Sacando un bien de un mal, lo positivo de las encuestas sobre la valoración de la democracia –como las realizadas por Latinobarómetro– es que el profundo desafecto que tenemos los peruanos hacia nuestro sistema político, ya no intenta explicarse por causas profundas, léase tradiciones autoritarias, ausencia de cultura ciudadana y otras fórmulas por el estilo. Los peruanos consideramos a nuestros gobiernos como ajenos y extraños porque estamos convencidos que sólo velan por los intereses de los más poderosos. Punto.
Sin embargo, de buenas a primeras, pareciera que esto no se condice con lo que diariamente nos ofrecen los medios de comunicación. El empeño de nuestros políticos se agota en eludir los escandaletes de barrio y conductas de barra brava que impactan en el centro mismo de su idoneidad para ejercer el cargo «encomendado por la Nación». En cualquiera de los casos, robar agua de la casa de al lado, tener conexiones clandestinas de energía eléctrica o matar de un balazo al perro del vecino, no estará asociado a ninguna iniciativa que beneficie a la población, pero, al parecer, tampoco a los ricos del país.
Sin embargo, la inocuidad de estos lamentables espectáculos es sólo aparente. Sirve para generalizar la percepción de que la política «es así» y no hay remedio que valga. A renglón seguido, los que realmente hacen política –aquellos que nadie eligió ni aparecen en las encuestas sobre el poder en el Perú– pueden guarecerse del control ciudadano y operar en la sombra con un file de negocios privados entre manos. Obvio, conducirse de esta manera tiene un enorme costo institucional: la arraigada desconfianza hacia los operadores estatales. Sin embargo, se asume nomás porque cuando las cosas se revelen –si es que llega el momento– una sentencia por corrupción –si es que se materializa– es un riesgo que merece correrse. El interés público, entonces, queda a merced de los apetitos privados.
Pero, el cántaro está tan lleno que no cesa de derramar agua. Así, el telón que cubría las redes de influencia de universidades siempre sospechosas de influencia montesinista, apenas se abre y ya da indicios de lo que puede haber adentro. También surgen las primeras preguntas sobre la venida de una misión de asesores de seguridad israelíes. Dicen que para hacer un diagnóstico y dar recomendaciones para actuar en el VRAE; esta respuesta, a su vez, lo único que motiva es a más preguntas.
Para empezar, ya sabemos que no se trata de una misión clásica, es decir, conformada por soldados del ejército del país mencionado. Son funcionarios que pertenecen a una empresa privada que, lógicamente, no ven las cosas desde la perspectiva del Perú, sino como oportunidad para generarse mayores utilidades. De otro lado, el pago de sus servicios no sólo es altísimo, sino que además, se desconoce la explicación oficial de la suma acordada.
Es decir, uno de los problemas fundamentales del país –el VRAE– ante el cual el actual gobierno ha dado muestra de su inoperancia con varios «planes de desarrollo» fracasados en las espaldas, se intenta «resolver» privatizando la intervención en esa zona, con toda la opacidad a la que se nos tiene ya acostumbrados. Esto se agrava cuando tomamos en cuenta que estas misiones militares privadas israelíes no son novedad en la región Andina, lo que, a su vez, debe asociarse con el rápido aumento de los gastos militares que el presidente de la República intenta amainar con la promoción de un pacto anti armamentista, que no deja de tener visos de ingenuidad.
Entonces, cuando el ciudadano no sabe lo que pasa y los gobernantes no tienen ninguna voluntad para esclarecer lo que rodea las decisiones tomadas, las sospechas cunden de manera casi natural. De esta forma es imposible consolidar la democracia, dirán algunos. Lo cierto es que poco importa, cuando se privilegia el negocio privado sobre los asuntos públicos, aún cuando este último sea de trascendencia suma, como es el caso del VRAE.
desco Opina / 13 de noviembre 2009
Sin embargo, de buenas a primeras, pareciera que esto no se condice con lo que diariamente nos ofrecen los medios de comunicación. El empeño de nuestros políticos se agota en eludir los escandaletes de barrio y conductas de barra brava que impactan en el centro mismo de su idoneidad para ejercer el cargo «encomendado por la Nación». En cualquiera de los casos, robar agua de la casa de al lado, tener conexiones clandestinas de energía eléctrica o matar de un balazo al perro del vecino, no estará asociado a ninguna iniciativa que beneficie a la población, pero, al parecer, tampoco a los ricos del país.
Sin embargo, la inocuidad de estos lamentables espectáculos es sólo aparente. Sirve para generalizar la percepción de que la política «es así» y no hay remedio que valga. A renglón seguido, los que realmente hacen política –aquellos que nadie eligió ni aparecen en las encuestas sobre el poder en el Perú– pueden guarecerse del control ciudadano y operar en la sombra con un file de negocios privados entre manos. Obvio, conducirse de esta manera tiene un enorme costo institucional: la arraigada desconfianza hacia los operadores estatales. Sin embargo, se asume nomás porque cuando las cosas se revelen –si es que llega el momento– una sentencia por corrupción –si es que se materializa– es un riesgo que merece correrse. El interés público, entonces, queda a merced de los apetitos privados.
Pero, el cántaro está tan lleno que no cesa de derramar agua. Así, el telón que cubría las redes de influencia de universidades siempre sospechosas de influencia montesinista, apenas se abre y ya da indicios de lo que puede haber adentro. También surgen las primeras preguntas sobre la venida de una misión de asesores de seguridad israelíes. Dicen que para hacer un diagnóstico y dar recomendaciones para actuar en el VRAE; esta respuesta, a su vez, lo único que motiva es a más preguntas.
Para empezar, ya sabemos que no se trata de una misión clásica, es decir, conformada por soldados del ejército del país mencionado. Son funcionarios que pertenecen a una empresa privada que, lógicamente, no ven las cosas desde la perspectiva del Perú, sino como oportunidad para generarse mayores utilidades. De otro lado, el pago de sus servicios no sólo es altísimo, sino que además, se desconoce la explicación oficial de la suma acordada.
Es decir, uno de los problemas fundamentales del país –el VRAE– ante el cual el actual gobierno ha dado muestra de su inoperancia con varios «planes de desarrollo» fracasados en las espaldas, se intenta «resolver» privatizando la intervención en esa zona, con toda la opacidad a la que se nos tiene ya acostumbrados. Esto se agrava cuando tomamos en cuenta que estas misiones militares privadas israelíes no son novedad en la región Andina, lo que, a su vez, debe asociarse con el rápido aumento de los gastos militares que el presidente de la República intenta amainar con la promoción de un pacto anti armamentista, que no deja de tener visos de ingenuidad.
Entonces, cuando el ciudadano no sabe lo que pasa y los gobernantes no tienen ninguna voluntad para esclarecer lo que rodea las decisiones tomadas, las sospechas cunden de manera casi natural. De esta forma es imposible consolidar la democracia, dirán algunos. Lo cierto es que poco importa, cuando se privilegia el negocio privado sobre los asuntos públicos, aún cuando este último sea de trascendencia suma, como es el caso del VRAE.
desco Opina / 13 de noviembre 2009
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