viernes

Sainete sobre el indulto y otros enjuagues



Es claro que no existe ninguna ruta posible que permita jurídicamente –respetando las leyes y la Constitución– indultar al expresidente Fujimori por los crímenes cometidos. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de ser indultado por razones humanitarias. Esto es, acogiéndose a lo reglamentado en el Perú para los reclusos con enfermedad terminal o con grave enfermedad que las condiciones carcelarias agraven, lo que debe ser demostrado. En ningún caso es esa la situación para la aplicación discrecional del Presidente de la República a Fujimori, quien además nunca ha mostrado signos de arrepentimiento ni ha pagado un centavo de la reparación civil que le fijó el Poder Judicial.
Todo parece indicar que los ánimos del gobierno han cambiado y la postura del Presidente Kuczynski ya no es la de un «no» al indulto, claramente fijada cuando fue candidato, ni cuando asumió la presidencia de la República hace más de un año. Ahora abre la posibilidad a lo que ha llamado un «perdón médico» que no existe en el Reglamento de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia.
Muy difícilmente la historia podrá registrar un hecho así como un inexistente “perdón médico” a la aplicación de una decisión discrecional, que sería un error político de gran ingenuidad que provocaría más perjuicios al gobierno y –sin duda– malestar a nuestra nación, que algún avance en la reconciliación en el marco de la ley y la justicia.
El caso, por otro lado, adquirió las dimensiones de un sainete de baja estofa cuando hace pocos días, por decisión del nuevo ministro de Justicia, se modificó la composición de los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales al colocar como presidente de la misma al señor Orlando Franchini Orsi, un exempresario maderero y ferretero jubilado, sin ninguna experiencia en esta materia, quien a sus 92 años de edad aparece en la escena como una broma de mal gusto que concluye con su pronta renuncia y declaraciones del Ministro de Justicia negando el probable indulto.
Nadie puede suponer sensatamente que la aplicación del indulto beneficie el hasta ahora decepcionante gobierno de PPK, y que con ello cambie la opinión de la ciudadanía sobre la escasa popularidad del presidente y su gabinete ministerial. Menos en el horizonte de gobierno restante.
Menos ahora cuando sin grandes críticas, el Congreso ha otorgado mayoritariamente su voto de confianza al gabinete Aráoz que ofrece realizar una «revolución social» en la que muy pocos confían. Y menos las fuerzas de izquierda que votaron en contra. En todo caso, más allá de la confianza otorgada, la mayoría de Fuerza Popular podrá continuar dificultando la acción del Poder Ejecutivo que hasta ahora, por sí mismo, ha sido incapaz de organizar un buen gobierno.
Más bien, tal vez tras bambalinas, en este otorgamiento de confianza al nuevo gabinete pudiera estar un disimulado acuerdo político sobre el tratamiento futuro del affaire “Lava Jato” en el que están implicados de distinta manera Keiko Fujimori, el líder aprista Alan García, y el propio presidente Kuczynski.
Las ocurrencias políticas en las próximas semanas probablemente permitirán evaluar mejor las motivaciones que llevan al gobierno a encontrar un mejor momento para otorgar un indulto, que de producirse, tendrá grave repercusión nacional e internacional. Por lo pronto ya ha sido calificado como una traición al electorado que respaldó la candidatura de PPK y un insulto a la ciudadanía, en particular a los familiares de las víctimas de asesinatos y desapariciones durante el régimen del autócrata, ahora encarcelado en cumplimiento de la aplicación de las leyes que hacen justicia a los crímenes perpetrados.


desco Opina / 6 de octubre de 2017

Lo que dejó la Convención Minera



Si tenemos que resumir en una palabra la sensación que nos dejó la 33 edición de la Convención Minera, es desconcierto. No estamos hablando de su excelente organización, ni del movimiento económico que estimula en Arequipa, sino de muchos de los comentarios y conclusiones del empresariado minero en las conferencias, en los medios de comunicación y otros eventos alternos, cuyo tenor nos hace dudar de la sintonía de este sector con una concepción de desarrollo sostenible para el país. La idea de un empresariado moderno se va al tacho, con lo que leímos y escuchamos durante esos días.
Es innegable la importancia que tiene la minería en la economía peruana, pero lo que aún no puede hacer el empresariado del sector es colocarla en su real dimensión, aplicando en su discurso un poco de autocrítica. Continúa con posiciones maximalistas sobre su poder de contribución en el desarrollo del Perú, alentado por expresiones controvertidas desde el sector estatal, como la del Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, duramente criticado por condicionar la vigencia de los derechos al crecimiento económico.
Como bien apuntó el exministro de Agricultura, Carlos Leyton, durante el foro panel Aporte de la minería al desarrollo regional: los excedentes de la minería, el turismo y la agroindustria, a pesar de realizarse en la zona rural, se orientan a atender los problemas urbanos. Justamente, esta es una observación que el empresariado debería recoger y dejar de lado el papel paternalista que ha asumido para acallar rápidamente cualquier protesta en su contra y asumir un rol de socio del desarrollo con las comunidades donde explota sus recursos.
Respecto al tema ambiental, fueron muy chocantes las declaraciones de Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, desconociendo la existencia de las cabeceras de cuenca como nuestra fuente hídrica, sentenciando que “hablar de `cabecera de cuenca´ es un absurdo. Es un término que no existe en ninguna parte del mundo”, “… resulta que este término es una entelequia: se refiere al lugar desde donde parten los cursos de agua, o sea, donde llueve, y donde llueve es en todo el Perú". Señaló esto como crítica a la aprobación de la Ley 30640, que ordena a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), desarrollar un marco metodológico para determinar qué es una cabecera de cuenca, porque esto supuestamente desalentaría la inversión. El mensaje que leemos entre líneas es que el empresariado quiere explotar minerales sin que medie ninguna restricción.
En descosur estamos lejos de ser antimineros, pero exigimos al Estado que cumpla un rol más activo respecto a la recaudación de impuestos de este sector. Es momento de hacer un balance sobre la vigencia de las facilidades tributarias y contratos de estabilidad que tiene el empresariado minero. En este sentido, es necesario hacer un análisis de cuáles han sido las ganancias del sector respecto a sus niveles de inversión, viendo además cuánto de ese capital ha ido afuera y cuánto se quedó en el país. Estamos seguros que durante el boom minero –periodo en el que la demanda y los precios de los minerales subieron como espuma– el Estado pudo recaudar más dinero si hubiera ajustado las normas o creado nuevas directrices como un impuesto a las sobreganancias, pero los gobiernos de turno durante ese periodo se acobardaron y se decidieron por medidas más cosméticas como el Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo «aporte voluntario». Hacer un balance y un análisis como el que recomendamos, nos ayudaría a tener evidencia para exigir cambios.
En Arequipa y el sur, se localiza más del 50% de toda la cartera de proyectos mineros a nivel nacional. Justamente, es en esta parte del país donde la inversión estatal recibió un fuerte aporte del sector durante el boom minero; pero hemos visto como la corrupción y la ineficiencia de sus autoridades jugaron en contra del ciudadano, desperdiciando esta fase de bonanza. Creemos que la deuda más grande de este periodo ha sido no haber trabajado en la diversificación de actividades productivas y el fortalecimiento del mercado interno, para no ser tan dependientes de la minería e ir creando las bases para un desarrollo sostenible social, económico y ambiental. ¿Se animará PPK y su gabinete a hacer algo al respecto?

desco Opina - Regional / 6 de octubre de 2017
Programa Regional Sur

De indultos médicos y otras fantasías



Recompuesto el Gabinete ministerial, evidenciando por enésima vez que el Ejecutivo no tiene un rumbo político claro, que no sea salvar circunstancialmente el pellejo hasta la próxima crisis, las tintas volvieron a cargarse respecto al indulto a Alberto Fujimori.
Fue ocasión para volver a escuchar la letanía de la inexistencia de un argumento jurídico válido sin que menoscabe el estado de derecho. Pero, PPK ya había adelantado temerariamente que el asunto era, en realidad, «médico», abriendo nuevamente la posibilidad de que ocurra en un plazo más o menos inmediato. “Esto no es un indulto, es un perdón médico. Eso está exclusivamente determinado por la opinión de médicos de primer nivel que verán cuál es el estado de salud del expresidente Fujimori”, señaló el Presidente.
Más allá de la sorprendente manera como el Mandatario presentó su argumento, sin asidero lógico alguno, queda pendiente una cuestión decisiva que no es legal ni médica, sino política. ¿Cuál es la necesidad de PPK para sacar a Fujimori de prisión, aun cuando no procede dada la naturaleza de los delitos por los que ha sido condenado?
Una primera consideración es que Keiko Fujimori, aunque nunca fue transparente, consideraba que su padre no debía ser indultado porque no había nada que perdonar en su caso. Precisando, afirmaba que la libertad de Alberto Fujimori debía darse mediante la vía legal y constitucional.
El procedimiento es explicado por el constitucionalista Aníbal Quiroga. Señala que ni el indulto ni la amnistía pueden darse, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, afirma que la sentencia a Fujimori sobrecalificó la tipificación de los delitos, convirtiendo el homicidio calificado y secuestro agravado en delito de lesa humanidad.
Esto fue un exceso, dice Quiroga, porque esta sobrecalificación “no consta en la autorización de la extradición chilena, ni en la denuncia penal subsecuente, ni en la acusación del fiscal que debe ser parámetro de la sentencia”. Luego, el Tribunal Constitucional revisaría el caso con un habeas corpus y, salvo el voto del magistrado José Luis Sardón, el fallo mayoritario confirmó la condena por lesa humanidad.
Ante este escenario, el constitucionalista plantea que la única solución jurídica pasa porque el Perú eleve una consulta vinculante a la CIDH para que sobre la base de su interpretación de la Convención y su jurisprudencia, defina la procedencia del indulto en el caso de AFF, con todos los antecedentes de su singular caso.
Como vemos, la vía jurídica está prácticamente cerrada y, por lo mismo, la idea de Kenji Fujimori –indulto humanitario– está fuera de lugar, así como todas las modalidades que remiten de una u otra forma a las condiciones de salud del reo como causa suficiente, incluyendo la de PPK.
Sin embargo, surgió un amague que esperó reacciones para buscar dar un segundo paso en la dirección que sugería. Otro constitucionalista, Enrique Bernales, planteó que “La humanidad no está por debajo de lo legal. Lo legal está subordinado al servicio de la humanidad. Mucha gente cree que hay que aferrarse a la ley aunque la ley mate, y eso es la negación de la individualidad y de la naturaleza del ser humano. Ahí tenemos que ser claros y tajantes, le guste a quien le guste. Y si no les gusta a otros, pues allá ellos”. Como vemos, allí es donde parece inscribirse la peregrina posición presidencial del «indulto médico».
El defenestrado premier Fernando Zavala había declarado que el indulto a Alberto Fujimori no formaba parte de la agenda política del gobierno, en junio de este año. Tremendo error. Por supuesto que debió estar en la agenda del Ejecutivo y a estas alturas debe tener muy presente por qué. Que el tema fuera una prioridad política no significaba que el gobierno estaba obligado a excarcelar a AFF.
En otras palabras, lo que el expremier y el Presidente de la República debieron tener claro era que se indulte o no a Alberto Fujimori, el comportamiento de la bancada fujimorista no variaría sustancialmente, Kenji Fujimori no arrastraría tras de sí a un número significativo de congresistas de Fuerza Popular, ni las relaciones Ejecutivo-Legislativo serían diferentes. En suma, lo que tenía que comprender PPK es que el problema fundamental es su débil gobierno.
La administración gubernamental de PPK se deshace por sí sola justo cuando le toca manejar una economía que pasa del enfriamiento a la frigidez, mostrar capacidades para gestionar la reconstrucción del norte y, sobre todo, sortear los tremendos impactos que provocan los sucesivos indicios y pruebas de alta corrupción que comprometen a sus antecesores y, susurran algunos, a él mismo. En todo caso, vaticinan que luego de la visita del Papa, en enero, todo cambiará. Así sea.

desco Opina / 29 de setiembre de 2017

sábado

Alpaqueros de la sierra central en tiempos de cambio climático



Perú integra la lista de los países más susceptibles a los embates del cambio climático, cuyos efectos negativos son percibidos en la actualidad sobrepasando los límites permisibles para la crianza alpaquera. La sierra central soporta hoy un clima sumamente agresivo con variaciones extremas imprevisibles en la alta puna (-20 ºC), presencia inusual de vientos, granizada, lluvias a destiempo, sequía, veranillos prolongados, enfermedades nuevas, entre otras consecuencias negativas del cambio climático. Las sociedades alpaqueras siempre han vivido adaptándose a la variabilidad climática y a la presencia de eventos extremos; sin embargo, hoy estos son más imprevistos y crueles que los registrados históricamente en el mundo andino.
En este contexto –y en más de una ocasión– las autoridades han declarado el estado de emergencia en varias provincias; sin embargo, las acciones son temporales, insuficientes y no mantienen la continuidad necesaria. Frente a ello, los alpaqueros por iniciativa propia vienen desarrollando una serie de acciones paliativas para proteger la crianza: construcción de dormideros abrigados, elaboración de protectores para cada una de las alpacas, rotación de canchas y efectuando mejoras en la gestión de las praderas andinas, entre otras prácticas; las cuáles no son suficientes para mitigar y adecuarse a estos nuevos escenarios climáticos. Pese a que desde el Estado se ha fomentado y puesto en práctica algunas iniciativas como la construcción de cobertizos, la dotación de heno en pacas, la provisión de multivitamínicos y kits de productos veterinarios a fin de proteger a los animales para que resistan eventos extremos, estas no han sido suficientes ni menguado en gran medida los daños severos del clima.  
Consecuentemente, las comunidades alpaqueras siguen sumidas en la pobreza y extrema pobreza, dado que no han logrado desarrollarse integralmente ni superado las precarias condiciones de crianza. Entre otros factores debido al lento proceso de innovación tecnológica, carencia de asesoría adecuada, deficientes infraestructura productiva y de manejo ganadero, ausencia de recambio generacional en los criadores, fragilidad institucional y organizativa, y deterioro del medio ambiente; todo ello sumado a otras limitaciones sociales, económicas y políticas. Bajo este contexto la crianza de alpacas está lejos de ser considerada una actividad rentable y competitiva; más aún cuando el subsector alpaquero no ha sido priorizado por el gobierno nacional, regional ni por los gobiernos locales de turno, quedando rezagado su desarrollo frente a otras especies ganaderas.
Existen experiencias exitosas de bajo costo que pueden ser replicadas masivamente como aporte tecnológico al subsector alpaquero, como la desarrollada por desco para reducir el número de pérdidas de crías, por ejemplo. En esa línea, las políticas sectoriales deberían considerar planes, programas y proyectos que contemplen mecanismos para la adaptación y mitigación de los efectos negativos del cambio climático. Adicionalmente, priorizar la atención al subsector alpaquero en temas vitales como son el manejo de los recursos hídricos (gestión social del agua) a fin de asegurar la alimentación de los camélidos con buenos pastizales, el diálogo tecnológico y el empoderamiento del productor, la dinamización de la cadena de valor de la fibra, entre otros aspectos.

Debemos señalar que el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen del proyecto de ley que declara de necesidad pública e interés nacional la creación e implementación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos como organismo descentralizado, autónomo y adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Esperamos que esta iniciativa apunte a proveer mecanismos que permitan convertir la crianza de camélidos en una actividad rentable y competitiva que redunde en la  reducción de los niveles de pobreza de los alpaqueros y logre mejoras sustantivas en su calidad de vida.

desco Opina - Regional / 22 de setiembre de 2017
Programa Regional Centro