viernes

Creación del INCAS, una alerta al sector alpaquero



Tanto los camélidos sudamericanos como los pobladores dedicados a su crianza, han permanecido largamente relegados en cuanto a beneficios de políticas públicas y servicios de atención del Estado. Esta situación se agravó con la desaparición del Consejo Nacional de los Camélidos Sudamericanos en 2007, luego de una efímera existencia de quince años. Así, problemas recurrentes como la disminución de la calidad de la fibra y la pérdida de competitividad en el mercado internacional, las serias dificultades en la comercialización de la fibra en el mercado interno por la inestabilidad de los precios y la falta de financiamiento, y el injustificable desaprovechamiento del potencial nutritivo y saludable de la carne de los camélidos; perviven en el tiempo reafirmando nuestro desencuentro histórico con el mundo andino.
El 20 de octubre del 2017 el Congreso promulgó la Ley No. 30674, que declara de necesidad pública e interés nacional la creación del Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos (INCAS) como “organismo descentralizado autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego dedicado a la investigación científica, tecnológica y aplicada que incremente la producción y productividad de la cadena productiva de los camélidos sudamericanos y a la transferencia de tecnologías a los actores del sector, para innovar y mejorar su productividad y competitividad”.
 Se encargó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) su promoción e implementación. Se estableció un plazo de treinta días hábiles para la constitución de una comisión de cinco personas “con la finalidad de conformar la asociación público-privada orientada a crear el Instituto Nacional de los Camélidos Sudamericanos en un plazo de ciento veinte días hábiles”, plazo que vencería el 29 de mayo de 2018. Sin embargo, lo que creíamos podría ser una gran oportunidad para que el Estado peruano recupere y asuma su responsabilidad en el desarrollo y conservación de estas especies, y su compromiso con las cien mil familias de criadores a nivel nacional, caería en saco roto al establecer como camino para la materialización del instituto, una asociación público-privada. Con ello, lo que se está haciendo es promover la inviabilidad de su propósito.
En estos más de 180 años que tiene la exportación de la fibra de alpaca, basta con preguntarse: ¿cuál es el monto destinado por la empresa privada para investigación en camélidos?, ¿cuánto ha invertido el sector privado en mejoramiento genético de alpacas?, ¿podrán los criadores alpaqueros –que en su mayoría están al borde de la línea de pobreza– aportar los recursos para la investigación y promoción del sector? Lamentablemente, el sector industrial textil que aprovecha la fibra de alpaca, ha mostrado históricamente una trayectoria estrictamente extractivista al no invertir en la base productiva que le proporciona la materia prima. A diferencia de lo que ocurrió en la industria láctea, por ejemplo.
La ley de creación del INCAS, en su artículo 3, invoca a la Ley 29987 que busca promover la ciencia, la innovación y la tecnología a través de asociaciones público-privadas, definidas como “modalidades de participación de la inversión privada para incorporar experiencia, conocimientos, tecnología preferentemente privados para crear, desarrollar, mejorar, operar o mantener infraestructura pública o servicios públicos”. Esta orientación implica la existencia de condiciones de rentabilidad para la motivación del sector privado: ¿podemos asegurar que la realidad del sector de los camélidos brinda estas condiciones en la actualidad? Definitivamente, no. Por esta razón, la Ley del INCAS –dada la modalidad para su implementación­– se presenta como el mayor riesgo para su fracaso.
Así las cosas, proponemos: la creación del INCAS como organismo público descentralizado y con autonomía; la reasignación de recursos humanos, materiales y documentales que actualmente se encuentran en la dirección de ganadería del MINAG y en SERFOR del Ministerio del Ambiente, para la implementación del Instituto; la asignación de recursos económicos estableciendo un gravamen a las exportaciones de fibra de alpaca, y una proporción del canon minero de las empresas que realizan sus actividades extractivas en las praderas altoandinas. Adicionalmente, la formulación de un plan de desarrollo a largo plazo que incorpore el mejoramiento genético de la alpaca orientado a la producción de fibra, y de la llama, a la producción de carne (en base a la concertación de los centros de investigación universitarios del país y el exterior, los especialistas del sector público de nivel nacional y regional, especialistas de la industria, y las organizaciones no gubernamentales). Finalmente, la reactivación y unificación de las organizaciones de criadores para fortalecer su capacidad de interlocución con el Estado con miras a una implementación favorable del INCAS.
Por otro lado, hay tres temas urgentes de resolver y que requieren de la formulación de un plan de acción inmediato: (i) la comercialización de la fibra no cuenta con un soporte financiero por las deudas de las organizaciones de productores ante Agrobanco, como consecuencia de la inestabilidad de los precios y, en otros casos, por desorganización y corrupción; (ii) los comités de conservación de la vicuña tienen fibra en sus almacenes debido a la drástica caída del precio y la falta de apoyo para realizar licitaciones transparentes y con buena convocatoria de los demandantes internacionales; y (iii) la comercialización de la carne (16 000 toneladas son comercializadas y consumidas anualmente en el país) se realiza de manera informal y sin ninguna responsabilidad del Estado y su ente especializado (SENASA) para inspeccionar y certificar la sanidad.
Esta pequeña agenda abonaría a favor de la economía de los productores alpaqueros, mientras nuestros congresistas o el mismo MINAGRI ven la forma de resolver los cuestionamientos que hacemos a la norma, que es vital para el sector, pero no tal como está planteada.

desco Opina - Regional / 12 de enero de  2018
Programa Regional Sur - descosur

miércoles

Momentos de incertidumbre o cómo la democracia resultó ser una ficción



“Que se vayan todos, Congreso y Gobierno”, arenga que se escucha cada vez con mayor fuerza en los últimos días. Efectivamente, la última encuesta publicada por GfK muestra que el 78% de los peruanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República y que el 61% de los peruanos se inclina hacia su disolución. Al interior del Congreso, la moción de vacancia presidencial fue aceptada con más de 90 votos (siendo necesarios solamente 48) y el 57% de peruanos considera que PPK debe dejar el gobierno.
La crisis presidencial es visible; sin embargo, hay un tipo de crisis, una profunda e incluso más peligrosa, por la inestabilidad estructural que esta conlleva, que no está siendo discutida ni política ni académicamente. La crisis del sistema democrático que está evidenciándose una vez más  no es resultado de la posible vacancia presidencial, o por el asalto cometido contra las instituciones formales, como lo son el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, sino por la falta total de representación política que se está haciendo evidente.
Este problema de representación no se reduce al sistema electoral. No es una cuestión de votantes o curules. La apuesta democrática y, por extensión, el mecanismo de representación, es resultado de la habilidad de poder construir pesos y contrapesos y, por tal, resultado de la composición de una sociedad organizada, informada, libre y vigilante, y la posibilidad de que los partidos políticos puedan generar mecanismos que recojan las necesidades y demandas del sector social que buscan representar. Este tipo de mecanismos son los que constituyen un sistema de representación democrático donde el sistema electoral es solamente una de las tantas herramientas que se dispone para lograr canalizar y expresar, en un momento dado, un tipo de expectativas y preferencias.
Sin embargo, cuando el sistema democrático se limita solamente a un ejercicio electoral los resultados generan vacíos, vacíos que son expresados en forma de descontento e insatisfacción. No es casualidad que el Perú ocupe el penúltimo lugar de satisfacción democrática, superando solamente a El Salvador, según el Latinobarómetro.
En un país cuya experiencia democrática es vacía de representación política efectiva y donde no se ha podido plantear un balance de poderes ni el ejercicio vigilante producto de una sociedad organizada, la primera reacción ante la crisis es, de hecho, el juego del todo o nada. Sobre ello, frente a esta nueva crisis, se tiene, básicamente, dos grandes posturas. La primera, esgrimida dentro del Legislativo, donde se busca una alternativa a la actual crisis a través de una lectura politizada, y no necesariamente legalista, de la Constitución y una segunda postura, producto de la primera y legitimada por más del 60% de la población, que se adelanten las elecciones parlamentarias.
La última vez que se vivió un escenario parecido, donde lo político logró legitimarse por encima de lo legal, nos condujo a nuestra última experiencia dictatorial, con Alberto Fujimori, en 1992. Luego de veinticinco años, el fujimorismo nuevamente está llevando el ejercicio político hacia el límite, por encima de lo legal, sin oposición ni fuerzas institucionales que logren frenar dicha arremetida. Desde la caída del régimen dictatorial fujimorista, e instalado el gobierno de transición de Valentín Paniagua ¿qué se ha aprendido en estos diecisiete años de precaria democracia? La movilización e indignación han demostrado ser insuficientes para enfrentar el abuso autoritario, a pesar de que la teoría clásica se esfuerce en señalar a los partidos políticos y a la sociedad civil como los encargados de garantizar el sistema democrático. En el Perú donde los primeros son parte del problema y donde la segunda es muy precaria, casi inexistente, ¿qué formas, qué mecanismos, utilizar?
Es evidente la incertidumbre que genera el no saber si PPK permanece o logra ser vacado, o la presión ejercida contra la posibilidad de un Ejecutivo liderado por Martin Vizcarra o Mercedes Aráoz, o la posibilidad de elecciones adelantadas o el riesgo de una coyuntura constituyente. Sin embargo, es necesario enfatizar que esta incertidumbre es, finalmente, resultado de una profunda crisis del sistema democrático. No se puede seguir pretendiendo que la democracia se vive y goza solamente porque hay elecciones libres cada cierto tiempo. Estamos ante una realidad que por fin ha logrado superar la teoría y llama a ser cuestionada e interpelada desde todos los ámbitos sociales. La ficción democrática por fin se ha revelado.

desco Opina / 20 de diciembre de 2017

viernes

Tropezar de nuevo y con la misma piedra



Mientras el país estaba posesionado por los resultados futbolísticos y los inquietantes destapes del caso Odebrecht, nuevamente el Ejecutivo puso en debate un proyecto de Ley que afecta la sensibilidad de los derechos territoriales indígenas.
El Proyecto de Ley 1718 hereda la denominación «Ley del despojo» que le dejara el DL 1333, desestimado por la Comisión de Constitución del Congreso de la República en mayo del presente año, y cuya derogatoria fue observada por el Ejecutivo. Aunque el nuevo proyecto excluye de manera expresa a los bienes inmuebles (léase terrenos) que “se encuentren en tierras y territorios de propiedad y/o posesión de pueblos indígenas u originarios; áreas de reserva natural territorial o reserva indígena”, las organizaciones indígenas ya han empezado a movilizarse para impedir su promulgación. Y es de entenderse, porque en nuestro país aún existen muchas reclamaciones territoriales indígenas que no han encontrado solución final; de modo que tal exclusión no significa que no se vulnerarán los derechos de los pueblos originarios. El proyecto de ley cuenta con dictámenes favorables de la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización, se encuentra próximo a debatirse en la agenda del Pleno del Congreso y, al parecer, su aprobación sería inminente.
El sustento del llamado Pacto de Unidad, colectivo conformado por las organizaciones indígenas es bastante claro al respecto “…actualmente existen más de 10 000 comunidades campesinas, nativas y ribereñas que presentan problemas relacionados a la seguridad jurídica de sus territorios. Además, son más de 3000 comunidades de costa, sierra y selva a las que el Estado continúa negando su condición de pueblos indígenas y originarios al no incluirlas en la Base de Datos de Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura”. No existe data oficial de la extensión del territorio indígena que falta titular, ni del número de comunidades existentes que se hallan en esa situación, por lo que consideramos que la cifra vertida en su pronunciamiento no es muy confiable. Lo cierto es que hay estudios que señalan que del total de comunidades campesinas tituladas, el 61.5% no estaría georreferenciado y lo mismo sucedería con el 93.3 % de las nativas; así que el temor tiene plena justificación. Además, la nueva propuesta mantiene al denominado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) y en su redacción busca evadir el reconocimiento de derechos como el de Consulta Previa, situación que ha sido advertida por los líderes nativos.
La Confederación Nacional Agraria también ha advertido el riesgo que se cierne sobre los pequeños agricultores cuyos predios no están claramente georreferenciados y, en muchos casos, existen superposiciones con concesiones de explotación minera o de hidrocarburos que han culminado en serios conflictos con amenazas contra su integridad, inclusive.
La inversión en infraestructura indudablemente es muy necesaria para el desarrollo del país; sin embargo, esta no puede –ni debe– realizarse atropellando derechos. En el caso de las inversiones en infraestructura con fondos del sector privado, estas derivan en concesiones que generan grandes negocios, y los supuestos «justiprecios» que se otorgan a los campesinos resultan irrisorios en comparación con los beneficios económicos inmediatos y futuros que obtienen los operadores. Es decir, mientras el pobre agrava su situación, los poderes económicos llenan sus arcas con la anuencia del Estado peruano.
Un caso similar ocurre con el Proyecto de Ley 1123/2016-CR, aprobado este 7 de diciembre en el Congreso de la República tras su segunda votación. La norma promueve la construcción de carreteras y trochas carrozables en la región Ucayali y es impulsada por el congresista fujimorista Glider Ushñahua; sin embargo, es evidente que su puesta en vigencia afectará principalmente a las áreas boscosas que serán víctimas de procesos de deforestación agresivos, cuyos otros efectos colaterales no han sido evaluados, pero ya vienen siendo advertidos por los pobladores indígenas.
Como vemos, mientras el país sigue atribulado por la sanción FIFA a Paolo Guerrero “el depredador”, el Estado «distraídamente» tropieza dos veces con la misma piedra para dejar las puertas abiertas a otros depredadores, que son también sigilosos, pero mucho más contundentes.

desco Opina - Regional / 15 de diciembre de 2017
Programa Regional Centro

jueves

El momento del desconcierto y el malhumor



La reciente decisión del juez Concepción Carhuancho, estableciendo la prisión preventiva hasta por 18 meses a los directivos de las empresas constructoras nacionales vinculadas a Lava Jato, marca un nuevo momento en la acción del Ministerio Público y del Poder Judicial en esta materia. Los distintos actores involucrados en la penosa película de la corrupción están sorprendidos, el fujimorismo incluido, es decir, el actor más relevante de la coyuntura actual.
Aparentemente, la resolución del juez le restaría fuerza al partido naranja, que en las últimas encuestas, registraba ya el costo político de su arremetida contra el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional. La aprobación de su lideresa cayó 5 puntos, a 34% en noviembre, entre otras cosas porque la opinión pública mayoritariamente cree que el enfrentamiento con Pablo Sánchez es en venganza por las investigaciones a Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez. Es claro, sin embargo, que la prisión preventiva de distintos empresarios de la construcción, es también respuesta a la presión de Fuerza Popular, que por la vía de acusarlos, rompió «palitos» con un sector que frecuentemente apoyó a esa agrupación, optando más claramente por acercarse / representar a parte importante de aquellos a quienes Francisco Durand denomina grupos emergentes o provincianos, que son crecientemente parte de la nueva trama de poder nacional.
En otras palabras, todo indica que el fujimorismo continúa en su objetivo de llegar al gobierno, por el momento el 2021. Su reciente embestida contra otros poderes del Estado, más allá de una demostración de fuerza, apunta a contar más temprano que tarde, con la institucionalidad sumisa a la que están acostumbrados y requieren. Ciertamente, la debilidad del Presidente les facilita las cosas, pero lo que es más importante, les puede adelantar su cronograma. Denunciado recientemente por el congresista Dammert en el marco de Lava Jato, su burocrática respuesta hace más difícil su situación.
De esta manera, no debe sorprender que los empresarios, entrevistados en el CADE reciente, le adjudicaran un 63% de desaprobación, entre otras cosas, por haber sido el apóstol de las «cuerdas separadas», que ellos mismos alentaron y alimentaron durante largos años. El desánimo que se observó en dicho evento, es reflejo pálido del desconcierto de este sector por la manera en la que se está desarrollando el caso Lava Jato y más ampliamente los «destapes» cotidianos sobre la corrupción en el país que, por ejemplo, alcanzan a municipalidades distritales enteras.
Ese desconcierto convive con el malhumor y la distancia creciente de la gente que observa como buena parte de la clase política, de derecha y de izquierda, es parte de un problema y un espectáculo que profundiza el vaciamiento de contenido de la democracia. Como es obvio, incluso el fujimorismo teme que el relativo y cínico manejo que muestran hasta hoy, se le escape de las manos. Su nerviosismo se evidenció en las declaraciones de la congresista Úrsula Letona hace unos días al decir que Odebrecht ofreció dinero a Keiko para su campaña, abriéndole un nuevo «flanco» a su lideresa –José Chlimper y Joaquín Ramírez son los otros–, a pesar de su esfuerzo por negar lo dicho.
Así las cosas, el «control de daños», cada vez más difícil a estas alturas, les interesa hoy por igual a Keiko, PPK y al silencioso García. Sin embargo, a unos más que a otros, se les está escapando de las manos. El manejo de fiscales y jueces no parece tan monolítico como creían. Por el momento, cierran filas en defensa de la autonomía de poderes, pero recordemos que el proceso de cambios en dichas instituciones, no está lejano.
La eventual condición de colaborador eficaz de Barata, cada vez más cercana, empieza a llevarlos a cometer errores groseros. Porque el malestar de la población aún no se manifiesta en movilización y demanda, la situación aún puede prolongarse, en un escenario en el que la mayoría de las fuerzas políticas están más preocupadas por las futuras elecciones regionales y municipales y por el espejismo de sus pequeños poderes, sin percatarse de la profundidad de la crisis, que a la larga puede llevárselos de encuentro a todos.

desco Opina / 7 de diciembre de 2017