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Las dimensiones políticas y sociales de los eventos naturales


Como ya es usual en esta época del año, varias regiones del país han sido declaradas en emergencia por las lluvias y los deslizamientos que suelen provocar, afectando a territorios, centros poblados y ciudades. Una vez más, las cuantiosas pérdidas materiales y las trágicas pérdidas humanas que tales eventos generan, especialmente entre la población de menores recursos, evidencian la complejidad del territorio que nos ha tocado habitar, algo que las mismas autoridades y funcionarios públicos reconocen.
Esto también manifiesta las archiconocidas fallas del Estado y la persistencia de un hecho hasta hoy irresuelto: el asentamiento de poblaciones en zonas de alto riesgo, por donde, inevitablemente, pasará la masa que arrastran los huaicos y deslizamientos, tanto en Lima Metropolitana, como en provincias.
Hay desastres y tragedias recurrentes y prácticamente anuales en el Perú (la otra es la muerte de niños en las alturas durante las olas de frío invernal) y la ciudadanía, con justificada indignación, responsabiliza al Estado por su incapacidad para reducir los daños que provocan los fenómenos climáticos. Las incapacidades de aquél para controlar y ordenar el territorio, para la planificación y prevención, la centralización de las decisiones y las imprecisas competencias entre sus distintos niveles, son sin duda fallas que hasta hoy no se subsanan, tanto por ausencia de voluntad política como por la presencia de intereses diversos al interior del aparato público y de las élites económicas y políticas del país.
Otro de los grandes problemas tiene que ver con la modalidad de ocupación del suelo por parte de la población; ante un Estado ausente, los asentamientos se han caracterizado no solo por una gran informalidad, sino también por ocupar zonas de riesgo como las quebradas, lechos de ríos secos y otras áreas vulnerables, por donde, tarde o temprano, el exceso de lluvias provocará los huaicos e inundaciones. Tal como el caso del poblado tacneño de Mirave lo muestra recientemente, esto ha ocurrido más de una vez a lo largo de las últimas décadas.
Cabe entonces preguntarse por qué la población, a sabiendas de la recurrencia de los huaicos y otros eventos extremos, persiste en ocupar los mismos espacios. La pobreza, la falta de alternativas, así como la visión de corto plazo predominante (no sólo en la población, sino también en los grupos políticos y empresariales) son elementos que lo explican, aunque distan de agotar el tema.
La experiencia de reubicar poblaciones y centros poblados es sin duda muy compleja y difícil; las experiencias recientes en el caso de la minería (por ejemplo, reubicación de Morococha en Junín, de Fuerabamba en Cotabambas) pueden ayudar a entender la magnitud de la tarea a emprender.
Estas experiencias demuestran que grandes sectores de población persisten en quedarse por razones que el Estado, los funcionarios y responsables del reordenamiento no pueden desdeñar, bajo pena de fracasar. Y es que para la gente, no sólo se trata de un desplazamiento físico; ello muchas veces significa cambios en su vida económica (abandonar el entorno donde generan sus ingresos y rentas); en su vida social (se rompen las redes y entramados sociales que permiten su reproducción social), y en las mismas dinámicas de poder y estatus locales. No se trata entonces de trasladar autoritaria y arbitrariamente a la población de un lado a otro.
Lo anterior, que no es frecuente pensar cuando se enfrenta la reubicación de poblaciones, plantea desafíos ineludibles para el Estado; por supuesto, se trata de avanzar en capacidades para planificar y ordenar el uso del territorio (algo que los intereses existentes y la visión predominante de libre mercado dificultan); desarrollar una cultura de prevención y reformar la institucionalidad vigente, respecto a las competencias vigentes entre los distintos niveles y sectores de gobierno; de realizar saneamiento físico y legal en ciudades y centros poblados; pero también de diseñar políticas democráticas y participativas para el desplazamiento, considerando variables tan delicadas e imprescindibles como las mencionadas en el párrafo anterior.
El desafío es indudablemente muy complejo, pero es lo que le toca enfrentar a un Estado que, aún bajo el modelo actual, no solo debe garantizar los mecanismos de libre mercado y promover las inversiones, sino también debe cautelar los derechos ciudadanos.


desco Opina / 15 de febrero de 2019

Un verano en Lima Flowers


La ciudad de Lima acaba de cumplir 484 años de fundación y sus retos son casi los mismos que décadas atrás, ante los cuales el alcalde saliente –Luis Castañeda Lossio– no solo demostró su incapacidad para hacerles frente y solucionar serios problemas, sino que, por el contrario, los agudizó; promovió la mafia del transporte informal y en paralelo, impulsó proyectos como el Metropolitano que no llegó a culminar adecuadamente permitiendo a los operadores privados demandar a la Municipalidad de Lima por ello.
La gestión de Castañeda Lossio será recordada no sólo como la del alcalde mudo que hacía obras y las pintaba de amarillo, sino también, como la de aquél que consolidó la informalidad en el transporte público, arraigó la irracionalidad en la gestión urbana de la ciudad construyendo puentes donde no eran necesarios, y afectó la estética limeña borrando murales artísticos, etc. Por otro lado, ahora sabemos que muchas de las acusaciones en su contra, las libraba gracias a jueces como los que integraban la banda de los cuellos blancos. En ese sentido, tenemos la esperanza de que la justicia peruana cuente con los mecanismos de control adecuados y se pueda auditar el manejo de recursos públicos y las obras para que, por ejemplo, casos como el de Comunicore, no queden en la impunidad.
Ya durante las elecciones pasadas, y luego, en el marco del aniversario de Lima, diversos medios de comunicación han mostrado que para la mayoría de habitantes de la ciudad, problemas como el aumento creciente de la delincuencia e inseguridad ciudadana, sumados a una precaria atención de los problemas ambientales urbanos y un sistema de transporte colapsado, ponen en evidencia lo poco o nada que se hizo desde la anterior gestión para atender las urgencias de la ciudad.
El flamante alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, a poco más de un mes del inicio de su gestión, ha tenido que enfrentar problemas que van desde la ausencia de teléfonos en la municipalidad, hasta atender la inundación ocasionada por la rotura de una tubería matriz de desagüe en San Juan de Lurigancho. Al mismo tiempo, tenemos en la metrópoli los problemas derivados de la irresponsabilidad de muchos de los alcaldes salientes de los distritos de Lima, quienes abandonaron las responsabilidades frente a sus comunas dejando, por ejemplo, a la ciudad desbordada de basura luego de las fiestas de fin de año y con obras inconclusas o atrasos en su avance. Un caso urgente es el de la infraestructura de cara a los Juegos Panamericanos ad portas, motivo de gran preocupación si no se culminaran en su totalidad en el plazo previsto.
El actual teniente alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero, quien ha ocupado cargos importantes en el Ministerio de Vivienda (en 1971 junto a un equipo técnico del gobierno del General Velasco, contribuyó en el diseño arquitectónico de la que más adelante sería la ciudad de Villa El Salvador), seguramente planteará medidas para enfrentar adecuadamente el crecimiento urbano de la ciudad.
Por ello, esperamos que en el marco de las competencias de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se preparen propuestas de esta envergadura. Que se atienda el mejoramiento de las viviendas y no se limiten a la búsqueda de terrenos para un nuevo asentamiento humano; al respecto no está de más recordar las orientaciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de Naciones Unidas que propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, temas que son aspectos clave como los que propone la Nueva Agenda Urbana, la cual busca promover ciudades incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y el diseño urbano adecuado, en un marco de gobernanza y legislación urbana y de promoción de la economía de la ciudad, procurando crear un vínculo de refuerzo recíproco entre los procesos de urbanización y desarrollo.
El partido recién comienza para el alcalde Jorge Muñoz Wells y el tiempo para que los equipos técnicos se afiancen prácticamente no existe, pues los problemas de la ciudad que afectan la calidad de vida de sus habitantes están muy presentes, y las demandas se harán sentir seguramente antes de culminar el verano. El Lima flowers que en algún momento planteó durante su campaña electoral como ofrecimiento de hacer de Lima un Miraflores, es un enorme reto que debe empezarse atendiendo lo básico de la ciudad.

desco Opina - Regional / 8 de febrero de 2018
Programa Urbano

La corrupción en la encrucijada



El viaje a Andorra de los fiscales asignados al caso Lavajato, probablemente será decisivo para acumular evidencias sobre la participación de funcionarios del segundo gobierno aprista y del mismísimo Alan García. Si a esto le sumamos el convenio para facilitar información que debería acordarse en algún momento con Odebrecht –que, según el fiscal Rafael Vela, debió firmarse entre el 14 y 18 de enero– tendríamos un escenario muy interesante, por intenso, en la denominada lucha contra la corrupción, el centro de gravedad de la política peruana durante el último año.
La pregunta sería si ¿estamos en el momento culminante del ciclo abierto a fines del 2017 o, por el contrario, en los prolegómenos de una nueva situación? La respuesta va a depender de muchas condiciones.
Como está claro a estas alturas, lo que venimos presenciando no es una estrategia anticorrupción. Es un conjunto de acciones judiciales alrededor de las actividades ilícitas llevadas a cabo por una empresa brasileña en el país. Esto trae –como de hecho sucede– simpatías hacia los actores –reales y supuestos– que las conducen y alientan. Sin embargo, cuando surgen las elementales preguntas sobre los resultados que se quieren, en qué plazos y cuáles son las acciones a tomar, además de los procesos judiciales, no parece haber respuesta alguna.
Sobre la corrupción, decía Francisco Durand hace 15 años: “[hay que] considerarla un problema nacional creciente, amenazante, exigir datos y estadísticas necesarias para estimar ingresos y costos en aquellas ramas del Estado encargadas de combatirla, analizar su modus operandi dentro y fuera del Estado es parte del camino a enfrentarla. A partir de ahí espero surjan estrategias nacionales para combatirla en forma ordenada y efectiva. Ese camino pasa primero por el propio Estado, en las ramas más propensas a ser neutralizadas y colonizadas. Pero también, por un cambio de percepción en la propia opinión pública y la sociedad civil”.
Esta exigencia, lamentablemente, no fue atendida. Lo que viene hacia adelante dependerá totalmente de las capacidades y fortalezas que puedan mostrar las instituciones públicas. En primer lugar, un Ejecutivo capaz de diagnosticar políticamente la situación y darle soluciones igualmente políticas, porque puede creer que está ante un problema estrictamente judicial.
En segundo lugar, requerimos de alguna explicación de la prácticamente nula eficacia de los sistemas de control, supervisión y fiscalización del Estado peruano. Todos los contratos, incluidos los realizados con Odebrecht, pasaron al menos por cuatro o cinco instancias sin que se «detectara» anomalías.
En tercer lugar, debemos informarnos sobre cuál es la situación en los diversos sectores y niveles del Estado. ¿Queremos acaso asumir la fantasía que en los ministerios no involucrados con Lava Jato no hay corrupción o que, en todo caso, ésta es de «menor cuantía»?
Lo importante es reconocer que la corrupción es un procedimiento ilegal de las grandes empresas para aumentar sus ganancias, la manera de impedir que se expanda es, en efecto, mediante normas adecuadas y, como ya hemos señalado, un Estado que ejerza consecuentemente la fiscalización y el control debido para hacer cumplir sus leyes. En suma, como dicta el dogma para estos casos, más democracia y mayor control político sobre las grandes empresas, asegurarán la probabilidad de menor corrupción.
Si tomamos en cuenta todas estas consideraciones, seguramente, dejaríamos de prestarle importancia a la direccionalidad mediática y centrarnos en lo importante. Por ejemplo, lo que revelen las cuentas de Andorra y demás sobre los compromisos corruptos de Alan García con los brasileños, jamás debió poner de lado lo que seguramente ha sido la peor de las acciones corruptas ocurridas en su segundo gobierno: los narcoindultos.
Meses después de que García dejara el cargo, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos declaró que el Perú había superado a Colombia como el productor número uno de cocaína del mundo. Durante su mandato de cinco años, ni un solo capo del narcotráfico fue capturado o condenado; las incautaciones de cocaína en promedio anual sólo llegaron a las 12,8 toneladas métricas y los apristas fortalecieron el control que mantenían sobre el notoriamente corrupto Poder Judicial peruano y las cortes.


desco Opina / 1 de febrero de 2019