente al actual. De parte de la empresa, hace falta una mayor transparencia en sus gastos sociales y ambientales y que conecten con los planes de desarrollo locales. También hace falta que los políticos regionales dejen de atomizar el presupuesto con una visión cortoplacista, cosa que no resuelve nada.
No podemos convertir a la empresa minera, cualquiera que sea, en una autoridad más de la localidad. Para empezar, debemos exigirle que no nos haga ‘perro muerto’. ¡A estar atentos!

desco Opina - Regional / 2 de junio de 2017
Programa Regional Sur