La agenda de desarrollo pendiente para Lima Metropolitana

 

La población de Lima Metropolitana que bordea los 11 millones de habitantes, es un tercio de la población de todo el Perú. Pese a ser la capital del país, las y los ciudadanos no ejercen sus derechos; ni el gobierno nacional –con sus Ministerios–, ni el gobierno metropolitano y las gestiones distritales pueden solucionar los problemas que aquejan a la población que vive en esta ciudad.

Sus problemas son conocidos y los vemos y sentimos cada día. Enfrentamos la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres y la infancia, la contaminación ambiental, el constante peligro de desastres resultado de fenómenos naturales, el caos vehicular, la malnutrición, la incidencia de casos de tuberculosis, el desempleo, la informalidad, la pobreza, la desigualdad extrema y un largo etcétera más. La ineficiencia de las autoridades y los casos de corrupción han contribuido a que esta problemática se mantenga y en muchos casos se incremente.

Todos y todas –habitantes presentes y futuros– tenemos derecho a habitar, usar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de esta ciudad; que tiene que ser inclusiva, segura y sostenible para vivir una vida plena y decente.

¿Cuál es la agenda que se tiene que trabajar para que las mujeres, los hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, población LGTBIQ+ y toda la población ejerzan sus derechos y tengan calidad de vida? Un grupo importante de lideresas de Lima Metropolitana, preocupadas por la situación de la ciudad, han analizado esta problemática y elaborado la “Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima. Defendiendo nuestro derecho a la ciudad que queremos”. También se cuenta con el “Acuerdo de Gobernabilidad para Crecer en Comunidad. Lima Metropolitana 2023 - 2026”, en donde han participado organizaciones de la sociedad civil de Lima Metropolitana; sin embargo, este acuerdo no ha sido suscrito por el actual alcalde de Lima Metropolitana. Presentamos los principales puntos estas agendas.

En el aspecto social, uno de los temas que es parte de esta agenda de desarrollo para Lima Metropolitana es la inseguridad ciudadana. El acoso callejero tiene que ser prohibido y sancionado, se necesitan observatorios de seguridad ciudadana para el mapeo de la delincuencia, contar con sistemas de alerta ciudadana, impulsar y apoyar el trabajo en redes comunitarias y promover la vigilancia ciudadana. Para los casos de violencia contra las mujeres, es vital que funcionen las instancias de concertación para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, es urgente que se implementen y funcionen las casas refugios.

El Consejo Participativo Metropolitano/Provincial de Educación (COPARE) tiene que funcionar con el objetivo de realizar el seguimiento de la implementación del Proyecto Educativo de Lima Metropolitana. Se deben implementar espacios de trabajo cultural y artísticos, actividades de integración cultural y valoración de la identidad, historia, lengua y costumbres en los espacios púbicos, además de la creación de programas y actividades culturales y deportivas concretas orientadas a las y los jóvenes de todos los grupos étnicos, generacionales y sociales.

Es de suma urgencia el funcionamiento de la Mesa Multisectorial para la Prevención y Reducción de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. Otra urgencia es la reducción de la incidencia de la tuberculosis a través del funcionamiento del Comité Multisectorial de Lucha contra la TBC. La prevención del embarazo adolescente tiene que ser trabajada de manera articulada con el Ministerio de Salud con una adecuada educación sexual integral.

Se necesita una política metropolitana sobre la vejez y el envejecimiento que asegure el ejercicio de derechos y una vida digna a las personas adultas mayores.

Sobre la gestión del territorio, se necesita el fomento de la vivienda en espacios con adecuadas condiciones de habitabilidad, así como contar con un programa de vivienda nueva, renovación urbana y densificación para los sectores D y E. El enfoque de gestión de riesgos de desastres tiene que ser parte del desarrollo local y los ecosistemas frágiles tienen que ser protegidos. Se tiene que garantizar la intangibilidad de las áreas verdes, los espacios públicos y la forestación en las laderas. Las acciones frente al cambio climático tienen que ser priorizadas, y se debe diseñar e implementar un programa de segregación de residuos sólidos. Necesitamos un sistema integrado de transporte público.

Otro aspecto de la agenda es la promoción de emprendimientos y el desarrollo de actividades económicas, lo que requiere el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades para el empleo y el emprendimiento, con énfasis en la población que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Necesitamos una gestión descentralizada y planificada, la generación y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para el buen uso de los recursos públicos para la gestión local. La planificación de la ciudad debe ser concertada y participativa; se debe fortalecer la participación ciudadana de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, población LGTBIQ+, vecinos y vecinas en la priorización de la problemática y en la elaboración de las estrategias de intervención a través de la formulación e implementación de una política pública metropolitana. La Municipalidad Metropolitana de Lima debe asumir las funciones de gobierno regional que están señaladas en la normatividad, educación y salud son parte de esas competencias que deben ser asumidas.

La Ley 27972 (Ley Orgánica de Municipalidades), en su artículo cuarto del título preliminar, nos dice: “los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción”. La actual gestión municipal metropolitana tiene la obligación de desplegar todos los esfuerzos para que la población limeña ejerza sus derechos, tiene que trabajar de manera coordinada con el gobierno nacional y con todas las municipalidades distritales; los espacios de coordinación y concertación, señalados líneas arriba, tienen que funcionar y la participación ciudadana tiene que darse de manera plural y efectiva. Las y los vecinos deben ejercer su derecho a la vigilancia ciudadana.

 

desco Opina / 28 de abril de 2023

descoCiudadano

Crecimiento económico y derechos de las personas

 

Dice Judith Butler que la desposesión es lo que sucede cuando las poblaciones pierden su tierra, su ciudadanía, sus medios de supervivencia y se transforman en sujetos de la violencia militar y legal. Por ello, afirma, “nos oponemos a esta forma de desposesión porque es tanto forzosa como privativa”. Puntualiza entonces, “incluso cuando tenemos derechos, somos dependientes de un modo de gobierno y de un régimen legal que confiere y les da sustento a esos derechos”.

Resumiendo, el asunto no radica en declarar los derechos, sino en evaluar a los gobernantes a partir de cómo percibimos el ejercicio de estos derechos declarados. Esta es una afirmación oportuna y necesaria para el debate, en momentos en que desde algunos círculos que están a favor de la vigencia a rajatabla del actual modelo económico, se preconiza que salvo el crecimiento todo es ilusión.

Al respecto, no podemos negar, por ejemplo, la importancia del sector agroexportador en el crecimiento de la economía del país. Su participación en el PBI se duplicó en los últimos doce años, pasando del 2.1% en el 2010 al 4% en 2022. Además, representa el 15.5% de las exportaciones totales del país. Lo interesante del caso es que este crecimiento del sector se debió fundamentalmente a la expansión de los cultivos –arándanos, paltas y uvas– y no tanto al valor agregado.

Así, la producción nacional de arándanos pasó de 30.000 toneladas en 2010 a 311.096 toneladas en 2022, esto es un crecimiento anual promedio de +116.1% en dicho periodo. En el caso de las paltas, pasamos de 184.370 toneladas en 2010 a 997.326 toneladas en 2022, mostrando un incremento con un promedio anual de +15.1%; mientras que en uva crecimos de 280.468 toneladas en 2010 a 993.206 toneladas en 2022, registrando un alza anual promedio de +11.1%.

Uno de los valles más importantes para la agroexportación es Chincha, en la región Ica. La provincia aloja alrededor de 230 000 habitantes y al compás del crecimiento de su producción agrícola su población urbana, inversamente, sufre una crónica escasez de agua, agudizada en estos tres últimos meses en los que el abastecimiento hídrico de más de un cuarto de millón de personas se hace mediante camiones cisterna.

Para el caso, hay quienes suponen que el problema es burocrático. Afirman que la Empresa Prestadora Servicios de Saneamiento de Chincha (EPS SEMAPACH) fue intervenida por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento OTASS hace unos 6 años, porque SEMAPACH – en manos municipales – había quebrado financieramente y fracasado operativamente. Al parecer, la intervención del OTASS no cambió las cosas y, en suma, según estas versiones, estaríamos ante un calamitoso problema de gestión coherente con la naturaleza de nuestro Estado.

Hasta allí, el argumento aparece contundente. En efecto, hay un problema de gestión, como en gran parte de las acciones y actividades programadas del Estado peruano. Sin embargo, esta verdad esconde otras, más grandes, por cierto.

En primer lugar, el déficit de agua para consumo humano es un problema recurrente desde hace muchos años, no es algo reciente. Cuando el ex gobernador regional, 2007-2011, Rómulo Triveño Pinto, ejecutó la obra de las galerías filtrantes en Vaso Minaqueros, se pensó que era la solución definitiva. Sin embargo, pronto se constató la insuficiencia de esta. Fernando Cillóniz, gobernador regional entre 2015 y 2018, visitó la zona en julio de 2016 en compañía del presidente de la Junta de Usuarios de agua de Chincha y del gerente de SEMAPACH, en busca de solución al tema del desabastecimiento, que finalmente no se dio.

Otra causa posible puede ser el impacto de las empresas rurales, en nuestro caso, La Calera, cuyo propietario es Estuardo Masías Marrou. Según Lucio Olmos Soldevilla, presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Chincha, Masías Marrou se apropia masivamente del agua para derivarla hacia sus granjas avícolas, ubicadas en el distrito de Alto Larán. Mientras el empresario tiene unos 20 pozos tubulares, SEMAPACH, supuestamente posee 5 de ellos.

Un tercer elemento sería el impacto directo en el abastecimiento de agua a la ciudad que resultaría de la demanda de este recurso por las empresas agroexportadoras ubicadas en el valle de Chincha. Este es un tema que aún requiere ser investigado en este caso particular, si bien algunos aspectos pueden ser extrapolados desde la experiencia de Ica, hay que entender que se trata de valles que muestran diferencias importantes entre sí.

Sobre ello, Gerardo Damonte sostiene que el boom agroexportador en Ica ha provocado dos procesos: situaciones de estrés hídrico y la emergencia del grupo agroexportador como un nuevo actor social. Así, el papel asignado a los agroexportadores les ha concedido una posición dominante en la gestión de los recursos hídricos de Ica, generando una reconfiguración de las relaciones sociales y políticas en el espacio local, que ha permitido que el grupo agroexportador sea incluso capaz de disputar los esfuerzos de regulación del agua subterránea del Estado.

Concluyendo, a partir de este ejemplo, no podemos seguir creyendo, como interesadamente lo hacen muchos no obstante las paulatinas y violentas manifestaciones de los malestares de la sociedad peruana, que el crecimiento es algo que no puede cuestionarse, como  la pureza de los seres divinos de todos los fundamentalismos.  La democracia, según el último reporte de gobernabilidad del INEI, es supuesta  por peruanas  y peruanos,  centralmente,  como el ejercicio de derechos. ¿Será que estamos tomando conciencia, poco a poco, sobre como el sueño neoliberal no es sino despojo y expropiación a la mayoría de personas?

 

desco Opina / 21 de abril de 2023

Desorden forestal por insistencia

 

La importancia de nuestros recursos amazónicos está fuera de discusión. Es tarea de los distintos organismos estatales con funciones en la materia, asegurar el cumplimiento de políticas y medidas para garantizar su conservación y uso sostenible. La exagerada insistencia de parte de distintos congresistas por aprobar una norma que a todas luces es lesiva para nuestro patrimonio forestal, resulta, en consecuencia, llamativa. Peor aún por los argumentos pueriles exhibidos con los que se pretende cambiar varios artículos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763): “no debemos permitir que los agricultores pierdan parte de sus cultivos, cuando luego de algunos estudios los declaran parte de una zona forestal” o “de esta forma, se evita su criminalización y se promueve su desarrollo”. La Autógrafa comprende los proyectos de ley 649, 894 y 2315.

El 23 de marzo pasado, el pleno del congreso discutió el referido proyecto de ley. Aunque la iniciativa, impulsada por grupos en teoría tan disímiles como Fuerza Popular y Perú Libre, fue rechazada, inmediatamente sus promotores pidieron la reconsideración de la votación. La propuesta ya había sido rechazada por el Ejecutivo y cuenta con opiniones en contra de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones indígenas. Para la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la presión que existe en el Congreso para modificar la ley, busca beneficiar a la industria de la palma. El ordenamiento forestal de nuestra Amazonía es una aspiración de larga data; aprobar las modificaciones propuestas permitiría legalizar la deforestación para la ampliación agrícola con fines comerciales (palma aceitera, principalmente). Sospechosamente, la empresa más visiblemente vinculada a este intento de cambios a la ley, ha sido declarada por la embajadora de Estados Unidos como una empresa que aplica "prácticas agrícolas sostenibles y sin deforestar", oponiéndose a las organizaciones indígenas de Ucayali, que señalan a la empresa como la depredadora de 7000 hectáreas de bosques.

Mucho se ha dicho sobre la responsabilidad de la economía informal en la pérdida de bosques por tala indiscriminada, pero se dice poco sobre distintas empresas formales que hacen lobby para conseguir favores políticos y cambiar las reglas de juego, eliminando requisitos para el proceso de cambio de uso de la tierra y propiciando la deforestación «legal» en el país. El proyecto de ley que criticamos, entre sus disposiciones, introduce “áreas de exclusión para fines agropecuarios”, en las cuales no se realizaría una “clasificación de tierras por capacidad de uso mayor,” es decir, identificarlas y clasificarlas según su utilidad, además de modificar los requisitos del cambio de uso de la tierra, quitando de esta manera el filtro para identificar si un área es apta para ser tierra forestal o agrícola.

No hay que ser muy astuto para señalar que con tales cambios normativos se agudizarían las invasiones, el tráfico de tierras y los conflictos sociales, abriendo de par en par las puertas a nuevos posesionarios que se instalarían en áreas forestales, además de la superposición de estas áreas con tierras de comunidades nativas en proceso de titulación, vulnerando su derecho al territorio al brindarle más poder a la entrega de certificados de posesión, en contra de lo que señala la propia Ley Forestal, que prohíbe el otorgamiento de estos títulos. Es evidente que no se puede ni se debe promover la deforestación con leyes que supuestamente beneficiarían a pequeños agricultores.

Si la insistencia congresal triunfa, se afectarían compromisos internacionales y acuerdos suscritos por el país, como la Declaración Conjunta de Intención sobre REDD+, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Estrategia de Crecimiento Verde en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), así como los Tratados de Libre Comercio de Perú con la Unión Europea y con Estados Unidos que contienen un anexo forestal.

La Declaración de Pucallpa, recientemente firmada por los ministros del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, junto con los Embajadores de Alemania, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos, así como con los integrantes de la Mancomunidad Regional Amazónica, busca promover la conservación de los bosques reconociendo su valor y aspira a frenar la deforestación. Aprobar por insistencia la Autógrafa, que, como hemos dicho, en sus disposiciones complementarias transitorias impulsa la suspensión de la obligatoriedad de la zonificación forestal como requisito para el otorgamiento de títulos habilitantes, entraría en contradicción con los esfuerzos del Ejecutivo y los gobiernos regionales expresados en esta Declaración. Hay que estar definitivamente alertas para impedir que el proyecto sea aprobado por insistencia, por un Congreso de la República que diariamente da muestras de su desinterés por el país y sus intereses. El Ejecutivo tiene la obligación de insistir en la observación de esta ley y los gobiernos regionales levantar sus voces de protesta; así como tomar en cuenta los caminos legales para su derogatoria si ésta es aprobada.

Existe otra propuesta en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, del Congreso, que aún no entra en debate en el Pleno, la cual propone que los gobiernos regionales tengan mayores facultades sobre los ecosistemas forestales, arriesgando la suerte de los bosques a la buena disposición de los políticos regionales, ya que en uno de sus acápites señala que es potestad de los gobiernos regionales “Gestionar, preservar y administrar sus áreas forestales, flora y fauna de su jurisdicción”. Por lo visto, hay varios frentes en los que hay que estar alertas.

 

desco Opina – Regional / 14 de abril del 2023

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