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Así empiezan las gestiones gubernamentales en Huancavelica y Junín



El inicio de una nueva gestión en los gobiernos regionales de Junín y Huancavelica es una oportunidad para mejorar las relaciones entre grupos sociales importantes, pero también entre estos y el Estado, permitiendo acciones concertadas para el logro de objetivos comunes de desarrollo. Sin embargo, esta «oportunidad» no estaría siendo bien encaminada por las nuevas gestiones y habría, al parecer, un afán de «uso desmedido» del poder, dejando de lado el cumplimiento de promesas electorales y de buscar la consecución de metas de beneficio colectivo.
En Huancavelica, se llevó a cabo el proceso de transferencia en cumplimiento de las disposiciones de la Directiva N° 008-2014-CG/PCOR «Transferencia de la Gestión Administrativa de los Gobiernos Regionales y Gobierno Locales», estableciéndose un cronograma de trasferencia administrativa transparente, además de proporcionar las facilidades y garantías para un proceso eficiente.  A la fecha, se cuenta con un balance de la gestión anterior que se ha hecho de conocimiento público en una conferencia de prensa, donde el nuevo presidente regional, refirió que la anterior gestión  dejó una deuda de más de doscientos millones de soles (S/ 211,823,530) por distintos conceptos, lo que comprometía un 90% del presupuesto del GORE para el año 2015, por lo que recién el 2016 se podrían emprender las obras prometidas por él en la campaña.
Aprovechando la normativa que fija el procedimiento y los formatos para establecer las lecciones y logros alcanzados del período 2011-2014, la gestión entrante impulsó una de sus primeras acciones positivas: la promoción del programa «Familia en Llaccta Saludable» para familias vulnerables de la región, con un enfoque multidimensional, lo que constituye una estrategia acertada y oportuna para las necesidades de este territorio.  Sin embargo, la reciente sentencia cuya aplicación inhabilitaría al nuevo presidente regional para ejercer sus funciones por un periodo de dos años, debilita los inicios de su gestión. La sentencia ha sido apelada y ahora está en la sala penal de apelaciones de la corte superior de justicia de Huancavelica, pero representa un escollo pues el presidente debe dedicar su tiempo y energías para tratar de salir bien librado, en un asunto central en la percepción del electorado.
En Junín, el proceso de transferencia no se realizó en el plazo establecido, lo que motivó al nuevo presidente regional a adoptar el gesto mediático de instalar su despacho en la puerta de la sede del GORE. La gestión saliente señaló que el proceso de transferencia no culminó por que los representantes de la nueva administración no aceptaron un documento firmado por el gerente general, lo cual fue tomado como un «acto poco serio» por parte de la nueva autoridad. Finalmente, el proceso de transferencia concluyó el día lunes 5 de enero.
Los primeros pasos de la gestión actual en Junín se iniciaron con la elección del gerente regional y los responsables de los sectores que dependen del GORE, acciones que vienen siendo cuestionadas por la prensa local debido a la designación de asesores y funcionarios con antecedentes cuestionables y el anuncio por parte del presidente, de la creación de una oficina de coordinación eclesiástica, con la misión de coordinar las actividades sociales de las distintas iglesias presentes en la región. Siendo necesario fomentar el diálogo intercultural y ecuménico en beneficio de algunos sectores y de la democracia en general. Sin embargo, esta oficina no tiene un norte definido y no responde a una necesidad prioritaria para la región, además de no contar con una línea de base que indique el inicio de su gestión y bajo qué enfoque va a trabajar.
Habría que tener presente que, en las dos regiones, la promesa electoral de designar a los funcionarios en base a sus méritos no ha sido cumplida, y los procesos participativos a nivel de gobierno regional son fragmentarios, siendo la vigilancia ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana poco eficientes. En este contexto, los presidentes regionales de Junín y Huancavelica han iniciado reuniones y gestiones con el gobierno central, aprovechando la convocatoria que el Ejecutivo realizó en el marco de los primeros acercamientos con los gobiernos subnacionales electos recientemente.
Cabe señalar, por otro lado, la existencia de estrategias articuladas para afrontar la pobreza que persiste en Huancavelica (54.6%) y Junín (24.1%), a través de programas interregionales impulsados desde la mancomunidad regional de los andes. Estos deben promover la reducción de tales niveles de pobreza y desnutrición crónica, así como mejorar la conectividad del territorio para fortalecer los corredores económicos; gestionando con enfoque eco-sistémico los recursos naturales en las cuencas y fortaleciendo capacidades institucionales. En Huancavelica, el GORE tuvo un rol facilitador y promotor de diversas intervenciones orientadas a la disminución de la desnutrición infantil; en Junín se emprendieron inversiones en grandes proyectos de infraestructura y políticas en salud, aunque con problemas administrativos.  Es tarea de los nuevos gobernantes auditar y revisar a sus antecesores, pero también continuar con las iniciativas que redundaron en beneficio de sus regiones, sin restar injustamente los méritos de anteriores gestiones y sin caer en el «borrón y cuenta nueva».

desco Opina - Regional / 23 de enero de 2015
Programa Sierra Centro
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Un escenario tormentoso para el gobierno

Una vez más, el ministro Urresti se puso en el ojo de la tormenta. Su desmedida afición por el protagonismo mediático y el uso constante del twitter para desarrollar su «guerra santa» contra los opositores del gobierno, afán en el que es acompañado por el ministro Cateriano, terminó por pasarle factura. A sus dificultades para responder por la huida del prófugo Martín Belaunde, se sumaron sus encontronazos altisonantes con el congresista Mulder, sus disputas con Keiko Fujimori y Alan García, coronándolas con su infeliz texto, meme incluido, contra el ex mandatario. El corolario fue el del altisonante ministro, pidiendo disculpas contrito tras la reaparición de la Presidenta del Consejo de Ministros, quien así pudo recuperar alguna visibilidad en un gabinete que en las últimas semanas parece tener como vocero principal al Ministro del Interior.
Como es obvio, en esta lógica el envilecimiento de la política y la descomposición del debate, alentados también por el entusiasmo que despiertan estos comportamientos en distintos medios de comunicación y en sectores de la opinión pública, continuaron su curso, en perjuicio de una democracia que se deteriora cada vez más ante la incapacidad del gobierno nacional para salir de los muchos entrampamientos que contribuye a generar.
En este contexto, las protestas contra la denominada «Ley Pulpín» han continuado y empiezan a ampliar su contenido y convocatoria. A las protestas y demandas de los colectivos y grupos de jóvenes inicialmente autoconvocados, se sumaron interesadamente muchos de los partidos políticos, especialmente el APRA y las izquierdas, pero también las organizaciones sindicales y algunas otras organizaciones de la sociedad civil. La publicación del Reglamento, por parte del gobierno, está lejos de calmar las aguas, porque como es obvio, si bien intenta limitar algunos de los peligros de la norma, la mantiene en su esencia, precisamente porque se trata apenas de reglamentarla.
En este escenario, la oposición en el Congreso está presionando a la Presidenta, amenazando con su censura, ante su falta de voluntad para convocar al Pleno, poniéndola en una situación difícil. La primera dama y los voceros empresariales, inicialmente agresivos en su defensa de la norma, han optado por bajar su perfil y por el silencio, eventualmente sorprendidos por una protesta en cuya sostenibilidad no creían. Para peor, varios de los congresistas nacionalistas, como viene ocurriendo cada que las papas queman, prácticamente han desaparecido, preocupados antes por su futuro electoral, ya a la vuelta de la esquina, que por su lealtad a un gobierno cada vez más lleno de problemas.
La tumultuosa movilización del 14 de enero pasado, que hay que decirlo, tuvo pequeños grupos de provocadores y un comportamiento violento de la policía, insinuó ya que las banderas de la lucha, además de la derogatoria de la «Ley Pulpín», se orientan también, como debía ser, a la discusión de la Ley General de Trabajo, comprometida por este gobierno y largamente postergada. Como es obvio, el debate sobre esta norma, aún más que el de la «Ley Pulpín», pone en el centro del debate, los límites de un modelo económico que está dando señales claras de agotamiento, la última de las cuales es el reciente anuncio del exiguo crecimiento oficialmente registrado en el mes de noviembre.
El malestar expresado por los jóvenes en las calles, puede irse ampliando. Aunque es verdad que las movilizaciones, hasta hoy son centralmente limeñas, las encuestas demuestran un rechazo creciente a la nueva norma. ¿Alcanzará éste para que el Congreso derogue la norma? Difícil decirlo, porque hay que recordar que la misma fue aprobada por el Congreso de la República con los votos de buena parte de la oposición, que hoy se desmarca interesadamente de su decisión de ayer.
En cualquier caso, y así las cosas, es indudable que el gobierno entra al 2015 con dificultades crecientes y con una presión sostenida en las calles y las redes, que puede extenderse y calentar aún más un verano de por si caliente.

desco Opina / 16 de enero de 2015
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Nuevas gestiones para viejas expectativas



El inicio del 2015 vino marcado por los cambios de administraciones municipales. Dada la escasez de profesionales locales capacitados en conducir procesos de transferencia, en algunas jurisdicciones de selva central se han producido problemas y entrampamientos temporales. En varios casos se suscitaron mutuas acusaciones entre los funcionarios de las gestiones salientes y las entrantes, por no facilitar el proceso, entorpecer los procedimientos, ocultar información, insinuaciones sobre indicios de corrupción, etc. En estos cambios de administración edil, las resistencias de algunos trabajadores de las gestiones salientes y las erradas actitudes pesquisantes que asumen las comisiones de transferencia han complicado la tarea. Los primeros consideran que ocultar información, dosificar su transferencia o tergiversarla, es demostrar lealtad y protegerse; mientras los segundos suponen que se les comparte información incompleta o manipulada con el objetivo de ocultar situaciones dolosas y mostrar una imagen de incorruptibles y salvadores del distrito. A pesar de que en todas las jurisdicciones se ha cumplido con la tarea de instalar las comisiones de transferencia, no se puede asegurar que se ajusten cabalmente a las formas legales y razonables, eso se comprobará con el correr de los meses.
En la mayoría de los distritos los problemas señalados no han sido beligerantes, aunque sí, sensiblemente incómodos. Al respecto, algunos medios de comunicación los han magnificado injustificadamente en las redes sociales y en los noticieros. Aparentemente hay ciertos comunicadores locales que pretenden ganarse las simpatías y contratos de publicidad de las nuevas autoridades, atizando rencillas fermentadas durante la campaña electoral.
Por otro lado, en Oxapampa, hay varios asuntos que deben de ser abordados a la brevedad, como por ejemplo, cuál y cómo será el funcionamiento de la Mancomunidad Municipal; recordemos que con excepción del distrito capital, todos los otros distritos la conformaron hace casi tres años y se espera que con las nuevas gestiones municipales se continúe con el trabajo de convertir en valor agregado para su desarrollo el Reconocimiento de la Unesco de «Reserva de Biósfera». De todas formas será difícil suplir ciertos liderazgos que hacían posible varias acciones concertadas. No todos los nuevos burgomaestres han sido mezquinos, muchos han mostrado buena voluntad para continuar con los avances en temas productivos, sociales y ambientales, independientemente de que estas tareas se hayan iniciado con su antecesor.
Es poco usual escuchar en las juramentaciones, que los nuevos alcaldes reconozcan los méritos de la gestión saliente, sobre todo cuando esta pertenece a otra tienda política. En el caso de Villa Rica, el nuevo alcalde reconoció el trabajo de su predecesor, prometió continuar y esmerarse en mejorar y mantener aquellos logros, lo cual establece puentes para no desperdiciar oportunidades las que, por no depender sólo del gobierno local, no corresponden a los procesos de transferencia:  por ejemplo, la viabilidad técnica que ha logrado la carretera Villa Rica-Puerto Bermúdez-Von Humboldt, obra aceptada por el Gobierno Central ante las gestiones de varios Alcaldes salientes, o la ampliación del Hospital Román Egoavil Pando de Villa Rica, paralizada en el levantamiento de las observaciones técnicas del expediente por la detención del ex Presidente Regional de Pasco y el consiguiente congelamiento de las cuentas regionales.
Hace algunos años, un conocido político decía que «…aunque parezca mentira, ganar las elecciones es muy fácil en comparación con lo difícil que es hacer un buen gobierno»; ante el común denominador de escasez de recursos financieros que tienen muchas jurisdicciones de selva, la capacidad de gestión ante otras fuentes de recursos es la principal alternativa. Esperemos que quienes asumen las gerencias y secretarías clave, estén a la altura de las circunstancias y contribuyan aprovechando las oportunidades para gestionar el buen gobierno que todo ciudadano merece.
Finalmente, el cierre del 2014 sorprendió con el inesperado fallecimiento de Don Antonio Brack Egg, natural de Villa Rica en Oxapampa, quien asumiría la complicada tarea de implementar por primera vez en la historia peruana, la cartera ministerial del Ambiente. Indudablemente, este hecho se ha sentido en toda la selva central. Se podrá discrepar con el rol que cumplió en el Ejecutivo, pero su compromiso con la conservación es incuestionable. Él promovió el reconocimiento y la protección del Estado que merecían innumerables áreas naturales. Oxapampa le reconoce su aporte en la creación del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, el Bosque de Protección San Matías San Carlos y el reconocimiento de la UNESCO de la Reserva de Biósfera Oxapampa Asháninka Yánesha.

desco Opina - Regional / 9 de enero de 2015
Programa Selva Central
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Incertidumbres en la Macro Región Sur tras la segunda vuelta



La campaña para la segunda vuelta de las elecciones para Presidente Regional en Arequipa y Puno, duró dos meses en los que predominaron los ataques antes que las propuestas sustentadas, con muchos silencios y omisiones en temas clave.
En Arequipa, celebrando lo que creía su victoria electoral, un despistado Javier Ismodes Talavera, candidato de “Arequipa renace”, se bañó en la pileta de la Plaza de Armas de la ciudad. Horas después, sin embargo, con un mayor número de actas contabilizadas, la ONPE informaba que su contendora, Yamila Osorio Delgado, de “Arequipa Tradición y Futuro”, era la ganadora de los comicios. La lectura de los votos arrojaba también una sombra, pues casi un tercio del electorado, al parecer, no se sintió representado, y anuló o dejó en blanco sus papeletas en las urnas. El primer debate electoral, en el cual participaron los equipos técnicos de ambos candidatos, hizo ver claramente a muchos, que los movimientos políticos que los cobijan tenían serios vacíos y debilidades. Quizá esto, o el que los dos contendientes tuvieron relación con la hoy cuestionada gestión del actual Presidente Regional, Guillén Benavides, influyeron en el descontento demostrado en las urnas.
En una de sus primeras declaraciones como presidente electa, Yamila Osorio ha manifestado que su tarea inicial será culminar con las obras del gobierno regional, pero el pasivo de Guillén es muy grande, y si a esto le sumamos que el presupuesto para el 2015 ya está decidido y que esta gestión ha comprometido parte del canon minero de los próximos años, le será muy difícil tener un buen arranque. ¿Con qué dinero viabilizará sus promesas electorales? Esa es una pregunta que difícilmente podrá contestar, en especial a las provincias, a las que debe parte de su victoria. Es por ello esperable un gobierno complicado y con muchas tensiones de por medio.
En Puno, Juan Luque Mamani (Proyecto de la Integración para la Cooperación-PICO) se alzó con el 54% de los votos válidos. Sin embargo, varios analistas coinciden en que si quiere demostrar que su gobierno será probo, debe aclarar una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción y deslindar con personajes un poco oscuros de su entorno.
La parte norte de Puno, habitada por población mayoritariamente quechua, fue la que le dio la victoria, por lo que en el primer año de su gestión, también con un menguado presupuesto, deberá seguramente afrontar las demandas de estas provincias. Un asunto altamente preocupante es conocer qué compromisos habrá asumido el candidato ganador para conseguir el apoyo abierto de los mineros informales e ilegales de La Rinconada y Lunar de Oro, siendo la contaminación por esta actividad uno de los más graves problemas de Puno, en un contexto donde el proceso de formalización de estos mineros se ha estancado.
Otra de las victorias que preocupa en la Macro Región Sur es la de Luis Otsuka Salazar en Madre de Dios. Golpeado por la tala ilegal y la minería ilegal e informal, ahora el departamento tendrá como máxima autoridad política a un antiguo dirigente de los mineros, que además tiene denuncias por explotación en zonas intangibles.
En Cusco, Edwin Licona Licona (Kausachun), no ha tenido mayores cuestionamientos, y su votación ha sido más bien una respuesta a los políticos tradicionales cusqueños con muchas denuncias en su haber. Lo único que se le critica es su poca experiencia en la gestión pública. Finalmente, en Tacna, Omar Jiménez Flores (Movimiento Cívico Peruano) tendrá que sobrellevar la poca representatividad de su movimiento político en el Consejo Regional, de allí su mensaje por la unidad de Tacna tras su victoria.
Este proceso ha sido la confirmación de la debacle de los partidos nacionales en el sur peruano, de la precariedad de los movimientos regionales y de la urgencia de una reforma política con medidas que, entre otras cosas, contribuyan a fortalecer la institucionalidad regional, a impulsar la participación ciudadana y mejorar el reglamento electoral. La situación plantea, también, un reto para que la población organizada pueda impulsar un proceso democrático de participación y vigilancia ciudadanas en un contexto de crecientes denuncias y escándalos de corrupción que involucran a autoridades y funcionarios públicos. Esta vez, mirar de soslayo, puede resultar aún más desastroso. 

desco Opina - Regional / 12 de diciembre de 2014
Programa Regional Sur
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