viernes

Hábitat III y el impulso de la sociedad civil



Durante la primera quincena de octubre, en la ciudad de Quito – Ecuador, se realizará la tercera edición de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, denominada «Hábitat III». Los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebran estas conferencias cada 20 años debido a los retos que supone el rápido proceso de urbanización mundial y la vinculación del desarrollo urbano con el desarrollo sostenible.
La primera conferencia, Hábitat I, se celebró en 1976 en Vancouver, Canadá. En ella se discutieron los desafíos de las ciudades frente a los asentamientos. Veinte años más tarde se realizó Hábitat II en Estambul, Turquía, ésta se centró en la temática de ciudades sostenibles y vivienda digna para todos. La Conferencia Hábitat III se convoca con el objetivo de fortalecer el compromiso mundial por el desarrollo sostenible mediante la adopción de una Nueva Agenda Urbana (NAU), que permita a los Estados planificar metas y ejecutar estrategias que respondan a los desafíos de una época cada vez más urbanizada asegurando un compromiso político renovado para garantizar el desarrollo urbano sostenible.
En ese contexto, como una actividad preparatoria, acaba de tener lugar entre el 7 y el 10 de septiembre la reunión intergubernamental del Hábitat III en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se ha presentado la versión preliminar de la NAU. Llama la atención que el documento solo esté circulando en inglés, cuando se sabe bien que la ONU establece un total de seis idiomas oficiales con la finalidad de asegurar una comunicación clara y concisa en los asuntos de importancia mundial. En cierta forma nos revela el menor compromiso real con el proceso Hábitat III de la comunidad internacional desde los Estados integrantes de las Naciones Unidas.
No puede ignorarse que los funcionarios del gobierno peruano a cargo de la elaboración del Informe Nacional durante el gobierno del presidente Humala, cumplieron una triste y silenciosa labor al respecto, enviando a la ONU en forma casi clandestina el informe de Perú que aparece colgado en la web del foro Hábitat III. Este documento no fue fruto de un Comité Nacional que evaluara los alcances de las políticas públicas y los compromisos del gobierno peruano en relación a Hábitat I y II, tal como lo sugería Naciones Unidas. Cabe preguntarse entonces por qué los colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros, así como la Asociación de Municipalidades del Perú y la  Sociedad de Urbanistas del Perú no han asumido un rol más activo en el proceso, y cómo es que se ha diseminado o no entre sus miembros el informe nacional, o si recogieron aportes de sus miembros del ámbito nacional para no replicar prácticas centralistas de mirar el país desde sus sedes en Lima.
Sin embargo, la sociedad civil continúa en su empeño por sacar adelante este proceso. Podemos así dar cuenta que, específicamente en Lima Metropolitana, los miembros del Colectivo de Incidencia y Acción Urbana - CIAUR alistan propuestas para participar en el Foro Social Frente a Hábitat III a desarrollarse en la Universidad Central del Ecuador como evento paralelo al foro oficial. Este foro viene siendo impulsado por las organizaciones de la sociedad civil del Ecuador, con el respaldo y participación de organizaciones internacionales de la sociedad civil como la Coalición Internacional por el Hábitat, la Unión Nacional por la Moradia Popular y la Alianza Internacional de Habitantes.
El CIAUR, como colectivo urbano destaca en su propuesta la urgencia por reivindicar el acceso a la vivienda segura, saludable y el derecho a la ciudad, así como la necesidad de impulsar la reducción de riesgos de desastres y la gestión ambiental ante los efectos del cambio climático en las ciudades. Este documento es el resultado de un diálogo sustantivo entre diversas organizaciones sociales de base (OSB) de Lima Metropolitana que será compartido con OSB de América Latina, con la finalidad de ajustar una agenda común amplia que incluya estrategias similares de incidencia en políticas públicas urbanas, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades.
Por todo ello, la movilización de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil resulta destacable en su compromiso por enriquecer la Nueva Agenda Urbana y generar una toma de conciencia global que vaya mucho más allá de la formalidad de aprobar un documento que pareciera ya estar cerrado. Hábitat III será muy pronto el espacio de la sociedad civil global para discutir alternativas sociales que articulen un frente ciudadano de múltiples países que exprese las preocupaciones y compromisos ante las desigualdades producto de las lógicas mercantilistas y de consumo de las ciudades. Esperamos que su voz se sienta en el marco de las luchas por la justicia social, la equidad de género y la sostenibilidad ambiental que el planeta requiere, sumando a ello la exigibilidad de los derechos humanos vinculados a la vivienda y a la tierra, tanto en el campo como en la ciudad.

desco Opina - Regional / 23 de setiembre de 2016
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jueves

Más allá del pedido de facultades legislativas



Tras el envío del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo al Congreso de la República, los reflectores apuntan a este poder del Estado para conocer su decisión, mientras el Presidente de la República –fiel al estilo que explica su popularidad– negocia recursos para inversión de «civilización» a «civilización» en China, se da tiempo para criticar la eventual anulación de la segunda vuelta electoral propuesta por Velásquez Quesquén, o la consulta ciudadana que el cardenal propone a propósito de la píldora del día siguiente y la unión civil.
En el Congreso, por su parte, la Comisión de Constitución decidió enviar las propuestas a 10 comisiones, dándoles un plazo de siete días para que revisen y opinen sobre los pedidos del Ejecutivo, abriéndose el espacio para un nuevo peregrinaje de los distintos ministros por la Avenida Abancay y en nuevas reuniones entre el Premier Zavala y las distintas bancadas. Aunque todo indica que finalmente se aprobarán por mayoría buena parte de las facultades legislativas solicitadas, ya es claro que algunas, como la reducción de un punto del IGV, pueden no ser concedidas.
Mientras el aparente pulseo en esta materia entre la mayoría congresal y el gobierno de PPK seguirá su curso varios días más, pareciera que bajo la mesa se intentan distintos arreglos. La elección del Defensor del Pueblo, sorprendentemente propuesto por Víctor Andrés García Belaunde, finalmente sancionada desde Palacio de Gobierno que ordenó votar a su bancada por el candidato apoyado por el fujimorismo, fue un indicio que dividió en la votación a la bancada oficialista.
Las posteriores e imprudentes designaciones del Director de Certificación Ambiental del SENACE y del nuevo jefe de la DINI, ambos ligados hasta no hace mucho a importantes empresas mineras, sin que la mayoría opositora diga ni pío, definitivamente da que pensar, más aún cuando esa misma mayoría parece interesada en que el Congreso designe distintos cargos públicos, CONCYTEC incluido.
En este juego de una eventual cohabitación en el gobierno de quienes comparten el modelo económico y la continuidad como base dura de esa posible relación, la precariedad de nuestra institucionalidad se expresa cotidianamente. Si la bancada de Peruanos por el Kambio crujió con la elección de Walter Gutiérrez y el APRA se desmarca de Velásquez Quesquén en su afán de facilitarle el 2021 a Keiko Fujimori, las disputas en el Frente Amplio entre un «ausente» Arana y el sector que cierra filas con Verónika Mendoza, ocuparon el espacio, las más de las veces alborozado e interesado de los medios de comunicación mayoritarios. Las diferencias también llegan a Fuerza Popular, y las disputas entre las congresistas Letona y Vilcatoma no pueden esconder la procesión que va por dentro. Hasta Acción Popular desnuda sus pleitos internos ante el Jurado Nacional de Elecciones y los evidencia en el Congreso.
En ese estado de cosas, el apuro por sacar la ley sobre el transfuguismo, no parece casual. Como tampoco lo parece el conflicto abierto por el desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura, interesado en tener mayor control sobre el Poder Judicial, y afectado diariamente por muchos de los fallos de sus integrantes. Así, también por debajo o al lado de las negociaciones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, asistimos a disputas y pechadas en otros poderes del Estado, que como a los partidos políticos, parece no importarles su rol y su responsabilidad en el fortalecimiento de nuestra precaria institucionalidad.
Las facultades legislativas, mal que bien se votarán los próximos días. Más allá de las disputas que las mismas traen aparejadas, el norte último del gobierno y la mayoría, es el mismo: la continuidad del modelo. Las diferencias siguen siendo de modales y de tonalidad. Fue una congresista fujimorista la que intentó desvirtuar con una propuesta legislativa la consulta previa, viéndose obligada a retroceder. Es el gobierno el que nombra en SENACE un funcionario de reciente pasado minero, viéndose obligado también a retroceder. Son los temas de fondo del continuismo los que marcan la cancha en la que las diferencias se hacen cosméticas. Hará bien la ciudadanía en mantenerse vigilante sobre la entrega de facultades legislativas y sobre el contenido de las normas que el Ejecutivo pretende.

desco Opina / 16 de setiembre de 2016
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viernes

Junín y la danza de la revocatoria



A menudo se dice que el peruano sólo se moviliza políticamente en campañas electorales. Lo cierto es que existe otro tipo de movilización política alrededor de los procesos de revocatoria de autoridades municipales y regionales. Hoy Junín experimenta una de estas movilizaciones. Según reportes oficiales de la ONPE, en el mes de julio, mes de la fiesta más popular de la región, el Santiago, se han adquirido 20 kits de revocatoria de los cuales uno corresponde a la pretensión de revocar al gobernador regional, dos a los alcaldes provinciales de Huancayo y Jauja y 17 a alcaldes distritales.
Llama la atención la poca coordinación entre los revocadores de algunas jurisdicciones municipales porque se ha presentado más de una iniciativa para revocar a autoridades locales pero cada uno con sus peculiaridades. Tal es el caso del distrito de Pilcomayo, donde dos ciudadanos buscan revocar al alcalde y un tercero al alcalde y a tres regidores, es de suponer que si no llegan a un acuerdo por intereses mutuos será difícil, por no decir imposible, que alguno de ellos alcance el 25% de firmas válidas de adherentes a su iniciativa individual. Caso aparte es el del distrito de Cullhuas, mientras uno busca revocar al alcalde otro busca revocar tan sólo a los regidores, una muestra de que las pugnas al interior del Concejo Municipal se han trasladado al escenario de las revocatorias. Curiosamente, el alcalde y varios regidores tienen en común el apellido Canchanya y en este distrito de pocos habitantes es de suponer que el problema inclusive sea de índole familiar.
Anécdotas aparte, es indudable que lo más sonado a nivel regional es la pretensión de revocar al gobernador regional, Ángel Dante Unchupaico Canchumani, ya que para alcanzar la meta del 25% del padrón electoral regional, los revocadores requieren de un mínimo de 222 mil firmas válidas, tarea complicada mas no imposible. Claramente existen otras motivaciones que van más allá de la buena o mala gestión regional. Hay quienes, desde movimientos políticos antagonistas al del actual gobernador, han cuestionado la moralidad de que se utilice este medio de ejercicio ciudadano usando el membrete de Colectivo por la Dignidad y Desarrollo de Junín – Pro Revocatoria regional, para promover el lanzamiento de un nuevo grupo político denominado Ciudadanos Junín, sobre todo si el impulsor de esta iniciativa es un excandidato a la Gobernación Regional. Por su parte, el ex gobernador regional Vladimir Cerrón quien disputara y perdiera en la segunda vuelta electoral en los últimos comicios, dijo que su partido no está detrás de la revocatoria, aunque sus declaraciones no están exentas de cuestionamientos a la gestión actual. Por otro lado, Nandino del Castillo, ciudadano que adquirió el kit electoral, critica a los políticos que no se suman a la campaña de revocatoria y en contraposición los aludidos señalan que él sería el único responsable de que su iniciativa no prospere.
De proceder esta iniciativa y el grupo impulsor alcance la cantidad de adherentes necesarios se aplicarían los criterios de la Resolución N° 1012-2016-JNE que establece la fecha de entrega de planillones de firmas hasta el 5 de diciembre del 2016 y el Jurado Nacional de Elecciones debe resolver la aprobación o el rechazo hasta el 4 de enero del 2017, para realizar la Consulta Popular de Revocatoria el domingo 11 de junio del 2017.
Unchupaico por su parte, ha iniciado toda una contraofensiva publicitaria para promover sus actividades así como las inversiones de su despacho, campaña que es ampliamente promocionada en spots radiales y que se hace visible a través de grandes pintas en las más importantes ciudades y carreteras de la región. Esta contraofensiva publicitaria más parece de campaña por el sillón regional y no carece de cuestionamientos. Así las cosas, se nos vienen unos meses de tensas relaciones entre el gobernador regional y los ciudadanos de Junín. La danza de la revocatoria indudablemente desplazará a todas las otras danzas y festividades del calendario regional.

desco Opina - Regional / 9 de setiembre de 2016
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lunes

Presupuesto 2017: optimismo y continuismo



En este gobierno, además de Alfredo Thorne, hay tres ministros de Economía adicionales; tanto Zavala, Araoz y el mismo PPK han desempeñado el cargo en el pasado. No tenemos recuerdo de que eso haya sucedido antes en un primer gabinete. La primera indicación, vista la trayectoria de todos los involucrados, es que podemos esperar un manejo económico más bien conservador. ¿Por qué entonces el proyecto de presupuesto 2017 y el Marco Macroeconómico Multianual Revisado (MMMR) asumen escenarios optimistas cuando no hay fundamentos claros para hacerlo?
El monto total del presupuesto que se sustentará en el Congreso el 8 de setiembre asciende a S/ 142 mil millones es decir, unos S/ 4 mil millones más que el presupuesto 2016 y se mantiene centralista, como el mismo ministro Thorne reconoce. En efecto, 74% del total corresponde al Gobierno Central, 15% a los gobiernos regionales y 10.6% a los locales. Llaman la atención los montos para grandes obras específicamente en Lima, como los más de S/ 2 mil millones para la Línea 2 del Metro de Lima y los S/ 305 millones para mejorar la Línea 1. Dichos montos sumados son un sexto de lo que se asigna a los más de dos mil distritos y provincias en el Perú. Pocos cuestionan hoy la legitimidad de invertir ingentes cantidades en Lima, aun cuando pueda acentuar la diferencia con el resto del país.
La conocida propuesta de reducir el IGV para ayudar en la formalización de la economía ya experimentó algunos cambios y parece estar sujeta a mayor cautela. Si bien se espera lograr un balance entre bajar el impuesto y generar más transacciones en la economía ‘formal’, algunos analistas han calculado la caída en casi S/ 2900 millones y la recuperación en solo S/ 500. El resto debería salir de reducir la evasión tributaria pero es harto dudoso que esto se logre sin aumentar el déficit fiscal. Debemos recordar que, pese a ligeras recuperaciones en el precio de algunos metales, los años de precios altos de los minerales ya quedaron en el pasado.
Considerando todo aquello, el MMMR estima un crecimiento de 4.8%, por encima de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central de Reserva. Al parecer el nombre del juego para PPK y compañía se llama ‘destrabar’. Hay S/ 18 mil millones en inversiones que se supone podrían jugar a favor de las proyecciones. PPK parece aprovechar su ‘empatía natural’ con el sector empresarial para generar un ‘shock’ de confianza que lleve a los actores privados a invertir a manos llenas, lo cual no necesariamente sucederá. El escenario es preocupante no para el próximo año o el 2018 sino después, cuando la locomotora de la minería se ralentice casi hasta la inmovilidad. ¿Qué tendrá que pasar para que los demás sectores cubran estos vacíos? Por lo pronto, parece que relajar estándares ambientales es un riesgo que, lamentablemente, el gobierno parece dispuesto a correr.
¿Y qué significa todo esto para las personas que no han llevado posgrados en Economía como los Ministros de PPK? La reducción del IGV en efecto debería apreciarse en una mayor capacidad de consumo relativo. Pero los pilares del Presupuesto del nuevo gobierno: agua y saneamiento, educación, salud y seguridad, no parecen asegurados por muchos años más. La inversión en Educación se enfocará en ampliar la jornada educativa en 400 instituciones y en creación de nuevos colegios de Alto Rendimiento. Los impulsos a la educación venían ya desde el gobierno pasado, aunque algunas voces se han pronunciado sobre la continuidad del manejo de la educación por tecnócratas. La brecha entre educación pública y privada, lamentablemente naturalizada en los discursos neoliberales, debe ser tema a abordarse también. En Salud casi no hay incremento entre el año pasado y éste.
En la cartera de Desarrollo e Inclusión hay mensajes enfocados en la eficiencia de los programas sociales que hacen temer que la Ministra Aljovín opte por eliminar algunos programas que han sido cruciales para proveer una red de protección a la población más vulnerable. Cabría preguntarse hasta qué punto la focalización, concebida como la única solución desde el razonamiento tecnocrático, no termina incrementando los costos de operación del MIDIS y si no nos conviene avanzar hacia esquemas universales de protección que, a la larga, tendrían el efecto de requerir «menos Estado», como ellos mismos reclaman.
El gobierno de PPK, en suma, se da el lujo de ser optimista –PPK ha dicho que la inversión depende de las expectativas en más de una oportunidad– aunque los resultados pareciera que van a ser notorios únicamente en agua y saneamiento, donde piensa invertir S/ 6032 millones. Acicateado por su fama como ‘destrabador’ y por gestos que han redundado en un buen «colchón» de aprobación ciudadana, el gobierno exhibe algún manejo político cuando propone frenar la rebaja del Impuesto a la Renta para las empresas efectuada por el gobierno pasado, para hacer que vuelva a 30%. Esta medida sí generará ingresos en el corto plazo y aleja a PPK de una imagen de gobierno a favor de los ricos. La sustentación del 8 de setiembre también será excelente oportunidad de evaluar cómo se posicionan las fuerzas políticas en el Parlamento, incluyendo al fujimorismo, que muy probablemente ceda a las presiones por un populismo menos liberal que el oficialista, lo cual podría terminar por jugarle en contra.

desco Opina / 5 de setiembre de 2016
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