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Diagnóstico reservado para el sur

 

Arequipa ha sido el primer departamento del sur en ser quebrado por el coronavirus en esta parte del país. Los hospitales no dan más, a las quejas de los usuarios se sumaron la de los médicos; paralelamente, el gobernador Elmer Cáceres Llica, cambiaba por segunda vez la cabeza de la Gerencia Regional de Salud, inauguraba un nuevo centro de contención del virus en Cerro July, hacía larga la obra de la ampliación del hospital Covid de Arequipa, y las curvas de contagio y muertos continuaban en ascenso.

Tras la intervención del Gobierno Nacional en el control del sistema de salud regional, las cosas comenzaron a andar: vimos con estupor como la comisionada del gobierno encontraba en los almacenes de la Gerencia Regional de Salud toneladas de medicinas e implementos de seguridad, las obras en el hospital culminaron, y un segundo contingente de personal de salud arribó a la ciudad para reforzar la atención; sin embargo, parafraseando a Vallejo: Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo. Al 2 de agosto se contaban 53 546 casos confirmados y 990 fallecidos.

En Puno, más precisamente en San Román, el movimiento comercial continuó como si no hubiera emergencia sanitaria en el país. Los juliaqueños se creyeron inmortales y no pararon, de modo que al 30 de julio ya contaban con 2162 contagiados, acumulando el 50% de los casos en toda la región. Y aquí no hubo autocrítica, la culpa del incremento la atribuyeron a la cantidad de forasteros que pasaron por allí para trasladarse a otros lugares, o a los que vinieron a comprar a la zona. Ya se cuentan 172 fallecidos en toda la región.

En Cusco, se venían preparando los protocolos para abrir Machu Picchu en julio, como si la apertura del transporte interprovincial y el de los vuelos comerciales, sumados al levantamiento de la cuarentena habilitaran a la gente a hacer turismo interno, sin considerar que el coronavirus no es simplemente una enfermedad respiratoria, sino que compromete situaciones bastante más delicadas; pero sobre todo, sabiendo que nuestro sistema de salud hace agua por todos lados. Al primero de agosto, esta región contaba con 9565 casos confirmados y 237 fallecidos. Con este diagnóstico, el Comando Covid del Cusco ha reforzado su cuarentena focalizada con nuevas medidas, como un mayor control en el transporte y la disminución de los aforos en mercados, centros comerciales y supermercados, entre otras.

En Moquegua, el gobernador Zenón Cuevas, regresó a la región después de luchar durante un mes contra el Covid-19 en un hospital de la capital. Ha pedido la unión de todos para vencer al virus. El último decreto de gobierno, que ordena cuarentena focalizada a nivel nacional, ha incluido a Mariscal Nieto (que carga con el 56% de los infectados) e Ilo (38%), en la lista de las provincias de riesgo. El oxígeno es la mayor demanda en esta zona del país. Al 2 de agosto, Moquegua reporta 7091 casos y 136 fallecidos.

Tacna también ingresó a la lista de cuarentena focalizada. Su gobernador inauguró recientemente una planta de oxígeno para autoabastecimiento al interior del hospital Covid Hipólito Unanue. Al 2 de agosto se cuentan 4210 infectados y 130 fallecidos.

El virus está fuera de control en las capitales y principales provincias de estas regiones, y sus hospitales han colapsado. Aun así, los conflictos sociales se han encendido. En Cusco, más precisamente en Espinar, se registraron manifestaciones de pobladores que exigen a la minera Antapaccay un bono por la afectación del Covid-19. Similar pedido ha hecho un grupo de pobladores del distrito de Caylloma (Arequipa) a la Minera Bateas. Y en Melgar (Puno), los ánimos de la población se están caldeando porque no se ha resuelto la contaminación de la Cuenca de Llallimayo; la minera causante de este dañó ambiental continuó sus actividades durante la pandemia. Si bien a finales de junio por resolución ministerial se conformó la “Mesa de Trabajo para abordar la  problemática socio ambiental de la cuenca Llallimayo”, no se ha reportado mayor actividad.

El común denominador en Puno y Arequipa, ha sido la respuesta errática de sus cabezas regionales ante la emergencia, ambos con denuncias por su inacción. Si bien no puede atribuírseles toda la responsabilidad, estamos seguros que con medidas más adecuadas –y a tiempo– se hubieran evitado muchas muertes. En la otra cara de la moneda está la población; es sintomático, por ejemplo, que en Arequipa se registrara la última semana de julio el cierre de cantinas y prostíbulos clandestinos, que haya tráfico de vehículos en algunas avenidas y que el comercio ambulatorio esté descontrolado en varios puntos de la ciudad.

Así las cosas, sólo podemos hacer un recuento de lo que está pasando en el sur. No podemos hacer prospectiva. Aún no.

 

 

desco Opina - Regional / 7 de agosto de 2020

descosur

Lo que no se conoce, no existe

A propósito del último mensaje presidencial hay algunos aspectos que debieron abordarse y generar un debate fundamental. No fue así. Por ejemplo, una primera, primerísima cuestión «técnica» que resalta ahora con nitidez obvia, es lo poco o nada que se puede hacer ante una crisis si no hay una debida caracterización de la población que se busca intervenir, para paliar los efectos. En otras palabras, si no podemos focalizar, no vamos a tener resultados, sobre todo, porque no tendremos criterios para establecer el impacto de la medida adoptada. Porque no se puede focalizar, el sentido común demandaba, por ejemplo, un bono universal con focalización inversa.

Puede haber recursos, de hecho, los tenemos, pero si no sabemos dirigirlos a quienes los demandan sólo es desperdiciarlos. Aun así, esto tampoco es tan sólidamente cierto. La incertidumbre que da forma a la situación de crisis, obliga a ser conservador –si se acepta el término– en el gasto, por la sencilla razón que las actuales «zonas de impacto» en donde se centran los objetivos serán en el corto plazo solo una primera línea de problemas a resolver, que irán revelándose sucesivamente en la medida que se profundicen las intervenciones. En suma, los costos irán aumentando geométricamente cuando debamos tratar nuevos desafíos al avanzar en el manejo de las situaciones actuales.

En segundo lugar, pareciera que nos cuesta mucho aceptar que tenemos un enorme problema de gestión y nada mejor para mostrarlo que contrastar entre lo que debiera ser y lo que finalmente hacemos. Todos los modelos afirman que lo esencial en una crisis, cualquiera sea su naturaleza, es la eficiencia que deben ejercer los ámbitos locales en su manejo. Esto que es cierto para una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente, también lo es para la adecuación al cambio climático, para gestionar eventos como inundaciones, sequías, aluviones, etc. y muchísimas otras situaciones que el país vive constantemente.

Aun así, no hemos planteado la necesidad de una reforma del Estado, que nos haga menos vulnerables ante las situaciones imprevistas. No percibimos que hay un enorme problema de gestión: lo crucial de la gestión local y los lamentables resultados que mostramos.

En efecto, en lo que ha discurrido de la crisis de Covid-19, hemos tendido a asumir que el manejo debe descansar fundamentalmente en los gobiernos centrales, aquí y en gran parte de los países del orbe. Es decir, hemos estado esperando que tomen todas las palancas disponibles para proteger la vida. Pero, el economista indio Raghuran Rajan, entre otros, se pregunta ¿hemos estado buscando en el lugar equivocado?, ¿las autoridades locales, estatales y regionales, a menudo con más conocimiento de qué políticas son apropiadas y viables en un área determinada, están mejor posicionadas para liderar las emergencias de salud?

En teoría, sí. Esto nos conduce a otro dilema, ¿si es así, por qué estamos mostrando los patéticos resultados en las administraciones locales de la crisis, buscando una «solución» en la recentralización de las decisiones?

En tercer lugar, el problema político, tan poco visibilizado en estas circunstancias y que deviene en vital para el momento actual. La desconcertante mención a Winston Churchill en el mensaje presidencial así lo sugiere. Desgraciadamente, no es cuestión de citas, sino de actitud y relacionamiento entre gobernantes y gobernados.

Debemos aprender de esta situación, que hay una enorme diferencia entre popularidad presidencial y confianza en él y en su gestión. Para navegar en tiempos complicados, el capital inapreciable es, obviamente, lo segundo y tendríamos que preguntarnos si las autoridades, empezando por el Presidente de la República, nos generan la confianza suficiente como para convencernos que estamos remando hacia la misma meta. Más aun, preguntarnos si hemos formado no solo confianzas vigorosas con los gobernantes, sino también entre nosotros, como parte de una misma sociedad.

En ese sentido, habría que buscar alguna explicación al hecho de que nuestro Presidente de la República, en su último año de mandato, sin adscripción a algún partido político y sin interlocutores políticos nítidos al frente, proponga un Pacto País, para concertar una «política de crisis» cuyos objetivos parecen no haber sido propuestos con claridad.

Esto, que puede parecer anecdótico y parte de las respuestas de un mandatario poco avisado, revela en realidad un enorme problema político e institucional. Si vemos los resultados actuales de la gestión nacional de la pandemia solo vamos a encontrar cifras catastróficas: en el frente sanitario estamos en el sétimo lugar en términos absolutos, pero teniendo siempre en cuenta que todos los países que nos superan tienen al menos el doble de población que el nuestro. En el frente económico las cosas no están mejores: según el Banco Mundial, la caída en el PBI de este año no será menor al 12%, la mayor de la región.

 

 

desco Opina / 31 de julio de 2020

Junín, el Covid-19 y los entrampamientos de la descentralización


Junín es actualmente el sexto departamento con mayor peso demográfico en el país, su población asciende a 1 246 038 habitantes, un 71% de los cuales se concentran en zonas urbanas (Censo Nacional de Población y Vivienda 2017). Como todo el país, Junín no ha escapado al Covid-19, aun cuando las cifras del Minsa lo ubican relativamente menos golpeado, ya que se sitúa en el puesto 12 en cuanto al número de casos detectados y en el noveno en letalidad. La fase ascendente de la pandemia en la región comenzó algo más tarde que en otras zonas, al punto que, al levantarse la cuarentena el 30 de junio, Junín fue uno de los siete departamentos en los que la medida se mantuvo.
Al 22 del presente mes de julio, las estadísticas regionales registran un total de 10 872 casos confirmados de Covid-19, siendo las provincias de Huancayo (6272), Chanchamayo (1474) y Satipo (891) las más afectadas con casos confirmados. Como ocurre en todo el país, la mayor incidencia de casos en el departamento se presenta en las ciudades, tal y como reporta la DIRESA Junín.
En este contexto, las autoridades regionales se han quejado del Gobierno Nacional pues consideran que éste no le presta la atención debida a Junín. Por su parte, voceros del gobierno central en la región, mencionan que sí se le ha prestado atención y se le han transferido partidas hasta por 13.6 millones al GORE, 28 millones a los gobiernos locales y otros 14 millones para la atención a comunidades nativas de la región. Cabe resaltar que, según el portal de transparencia económica del MEF, la ejecución presupuestal del GORE Junín al 22 de Julio del 2020 es del 29.5%.
Más allá de estos desencuentros, la pandemia evidencia el colapso del sistema de salud en Junín y en otras regiones, así como la poca voluntad política para concertar esfuerzos entre distintos niveles de gobierno, perjudicando a la población usuaria de los servicios públicos de salud.
En esta atmósfera tensa, la plataforma regional ha mostrado un rechazo unánime a la forma de actuar del Gobierno Central, porque considera que no hay un trato justo a la región. Es así que se cuestiona la cantidad de ventiladores entregados por el Ejecutivo a Junín, asegurando que a regiones menos golpeadas se les entregó una mayor cantidad de ventiladores mecánicos. Hubo también quejas porque el número de camas UCI se mantiene a pesar de que la demanda ha aumentado en estos días. Cabe resaltar el compromiso de la gran mayoría de autoridades provinciales y distritales en la lucha contra el Covid-19. Un ejemplo de ello es el de los alcaldes de la provincia de Chanchamayo, que han ofrecido cofinanciar la instalación de una planta de oxígeno en la selva central, a pesar de contar con escasos recursos por FONCOMUN. Esto desde luego no significa que todos destaquen por su eficiencia en el cumplimiento de metas en la lucha contra el covid-19, como ocurrió, por ejemplo, con la Municipalidad Provincial de Huancayo que, según evaluación del MEF, no logró cumplir dos de las tres metas programadas.
La sociedad civil respalda la idea de mejorar la atención en salud para enfrentar el Covid-19, exigiendo una urgente concertación entre estos dos niveles de gobierno para mejorar la capacidad resolutiva del sistema de salud regional.  El malestar se tradujo en la convocatoria a un paro regional, liderado por la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP y el Comité de Lucha de la región Junín.
El problema de fondo tiene que ver con las limitaciones de la Ley N° 27783 (Ley de bases de la descentralización), la cual establece las competencias de los gobiernos regionales en la gestión de los servicios de salud pública, que la crisis sanitaria ha evidenciado como inadecuadas. Esta revisión en Salud y otras esferas es parte de una reforma institucional profunda que debe hacerse del Estado, cuyas limitaciones políticas y administrativas han quedado una vez más demostradas y representan una seria traba para el buen gobierno. La solución debe incluir, por tanto, nuevos enfoques y nuevos marcos institucionales como parte de un proyecto nacional con identidades múltiples, que tome como base las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, estableciendo compromisos y consensos donde asuntos como la salud y la educación de calidad sean de acceso universal, desarrollando también capacidades institucionales en los gobiernos subnacionales.

desco Opina - Regional / 24 de julio de 2020
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