viernes

El llamado del bosque



Con un elocuente eslogan que evoca a narrativa mística, “El llamado del bosque” congregó a líderes indígenas de nueve países amazónicos que se dieron cita la última semana de abril en la ciudad de Tarapoto alrededor del VIII Foro Social Panamazónico (FOSPA). A pesar de que este cónclave sociocultural tenía carácter internacional y de que el programa prometía abordar sensibles temas que frecuentemente se visibilizan en los conflictos con las comunidades de nuestros Andes y Selva; los medios no le han dado la cobertura que merecía; sólo escuetas notas de prensa han aludido al Foro.
La Carta de Tarapoto ha sido el documento aprobado por los más de 1500 participantes al evento. Sin desmerecer los otros ítems de esta carta, queremos llamar la atención sobre dos de las 24 propuestas planteadas: a) “Impulsar la vigilancia y monitoreo ambiental participativo desde las organizaciones locales para prevenir la afectación de derechos y el incremento de los conflictos que genera el extractivismo” y b) Denunciar y luchar contra la corrupción relacionada con el modelo extractivista y los megaproyectos de infraestructura y explotación en la Amazonía y el Ande”.
Estos son importantes en el actual contexto porque en enero del presente año, el Presidente de la República ha rubricado el DL.1333, que tiene por objeto “establecer disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de obras de infraestructura de interés nacional y de gran envergadura que sean priorizadas (Ley 30025 y modificatorias) y otros proyectos que sean priorizados”; decreto que ya está inquietando a los líderes nativos y al cual han denominado “la Ley del despojo” porque ante la deuda de titulación comunal que tiene el Estado peruano, muchos derechos territoriales de comunidades campesinas e indígenas se encuentran jurídicamente vulnerables de ser afectados.
En ese sentido, el D.L. 1333 crea un proyecto especial denominado APIP (Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados) que facilitará el acceso a territorios rurales públicos o privados, formales o informales, para fomentar proyectos de inversión de "interés nacional", concepto que en sí mismo es bastante amplio y que no ha quedado precisado pero que por su propia naturaleza estaría eximido de someterse a los alcances de la Ley de Consulta Previa. Así ocurrió con el proyecto de construcción de la línea de transmisión de Moyobamba a Iquitos, el cual se amparó en una interpretación de la ley que exonera a los servicios públicos de ese procedimiento, tal como fuera denunciado por los líderes indígenas en el Foro. Asimismo, los líderes de todas las nacionalidades participantes coincidieron en señalar que en América Latina el apostar por un modelo de desarrollo extractivista que vulnera los derechos indígenas no es patrimonio exclusivo de los gobiernos de derecha.
Por otro lado, la vigilancia y el monitoreo ambiental participativo es una propuesta que ya está reconocida por la Resolución Ministerial N°304-2008-MEM/DM, la cual ha recogido recomendaciones que en su momento emitiera la Defensoría del Pueblo con la finalidad de reducir las causales de los conflictos socio ambientales de las actividades extractivas. Sin embargo, los conflictos no se han reducido porque la participación en la vigilancia es acusada de selectiva, poco representativa y basada en la discreción de los empresarios, por lo que la resistencia social contra las industrias extractivas depredadoras deriva en movilizaciones y paralizaciones que en la gran mayoría de legislaciones latinoamericanas está siendo satanizada y criminalizada. El Perú nunca ha sido la excepción y todas las formas de expresión del descontento colectivo han sido seriamente descalificadas por el gobierno aún antes del “perro del hortelano”. Tampoco podemos caer en la insensata aseveración que el descontento social es causado únicamente por las empresas privadas transnacionales. La ineficiencia de Petroperú en el control y mantenimiento del oleoducto son una prueba de ello, con el agravante de que las sanciones –si es que se aplican– son asumidas con fondos del erario nacional. Demás está decir que la corrupción campea en el monitoreo e incluso al momento de iniciar acciones contra las empresas extractivas sean estas privadas o estatales.
Una de las propuestas que no se visibiliza abiertamente en el pronunciamiento, pero que en el corto plazo será puesta en vitrina nacional es el reclamo indígena de autonomía territorial, tema que ha sido ventilado por diferentes delegaciones asistentes con la finalidad de descolonizar sus territorios ancestrales y administrarlos ellos mismos para asegurar la vigencia plena de sus derechos. Este es un asunto por demás complejo debido al carácter unitario del Estado peruano aun cuando no somos capaces de entender ni atender nuestra enorme deuda de integración sociocultural.
El FOSPA ha culminado pero estamos seguros de que sus resultados recién serán visibles en el mediano plazo.

desco Opina - Regional / 19 de mayo de 2017
Programa Regional Centro

lunes

Sumisión



De cada cinco noticias del acontecer político tres deben tener que ver con los Fujimori. Los tweets del padre, Alberto, desde su encierro en la Diroes, la voz disonante en la bancada naranja de Kenji, el hijo más joven y el congresista más votado, o las apariciones en vídeo de Keiko, leyendo comunicados desde algún lugar de Lima, marcan la agenda. Mientras, la mayoría congresal fujimorista busca seguir interpelando ministros como demostración de fuerza. Ahora, ¿fuerza para qué? ¿Todavía alguien piensa en la vacancia de PPK? Tal como viene la cosa en la misma tienda naranja, parece que van a necesitar tiempo para resolver sus propios desaguisados internos y el 2021 tendría que ser la fecha límite para hacerlo. Lo que se busca es la sumisión del presidente, del Ejecutivo, de la política toda. ¿Los deja este ánimo de ‘dominación total’ mejor parados para el 2021?
En un artículo de la década de los Ochenta del siglo pasado, Gonzalo Portocarrero planteaba que la dominación total parece acrecentarse cuando encuentran mayor debilidad del otro lado; una línea directa al sadismo. Las demostraciones de fuerza del fujimorismo parecen, a veces, transitar por ese camino, por ejemplo en las respuestas de la Congresista Chacón a la eventual interpelación de los Ministros de Vivienda y del Interior. El hecho de que la primera víctima del grupo Mototaxi sea ahora especialista del Banco Mundial en Educación parece no disminuir su deseo por ejercer su fuerza. Muchos analistas lo han interpretado como un chantaje ante las negativas por el indulto.
No obstante, se ha señalado que el indulto no conviene al posicionamiento político de Keiko Fujimori. Una interpretación es que la candidata ha sido obligada a considerar el indulto tras haber “bajado” la directiva de que se archive el proyecto de arresto domiciliario del congresista Vieira. ¿A qué están jugando? El efecto del debate sobre el indulto está teniendo dos desenlaces paradójicos: por un lado, evidencia las discrepancias entre “albertistas” y “keikistas” en el Congreso y por otro, parece estar galvanizando a ese fujimorismo “tenso” hacia el camino del indulto pleno. Esto como señal de sometimiento del Ejecutivo. La conceptualización antojadiza del llamado “hábeas corpus por la libertad” se encontrará nuevamente con la negativa del gobierno al no haber cambiado las condiciones que llevaron a negar el recurso de hábeas corpus ya en tres oportunidades en el pasado.
De esa forma, PPK tiene una oportunidad de demostrar, con la debilidad que acarrea y con los afanes personales de sus congresistas que parecen estar calculando solo su próximo movimiento, que todavía gobierna. Negarle algo al congreso fujimorista es exponerse a su ira, esperando que esto los desnude –otra vez– ante la ciudadanía como hambrientos de sangre. De cualquier manera, el poder está intacto. La debilidad que tiene al frente el fujimorismo es demasiado tentadora como para reprimirse de hacer un despliegue vulgar de poder. El Frente Amplio sigue empeñado en autodestruirse y facilita la tarea, pero no presenta el reto de someter al gobierno mismo.
Esperar, como corresponde, al 2021 requiere que el fujimorismo administre su estilo confrontacional, mordiendo solo cuando les conviene, ¿cómo podrían mantener la imagen democrática y el distanciamiento del autoritarismo de los Noventa? Como ha señalado un analista, el dilema del fujimorismo parece radicar en incrementar la polarización y evidenciar su apuesta antipolítica pero a riesgo de perder a los “conversos de Harvard”. En ese sentido, el escándalo de corrupción de Odebrecht no ha hecho más que alentar al fujimorismo dentro y fuera del Congreso a creer que es posible tenerlo todo: aparentar ser implacables contra la corrupción y a la vez actuar como fiscalizadores dentro de cauces democráticos. Sin embargo, las declaraciones de Luisa María Cuculiza: “Vladimiro Montesinos no robó la plata del pueblo, sino del narcotráfico” resume de manera particularmente clara el deseo por capitalizar el escándalo, por ganar el poder de reescribir la Historia, pero a la vez denuncian una cierta ansiedad con ese pasado puesto que es demasiado fácil desarmar los “argumentos” de la excongresista: ¿la compensación de Montesinos también fue con plata del narcotráfico? La idea es pasarle la “pesada mochila” de Keiko a cualquier otro que se la deje poner.
El caso Odebrecht, su poder en el Congreso, la debilidad de los otros actores en la arena política, la posibilidad de una nueva “foto” en la que Humala y Toledo entran a la cárcel mientras Alberto Fujimori sale (al margen de lo que Keiko considere que le conviene, el impacto a nivel simbólico sería rotundo), todo va sumando a la perspectiva de contar con la promesa de ser gobierno en el futuro próximo, y nada unifica tanto como el poder actual y la promesa de poder futuro. Con el fujimorismo en el cruce de múltiples caminos o nudos en la política peruana se comprende por qué el antifujimorismo sigue siendo una de las principales motivaciones cuando este país se pone a pensar en su futuro, más o menos cada cinco años.

desco Opina / 15 de mayo de 2017

viernes

Villa El Salvador: acceso a la tierra y gestión del territorio



El 11 de mayo de 1971 cientos de familias fueron trasladadas a los arenales de Tablada de Lurín del distrito de Villa María del Triunfo. Ese día nace Villa El Salvador (VES) gracias al esfuerzo y lucha de pobladores que acababan de arrancarle al gobierno militar el derecho de acceso a tierra urbana para edificar allí sus futuras viviendas.
El gobierno del general Juan Velasco Alvarado pocas semanas antes, había encargado al Ministerio de Vivienda y Construcción diseñar un gran plan urbano que fuera más allá de la visión de ciudades dormitorio y proyectara una nueva perspectiva que promoviera una propuesta de ciudad industrial y autogestionaria.
De este modo, desde el gobierno se diseñó una propuesta urbana denominada Proyecto Comunal de Desarrollo Integral que contenía un modelo territorial que orientaba el desarrollo complementario de tres usos del suelo: a) zona Industrial/artesanal, b) zona residencial y, c) zona agropecuaria/forestal. Lo más relevante de la propuesta consistió en la formulación de una estructura urbana modular a la vez sencilla y homogénea que pudiera brindar apoyo al desarrollo de una organización comunal, además de la optimización del uso de los recursos físicos del territorio que constituirían el patrimonio inicial del asentamiento.
Más adelante el asentamiento sobre un enorme arenal que antes fuera utilizado como campo de maniobras para paracaidismo del ejército, fue ocupando partes significativas del territorio; así también se fueron conformando no solo los grupos residenciales, sino sus Juntas Directivas Centrales quienes reasignaban los lotes sirviendo de mecanismo para controlar y evitar la especulación y el acaparamiento de la tierra. Si algún lote era abandonado, se procedía con el “blanqueo del lote” como se le denominaba a la acción de recuperación del terreno para la comunidad a fin de que la Junta Directiva Central decidiera su nueva asignación, de acuerdo a ciertos criterios que debía cumplir la familia que quería ocupar el terreno: no poseer lote en otro lugar, contar con familia y asumir el compromiso de participar y apoyar todas las actividades comunitarias.
El proceso de crecimiento y ocupación del territorio de Villa El Salvador ha respetado en gran parte la traza urbana inicial. Sin embargo, durante los últimos años, ante la demanda de suelo para vivienda de las nuevas familias, en un marco de desactivación de las instancias de planificación y la ausencia de políticas públicas urbanas, algunas franjas destinadas al parque industrial o a la zona agropecuaria han sido urbanizadas sin seguir la trama urbana original que caracteriza a gran parte del distrito. Esto ha ocasionado que estas zonas carezcan de la calidad urbanística que distingue a Villa El Salvador en la zona planificada. Sin duda la planificación inicial ha sido muy beneficiosa y ofrece, además, oportunidades favorables para procesos de mitigación de vulnerabilidades.
El reto actual para la municipalidad de Villa El Salvador y las familias que construyen en VES es contar con asistencia técnica que asegure la calidad constructiva de las viviendas, esto es, aprobar y aplicar normas locales y procedimientos técnicos que impulsen una cultura de prevención ante los riesgos físicos a los que está expuesto el territorio por haber construido una ciudad en el desierto. Para desco resulta claro que en Villa El Salvador y los barrios de Lima Sur es importante considerar que las familias no esperan solamente acceso a subsidios del Estado para la vivienda. Son vecinos conscientes de su responsabilidad que así como pagaron por sus servicios básicos, están dispuestos a aportar para recibir asistencia técnica especializada del Estado que mejore la calidad constructiva de sus viviendas.
Villa El Salvador se ha construido con el aporte de su población y líderes quienes han desarrollado con mucha creatividad alternativas y soluciones urbanas que han producido y gestionado la ciudad popular que hoy cuentan. Sin embargo, ahí está presente siempre el reto de avanzar hacia una escala de la intervención distrital, mediante políticas públicas de ámbito local y sectorial, manteniendo la participación de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
A pocos días del aniversario de este importante distrito limeño, resaltamos los elementos claves que han permitido convertir a Villa El Salvador en una ciudad con futuro: la planificación y organización del territorio desde un inicio, sobre la base de un diseño urbano pensado en la gente. Así como la promoción de la participación y organización comunitaria para gestionar el territorio. Estos elementos, inexistentes en la mayoría de planteamientos de desarrollo urbano emprendidos por los sucesivos gobiernos y autoridades municipales en el país hacen la diferencia. Por ello invitamos una vez más a que las autoridades y funcionarios del urbanismo y la vivienda revisen experiencias como las de Villa El Salvador o Huaycán y las consideren para planificar el crecimiento ordenando de nuestras ciudades con un enfoque de gestión de riesgo de desastres.
Requerimos visiones más agresivas y novedosas como las que motivaron el diseño del Proyecto Comunal de Desarrollo Integral de Villa El Salvador.

desco Opina - Regional / 5 de mayo de 2017
Programa Urbano

De estado de emergencia a estado de excepción



Tras la aprobación del texto sustitutorio del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para iniciar la llamada “reconstrucción con cambios” o RCC, los análisis se han centrado en los cambios al texto original. El sentimiento general parece ser el de complacencia con los cambios, salvo en el caso del Frente Amplio, cuya bancada votó en bloque contra la aprobación del texto. ¿Obstruccionismo? Considerando que la bancada del FA no vota unánimemente así nada más y que es muy difícil sostener que hay cálculo político en su posición (sabían que nadie los iba a felicitar por oponerse) resulta interesante evaluar las razones de tanta cohesión.
De acuerdo a Marco Arana, la única victoria (pírrica) que obtuvieron fue ampliar las capacidades de la Contraloría en el marco del proyecto de Ley, o más bien, impedir que se recorten, como demandaba el texto original. En efecto, el nuevo texto ahora admite que la Contraloría realice  control posterior, pero esto no viene acompañado de recursos. Hacia fines del año pasado la Contraloría señaló que los S/. 538 millones que se le transferirían en 2017 eran insuficientes solamente para consolidar el control preventivo en salud, educación y saneamiento. Así las cosas, parece que la instancia de control tendrá serios inconvenientes para cumplir con su labor.
La otra objeción fuerte es que se trata de un esquema centralista, que pasa por encima a los niveles regionales y locales. El proyecto modificado agrega que la autoridad de la reconstrucción debe operar de manera coordinada con los gobiernos regionales y locales. El contenido de esa coordinación queda indefinido.
No sorprende que la primera reacción del Ejecutivo sea la desconfianza en las autoridades descentralizadas. Y ciertamente cabe una crítica al actual modelo de descentralización, pero no para volver a foja cero en la materia. Si la lección de tantos gobernadores y alcaldes tras las rejas es que debe terminarse con la descentralización, ¿cuál es la lección que debemos extraer al tener a un expresidente preso, a otro no habido, y a los otros dos investigados? Acabar con la República, sin duda. Y esta idea centralista de la democracia es puesta en práctica creando regímenes excepcionales a cargo de alguien que, se nos dice en el proyecto de Ley, no es un Zar; solo parece un Zar y actúa como Zar.
La prolongación de un estado de emergencia es algo que supo capitalizar muy bien un régimen autocrático y autoritario como el de Fujimori. Hoy, el Ejecutivo parece seguir una línea similar, aunque con otros ropajes y con una orientación empresarial limeña. No tiene nada de malo per se si es que estuviéramos seguros que conocen de la realidad más y mejor que las autoridades locales y regionales que se aprestan a reemplazar, sobre todo cuando el problema de fondo parece ser de enfoque. Paradójicamente, el escenario de desregulación radical produjo la situación de la precariedad de la vivienda que nos dejó tan vulnerables, como país, a los efectos de un evento como El Niño Costero. Hoy, estos mismos adalides de la desregulación nos dicen que no importa qué haya pasado en las ciudades del Perú mientras ellos no estaban mirando; ellos lo pueden solucionar. Identificar quién es el damnificado es una de las tareas que no se dimensionan porque en nuestras ciudades una casa no equivale a una familia, sino a dos o tres, o cuatro. El estado de las sucesiones y herencias no registradas es un problema no resuelto, sobre todo porque una enorme cantidad de viviendas no tiene un título de propiedad y no está registrada en sus diferentes modalidades: ¿se usaba solo como vivienda o como vivienda productiva? Cofopri –encargado por la propuesta de reconstrucción de hacer el catastro– encuentra cotidianamente serios obstáculos y termina llamando a todos los casos difíciles “contingencias”. ¿Cuánto de nuestras ciudades son grandes aglomeraciones de “contingencias”? Nadie lo sabe con certeza. ¿Es un problema de los malvados ‘informales’? Difícil sustentar eso cuando vemos una urbanización de Los Portales, una empresa perfectamente formal, destruida por las aguas.
Ciertamente, el proyecto de Ley contiene elementos para un debate nacional importante. La idea que han transmitido algunos voceros del gobierno es que no se van a reconstruir las situaciones de marginalidad y vulnerabilidad de antaño. Nunca más en zonas vulnerables, se nos dice en el texto. Lo que debería llevarnos a reflexionar sobre la institucionalidad del Estado, es que ésta suele aparecer únicamente en este estado excepcional. Ejemplo de esto es la mención al Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), la entidad encargada de determinar las zonas que califican como de riesgo alto o muy alto. Parece que estos eventos nos obligan a desempolvar las instituciones y los fondos que en tiempos de ‘normalidad’ no tenían mayor importancia. Tal es el caso del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, al cual se prefiere dejar morir en paz porque ni se le menciona en el proyecto de Ley. ¿Cómo asegurar así que se planificará en serio el desarrollo del hábitat y la vivienda en el Perú aunque eso signifique frenar, junto a los informales, a las empresas privadas que burlan el código? ¿Se planificará algo en este país? Como ya dijimos y es preciso recalcar, la gran desconfianza hacia los procesos de planificación racional del territorio ha sido desestimada como cosa de ‘rojos’ obstruccionistas una y otra vez por los voceros del ‘obrismo’ irreflexivo.
El riesgo es que vayamos en el mismo camino que el fracasado Forsur. La perplejidad que manifestó uno de sus directivos respecto de las condiciones realmente existentes de la vivienda en el Perú parece la misma de hoy. Deberíamos preguntarnos qué hemos aprendido de esa frustrada experiencia. Recordemos que en el caso de Pisco, la infraestructura productiva de las empresas estuvo lista a los pocos días. Lo que no se rehabilitó fue el tejido económico local de pequeña o mediana escala. ¿Cómo será en el caso de los productores de las zonas rurales de Piura? Es cierto, que la entidad propuesta ahora es diferente de Forsur, pero se mantiene la pregunta, ¿cómo representar los intereses de la ciudadanía ‘en vías de reubicación’ cuando se debilita la frágil institucionalidad descentralizada?, ¿cómo evitar que se incrementen las desigualdades? Queda la imagen “generosa” de Keiko Fujimori felicitando al Congreso por estos cambios y aprobación del proyecto de Ley. La idea que quiere afianzar es que, puesto que el Congreso es supuestamente suyo y de su mototaxi, una felicitación al Congreso es casi una palmada en la espalda a ella misma. El oportunismo parece funcionar mejor en el corto plazo y en los estados suspendidos de la excepción.

desco Opina / 28 de abril de 2017