viernes

Gobiernos regionales en Huancavelica y Junín: los primeros cien días



Los cien días iniciales de gestión en los GR de Huancavelica y Junín, se podrían asociar con la soledad que los gobernadores regionales y sus gerentes deben sentir ante lo injusta que parece la vida cuando, antes de cumplir medio año de gobierno, las críticas son de una gran ferocidad, especialmente en el segundo caso.
Un primer aspecto que habría que resaltar de este periodo, son las actitudes de los gobernadores frente a las gestiones anteriores; en Huancavelica esta actitud es discreta, si bien es cierto hay investigaciones en curso, no es tema central en el quehacer del gobernador regional. Junín presenta otro contexto, ya que la nueva gestión se está centrando en investigar lo que dejó la anterior, además de tener un fuerte respaldo de la prensa regional.
Un segundo elemento a destacar en el marco de estos primeros cien días de gestión, son las políticas y programas enmarcados en aspectos sociales, económicos, ambientales e institucionales.
-    (i)  En Huancavelica, se han anunciado los programas como Llaqta Saludable que tendrá la misión de mejorar las condiciones de vidas de las familias vulnerables, para lo cual se trabajará articuladamente temas de salud, educación, vías de comunicación, erradicación de la desnutrición crónica infantil, entre otros, que actualmente son debilidades que aquejan a toda la región; y Yacu Tarpuy  cuyo objetivo es la siembra y cosecha del agua a partir de las inversiones con sistemas de riego, reservorios y represas a realizarse en cada provincia. La gestión social del agua tiene un peso considerable en la región por el problema con Ica. El pasado 4 de mayo en Lircay, Angaraes, el gobernador regional declaró: «Hoy dijimos alto y ni una gota más de agua para favorecer a Ica si no existe diálogo y licencia social». En estos espacios geográficos han vivido históricamente comunidades alpaqueras; estos pueblos poseen conocimientos y prácticas tradicionales, que les han permitido recuperar y manejar humedales y bofedales y adaptarse a la variabilidad climática, potenciando prácticas de diversificación de pastos que necesitan recursos hídricos. Construir infraestructuras para derivarlos hacia la costa genera perjuicios a estas comunidades y crea malestar entre ellas. En ese sentido, la gestión actual y la población huancavelicana en su conjunto, pide una reunión al más alto nivel del gobierno para abordar el tema.
-   (ii) En Junín, el contexto es diferente porque los denominados megaproyectos que dejó la gestión anterior deben de tener continuidad, ya que su financiamiento ha sido gestionado y están en la fase de inversión en el marco del SNIP: la construcción del Hospital Neoplásicas de Concepción, con fondos provenientes de recursos ordinarios y de la venta de bonos soberanos; la construcción del emblemático Colegio Santa Isabel, cuyo expediente técnico subsanó las observaciones (estudio de suelos y otros); la construcción del puente Comuneros, el asfaltado de carreteras, entre otros. Todos estos proyectos han tenido un corte financiero y técnico, con el objetivo de reiniciarlos, una vez comunicada su real situación a los órganos jurisdiccionales y competentes.  Solo en el tema productivo se tiene un punto de partida favorable para el apoyo a los productores, al plantear el inicio del PROCOMPITE, cuyo presupuesto se está gestionando ante el Consejo Regional.
En asuntos relacionados con los conflictos sociales por presencia de actividades extractivas y otros, este gobierno muestra evidentes déficits; sin embargo, está presente en espacios como la Mesa de Diálogo de Morococha, donde comparte el liderazgo con actores como la Arquidiócesis de Huancayo y la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM.
Las posibilidades de tener una gestión exitosa en ambas regiones, medida a través de la reducción de los altos índices de pobreza y desnutrición pasa por un abordaje multidimensional, algo que parece insinuarse en las intenciones de las nuevas gestiones. Esto resulta compatible con la lucha contra la pobreza cuyos determinantes son sin duda multicausales. Según el INEI-ENDES, al 2014 en Huancavelica, la Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es de 35% y en Junín 27%; teniendo ambas altos índices de niños anémicos (63.7% y 64%, respectivamente). Los serios déficits en acceso a agua segura, saneamiento básico, diversificación de la producción sumado a malos hábitos para el consumo, establecimientos, equipamientos y personal de salud insuficientes, entre otros factores, explican la situación. Por ello, es un acierto invertir en aspectos que en el mediano plazo pueden tener un efecto positivo en los sectores vulnerables de la población. Sin embargo, tales inversiones tienen el riesgo de ser poco transparentes en ambas regiones, dada la inoperancia de los comités de vigilancia y control existentes, y las debilidades de los representantes de la sociedad civil al interior del Consejo de Coordinación Regional. La experiencia enseña que cuando todo esto termina, dependiendo de la voluntad de los decisores políticos sin ningún control o vigilancia ciudadana, los resultados distan de ser óptimos.
En la región Huancavelica se pueden notar las líneas u objetivos más claros de intervención: familias vulnerables y recurso hídrico, dos temas fundamentales en la promoción del desarrollo de la región. En Junín, la continuidad de megaproyectos iniciados en la gestión anterior, supone una actitud positiva donde prima el aspecto técnico sobre el revanchismo. Sin embargo, un aspecto negativo, común a ambas gestiones y a muchas regiones del país, es el recambio de personal en programas y puestos claves, lo que retrasa el dinamismo de estos cien primeros días. En este sentido, sería bueno aplicar criterios de evaluación a dicho personal, ya que pueden haber acumulado capacidades necesarias para agilizar el proceso de gestión en las diferentes áreas y programas. Por otro lado, no se debería gastar energías en investigar las gestiones anteriores, hay que dejar que la Contraloría haga su trabajo.

desco Opina - Regional / 15 de mayo de 2015
Programa Sierra Centro
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Tía María III: los desafíos de lograr un acuerdo



En estos últimos días se ha comenzado a hablar de posibles salidas a la huelga que ha paralizado al valle de Tambo por más de seis semanas, a raíz de la oposición de un importante sector de población al proyecto Tía María de Southern. Por un lado, las principales cabezas de las movilizaciones han pedido ya la mediación de la Defensoría del Pueblo y, por otro lado, el gobierno, se estaría allanando a la fórmula que antes rechazó: someter el EIA de Southern a la revisión de una entidad independiente.
Más de cuarenta días de paro y movilizaciones ejercen un evidente efecto de desgaste en la población, con innegables pérdidas económicas y paralización de clases. La próxima temporada de cosechas en un valle altamente integrado al mercado nacional y regional debe preocupar también a los productores de la zona; la pérdida de estas sería insostenible para la economía local. El gobierno nacional, por su parte, parece ir admitiendo ya la inviabilidad del proyecto sin un alto costo político y social que, entrando a su último año de gestión, no estaría dispuesto a afrontar.
Se vislumbra así una primera salida al escalamiento del conflicto durante estas semanas, pero las cosas parecen más complicadas que buscar un mediador y sentarse a pactar condiciones para el levantamiento de la huelga, el cese de la violencia y el retiro de las fuerzas policiales del valle. Un problema fundamental sería, actualmente, la real capacidad que tienen los líderes visibles de la movilización (alcaldes distritales y dirigentes sociales) para hacer un arreglo aceptable por sus bases, especialmente, por las más activas y radicales.
Como se evidenció desde el primer día, el conflicto de Tía María no cuenta con un liderazgo indiscutible; con el transcurrir de las semanas, se habrían ido sumando nuevos actores al conflicto: grupo de aymaras de Puno, de la línea de Walter Aduviri; afiliados a sindicatos de construcción civil, supuestos militantes del MOVADEF; entre otros. Una mención especial merecen los denominados «espartambos», jóvenes aparentemente locales, presuntamente licenciados de las fuerzas armadas, cuya participación en las movilizaciones evidencia un innegable grado de organización propia, que con frecuencia se enfrentan violentamente a la policía, habiéndose convertido hoy en una suerte de «barra brava» a la que nadie parece controlar.
El escenario de negociaciones se presenta entonces complejo y difícil; por un lado, va a ser complicado lograr un arreglo entre el gobierno nacional y los líderes de la protesta en el cual debería sin duda participar la gobernadora regional de Arequipa y otros sectores del departamento, para poner en marcha un proceso que desembocaría en un acuerdo definitivo aunque incierto y sin fecha preestablecida.
Por otro lado, y considerando cómo se ha puesto la situación en el valle, otro punto en cuestión, la premisa para un arreglo más efectivo, es el acuerdo al que lleguen los distintos actores y fuerzas que actúan hoy allí en oposición a Tía María. Una pregunta de respuesta por ahora incierta es cómo los liderazgos visibles de la zona pueden hacerles aceptar a todos, o la mayoría de los grupos, una salida que implique el fin de la violencia y de la huelga.
Se abren entonces al menos tres escenarios posibles en este campo: uno primero, más bien optimista, en el cual los alcaldes y dirigentes sociales logran que el grueso de los actores sociales acepten unas condiciones mínimas para llegar a un acuerdo con el gobierno y cesar la huelga y la violencia. Un escenario intermedio, en donde aquéllos logran una alianza con la mayoría de actores y aíslan o se desmarcan de los grupos más intransigentes que quieren continuar las movilizaciones a toda costa; y un escenario pesimista, en el que las autoridades y dirigentes sociales pierden el liderazgo del movimiento y se abre paso a una situación de enfrentamiento con consecuencias imprevisibles.
Estas opciones hacen más que nunca necesarias la cautela y la prudencia que todos los actores de la negociación en ciernes deben tener, particularmente del gobierno nacional, que es en última instancia quien detenta el control de las fuerzas policiales y de las entidades del sector encargadas del complejo problema (Ministerios de Energía y Minas, del Ambiente, Agricultura, Interior). Es un momento de tender puentes y «enfriar el partido», evitando hacerle el juego a opciones radicales.
No deja de ser paradójico que el liderazgo del gobierno nacional en este proceso haya recaído en el Ministro de Agricultura, cuyo sector es el menos involucrado en el asunto. Energía y Minas, muy celoso de sus competencias en etapas anteriores del proceso, cuando triunfalmente se creía haber logrado la aprobación del EIA y aislado a los opositores, se opuso a la participación de una entidad especializada en prevención de conflictos como la Oficina de Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, ahora aparenta bajar el perfil, justo cuando la situación se puso al rojo vivo, principalmente por sus propios errores. En el fondo, estamos lamentablemente, ante un Estado que no se encuentra preparado para lidiar con estas situaciones.

desco Opina / 8 de mayo de 2015
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jueves

Bailando con la más fea



La presentación de la Audiencia Informativa de los primeros cien días de la gestión regional de Pasco, generaba muchas expectativas entre los conciudadanos de esta jurisdicción, especialmente en las audiencias descentralizadas. No era para menos. Demás está recordar la suerte del ex Presidente Regional de Pasco, Klever Meléndez, aún en manos de la justicia, y la situación en la que habían quedado la administración y finanzas regionales luego de su gestión.
Pese a ello, Meléndez alcanzó a disputar desde prisión la segunda vuelta electoral; situación paradójica donde, a pesar de la acumulación de denuncias, todavía gozaba de ciertas preferencias entre los electores. Era de esperarse, entonces, que los simpatizantes del ex presidente (bautizado por algunos como el «Robin Hood de Pasco») cuestionaran la veracidad de los informes financieros y administrativos sobre la situación del gobierno regional luego de su gestión.
La incertidumbre se atizaba en la audiencia: de los nueve consejeros regionales, dos pertenecían al partido del ex presidente y sólo cuatro eran del partido oficialista. Por otro lado, se desconocía si alguno de los partidos había podido construir canales de coordinación con los tres consejeros restantes para facilitar la gobernabilidad.
Algunos consejeros regionales no se identificaron con el informe. Criticaban la gestión calificándola de poco democrática, ya que el informe no era del conocimiento del Consejo, ni había sido sometido a su aprobación.
Las audiencias descentralizadas fueron masivas en Daniel Carrión, Oxapampa y en Cerro de Pasco. No faltaron ciudadanos que, con cartel en mano, exigían al Gobierno Regional el reinicio de obras paralizadas y un mayor control frente a los actos de corrupción encontrados.
No cabe duda que durante sus alocuciones, el nuevo equipo regional ha sabido aprovechar las falencias técnicas, administrativas y financieras de los proyectos iniciados por su antecesor. Al mismo tiempo, el equipo supo reconocer la justicia en cada una de las aspiraciones de cada provincia. También anunció la construcción y mejoramiento de hospitales; nuevas obras viales; así como la electrificación rural e infraestructura educativa; proyectos que recibieron mayor atención y euforia de la audiencia.
Hay que reconocer la habilidad del nuevo equipo de gobierno para enfocar su discurso. Las presentaciones empezaban con cada una de las gerencias exponiendo sus responsabilidades y propuestas de trabajo, sin dejar de señalar el estado en el que encontraron sus áreas (donde no faltaron las denuncias ante la falta de mucha información financiera y administrativa en varias gerencias regionales). Los funcionarios, sin embargo, no centraron su presentación en las limitaciones impuestas por el estado en el que se encontró el gobierno. Por el contrario, expusieron diagnósticos situacionales regionales y acciones que permitan recuperar capacidad de acción y la confianza de la población.
Luego de los discursos técnico-políticos de su equipo, Teódulo Quispe Huertas, el nuevo Gobernador Regional, supo ganarse los aplausos al cerrar las exposiciones: anunció el reinicio de varias obras paralizadas y nuevos esfuerzos por levantar las observaciones a proyectos de infraestructura que vienen desde la anterior gestión.
Por otro lado, pocos se percataron de que muchos de los anuncios estaban proyectados para los cuatro años de la gestión.  El gobierno fue cauto en precisar que no todo lo anunciado se iniciaría en el corto plazo, dando aliento a la gestión a fin de conseguir los recursos necesarios para honrar sus ofrecimientos. Sin duda este canal de tolerancia social, recientemente logrado, le permite a la nueva administración reducir las presiones para recomponer expedientes; reformular y reprogramar obras interrumpidas; levantar observaciones relacionadas a contratistas allegados a la anterior gestión; etc.
En pocas palabras, la población sabe que a esta nueva gestión le ha tocado «bailar con la más fea». Pese a ello, reconoce que el nuevo equipo quiere demostrar que tiene buen ritmo. Esto porque se está preocupando en mostrar capacidad de trabajo, buscando recursos ante el gobierno central y la empresa privada; y, haciendo uso correcto de los recursos propios para emprender nuevos proyectos.
Los informes de los cien primeros días buscan consensos políticos y sociales en lugar de enfocarse únicamente en la aprobación, motivo por el cual algunos sondeos no científicos –promovidos por los medios– no significan ni tranquilidad ni inquietud para la gestión regional entrante.
El olor a multitud y aplauso inmediato durante las audiencias, les asegura haber logrado, por lo menos, varios meses de serenidad. El éxito de estas tres audiencias descentralizadas le permitirá al gobierno ganar el oxígeno necesario para poder avanzar en la gestión a pesar de haber heredado arcas vacías, cuentas congeladas, deudas impagas, caos administrativo y desconfianzas acumuladas.

desco Opina - Regional / 30 de abril de 2015
Programa Selva Central
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sábado

Tía María y los resultados híbridos del «diálogo político»



Del comportamiento de las principales fuerzas políticas y partidos en el Congreso de la República en relación a la ratificación del gabinete Cateriano, sea cual sea el resultado, no cabe esperar sino un pragmatismo que puede llegar a niveles inimaginables de cinismo. Es el tono general de los políticos peruanos hoy. El «realismo político» o la Realpolitik, como se sabe bien, no basa sus decisiones en principios o en alguna ideología, sino que se impone con el puro pragmático en la búsqueda de sus objetivos.
El proceso de negociación llevado a cabo por el nuevo primer ministro –séptimo en cuatro años de gobierno y sucesor de tres verdaderos «fusibles»– para obtener su voto de investidura es un buen ejemplo  de la distancia entre los temas  que definen  formalmente la política institucional –reducida a un permanente pulseo de fuerza entre oficialismo, Apra y fujimorismo– y al interior de esas mismas fuerzas (los conflictos del fujimorismo son una muestra); y aquellos ejes en los que se ubica la inquietud social en el país: la inseguridad que genera la delincuencia y la contradicción entre promover inversiones y respetar la ciudadanía y los estándares ambientales, por citar los dos más evidentes.
Con una agenda vacía en la búsqueda de «luz verde» para Cateriano, las posibilidades de concertar intereses y estabilizar el último tramo de gobierno no ha logrado ir más allá de alinearse a un desgastado propósito: garantizar un mínimo de crecimiento de la economía –que va a un magro 3.8% y desacelerando–. Y eso «en peruano» significa la imposición de orden allí donde se manifieste descontento o resistencia a la inversión.
Y es esta carta de concertación con la que llegó Cateriano, la que paradójicamente, podría suponer el fin de su corta reaparición en el gabinete ministerial. Cumplido un mes de huelga contra el proyecto minero Tía María, el operativo policial para reprimir a los manifestantes resultó un verdadero desastre. Varios heridos de gravedad y un muerto por bala no son en definitiva la mejor presentación, ni siquiera ante el gran empresariado y sus aliados políticos, que reclaman orden.
Así, no sólo parte de la bancada FA-AP ha adelantado su negativa a respaldar a Cateriano, sino que se van sumando, también, sectores identificados por su apoyo a la causa minera, empezando por congresistas como Juan Carlos Eguren del PPC. A la par, la propia Southern, al anunciar que aguardará hasta 2017, ha aceptado que un nuevo intento de imponer Tía María a los agricultores de Valle de Tambo requiere un recambio radical de interlocutores. Los que tiene ahora «no le sirven».
Vemos así que la defensa del modelo de crecimiento económico vía inversiones continúa como único punto estable del diálogo político, por más que las formas o el discurso se alinee con el «centro político», habitual campo de fuerza en momentos pre-electorales. Y mientras de este diálogo sigan excluidos los descontentos, los frutos serán pocos.
 Como en la agenda pos conflicto y la justicia pendiente en casos de impunidad de las Fuerzas Armadas, el consenso es «patear» un debate en serio, motejando a una de las partes como «terrorista». No perdamos de vista, tampoco, la probada brutalidad policial en Arequipa, además de la burda maniobra policial-mediática para incriminar a los manifestantes anti Tía María –sembrando armas en sus manos–, que se enmarca en una permanente campaña de desprestigio. Funcionarios de la minera, congresistas, analistas políticos, periodistas, uno tras otro en las últimas semanas emplearon el pernicioso calificativo de «terrorista» para referirse a los opositores a Tía María, apelando al fantasma de Sendero Luminoso y a los miedos de las mayorías, de otro modo indiferentes a la conflictividad social del país.
De emplear el  Presidente su facultad de cerrar el Legislativo, es evidente que no podrá conducir al país en medio de un adelanto abrupto del escenario electoral y de la presión interna y externa por la vulneración de la institucionalidad democrática. En este punto, incluso, podría resentirse su garante, MVLL, solitario proveedor de los pocos cuadros liberales que quedan para el bolo de los premieratos por venir. Cualquiera sea el resultado para su gabinete, decíamos, el gobierno de Humala –como ha demostrado hasta hoy respecto a cada una de sus decisiones– será incapaz de lidiar con las consecuencias de modo que no genere sino una (¡otra!) prolongación de la crisis política que el país soporta desde hace años.

desco Opina / 24 de abril de 2015
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