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Deshojando margaritas en el sur



Los resultados de las elecciones regionales en gran parte de la Macro Región Sur, al igual que en el resto del país, se han caracterizado por la atomización y dispersión del voto entre una gran cantidad de candidatos interesados en ocupar los cargos regionales. En seis departamentos de los siete que la componen (Arequipa, Puno, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Tacna), habrá segunda vuelta.
No hay duda de que en la primera parte de la campaña electoral regional se presentaron candidatos con el legítimo interés de contribuir al desarrollo regional, pero ha habido otros que han buscado acceder a los recursos públicos con propósitos menos claros. La gran cantidad de listas y candidatos tachados por plagiar programas de gobierno, las denuncias por vinculaciones con el narcotráfico, la minería ilegal, las diversas manchas en las hojas de vida, etc., sugieren tal interpretación. Hay que mencionar también el interés por los recursos de los que se dispondrá en estos departamentos con la apertura de nuevos proyectos mineros. No olvidemos que es en el sur donde se va a concentrar la inversión minera del país  en los próximos años. Así tenemos que en Tacna se presentaron 19 candidatos, en Arequipa 17, en Puno 16, en Cusco 13, en Madre Dios 10, en Apurímac 10, y en Moquegua 8 candidatos.
Prácticamente terminado el escrutinio de los votos, los dos candidatos más votados que no alcanzaron el 30% más uno de los votos válidos en sus regiones, comenzaron la campaña para la segunda vuelta apelando a diversas estrategias: unos han preferido iniciarla con ataques al contrincante, otros están buscando y pactando alianzas, mientras un tercer grupo todavía guarda un silencio táctico. Por otro lado, algunos candidatos eliminados en la primera vuelta vienen exigiéndoles precisiones a sus propuestas, a fin de contemplar un eventual apoyo, mientras que otros, sin tener militancia, llaman a viciar el voto.
En Arequipa la campaña de la segunda vuelta comenzó con ataques. Pedro Pablo Kuczynski abrió un flanco con sus declaraciones de apoyo a Javier Ismodes (Arequipa Renace), que la candidata Yamila Osorio (Arequipa Tradición y Futuro) aprovechó para calificar a su rival como el candidato de la derecha; por su parte, Ismodes califica a Osorio como la candidata de los contratistas, basándose en una denuncia aparecida en medios los últimos días de la primera campaña. Ambos sin embargo, han sido considerados por los otros candidatos como representantes del continuismo de Juan Manuel Guillén, que luego de dos gestiones, viene siendo investigado por varias irregularidades. Esta última semana, Yamila Osorio ha recibido el apoyo de los alcaldes de la provincia de Caylloma, la segunda provincia con mayor población de la región y de otros de los distritos más populosos de Arequipa, mientras que Javier Ismodes ha decidido reforzar su campaña en provincias, donde el voto le fue mayoritariamente esquivo. Cualquiera de los candidatos, de ser electos, tendrá que lidiar su primer año de gobierno con un presupuesto reducido, por la disminución de las transferencias del canon minero, y una serie de demandas de las provincias, pues también los presupuestos municipales han sufrido recortes. En cualquiera de las opciones, y con fines de evitar problemas de gobernabilidad, el triunfador deberá forjar alianzas pues la mayoría del Consejo Regional proviene de otros movimientos o agrupaciones.  
En Puno, Juan Luque Mamani (PICO) y Walter Aduviri (Democracia Directa), guardan silencio midiendo sus fuerzas. PICO ha logrado siete de las trece alcaldías de Puno, mientras que Democracia Directa ninguna. Sin embargo, el perfil reivindicativo de Aduviri es más fuerte que el de Luque en el imaginario popular, en especial en la zonas aymaras del altiplano, y aunque con respecto a los quechuas son una minoría electoral, muchos analistas regionales no se atreven a predecir su derrota sobre todo por la identificación del candidato con las zonas rurales y el apoyo que tiene en las provincias del norte, donde se concentra mayor población. Ambos todavía tienen pocas adhesiones de los partidos y movimientos derrotados en la primera vuelta, pero Luque es, sin duda, quien tiene menos rechazos. En el caso de esta región, la composición del consejo está más equilibrada, así que no se avizoran mayores problemas.
Este es el panorama de la segunda vuelta en Arequipa y en Puno, que prevé, por el momento, resultados inciertos en la conformación del mapa político de la Macro Región Sur para los próximos cuatro años.

desco Opina - Regional / 17 de octubre de 2014
Programa Regional Sur
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Los resultados de octubre



Los resultados de las elecciones regionales parecen estar despertando distintas luces de alarma entre analistas, medios de comunicación y empresarios. Los mismos que el 2010 querían entusiastamente «descubrir» empresarios entre los vencedores, hoy quieren encontrar «corruptos» y «antisistema», sorprendiéndose del triunfo categórico de Santos, de las votaciones de Aduviri y Michael Martínez o del éxito relativo de Waldo Ríos,  olvidándose «oportunamente» de los casos limeños como el del propio Castañeda o los avatares de San Isidro con sus «votos golondrinos», denunciados por el entorno de la ex candidata Osterling, la que proponía trasladar el colegio emblemático Alfonso Ugarte «porque la mayoría de estudiantes son de otros distritos».
En sentido estricto, las autoridades ya electas y los candidatos que irán a la segunda vuelta, ratifican la debilidad de nuestro sistema de representación cada día más fragmentado, pero también, las pulsiones de una sociedad fuertemente desarticulada y ligada a las dinámicas e historias particulares de sus respectivos territorios, desde donde viven el acontecer nacional. Así, no debe sorprender que algunos de los reales empresarios triunfantes (Amazonas), estén sindicados de vinculación con actividades ilícitas y lavado de activos, mientras otros arbitrariamente sean señalados de antisistémicos (Junín), aunque no existan argumentos razonables para ello.
La victoria deSantos, sorprendente por la alta votación alcanzada, expresa antes el rechazo cajamarquino al gobierno por el que votó el 2011 y al comportamiento reiterado de una empresa determinada, que una posición antiminera o el predominio de una organización partidaria en ese espacio del país. Al otro lado, el también sorprendente porcentaje alcanzado por el candidato Juan Luque en Puno, anuncia la voluntad de evitar la incertidumbre y seguramente la confrontación que habría supuesto una victoria de Aduviri.
En términos generales, salvo alguna excepción, los resultados eran previsibles tras una campaña que tuvo poco de programático y mucho de cuchillero, en la que se logró instalar la desconfianza sobre la mayoría de postulantes, alimentada por indiscutibles casos de corrupción en el interior del país (Ancash y Chiclayo, por señalar los menos polémicos), que ciertamente no son muy distintos a los que uno observa indignado nacionalmente. Es cierto que muchas autoridades del interior están seguramente involucradas en actos de corrupción, pero no olvidemos que ello ocurre en el mismo país que tiene a sus últimos tres presidentes en situación lamentable; el uno, condenado por violación de derechos humanos, los otros dos, sindicados de distintos actos de corrupción.
Aunque en esta ocasión, los denominados partidos nacionales tuvieron por primera vez más listas que las agrupaciones regionales, que son las más de las veces calco y copia de aquellos, no obtuvieron los resultados que esperaban. Apenas si ganan La Libertad y Lambayeque (APP) y mantienen alguna expectativa para la segunda vuelta en otras tres regiones (Ica, Pasco y San Martín). APP, quien sale mejor parado, se ratifica como partido firma a partir de una red clientelista solventada por una universidad, cuyo papel claro ha sido hasta ahora el reducirle el sólido norte al APRA, intentando con éxito limitado avanzar al Centro y al Sur. Tiene autoridades en 16 departamentos y cierta «fuerza» en La Libertad y Lambayeque, pero también en Ancash, Ayacucho y Lima provincias.
Los mayores perdedores son sin ninguna duda el APRA, que no Alan García, el PPC ya enfrascado en una guerra interna, así como las izquierdas. Los primeros apenas ganan una provincia en La Libertad  y 45 distritos en todo el país. Los segundos, casi desaparecen con 7 distritos en Lima y 7 más en todo el país. Las izquierdas, finalmente, siguen viviendo su larga agonía; la suma del MAS, Tierra y Libertad y el Frente Amplio alcanza apenas a una región, 5 provincias y menos de 40 distritos. Como es penosamente obvio, cada uno responsabiliza a los otros.
Así las cosas, nuestra precaria democracia se sigue vaciando de contenido, nuestro sistema de representación se ratifica como un rompecabezas de infinitas fichas que además son intercambiables y la descentralización, que ciertamente tiene múltiples limitaciones y dificultades, se convierte en el chivo expiatorio y en la explicación fácil de todos y cada uno de los problemas del país que tienen en el Estado, las instituciones y los partidos, un vértice que no se quiere ver, mientras siga «facilitando» la gran inversión privada. Por este camino, no nos quejemos más adelante, porque como es obvio, seguimos sembrando tormentas, en el país todo y no solo en el interior.

desco Opina / 10 de octubre de 2014
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Vivir con seguridad ciudadana es defender el medio ambiente



Entre miles de ofertas electorales repetidas hasta la saciedad al tratar sobre nuestra seguridad, prácticamente no se ha mencionado el tema del cambio climático y la atención de cómo enfrentarlo. Es la seguridad importante que se olvida. Como ciudad megalópolis –rasgo del que casi no se tiene conciencia– Lima afronta retos que se añaden a los conocidos problemas de transporte y movilidad urbana, inseguridad ciudadana o falta de planificación. Nos preocupa que en los planes de gobierno de los candidatos de los primeros puestos en las encuestas, solo en el de la alcaldesa se hayan mencionado los temas ambientales de conservación y protección de lomas.
El cambio climático, fenómeno mundial efecto del calentamiento global que altera la composición de la atmosfera se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana. Es una anomalía que gradualmente afecta más a las áreas urbanas, especialmente las de los asentamientos precarios en las zonas periféricas de la ciudad, convertidos en territorios expuestos a un alto grado de vulnerabilidad climática. En el Perú agudizan más esta problemática la ausencia del Estado y la falta de visión de largo plazo. Un ejemplo de esta crisis y reto a superar está en los «Ecosistemas Frágiles» de Lima metropolitana, caracterizados por recursos singulares de baja resiliencia e inestables ante eventos impactantes de naturaleza antropogénica. Es muy poco lo hecho y las únicas iniciativas para cambiar esta situación se implementaron recién a partir del 2011. Antes ninguna administración edil metropolitana incluyó esta problemática en sus visiones de ciudad.
La municipalidad de Lima cuenta con un programa metropolitano de Lomas, con el objetivo de lograr la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica de las lomas de la provincia. Se busca poner en valor estos ecosistemas debilitados, que de extinguirse acelerarían los impactos que vienen por acción del cambio climático. La preocupación del gobierno metropolitano por establecer áreas de protección que limiten el crecimiento sobre suelos marginales de la ciudad, es visible pero no es potente. No basta con abordar el tema de adaptación ante el cambio climático, también urge trabajar la mitigación, que supone una estrategia importante para reducir el deterioro ambiental y combatir la contaminación. Los procesos de ocupación informal avanzan con rapidez afectando la naturaleza, creando riesgos y aumentando la vulnerabilidad del territorio.
Esta problemática no figura en la agenda de los electores. Urge incluirla en la promoción de la preservación, cuidado y expansión de las áreas verdes en el casco urbano de la ciudad. Lo decimos así porque, por ejemplo, ha ocurrido ya un caso que podría ser emblemático –acaecido a finales del año 2013– al surgir una controversia entre la administración edil metropolitana y distrital para procesar una iniciativa «verde» de familias habitantes en barrios próximos a los circuitos de Lomas. Se parceló un área de zonas protegidas en casi dos hectáreas de las frágiles lomas de Villa María del Triunfo con la excusa de formar «biohuertos urbanos», causando severos daños. La municipalidad metropolitana de Lima ordenó la suspensión inmediata de esta acción encontrando que las familias que depredaron estos ecosistemas frágiles habían gestionado y obtuvieron el reconocimiento de la municipalidad de Villa María del Triunfo para trabajar agricultura en dichos terrenos, pese a las protestas de la junta directiva barrial y de algunos vecinos. Sabemos también que surgen controversias climáticas al desarrollar proyectos y campañas de arborización, que deben coordinarse y articularse con cautela entre los varios niveles de acción del Estado.
En muy poco tiempo el Perú será sede de la COP20 (conferencia mundial sobre cambio climático) y como anfitrión consecuente aguardamos iniciativas nacionales para revertir situaciones como las descritas líneas arriba. Apremia resolver la superposición normativa y legal que entrampa la gestión adecuada de las áreas de protección. Urge enfrentar a los traficantes de terrenos y llamar duramente la atención a los municipios distritales y/o a otros organismos con competencia directa en la protección de los ecosistemas frágiles que brillan por su ausencia. Se espera que los municipios en Lima y en todo el país asuman el reto. Se necesita una pronta acción conjunta de diversos niveles del Estado para encauzar el crecimiento urbano del siglo XXI; existen normas que no se aplican y nos impulsan a preguntar si se dará prioridad solo al transporte y cámaras de seguridad o se tomará con responsabilidad el escenario que nos plantea el cambio climático.

desco Opina - Regional / 3 de octubre de 2014
Programa Urbano
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Los indígenas, las regiones y el territorio



Las elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto, algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599 comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada y en descanso.
Por otro lado, sólo el 3,3% de las comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el 10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso al crédito no llegan ni al 1%.


Asimismo, el 1.39% del territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades campesinas tienen superpuestas concesiones mineras. Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el Estado?
Estos datos generales son suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.
Más aun, esta es una realidad que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común (IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.
Entonces, si lo que se busca es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de estas posiciones.
De esta forma, desde las regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.

desco Opina / 26 de setiembre de 2014 
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