miércoles

¿Qué está detrás?

 

El martes primero de diciembre, a propósito de las protestas y bloqueos de carreteras que llevan a cabo los trabajadores agrícolas de la región Ica, un diario de circulación nacional preguntaba en su portada ¿Quién está detrás? Viniendo de quien viene, la pregunta no buscaba una respuesta, sino que los lectores aceptemos una imposición: la directora Valenzuela quería que respondamos «los terrucos».

Así razonan parte del país, ella y sus derechistas lectores. Simples, lineales, superficiales e incapaces siquiera de formular una explicación mínimamente razonable de las dificultades que aparecen en esa prosperidad falaz basada en la extracción, que todavía no dudan en celebrar.

Veamos. No necesitamos ser comunistas para afirmar, por ejemplo, que una primera cuestión a considerar es que el territorio en cuestión ha sido materia de una intensa transformación durante las últimas décadas, debido al nuevo patrón productivo que se impuso en los valles de la parte baja de la cuenca. Para el caso, debieran preguntarles a personas como el ex gobernador regional Fernando Cillóniz, cómo fue el paso del algodón al espárrago como producto dominante, y lo que implicó en las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de los valles iqueños.

A estas cuestiones coyunturales se suma un factor estructural, el cambio climático, que disminuye considerablemente la oferta de agua, en una situación de demanda creciente del recurso. Es cierto que es un fenómeno global, pero exige soluciones locales, porque la manera como se manifiesta en una cuenca o en un determinado territorio tiene características diferentes a las que se manifiestan en otro, incluso, en aquél próximo y contiguo.

De esta manera, el espárrago, el principal cultivo de la región, origina una fuerte demanda de mano de obra, generalmente estacional e informal. Sin embargo, debemos apuntar que dicho cultivo está atravesando por un mal momento. Muchas empresas, por diferentes motivos, han dejado de exportarlo, no tienen regularidad o simplemente mueren en el intento de crecer con este cultivo.

En el 2017, 29 empresas –de las 90 que exportaban hasta entonces– dejaron de hacerlo. En el 2018, otras 23 salieron del negocio. Finalmente, en el 2019 dejaron de exportar 30 firmas de un total de 88. Así, el porcentaje de empresas que salió del mercado en los últimos tres años fue de 32, 25 y 34%, lo que abona a favor de la idea de una alta informalidad empresarial, además de la laboral, imperante en el negocio.

Frente a la caída del espárrago, que conlleva una disminución importante en la demanda y las tarifas de trabajo agrícola, está la alternativa de la uva. La emergencia sanitaria produjo cambios sustanciales en el ciclo de este cultivo. Las exportaciones normalmente se realizaban entre agosto y marzo, con picos entre noviembre y febrero. Sin embargo, este año se observó un adelanto en la campaña, iniciándose en junio, alterando la dinámica habitual del trabajo estacional de la región. En todo caso, las cifras positivas del cultivo dependerán del nivel de demanda en un escenario donde una amenaza en ciernes es la sobreoferta mundial.

Así, un sector que normalmente tiene altas tasas de trabajo informal, que puede bordear el 90%, tiende a bajar su nivel de reclutamiento o a disminuir los jornales por debajo de los mínimos legales cuando enfrenta situaciones circunstanciales que golpean la rentabilidad empresarial, como las actuales.

 A ello, hay que sumarle la escasa o nula capacidad del Estado para intervenir en esta situación. No es falta de información, porque lo que acontece es conocido detalladamente por las autoridades, desde años atrás. Es, en suma, la completa incapacidad para aplicar las normas. Además de la inoperancia de la Autoridad Nacional del Agua ANA, que ve ante sus ojos la multiplicación de pozos subterráneos que acrecientan de manera geométrica la desertificación del valle sin poder intervenir, tenemos ahora a SUNAFIL como un ingrediente patético más en esta indignante situación: basta ver la relación existente entre denuncias e intervenciones llevadas a cabo por esta instancia para evidenciar de manera clara, sencilla y contundente la consabida falta de institucionalidad del Estado peruano.

Estamos advertidos: no es la rentabilidad fácil de empresas truchas cuyo funcionamiento y reconversiones ilegales permite el Estado; tampoco la absoluta incapacidad de hacer cumplir sus normas laborales, ni permitir el uso extremo hasta el agotamiento de un bien común como el agua, para el enriquecimiento privado; menos aún la formulación de una mínima estrategia que busque una mayor eficiencia económica de la agroexportación y una mejor distribución de sus beneficios. Son, lo sabemos, los terroristas.

 

 

 

desco Opina / 2 de diciembre de 2020

viernes

Cómo quedan las promesas de Vizcarra en Junín

 

Semanas atrás observamos perplejos como el Congreso, una de las instituciones con el más bajo índice de respaldo de la población, logró destituir del poder al hasta entonces presidente de la República, Martin Vizcarra, recurriendo a una segunda e ilegal moción de vacancia por incapacidad moral, tras descubrirse indicios de supuestas coimas, cuando éste se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El resto es historia conocida, en menos de una semana el país juramentó a dos presidentes interinos: el primero, con nulo respaldo ciudadano, lo que generó innumerables manifestaciones civiles a nivel nacional frente a las que la sociedad huancaína no fue ajena; y el segundo, una vez presentada la renuncia de Merino –en medio de una crisis política de grandes proporciones, muertos y heridos de por medio–, Francisco Sagasti, quien asumió interinamente la presidencia de la República, con la misión de asegurar la vía más democrática posible para las elecciones presidenciales de abril próximo.

En la región central, específicamente en Junín, se vivió muy de cerca todo este proceso, pues es necesario recordar que la última actividad oficial desarrollada por el expresidente Vizcarra, se llevó a cabo en la ciudad de Huancayo, hasta donde llegó una vez concluida la presentación de sus descargos y defensa ante el Congreso de la República en la mañana del 9 de noviembre último.

Aquel día –en el corto tiempo que pasó en tierras huancaínas– el expresidente cumplió una nutrida agenda: la puesta en funcionamiento del puente de Chupuro, importante obra añorada por gran parte de la población de la zona sur del Valle del Mantaro; el inicio de obras de trascendencia en materia de infraestructura vial en distritos de Huancayo (pistas y veredas); y la supervisión del avance de otras que fortalecen la conectividad regional y que servirán para la reactivación económica de la población, que hasta la fecha mantiene gran incertidumbre por las consecuencias que viene acarreando el Covid-19, por mencionar algunas.

Nos cuestionamos ahora, qué sucederá en adelante; sobre todo respecto a las responsabilidades asumidas por la comitiva que encabezó Vizcarra aquel 9 de noviembre, como la reafirmación de una pronta iniciación de trabajos para la puesta en marcha de la tan ansiada carretera central de 4 carriles, que no solo beneficiaría a Junín, sino a toda la región central del país.

Luego de aquella importante iniciativa de reunirse con autoridades locales y recibir de éstas innumerables solicitudes de financiamiento, nos preguntamos sin ninguna certeza ¿cómo quedan las negociaciones que esforzadamente pudieron realizar los alcaldes que lograron reunirse con Vizcarra? Todos conocemos que los ministros que acompañaron al expresidente aquel día ya no están más, e incluso gran parte de los funcionarios de confianza –como ocurre cada vez que hay un cambio de administración–, también cambian; entonces, ¿todo vuelve a foja cero?

Es necesario que la sociedad civil se muestre más preocupada que antes, pues cabe recordar que la región Junín, no habría sido beneficiada adecuadamente respecto a la planificación presupuestaria para el próximo año. Esperemos que nuestros representantes regionales puedan por lo menos intentar generar un cambio y así lograr el incremento del presupuesto regional que tanta falta nos hace.

Será que podemos confiar en que la administración de Francisco Sagasti cumplirá con los acuerdos que en su momento –y a pocas horas de ser vacado– Martín Vizcarra prometía alegremente a la gran cantidad de población que se congregó para escucharlo, o es que como ya mencionamos, estos deberán volver a gestionarse para llevarlos a cabo. Solo el tiempo aclarará este panorama; las dudas sobre estas interrogantes deben movilizar a la sociedad civil organizada de Junín, exigiendo respuestas e interpelando a las autoridades regionales y al gobierno nacional, de modo que estos compromisos se asuman y ejecuten tal cual fueron anunciados.

 

 

desco Opina - Regional / 27 de noviembre de 2020

descocentro

Recapitulación y retos actuales

 

Aunque al parecer superamos el ojo de la tormenta en el plano político, las demandas populares en medio de la crisis económica se mantienen tal cual.

El telón de fondo de la reciente crisis política se ha definido por tres elementos: el agotamiento del modelo económico evidenciado y agudizado por la pandemia del Covid-19; el desfase entre los intereses de mafias y grupos de poder en relación al gobierno, al punto de descartar al presidente Vizcarra; y finalmente, la necesidad de los «dueños del Perú» de encontrar mejores condiciones para la próxima etapa electoral y la defensa de sus intereses.

El gabinete de giro ultraconservador que quiso imponer el breve gobierno de Merino expresaba la convergencia entre grandes grupos de poder como Confiep, el Grupo Romero o la Sociedad de Pesquería, y el cajón de sastre ultraderechista membretado como Coordinadora Republicana. El súbito poderío ganado por este sector reciclado, en una transición de poder totalmente irregular, fue el detonante de una impensada reacción ciudadana que llevó a la renuncia de ese gobierno transitorio. La gran mayoría de peruanos y peruanas valoraba cierta estabilidad y prefería que Vizcarra fuera juzgado y sancionado apenas concluyera su gestión de gobierno, pero no en medio de la pandemia.

La fuerte reacción juvenil ciudadana (“no me representa”) en medio de un ambiente de antipolítica y hartazgo, ocurre ante la debilidad de los gremios de trabajadores urbanos, campesinos y otros que coincidían en ver la salida de Vizcarra como un reclamo popular. Un error que embarcó a esos sectores y algunos grupos de izquierda, como furgones de cola de la ultraderecha conservadora, junto al fujimorismo y al antaurismo. Hartazgo hay y mucho, pero no desinterés por la política, en una generación nacida en una sociedad permanentemente envuelta en la corrupción.

La protesta se activó desde las redes y luego pasó a las calles. Quizá nunca había salido tanta gente en el Perú. No se ha tratado de una “movilización juvenil”, sino de ciudadanos, una inmensidad de jóvenes, en todas las ciudades del país, sin intermediación de liderazgos gremiales o de frentes políticos. Jóvenes que tomaron la política sin los políticos, cuyos referentes de organización y movilización vienen de sus identidades más inmediatas: el fútbol, el consumo cultural, las ‘tribus’ digitales y barriales, con menos aglutinamientos territoriales de los que se intentó con las “zonas” que funcionaron durante la resistencia a la “ley pulpín” en 2014-2015.

Es temprano para un balance completo, pero no debe dejar de valorarse como positivo que se le cerrara el paso a un gobierno de la ultraderecha aliada a los dueños del país. La conducción del Estado ha girado desde un sentido común de derecha y centro a otro de centro izquierda.

Acción Popular y Alianza para el Progreso retroceden en su espacio electoral sin facilitar con ello condiciones para una presidencia de izquierda en abril, pues se mantienen los vetos de los poderes fácticos y los medios. El rol que juegue la nueva Presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez, tendrá un peso específico en las posibilidades de la izquierda. En medio de ello, el expresidente Vizcarra podría tentar suerte como ficha de una derecha moderna, y el partido Morado gana espacio y adeptos con Francisco Sagasti de presidente transitorio.

En lo inmediato, la vigilancia y la movilización quedan como tareas centrales. El retroceso de Confiep y de varios de sus aliados y voceros aparece como la oportunidad de proponer un renovado Pacto Social que atienda los graves problemas actuales de pobreza, desempleo, salubridad, educación, vivienda y abandono de la agricultura familiar. Puede ser el inicio de una coyuntura de construcción de una nueva representación social y política que atienda la fractura social que sufrimos. Tenemos ante nosotros el reto de superar el desencanto y la deuda moral con la sociedad incluyendo nuevos derechos y responsabilidades para las mujeres, los jóvenes, grupos LGBTI y otros sectores como las poblaciones indígenas amazónicas. Esa será la base para lograr el consenso de darnos una nueva Constitución para el país del bicentenario y el siglo XXI.

 

desco Opina / 20 de noviembre de 2020