viernes

Problemas urgentes y política ausente


Muerte de neonatos en hospitales públicos, homicidios perpetrados con saña inaudita e intentos de desalojo en terrenos invadidos que produjeron gran violencia, fueron hechos resaltantes en los últimos días, sin que haya merecido mayor interés de los que dirigen el país.

Madres adolescentes
En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.
Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano. Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.
Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales. Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.
Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.
Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.
Homicidios
Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.
No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.
Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Tráfico de terrenos
En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.
Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato. Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.
Si bien desde el 2016, la policía y la fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.
Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría –y seguirá discurriendo– por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

desco Opina / 13 de setiembre de 2019

De `Pico y placa´, el ordenamiento del transporte en Lima


A más de mes y medio desde que fuera implementada la ordenanza metropolitana que restringe el tránsito de algunos vehículos en ciertas vías de la capital, los resultados obtenidos a la fecha son de todo tipo. Desde los positivos que analizan un mayor flujo vehicular en arterias importantes de la ciudad, según declaraciones del Alcalde Muñoz, que menciona que se aumentó de una velocidad promedio de 16 km/h a 20km/h en las vías donde se aplica la restricción; como los negativos, que mencionan hasta un 25% de aumento del flujo vehicular en vías alternas del distrito de San Isidro, por ejemplo.
Fuera de este primer pantallazo, debemos ser conscientes de que esta medida aún no puede ser evaluada en su real dimensión, mientras que permanezcan los carriles exclusivos para los vehículos que operaron para la movilización hacia las sedes de los juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, los cuales –en teoría– deberían ser retirados el 5 de setiembre.
Lo que nos queda claro a aquellas personas que nos transportamos por dichas arterias con restricción, es que el tráfico es mucho más denso para llegar, por ejemplo, desde la VIDENA (Villa Deportiva Nacional) en el distrito de San Luis, hasta el complejo habitacional para los deportistas ubicado en el distrito de Villa El Salvador; haciendo que dicho recorrido en transporte público sea hasta un 30% mayor de acuerdo a estadísticas propias de quien se moviliza por esta arteria desde antes de implementada la medida.
Y al margen de si la medida funciona o no, lo más alarmante es ver que pese al supuesto estudio y análisis que se hizo para aplicarla, esta medida se haya modificado una y otra vez en materia de uso de horarios, tipo de vehículos que puedan transitar e inclusive cambio de límites de las vías con restricción, generando confusión y desconcierto entre quienes manejan y deben acatar las normas.
Todo esto nos hace suponer que la medida fue hecha para darle a Lima una imagen internacional de transito más decente ad portas de la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, puesto que está catalogada como la tercera ciudad con la congestión vehicular más grande del mundo. Esto lo afirmamos al percibir cómo se usaron los carriles «exclusivos» para los vehículos de transporte oficial para los juegos, en una proporción descomunal a favor de los atletas para que lleguen a tiempo a sus justas deportivas y en desmedro del común de la gente que se transportaba por las vías alternas y paralelas saturadas para hacer sus actividades diarias, suponemos menos importantes para la comuna limeña como ir a laborar, por ejemplo.
Como lo dijimos al principio aún debemos evaluar qué pasará cuando se eliminen los carriles exclusivos y la medida termine de «mutar» de acuerdo a los intereses de unos y otros. Lo que nos queda claro es que el criterio de planificación no ha primado en esta medida, y lo que se buscó fue solo generar un remedio temporal que, como tantos otros, no tendrá ningún efecto real si no se ataca el tema de fondo que es la reforma del transporte, en la que realmente, nos corresponde que «juguemos todos».

desco Opina - Regional / 6 de setiembre de 2019
Programa Urbano

jueves

¿Una crisis sin fin?


Conforme pasan los días, la distancia entre el Presidente Vizcarra y el Congreso de la República se profundiza, todo indica que irremediablemente. El debate ya instalado sobre el adelanto de elecciones demandado por aquél, desde su discurso de Fiestas Patrias, subió significativamente sus decibeles tras la decisión gubernamental de suspender la licencia de construcción de Tía María (Consejo Nacional de Minería). La filtración de las conversaciones del mandatario con distintas autoridades arequipeñas fue el combustible que, desde entonces, cual fantasma, atraviesa muchas de las críticas a la intención del Ejecutivo de acortar el mandato de la representación nacional y el suyo propio.
En este escenario, la élite, también incómoda con la decisión de Vizcarra de impulsar el adelanto de las elecciones optó por romper palitos con un Ejecutivo que no sienten suyo y un discurso que exige orden, volviendo a la manida agresividad contra los movimientos sociales y el ejercicio de sus derechos. No obstante, la altisonante campaña emprendida desde ese momento, inicios de agosto, las encuestas recientes evidencian que su impacto en la temperatura de la opinión pública nacional no es significativo. Aunque la percepción de la situación política general es definitivamente pesimista, la aprobación presidencial, sin ser mayoritaria, subió 7 puntos en un mes, llegando al 47%, en contraste marcado con el Congreso, 8% con 3 puntos menos. 65% se manifiesta a favor del adelanto electoral y 75% apoya algún tipo de salida a la crisis política que supone un cambio tanto en el Congreso como en la Presidencia el 2020.
El sondeo ratifica también la pobre percepción que tiene la opinión pública del Congreso de la República y sus motivaciones para oponerse a la propuesta –90% cree que es por prolongar sus ingresos hasta el 2021 y/o defender privilegios como la inmunidad parlamentaria–, tanto como de la capacidad de gobierno del mandatario: 55% que llega hasta el 70% cree que no tiene claro un plan de desarrollo del país. Tales resultados se entienden mejor, cuando en la misma encuesta encontramos que 63% le da la razón a la población del valle de Tambo, 56% apoya la suspensión de la licencia, 53% se manifiesta de acuerdo con el paro regional de Arequipa y sólo 10% cree que el proyecto debe continuar.
La CONFIEP, distintos sectores empresariales y diversos formadores de opinión pública, cegados por sus intereses más inmediatos, pero también cada vez más temerosos por la marcha de los alcances de las investigaciones sobre la corrupción en el país –Lava Jato y Cuellos Blancos– que escalan un paso más con la decisión de colaborar de los principales ejecutivos de Graña y Montero, denuncian que las debilidades del gobierno y su antifujimorismo, lo llevan a ceder “ingenuamente a las fuerzas desestabilizadoras del sistema democrático y del modelo económico. En su carátula de la semana pasada, Caretas mostró a Vizcarra con un polo, indicando que “cambió de camiseta”, obviando que desde los primeros meses de su gestión, el mandatario se caracterizó por su pragmatismo para supervivir dentro del modelo a los varios grupos de presión.
Así las cosas, el desenlace es incierto. En un escenario de actores definitivamente débiles, el Presidente, en reciente entrevista en Hildebrandt en sus Trece, afirma que mantiene su apuesta, porque no encuentra otro camino, aunque es claro que no dispone de los votos que requiere su propuesta en el Congreso. La mayoría congresal, cada vez más variopinta, tampoco los tiene para vacarlo y recurre al «refuerzo» de distintos juristas, como si la esencia del problema no fuera política. En este contexto, el diálogo presionado por el decimonónico Presidente del Congreso en medio de una graciosa combinación de «buenas formas» y «pechadas faltosas», parece condenado a terminar como empezó, con actores manteniendo su posición irreductible, mientras va pasando inexorablemente el tiempo, lo que supone la derrota del Ejecutivo.
La baraja del Presidente podría mejorar si la movilización de la calle convocada para el 5 de septiembre próximo resulta exitosa. Parece claro que la gente, acicateada por la gran desconfianza de muchos años de pésima política y por las evidencias de la gran corrupción que la alcanzan, apuesta a que se vayan todos. Sin embargo, hasta ahora, si tiene que apoyar a alguien en este escenario, ese es Martín Vizcarra. Máxime cuando el Congreso carece de una agenda que proponga los cambios legales que dice que el país necesita. Siendo incierto el desenlace, como lo hemos dicho, es a plazo fijo y está próximo, pero también puede ser de continuidad por la falta de fuerza y capacidad de los actores. Lo que sería trágico para el país.


desco Opina / 29 de agosto de 2019