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Cultivando conflictos agrarios en la selva central


Hace pocos días, la titular del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), Fabiola Muñoz, anunció la reestructuración total de su sector con la finalidad de mejorar la provisión de servicios a los pequeños agricultores. Previamente, ella se había reunido con representantes de algunos gremios agrarios para analizar diversos temas: problemática del café, financiamiento al agro, modificación a la ley de organizaciones de usuarios, gestión participativa, impulso a la agricultura orgánica y familiar, fortalecimiento de la institucionalidad del Minagri, el seguro agrario, acceso a crédito agrario, entre otros. Ello, sin embargo, no logró detener el paro de agricultores, y al igual que en movilizaciones anteriores, sus interlocutores no fueron los organizadores de la medida de fuerza, lo que mostraría problemas de representatividad, tanto como la pretensión del Ejecutivo por prevenir incendios, pero ignorando a los pirómanos.
Por otro lado, no es la primera vez que durante este gobierno se plantea la reestructuración del Minagri; sin embargo, nunca ha quedado claro el modelo alternativo a implementarse, que priorice la problemática de la agricultura familiar y campesina. No es lo mismo la pequeña actividad agropecuaria de la costa que la de sierra o selva, pues aunque comparten elementos comunes, afrontan también problemas específicos (cultivos estacionales y permanentes, ganadería diversa, precios de mercados locales e internacionales como el café, el cacao o la fibra de alpaca, entre otros).
En la actividad agraria de la selva, las insatisfacciones tienen que ver con productos emblemáticos como el café, que aún no recupera totalmente su productividad luego de la plaga de roya amarilla y experimenta una baja cotización internacional, lo que no permite generar rentabilidad, dificultando incluso cubrir costos de producción y pagar deudas a Agrobanco. Esto sin duda cierra posibilidades de acceder a créditos, así como satisfacer las necesidades económicas familiares.
En este escenario no es extraño que, tal cual ha alertado la Junta Nacional del Café (JNC), muchos cafetaleros están abandonando el cultivo e incursionando en la producción de coca, poniendo sus tierras y su mano de obra al servicio de cultivos ilícitos. Mientras no se manejen alternativas válidas en los valles amazónicos, el Estado tendrá que emprender campañas de erradicación, generando tensiones y enfrentamientos.
Otro aspecto a considerar es que en los distritos más aislados se está deforestando el bosque para nuevos cultivos como el kion y la piña, que si bien permiten que los agricultores se capitalicen rápidamente en tiempos de crisis, dadas las características de su manejo degradan los suelos, lo que va en sentido contrario a los esfuerzos del Estado en la conservación de los servicios ecosistémicos de nuestra riqueza forestal.
Las movilizaciones de los campesinos han sido pacíficas y con poca cobertura de los medios capitalinos, que se han limitado a visitar los mercados de abastos y decir que no habrá problemas de abastecimiento ni justificaciones para la especulación de precios, lo que no permite conocer la magnitud de los reclamos y menos, un entendimiento de la problemática por parte del ciudadano común.
En conclusión, el problema de fondo es la ausencia de políticas explícitas para el fomento de la agricultura familiar en los diversos ámbitos del Perú. La reestructuración del Minagri es ciertamente válida, pero a condición de tener clara la política agraria para el país, que reconociendo la diversidad existente, formule estrategias diferenciadas y entienda el sector agrario peruano como algo mucho más complejo y de mayor amplitud que la agroexportación. No olvidemos que, después de todo, la agricultura familiar y campesina juega un importante rol en el abastecimiento del mercado nacional de productos alimenticios. Reestructurar el MINAGRI no puede entenderse solo como un cambio de organigrama y el reordenamiento institucional –lo que ciertamente es necesario– sino, sobre todo, políticas diferenciadas y asignación de recursos adecuados para los grupos más desfavorecidos del campo. El Estado debe saber interpretar las necesidades del agro, capitalizar sus saberes, proveerlos de recursos de inversión con enfoque empresarial, fortalecer sus organizaciones y modernizar la actividad agrícola.

desco Opina - Regional / 17 de mayo de 2019
Programa Regional Centro - descocentro

Cuando el río suena


El Congreso de la República ha iniciado la interpelación a la ministra Flor Pablo, usando como coartada el tema de los textos escolares. Será la tercera ocasión en la que el titular del sector pasa por este trámite desde la elección del gobierno de PPK. Recordemos que Jaime Saavedra fue censurado, mientras la gestión de Marilú Martens estuvo a la base de la caída del gabinete Zavala. En el primer caso, se argumentó una compra irregular de computadoras y retrasos en las obras para los Panamericanos; en el segundo, la ministra se puso en la mira del Legislativo en el contexto de una larga huelga magisterial. La arremetida actual, porque de eso se trata, es parte de la estrategia fujimorista que se encuentra con el fundamentalismo religioso más derechista, en su búsqueda de una base social de apoyo que les permita remontar la derrota política que ha sufrido.
Como ha sido certeramente señalado, tras el cuestionamiento a los materiales educativos, a los directamente involucrados en el caso y al conjunto de los contenidos elaborados, se esconde la pretensión de controlar la información a los escolares sobre la sexualidad, pero también sobre el conflicto armado interno. El fujimorismo, en alianza decidida con el fanatismo religioso, a partir de una campaña de desinformación y mentira, busca imponer su visión «provida y profamilia» anunciada por Luis Galarreta en su relanzamiento partidario, así como su particular narrativa sobre la violencia en el país. Lo hace en alianza con los comerciantes de la educación superior en el país, interesados en terminar con el papel de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) que los obliga a condiciones básicas de calidad en sus negocios, recuperando el «poder» que perdieron los rectores de las universidades que defienden.
La interpelación a la Ministra, hay que decirlo, es parte del ambiente crecientemente enrarecido y polarizado que se observa en las últimas semanas, donde el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Congreso, ingresa a un nuevo capítulo. El retorno de Fuerza Popular a su discurso más duro y de bloqueo a la acción del gobierno –que le costó su derrumbe en la aprobación de la gente– busca aprovechar la debilidad de un Ejecutivo que descubrió tarde que sus problemas de gestión y su debilidad política, exigían de propuestas y capacidades que no se resolvían con un simple cambio de rostros. Sus opositores, es decir, el conjunto de fuerzas políticas en el Congreso, incluyendo a parte de «su» bancada, encontraron espacio para presionar y avanzar en sus diversas pretensiones y en su afán compartido de supervivencia. La multiplicación de la información de Lava Jato y la evidencia del desplome de la clase política tradicional, sirvieron como acicate.
En este escenario, el fujiaprismo y sus distintos aliados de ocasión como los congresistas Sheput y García Belaunde, juegan a consolidar el «poder» del Congreso y a mantener su desprestigio. Bloquear toda posibilidad de reforma política hasta el 2021 y postergar la reforma judicial es su consigna. Golpear al gobierno en su precariedad es el camino, como lo evidenció el patético espectáculo de la asistencia del Ministro del Interior y un equipo policial a la Comisión de Defensa. A fin de cuentas, de lo que se trata es de proteger sus privilegios y de mantener su impunidad, afectados los últimos años, sin duda, por el debilitamiento del partido naranja y de sus socios de la estrella. Desde el Ejecutivo, durar hasta el 2021 sigue siendo la tarea prioritaria.
La pregunta de fondo es si le resultará posible sin enfrentar al Congreso y recuperar formas de encuentro con la sociedad. El Primer Ministro, aunque tardíamente, parece pensar que no, a juzgar por sus declaraciones recientes que evidencian creciente malhumor por la «mecida» de la reforma política y el apoyo decidido a la ministra Pablo. Parece decidido, por lo menos, a una escaramuza grande. Le queda la relación del Ejecutivo con la sociedad. Ésta, distante y harta de la disputa en las «alturas», manifiesta cada vez más los malestares de su situación cotidiana. El conflicto de Las Bambas y los colaterales del corredor minero están lejos de resolverse y la impericia del gobierno no asegura puerto cercano; la inminencia del paro agrario convocado por CONVEAGRO, más allá de su fragmentación, evidenciará la distancia creciente entre el régimen y el interior del país, mientras la inseguridad y la delincuencia que permanecen indetenibles en las grandes ciudades, alimentan la insatisfacción de la gente que no parece dispuesta a movilizarse por una reforma política, que les resulta abstracta, cuando lo que quieren es que se vayan muchos de los que pretenden mantenerse.



desco Opina / 10 de mayo de 2019

Apagando incendios en una ciudad en llamas


La tarde del pasado viernes 19 de abril, mientras muchos probablemente tomaban un descanso por los días feriados de Semana Santa, se producía un incendio de proporciones en el cercado de Lima, el cual movilizó a una importante cantidad de bomberos que tuvo grandes dificultades para llegar al lugar del siniestro debido a las características de la zona en la que se producía. En horas de la noche del mismo Viernes Santo, se informaba que el incendio estaba fuera de control y se requería la participación de todas las unidades de bomberos de Lima y Callao. Luego de una ardua labor, se confirmó que el siniestro venía siendo controlado y se contó en el lugar con la presencia no solo del alcalde metropolitano, Jorge Muñoz, sino también del presidente Martín Vizcarra, y los ministros del Interior y Salud quienes brindaron sus declaraciones manifestando preocupación por lo sucedido. Si bien este hecho no cobró vidas humanas, los primeros momentos hicieron recordar la tragedia ocurrida en la misma zona hace 18 años, cuando en un gran incendio perdieron la vida 267 personas según cifras oficiales, demostrando el alto nivel de vulnerabilidad y poca preparación por parte de todos los ciudadanos para enfrentar los peligros que se pueden producir por la falta de implementación de medidas mínimas de seguridad.
Este tipo de problemas son, lamentablemente, más recurrentes de lo que podríamos imaginar, ya que desde abril del año pasado hasta la fecha, se han producido por lo menos 19 siniestros de consideración entre Lima y Callao, sin que esto haya servido para evaluar la pertinencia y capacidad de las unidades, gerencias o direcciones de gestión de riesgo y de Defensa Civil que operan en cada una de las municipalidades del conurbado metropolitano Lima Callao, en materia de asesoría y control de los protocolos de seguridad necesarios ante la ocurrencia de un siniestro.
Más allá de la estrategia de inspección y suspensión de licencias de funcionamiento a infractores de las normas o la propuesta de reordenamiento que se viene ejecutando desde hace un par de semanas en la zona del siniestro, el problema de fondo que muestra este caso, es el de una pugna entre fiscalizadores ediles que tienen una serie de normativas estandarizadas para que todos cumplan –sean grandes o pequeños comercios con gran o poco flujo de personas– y, por otro lado, un grupo de comerciantes que lo único que ven es exigencias y sanciones que consideran exageradas para la labor y actividades que realizan. Este hecho genera confrontación y tensión sobre deberes y derechos en una ciudad donde nunca se ha discutido a profundidad cuáles son los parámetros sobre los que vivimos en esta metrópoli; sobre todo, porque no hemos podido evaluar con mayor objetividad la pertinencia de los requerimientos que se solicitan, más allá de que tanto propios como extraños lo ven como una lista de cumplimiento y no como medidas de prevención reales que nos puedan servir ante la ocurrencia de un peligro.
Hay que destacar también, que de nada servirá que se genere un plan de reordenamiento en Mesa Redonda si no se entiende lo mencionado en el párrafo anterior. Claro ejemplo de ello es lo ocurrido hace algunos meses cuando se realizó un plan de erradicación de ambulantes en Gamarra, el cual lo único que ha conseguido es generar el traslado de ambulantes a las afueras de este damero comercial, con los problemas de tránsito y congestión que se generan alrededor del mencionado emporio comercial textil.
Por eso, es necesario que se entienda que el problema de la gestión de riesgos no es un tema de licencias y permisos, sino de compromisos asumidos por los ciudadanos para hacer de nuestro hábitat un lugar seguro, mientras que esto no se comprenda de esta manera, seguiremos siendo testigos de tragedias que cada cierto tiempo nos estamos acostumbrando a lamentar.

desco Opina - Regional / 3 de mayo de 2019
Programa Urbano