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El asilo negado y los cambios institucionales en la política nacional


La decisión uruguaya de negar el asilo al expresidente Alan García Pérez (AGP) ha sido vista como un fracaso de su apuesta por evadir la justicia recurriendo a amigos extranjeros que supuestamente le iban a dar la mano, pero es también un hito en la política peruana y ha sido recibida positivamente por la mayoría de la opinión pública, que lo considera como uno de los políticos más corruptos, desprestigiado, pero con capacidad para evadir o bloquear investigaciones judiciales en su contra.
El fracaso de AGP por lograr el asilo evidenciaría también los límites de la política criolla, basada en gran medida en el clientelismo, el intercambio de favores, y los lazos personales, así como en el genio político, la sagacidad y oratoria del caudillo. En el caso del líder aprista, se confirman sus dificultades para entender y adaptarse a las nuevas tendencias de la política nacional e internacional, algo evidenciado antes de manera contundente en la pobre votación que obtuvo en últimas elecciones presidenciales (5.8%). García y su partido no fueron capaces de interpretar el desprestigio que padecían ante la ciudadanía y al parecer no han logrado tampoco, leer correctamente el contexto actual.
Pese a ello, AGP, a diferencia de los expresidentes Toledo y Humala, investigados, denunciados y hasta apresados por corrupción, ha tenido hasta la fecha la ventaja de contar con un aparato partidario que le profesa una lealtad incondicional. Mantiene además, influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público, lo que le permitió evadir las acciones de investigación judicial y políticas (recordar, por ejemplo, la megacomisión que lo investigó en el Congreso bajo el gobierno de Humala), recurriendo a una serie de tácticas y argucias judiciales.
¿Qué ha ocurrido en los últimos tiempos para que el expresidente esté «sintiendo pasos» que pueden conducirlo a la cárcel? La respuesta no parece ser la persecución política (¿Quién tendría interés en perseguir a un político al que los últimos resultados electorales lo invalidan como una alternativa de gobierno?). Es probable que la lealtad aprista se esté resquebrajando (se rumoreaba de un exfuncionario preso que buscaba acogerse a la colaboración eficaz), pero también se están procesando cambios a nivel institucional en los que es necesario profundizar.
Los analistas de los hechos recientes enfatizan poco en la institucionalidad del país para entender los procesos en curso. Estamos acostumbrados a pensar, con toda razón, en la debilidad y precariedad de las instituciones públicas, pero ello no debería ser un obstáculo para considerar algunos otros hechos concernientes a éstas.
Así, en estos años, pese a sus innegables debilidades y a la persistencia de estilos y personajes corruptos que intentan usar las instituciones públicas para su propio provecho, éstas parecen haber consolidado también una cultura y unas prácticas que no dependen únicamente de las personas que las lideran. De otra manera no puede entenderse la presencia de personajes como el fiscal Pérez o el juez Concepción Carhuancho, a los que no es posible manipular desde instancias superiores.
El debilitamiento de partidos como el APRA, que tradicionalmente ha tenido y tiene aún influencia en aparatos del Estado, es también un factor a tener en cuenta; se habla así de una generación de jueces y fiscales que han ingresado y están haciendo carrera sin el padrinazgo del citado partido y que poco o nada le deben a éste.
Las instituciones públicas no son entonces aparatos férreamente controlados por su principal autoridad o por alguna fuerza política predominante en el Congreso o la escena electoral del país. Por el contrario, la experiencia reciente confirma, una vez más, que las complejidades de las mismas pueden facilitar la corrupción, pero también facilitan condiciones para que los funcionarios públicos puedan realizar un trabajo serio, honesto y apegado a las normas.
Existen condiciones para que la institucionalidad del país pueda controlar y superar los males del clientelismo y caudillismo desinstitucionalizante, aunque hasta la fecha no se haya encontrado la fórmula para lograrlo. Los avances en este camino, poco percibidos debido a las precariedades existentes, no son desde luego irreversibles, pero cuando se produce una suerte de alineamiento o coalición anticorrupción entre actores del gobierno y de otros poderes del Estado, algunos medios masivos y la opinión pública nacional, los resultados pueden ser alentadores. Habrá que esperar, sin embargo, los pasos siguientes de los actores afectados por las denuncias, pues su poder es aún importante y dista de haber sido neutralizado.



desco Opina / 7 de diciembre de 2018

Café, deudas de insomnio


Mientras los medios y la opinión nacional se encuentran concentrados en juicios y destapes de corrupción, el problema cafetalero en la selva central continúa sin solución definitiva. Así, las últimas movilizaciones de los productores de la región han puesto sobre el tapete algo más que el problema del crédito agrario, eje de los reclamos a raíz de la plaga de roya amarilla que llevaron a la crisis del sector cafetalero hace cinco años: la venta y el abandono de los predios agrícolas, la fragmentación familiar por la migración en busca de empleo, y una reconversión productiva de resultados inciertos hacia el kión, el maíz, la yuca y los cítricos, sobre los cuales hay poco conocimiento técnico, pero una alta dependencia de los acopiadores.
Otra dificultad es la fragmentación y falta de representatividad de las organizaciones de productores, que ante una misma situación tienen posiciones diferentes. Así, un sector de cafetaleros propuso y negoció la extensión de plazos y la reducción de los intereses (2016 y 2017), un segundo grupo negoció en setiembre del 2018 soluciones similares; en tanto un tercer grupo propugna la condonación total de la deuda (octubre 2018). El gremio cafetalero fracasó en lograr la condonación, perdiendo representatividad y facilitando condiciones para el ascenso de dirigentes con posturas aparentemente más recalcitrantes. Cabe señalar que ser beneficiarios de una condonación obtenida por movilizaciones y presión, incluiría a los cafetaleros en una indeseada cartera de clientes inelegibles por la banca, bloqueando su acceso a financiamientos en condiciones adecuadas, quedándoles como única opción recurrir al capital usurero.
Los problemas organizativos y la falta de representatividad de los gremios de productores agrícolas y la ausencia de un pliego único es común en el agro nacional, lo que se evidenció en los primeros meses del año durante la crisis derivada de la sobreproducción de papa; la que llevó a negociaciones separadas con varios grupos con propuestas diferentes.
Nuestro café ha logrado reconocimientos en muchos certámenes internacionales, pero los costos de producción y la cotización de la Bolsa de Comercio no son compatibles con las necesidades económicas de las familias productoras. La buena productividad que han alcanzado algunos, no contrarresta los bajos precios que limitan seriamente la capacidad de acumulación del productor y por tanto sus posibilidades de honrar compromisos y cubrir sus necesidades económicas. Existe un incremento del mercado nacional, que genera esperanzas de mejorar los ingresos del gremio en el mediano plazo, pero parece ser aún insuficiente.
Durante el mes de noviembre, grupos de cafetaleros han mantenido reuniones para reorientar sus medidas de lucha para lograr la condonación de deudas, pero sin considerar las consecuencias de esta medida, especialmente la quiebra de Agrobanco que, a mayo de 2017, contaba con una pérdida contable de S/ 146 millones. La condonación de la deuda cafetalera agravaría su situación y la colocaría en situación de inminente quiebra.
En conclusión, la deuda por la crisis del café tiene contra la pared a los cafetaleros y al mismo Minagri. En el corto plazo, es muy probable que se produzcan nuevos bloqueos de carreteras y demandas de condonación. Se confirma una vez más también, la escasa capacidad del Estado para proponer políticas diferenciadas de desarrollo que incorporen las peculiaridades de cada contexto local.

desco Opina - Regional / 30 de noviembre de 2018
Programa Regional Centro - descocentro

Capturado por sus propios fantasmas


¿Qué fue lo que cambió la historia? Dicen que Alan García estaba confiado, hasta que en el camino y sin que lo intuyera apareció el reportaje de IDL Reporteros sobre los pagos desde la caja 2 de Odebrecht. Luego de que García se refugiase en la residencia del embajador uruguayo, los dirigentes apristas informaban que le dictaminarían prisión preventiva en los próximos días, según «sus fuentes».

Sin embargo, los hechos previos contradicen este escenario imposible que nos inventaron los apristas. Ni las nuevas revelaciones ni la eventual prisión preventiva parecieron estar en sus consideraciones cuando se dio inicio a una literal demolición de las instituciones, apuntando a deslegitimar, dado el momento, cualquier disposición en su contra.

Semanas atrás decían –García y sus gonfaloneros locales– que Vizcarra había distorsionado la separación de poderes, al «exigir» la salida de Pedro Chávarry de la Fiscalía de la Nación. Luego, García afirmó rotundo que en el Perú estaba consumándose un «golpe de Estado». Simultáneamente, su abogado concluía sin inmutarse que el fiscal Pérez jugaba en pared con IDL Reporteros y eso era, ni más ni menos, injerencia política. Si quedara duda sobre esto, Aldo Mariátegui, oportunamente, las disipó al revelarnos que Gustavo Gorriti era en realidad el periodista más poderoso del país e IDL el partido político (sic) más importante.

Finalmente, en rueda de prensa y visitas a los medios de comunicación su abogado, sus políticos amigos y él mismo señalaron que habían criminalizado a su partido político, al tildarlo de «organización criminal».

Bien, Rolando Reátegui contradijo todo lo anterior de un plumazo. El pecado mortal del fujimorismo congresal fue haber permitido que el minúsculo aprismo parlamentario los llevara de las narices. “Tienen experiencia, tienen 80 años. No han sabido las consecuencias de tirarse abajo a PPK, no han visto la consecuencia de la ley de medios. Mulder no ha salido afectado de la ley Mulder [de publicidad estatal]. ¿A quién le ha caído todo el grueso mediático? A Fuerza Popular, nos hemos convertido en los enemigos número uno”.

En suma, los intentos por destruir lo poco que le quedaba a la democracia peruana tuvieron como perpetradores a los que señala Reátegui y no a los que señalaban éstos. Felizmente, las reacciones del Tribunal Constitucional corrigieron una situación promovida por los socios apro-fujimoristas que distorsionaba hasta la caricatura el estado de derecho. En octubre había declarado la inconstitucionalidad de la ley que prohibía la publicidad estatal y en la primera semana de noviembre había hecho lo mismo con la resolución legislativa que modificaba las reglas para la cuestión de confianza y censura del Poder Ejecutivo.

Como refirió Augusto Álvarez Rodrich, con estas resoluciones se “cayó la pata de cabra fujiaprista”, es decir, la manera de entender el ejercicio del poder por demás agresiva y sin respetar las formas que predominó en los dos últimos años.

¿Qué les falló a Alan García y su compañía? En corto, fueron «construyendo» paulatinamente un escenario en el que se intentaba asentar la percepción de una situación de deterioro institucional, cada vez mayor. Pero, al hacerlo no les importó agregar el componente fundamental para que esto funcionase en la mente de los peruanos: credibilidad.

¿A quiénes buscó dirigirse García? ¿A quiénes quiso convencer? ¿De qué debíamos convencernos? El lenguaje político es efectivo sólo en la medida en que puede crear conexiones con el depósito cultural de imágenes que poseen los miembros del público masivo. En ese sentido, inventa una realidad y ese poder es lo que mantiene atadas a las personas.

Para que sea aceptada la fantasía que ofertó, era necesario que los consumidores creyeran en las bondades del producto. El desquiciamiento de García no le permitió ver el dato obvio y sencillo que le ofrece reiteradamente la realidad desde hace muchísimo tiempo: es el político más detestado por los peruanos, seguido algo atrás por Keiko Fujimori.


desco Opina / 23 de noviembre de 2018