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Del fallo de la Corte a las fallas del presidente



La posición del ministro de Justicia y del presidente Humala a raíz del reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay que leerla en el marco de la gran transformación de un régimen y un líder que ganó las elecciones del 2011 con un discurso alineado con el respeto a los derechos humanos y la necesidad de reconciliar al país, cercano a los organismos que desde la sociedad civil los promueven y defienden.
Estupor e indignación, aunque no sorpresa, causan las declaraciones del ministro Gustavo Adrianzén, quien ya anteriormente, y con ocasión del conflicto de Tía María, nos había regalado frases típicas de un gobierno tradicionalmente represivo. Desde días anteriores a la publicación de la sentencia de la CIDH, el ministro venía diciendo que el Estado peruano no iba a acatar fallos que no se ajustaran a las posiciones del gobierno (¿qué hubiera dicho si Chile desacataba al Tribunal de La Haya respecto a la delimitación marítima con el Perú?).  Más adelante, al hacerse público el fallo de la CIDH, escucharlo decir que el Estado peruano había ganado porque no se tocaron a los comandos del operativo Chavín de Huántar, porque no se pagarán reparaciones a los terroristas, a sabiendas de que esos puntos no eran lo central de la sentencia, declarando, además, que el fallo permite investigar a los testigos y a los denunciantes del Estado, sin resaltar la obligación de investigar la ejecución extrajudicial de un detenido, la sensación era de haber retrocedido en el tiempo y estar escuchando a un ministro del fujimorato en sus peores épocas.
Similares reacciones provocan las declaraciones del presidente Humala cuando días antes de la difusión del fallo, y cuando sus términos eran ya conocidos en pequeños círculos, afirmó cosas parecidas como las dichas por su ministro. Más allá de la orfandad argumental del presidente, lo que está en el fondo es la evidencia de una posición que Humala, militar en retiro, trató de enmascarar u ocultar durante sus años de líder político y candidato, y que hoy ya no se esfuerza en esconder. De allí la cada vez más libre emisión de opiniones que quizá siempre mantuvo in pectore, pero que hoy, agobiado por su baja popularidad y escaso respaldo popular, las manifiesta abiertamente, tal vez para afianzar su cercanía con las fuerzas armadas, uno de los pocos apoyos que deben quedarle.
Lo anterior se asocia con otras declaraciones del presidente cuando hace pocos días, requerido por su opinión acerca del fallo de la suprema corte de Estados Unidos respecto del matrimonio homosexual, dio a entender su desacuerdo pero de manera sibilina y casi vergonzante. Los memoriosos deben recordar con nostalgia cuando durante la campaña para la segunda vuelta del año 2011, el entonces candidato Humala se acercó a los movimientos LGTB peruanos y expresó su apoyo a la libertad y tolerancia social.
Este sinceramiento de posiciones por parte del presidente no tuvo una «hoja de ruta» que preparara el camino, fue un viraje sin mayores explicaciones y muestra no sólo la falta de coherencia política en un líder que por varios años canalizó las expectativas y aspiraciones de un amplio sector de la ciudadanía, sino también, el estilo tradicional del político que no trepida en mentir y hacer demagogia, adoptando y abandonando principios de acuerdo a conveniencias dictadas por la coyuntura.
Las decepciones que esto causa es el costo que no pocas personas deben pagar por el apoyo prestado a un exmilitar sin mayor trayectoria política, sospechoso incluso de cometer actos de violación a los derechos humanos. No sería raro que en un año o más, cuando el presidente Humala abandone su cargo, se reactiven las acusaciones contra el «capitán Carlos», limpiado de ellas durante las campañas electorales en las que fue candidato.
Las reacciones frente a la sentencia de la CIDH dejan sin duda valiosas lecciones entre quienes se esfuerzan por defender y judicializar los casos de violaciones a los derechos humanos: en primer lugar, la existencia de una fuerte «coalición» o lobby mediático, político y militar que no tiene empacho en apelar a argumentos pobres y falsos para atacar todo aquello que sientan como amenaza, contando para ello con el apoyo o al menos la tolerancia de los principales medios de comunicación. El desafío es plantear nuevas estrategias frente a las campañas que pretenden estigmatizar a quienes defienden tales derechos y desarrollar una paciente labor de esclarecimiento sobre la importancia medular de la vigencia de los derechos humanos (y de otros como los derechos económicos, sociales y culturales-DESC) para construir y consolidar una sociedad democrática.
En segundo lugar, es necesario levantar el perfil a una política de reconciliación en esta etapa de post-violencia, que vaya más allá de la judicialización de los casos. Los avances logrados, insuficientes aún, demandan también ideas novedosas que, sin transigir en el imperativo de lograr justicia, contribuyan además, a reconciliar el país. Las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, formuladas hace más de una década, son una base indispensable para ello. Las campañas mediáticas hostiles a los fallos en casos de derechos humanos no deben fondear esta aspiración central aunque, desde luego, contrarrestar el embate de esa suerte de coalición anti DD.HH. es una tarea titánica.

desco Opina / 3 de julio de 2015
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Puerto Bermúdez, tensiones y decisiones



Hace poco menos de un año, el Jurado Nacional de Elecciones anuló el proceso electoral en el distrito de Puerto Bermúdez. Las movilizaciones populares que arremetieron contra las ánforas de sufragio y las denuncias de fraude a favor de la reelección de la alcaldesa lograron su cometido. Desde entonces, y a pesar de que se convocó a un nuevo proceso, las tensiones políticas locales no han terminado de ceder.
En este tiempo, la sociedad civil se ha enfrentado a las decisiones del JNE de reponer a la citada alcaldesa acusada de corrupción, y ha logrado que la mencionada autoridad solicite vacaciones por el tiempo que, supuestamente, le correspondía retomar el ejercicio de sus funciones. Más adelante, ella señalaría que no era su intención solicitar vacaciones, pero se vio presionada por las masas, que la arrinconaron en una plaza pública obligándola a ello; triste desenlace para un movimiento regional –Pasco Verde– que, aparentemente, tenía un buen posicionamiento entre las comunidades nativas y ha logrado colocar a varios alcaldes distritales, así como al provincial.
El nuevo proceso electoral en Puerto Bermúdez ha sido convocado para el 5 de julio próximo, y todos los grupos políticos que se sienten en capacidad de acceder al cargo, han actualizado sus propuestas y sus listas de candidatos. Sin embargo, la desazón ciudadana habría sentenciado a quienes en teoría deberían ser sus verdaderos representantes, los candidatos ashánincas, que pertenecen a la etnia de la mayoría electoral. En los dos últimos períodos municipales, los alcaldes ashánincas han sido enjuiciados y hasta encarcelados por sendos delitos de malversación de fondos y corrupción. Las denuncias, procesos judiciales y encarcelamientos, afectaron también a los regidores y a los equipos técnicos municipales. 
Si en los dos períodos mencionados, las autoridades municipales elegidas han sido ashánincas, su desprestigio ha favorecido a grupos de descendientes de migrantes andinos cuyos candidatos pertenecen a las filas de Somos Perú y Fuerza Popular (fujimorismo) y son hoy los de mayor opción. Lo cierto es que la población está cansada de que los representantes de la etnia mayoritaria terminen sus períodos en medio de serias acusaciones de corrupción, en la cárcel o escondiéndose de la justicia. Lo contradictorio del asunto es que las organizaciones nativas vienen promoviendo que los líderes nativos tengan una mayor presencia en la política local para tomar decisiones sobre los territorios que ancestralmente les pertenecieron. 
Existen desde luego líderes nativos de mucha integridad moral, pero de escasa preparación técnica y política para ejercer cargos de dirección, lo que al parecer incidirá decisivamente en los resultados de las próximas elecciones municipales, aun cuando la idoneidad y honestidad de los candidatos actualmente con mayor opción estén por demostrarse. Cuando el liderazgo no posee buen equipo de gobierno los errores en la gestión son frecuentes e inevitables. El caso de Puerto Bermúdez es similar a lo que ocurre en gran parte de la selva y del territorio nacional; la poca formación política y técnica de los liderazgos locales limita a personalidades con mucha vocación de servicio y compromiso con sus vecinos, y las restringe a ejercer cargos de nivel comunal y sus potencialidades de atracción de votos son utilizadas por grupos políticos integrados por personas de prácticas más avezadas. En un contexto pre electoral de alcance nacional –elecciones presidenciales y al Congreso– las ingenuidades locales ya están siendo seducidas para embarcarse en apostar y acompañar a grupos y candidaturas de alcance nacional.
Es casi seguro que quienes salgan elegidos en este proceso municipal, tendrán que abordar no sólo sus eventuales déficits en capacidades de gestión, sino también, los diferentes intereses y demandas que existen entre los migrantes y los nativos, fruto de sus condiciones de vida y de sus propias visiones de desarrollo; tarea nada fácil que seguramente no se verá exenta de nuevas movilizaciones y enfrentamientos locales.

desco Opina - Regional / 26 de junio de 2015
Programa Selva Central
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Atisbando el 2016 desde el paro nacional



La política peruana de estos días evidencia una vez más la falta de iniciativa de los representantes elegidos por reafirmar su legitimidad como actores ante la ciudadanía que los eligió. Al iniciarse ya la etapa final de este gobierno, más allá de las cantadas candidaturas presidenciales al 2016 de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y tal vez Alan García y Alejandro Toledo, las demás son especulaciones menores que barajan nombres como el del exministro del Interior, Daniel Urresti, y varios autoproclamados outsiders.
Al gobierno, más que conseguir aires para cualquier nueva iniciativa en este proceso lo que le corresponde es organizar su retirada, es decir tratar de amarrar una salida lo más segura posible que le permita al nacionalismo defender a sus líderes ante lo que pueda traer el nuevo gobierno y la nueva correlación de fuerzas políticas que se instale en el país en julio del próximo año.
El escenario parlamentario, visto desde los intereses de los «candidatos del 2016» interesa más, en métodos prácticos, para bosquejar los términos de lo que será el presupuesto que se formule para el próximo año, de manera tal que les permita más adelante proceder a un manejo y reorientación acorde a sus intereses específicos. En lo grueso, las principales opciones para la casi totalidad de los parlamentarios de hoy solamente se diferencian en matices en cuanto al manejo macroeconómico, pero pueden saltar algunas diferencias mayores si se profundiza en el análisis sectorial. Lo demás será tratar de hacer populismo pensando en su continuidad como congresistas.
La crisis de los partidos y su visión nacional es difícil y debe alarmar no solamente a sus propios seguidores, sino a todos los que creemos en el sistema democrático y lo patrocinamos. Esto es particularmente evidente entre quienes constituyen ese tercio del electorado que normalmente se sitúa a la izquierda del espectro político y que hoy aparece tan fraccionado como lo ha acostumbrado en los últimos 25 años, para no remontarnos más atrás, marcado por condiciones sumamente «limeñas» de sus cabezas o pequeños líderes. La izquierda se sigue debatiendo entre la necesidad de organizarse para construir un instrumento de lucha política o desarrollar un espacio de organización y representación.
Si bien en estas semanas se perciben distintos intentos de un lento proceso de recomposición, es claro también que el sector más progresista de la ciudadanía demanda, dentro de su pasividad, se logre organizar «algo» que de alguna manera pueda aparecer como una opción atractiva para atender la necesidad de una representación política, con criterios más o menos institucionales. La mayoría de quienes hoy se presentan ante la opinión pública, más que movimientos o iniciativas, son barruntos que no se están acomodando dentro de la institucionalidad con bases y estrategias sólidas y miran hacia adentro de sus historias, y no hacia las mayorías nacionales y sus requerimientos de representación y liderazgo.
La convocatoria al paro nacional del 9 de julio puede convertirse en una interesante oportunidad para darle un sentido común a este proceso cada vez más centrado en las elecciones nacionales del 2016. Y es que será, una vez más, un momento que aglutine una larga lista de reivindicaciones, quejas, protestas y demandas de múltiples grupos y organizaciones sociales, de trabajadores, mujeres, jóvenes, intelectuales y otros que no se sienten representados por los candidatos del orden neoliberal. Pero también es claro que el paro nacional no resuelve los problemas de organización de las agrupaciones de izquierda o de quienes «militantemente» votan por el cambio o en contra del modelo neoliberal que se nos ha impuesto en medio de condiciones muy agresivas desde la derecha económica y el manejo mediático de grupos como El Comercio.
Esto lleva a una imperiosa necesidad de redefinición de cómo se entiende la participación política, la representación social y la concertación de intereses comunes de amplio giro, que lamentablemente no va a surgir desde dentro de los partidos políticos que demostraron tener representación nacional hasta no hace mucho y que han perdido vigencia. La organización y modernización de la izquierda probablemente llegue desde fuera y no de la competencia desgastante de pequeños grupos brindando un espectáculo poco alentador. Ojala el proceso mismo del paro nacional sea una oportunidad para entender qué esperan las mayorías nacionales y cómo sintonizar con sus demandas de representación política, sin caer en la ilusión de los años 80 de creer que un paro contundente podía reflejarse automáticamente en resultados electorales exitosos.

desco Opina / 19 de junio de 2015
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Tía María: la mecha del caldero



Un día antes del último paro regional convocado en Arequipa contra el proyecto Tía María, el gobierno nacional publicó una resolución suprema, autorizando hasta el 24 de junio la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, para el mantenimiento del orden interno en los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. Esta decisión fue motivada por el apoyo de los departamentos del sur a la protesta de los pobladores de Cocachacra, siendo también una advertencia para estas zonas, donde se localizan varios de los principales yacimientos mineros del país y donde bulle el descontento social.
En el sur no se necesita un Pepe Julio que amenace con incendiar Troya negociando protestas legítimas con el empresariado minero. Esta protesta ha demostrado que existe una masa que reprocha la imposición de un proyecto minero y el olvido gubernamental de sus localidades. Sin embargo, el lado peligroso del asunto es que el movimiento social no tiene una conducción política clara, tal cual se ha evidenciado durante el primer paro, en especial en Arequipa, donde se vio a pequeños grupos de personas desplegados por toda la ciudad, dispuestos a tirar piedras a mansalva. La desarticulación del movimiento fue notoria pues ni los «líderes sociales» que comprometieron a los suyos a la paralización, ni las autoridades locales, pudieron controlar el desborde. Por ello, ante su error de lectura del contexto social, el gobierno nacional tomó la peor decisión: militarizar el sur.
La desconfianza no sólo es un problema comunicacional, como cree Southern Peru, que el fin de semana presentó en diferentes medios de comunicación su centro de información, sino de credenciales.  Y la licencia social no se impone a la fuerza, como trata de hacer el gobierno, que se ha cerrado contra la posibilidad de que un tercero analice el estudio de impacto ambiental; tampoco lo logrará amedrentando a las autoridades subnacionales, sino trabajando con ellos como sus aliados, articulando los distintos niveles del Estado.
El conflicto de Tía María está dando lecciones al gobierno, el empresariado y a la clase política, y es muy importante aprender de ellas, especialmente la necesidad de actuar a tiempo para evitar la crisis, pues eso puede volver a ocurrir en Puno y Apurímac, donde se está caldeando el ambiente (en Arequipa todavía estamos en tensa calma).
Este es, por ejemplo, el caso en la Cuenca del Ramis, (Puno), donde se viene una paralización, en protesta por  el retraso del gobierno nacional en los proyectos de remediación de los estragos causados por la minería informal. Apurímac, según la Defensoría del Pueblo, es el departamento con mayores conflictos de tipo socioambiental vinculados a la explotación minera. En Cocachacra hay una calma superficial, porque el conflicto ha quedado en pausa con el estado de emergencia, con protestantes sin líderes visibles que tomen la posta dejada por los líderes cuestionados, y sin muchas posibilidades de desarrollar un real proceso de concertación en el sentido que espera el gobierno nacional y la empresa, es decir, la continuación del proyecto. Todo ello es, en último término, consecuencia de las acciones de la empresa y del mismo gobierno, no sólo ante el desencadenamiento de la reciente huelga en el valle de Tambo, sino también, por la forma en que condujeron el proceso de presentación del EIA en la zona hace dos años.
Sin embargo, y tratando de convertir esta crisis en una oportunidad, la situación abre la posibilidad para que distintos actores políticos y sociales puedan poner en discusión elementos clave para soluciones de fondo y de largo aliento: La gobernanza de las industrias extractivas, la política de gestión de conflictos, la formación de liderazgos, la crisis de los partidos, así como la sostenibilidad del modelo económico vigente. Antes que salidas coyunturales y referidas a un caso específico, el país necesita tener alternativas que enfrenten el problema desde sus raíces.

desco Opina - Regional / 12 de junio de 2015
Programa Regional Sur
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