viernes

Accidentes, no solo de tránsito


Las noticias que se producen día a día en la ciudad capital parecen ejemplificar las características que nos definen como sociedad en este país llamado Perú. A las ya clásicas notas informativas referidas a la inseguridad, los feminicidios y los conflictos políticos entre poderes del Estado –que parecen no acabar nunca–, en este momento está en el ojo público el caso del accidente ocurrido hace pocos días en una de las avenidas más importantes de Lima. Dicho suceso ha visibilizado varias cosas que, lamentablemente, nos caracterizan como sociedad, pero, sobre todo, que nos hacen pensar que andamos a la deriva y con el único objetivo de «sacar la cabeza del fondo del agua», sin importar que con ello hundamos a quienes nos rodean.
El despiste del vehículo que terminó con la vida de dos personas no ha hecho más que visibilizar errores o interpretaciones diversas en muchos aspectos. Estos van desde la parte normativa y técnica del ancho de las veredas en esta vía de carácter metropolitano y el control de los límites de velocidad; hasta el testimonio de la conductora que no coincide con lo que expertos y peritos analizan, la decisión de llevar a uno de los heridos a un hospital más lejano en lugar de trasladarlo a una de las clínicas cercanas a la escena del accidente, los criterios diferenciados para liberar a la conductora de este accidente, o el hecho de poner en prisión preventiva a otra que ocasionó un suceso similar hace unos meses.
Lo antes señalado, son apenas algunos de los elementos que ponen en evidencia que algo está fallando de manera estructural en nuestro país y que no existen criterios, consensos ni protocolos mínimos comunes que nos permitan actuar de manera coherente o, por lo menos, que nos ayuden a tener claro cómo funciona el sistema o en que parte éste falla para intentar corregirlo. La cruda realidad es que nueve peruanos mueren diariamente en un accidente de tránsito, de los cuales más de la mitad tiene entre 26 y 60 años. Según el anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú, el 56.5% de los accidentes de tránsito se deben al exceso de velocidad y la imprudencia del conductor. No se trata de la inexistencia de leyes sancionadoras, el problema pasa por una mala gestión que termina dando impunidad a los infractores, así como al hecho de otorgar altos descuentos en las papeletas, entre otros. Lima es la única capital de América Latina que otorga un descuento de hasta 83% en la deuda de una multa.
Finalmente, la interpretación y los criterios usados en cada aspecto de este caso específico, no hacen sino visibilizar la poca costumbre que tenemos en materia de planificación y proyección en todo lo que somos como país. Quizá esa falta de entendimiento de lo que significa ser una persona con derechos y obligaciones en una ciudad, nos haga ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Así, todo lo sentimos ajeno y, por esa razón, es que estamos acostumbrados a actuar sobre la emergencia, es decir, como buenos bomberos; apagando incendio tras incendio, sin comprender que más importante que apagar el fuego, es entender qué lo ocasiona para que no se siga produciendo. Esperemos que nuestra sociedad empiece a cambiar antes de que (como decía Gustavo Cerati) pase el temblor.

desco Opina - Regional / 18 de octubre de 2019
Programa Urbano

¿Fin de fiesta o un nuevo capítulo?


El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se instaló el 28 de julio del 2016, finalmente terminó con el triunfo del primero, evidenciando una vez más que en nuestro país parece casi imposible la convivencia entre un gobierno y una mayoría congresal opositora, más aún si ésta tiene el mal talante y las maneras achoradas que exhibió el fujiaprismo desde el instante mismo de su instalación. No obstante, sus grandes debilidades y su permanente vacilación, el gobierno del Presidente Vizcarra resultó claro vencedor: el Congreso fue disuelto, la pretendida recomposición del Tribunal Constitucional parece postergada y la elección del nuevo Parlamento está ya convocada y en curso para enero del próximo año. Más allá del debate sobre la constitucionalidad o no de la decisión y de la eventual contienda competencial sobre la misma, el resultado es indiscutible, pero no es necesariamente definitivo.
Cuando el mandatario parecía derrotado en su intención de lograr el adelanto de las elecciones generales del 2020, por la renovada coalición que se instaló en el Congreso con la directiva presidida por Pedro Olaechea, la soberbia y la torpeza de la misma, la llevaron al suicidio. Liderada por el sector más oscuro y conservador del fujimorismo, acicateada por el sorprendente descontrol y la bravuconería de Mauricio Mulder, la variopinta y coyuntural alianza encontró un verdadero hacendado de los antiguos y se convenció de la incapacidad de enfrentarlos de Vizcarra y del gabinete Del Solar.
Su afán por «tomar» el control del Tribunal Constitucional donde se jugaban en el corto plazo distintos intereses privados –la libertad de Keiko Fujimori, la resolución de distintos juicios tributarios de grandes empresas y la eventual revisión del cálculo del valor de los bonos de la reforma agraria– abrió la puerta a una nueva iniciativa presidencial, planteando cuestión de confianza sobre la elección de los miembros de dicha institución. Como otras veces, se trató del plan B presidencial, vale decir la respuesta desesperada en una coyuntura a la que llega por sus propias dudas y temores.
La desesperación se apoderó de la mayoría congresal en ese momento. El espectáculo de su suicidio fue seguido en vivo y en directo por la opinión pública a través de los medios de comunicación y cuando el Presidente anunció la disolución, la calle que se aprestaba a movilizarse, más espontánea que organizadamente, terminó siendo decisiva cuando la crisis parecía escalar y la vicepresidenta Aráoz era juramentada como Presidenta en una pantomima de alas cortas y limitadísima duración. Con el paso de las horas y los días, el fin de la coalición se hizo evidente. Alianza para el Progreso y Acción Popular tomaron distancia e iniciaron sus preparativos y disputas internas para participar en las elecciones de enero, Jorge del Castillo anunció que el APRA tenía que participar y hasta del propio fujimorismo aparecen voces que hacen un llamado a la realidad y buscan desmarcarse del mundo paralelo en el que otros insisten en permanecer. El fracaso de la movilización que buscaron convocar, terminó de convencerlos.
La designación del nuevo Gabinete fue parte del fin de este capítulo. Más de lo mismo. Pocos políticos como el Premier y la ratificada Ministra de la Mujer, varias figuras del entorno presidencial (Edmer Trujillo, Juan Carlos Liu, María Antonieta Alva), distintos tecnócratas de segunda fila y otros leales «probados» (Fabiola Muñoz, Flor Pablo, Zulema Tomás), más allá de su capacidad y su efectividad. El baile que empieza para el Ejecutivo será distinto. Ahora tiene que gobernar y demostrar una capacidad de gestión que no parece ser muy alta; deberá responder a algunas de las distintas y fragmentadas demandas de la sociedad, pero también tendrá que enfrentar las presiones de los empresarios que exigen en el corto plazo una decisión favorable en el caso Tía María, el avance de la ley de competitividad y las ventajas tributarias. Aunque no depende directa y únicamente del Gobierno, deberá lidiar con la marcha de la lucha contra la corrupción en los casos Lava Jato y Cuellos Blancos y hacer ante los distintos intentos de «control de daños» que se multiplican y están en curso.
Pero, además, deberá hacerlo asumiendo que en muchas de las instituciones del país –Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Poder Judicial, entre otras–, la presencia y capacidad de acción del fujiaprismo, es significativa. Como lo es también la resistencia y la desconfianza que genera la disolución del Congreso entre la mayoría de los medios de comunicación y muchos analistas, que ahora sí, como lo hicieron tarde los ya disueltos, reclaman un adelanto de las elecciones generales al 2020. En ese escenario, transferir su responsabilidad, como lo han hecho con las normas para las elecciones de enero del 2020 que han dejado en manos del JNE, no es la mejor señal.


desco Opina / 11 de octubre de 2019

Carne de camélidos, un recurso estratégico


En contraposición a la gran importancia que tiene la carne de camélidos (alpaca y llama) por sus comprobadas propiedades saludables y nutritivas; la valoración por los consumidores nacionales y su consideración en las políticas públicas ha sido minimizada o simplemente ignorada. Producto de este desinterés, las 16 000 toneladas de carne de camélidos que anualmente consumimos en el país, provienen de un mercado absolutamente informal, pues el beneficio se realiza en las cabañas de los criadores o en camales no autorizados por la autoridad correspondiente, el Servicio Nacional de Sanidad (SENASA). La cadena de comercialización, atravesada por la informalidad, trae como consecuencia que esta carne se expenda a los consumidores en los mercados populares con muchas deficiencias y a precios por debajo de su valor real.
Es en este contexto que, en un amplio esfuerzo de concertación desplegado por el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur - descosur, la Universidad Católica de Santa María, la Universidad Nacional Agraria La Molina, la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Federación Regional de Alpaqueros de Arequipa - FRAALPACA, se realizó el 26 y 27 de setiembre pasado en Arequipa, el Seminario Nacional “Carne de camélidos: potencialidades, políticas y consumo”. El objetivo fue «discutir la importancia de la carne de los camélidos sudamericanos domésticos en la alimentación y seguridad alimentaria nacional, revalorar su consumo y la importancia del producto en la mejora de vida de los criadores».
Las exposiciones de los expertos como la Dra. Susana Giuliano (Universidad de Buenos Aires) de Argentina, el Dr. Celso Ayala (Universidad Mayor de San Andrés) de Bolivia, y la Dra. Bettit Salvá (Universidad Le Cordon Blue) de Perú; coincidieron en destacar el valor nutritivo de la carne de camélidos y la poca consideración que se recibe de las políticas públicas en nuestros países para potenciar este recurso, que constituye un gran aporte de las culturas originarias para la humanidad. También compartimos las difíciles condiciones en las que realizan esta crianza los productores del norte argentino, el altiplano boliviano y el altiplano peruano.
El evento ha sido considerado pionero en la tarea de colocar en la agenda pública este recurso, compartiendo las expectativas de los criadores, investigadores de las diversas universidades, instituciones de promoción, y funcionarios de diversos niveles de gobierno. Todo ello con el fin de unir esfuerzos y abordar las tareas del desarrollo del mejoramiento genético para fomentar la ganadería de carne en base al potencial de la llama en el mediano plazo; atender a temas sanitarios pendientes como la sarcocistiosis; y promover las inversiones locales para lograr que SENASA autorice a los centros de beneficio de llamas y alpacas en el corto plazo.
Una constatación importante ha sido la influencia del factor cultural en torno al consumo de esta carne, expresado en el prejuicio y rechazo a lo andino o serrano como condicionante de la baja valoración de la carne de camélidos. Sin embargo, el creciente flujo del turismo a nuestro país, nos muestra una alta demanda y aceptación de este producto por los turistas.
Las tendencias actuales a nivel mundial respecto al consumo alimenticio nutritivo y saludable, constituyen una oportunidad para el desarrollo de estos recursos, y debemos aprovecharlas como uno de los factores clave para consolidar la alianza de todos los actores de la cadena productiva de los camélidos de aquí en adelante.
La principal conclusión de este seminario es que la carne de los camélidos constituye un recurso estratégico valioso para afrontar las condiciones deficitarias de la alimentación y nutrición de vastos sectores en el país y, al mismo tiempo, un potencial para la mejora de las condiciones de vida de los criadores que, como guardianes de las altas montañas, desarrollan esta ganadería en difíciles condiciones; brindando, además, importantes servicios ambientales en la protección de las fuentes de los recursos hídricos que hacen posible la vida en la mayoría de las ciudades del país.
Creemos que, con los precios irregulares de la fibra de alpaca y el oligopolio que tiene el control sobre este recurso, es momento de que el Ejecutivo comience a idear y plasmar políticas públicas específicas que ayuden a impulsar el desarrollo de la cadena de carne de llama y de alpaca. Son ya muchos años que se posterga y se le da la espalda a esta posibilidad que, sin lugar a dudas, beneficiaría directamente a los miles de criadores que tenemos en el país.


desco Opina - Regional / 4 de octubrfe de 2019
Programa Regional Sur - descosur